martes, 17 de febrero de 2009

Los abogados, contra la 'caza' del inmigrante 'sin papeles'

El Consejo General de la Abogacía ha emitido un duro comunicado contra la 'caza' al inmigrante 'sin papeles' emprendida por la Policía Nacional en algunas calles de Madrid. A su juicio, las medidas emprendidas por el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba violan claramente el artículo 17 de la la Constitución.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid han recibido órdenes de sus superiores de detener un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que se ha marcado a la Policía Nacional "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia", aunque luego dio marcha atrás y hoy ha negado la existencia de dichos cupos, como se refleja en una nota interna de la Policía.

Los abogados consideran que, con estas iniciativas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando y criminalizando "a las personas por la mera situación de su irregularidad administrativa".

Además, el texto asegura que las expulsiones masivas están prohibidas por las normas internacionales. El Consejo General de la Abogacía recuerda que "el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas", incluidos, los inmigrantes aunque estén en situación irregular.

En el comunicado, los abogados dejan claro que "las redadas policiales masivas, la caza del 'migrante' en locutorios, en las filas del paro en busca de personas en situación irregular para cumplir unas determinadas cuotas no resultan conformes con el artículo 17 de nuestra Constitución".

Los letrados de la Subcomisión de Extranjería opinan que este tipo de medidas convierten al inmigrante en un "sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización".

"Esta tendencia a la criminalización ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas", explica el escrito.

El Consejo General de la Abogacía exige que estas órdenes, como la de la comisaría de Vallecas, sean revocadas y se felicita de la rectificación final del ministro del Interior.

Fuente: El Mundo