Inteligencia económica como vector internacional de seguridad

Resumen

La inteligencia económica es un concepto que surge de la sinergia entre las capacidades individuales de gestión del conocimiento de la empresa, para convertirlo en un factor activo para la toma de decisiones anticipadas sobre riesgos y oportunidades, y de las capacidades de los Estados para añadir valor poniendo sus recursos al servicio de la mejor posición de sus empresas en los escenarios económicos globales. En un mundo global cuya columna vertebral está determinada, en una parte necesaria aunque no suficiente, por las relaciones económicas de intercambio financiero, energético y de comunicación, los países que cuenten con mejores capacidades para dotar de significado a la realidad y decidir aprovechando sus oportunidades y evitando los riesgos en esas dimensiones, serán los que obtengan mejores incrementos en la seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Este Documento de Trabajo pretende definir una identidad de inteligencia económica que, sumando la responsabilidad social corporativa de las empresas y las capacidades de apoyo del aparato del Estado, incremente la seguridad económica de la sociedad y sus ciudadanos con un recorrido de sostenibilidad.

Introducción

Recientemente, el secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Sáiz Cortés, identificaba a la inteligencia económica como una de las prioridades del servicio secreto español.[1] No es que el CNI haya llegado de repente a la conclusión de que había que priorizar las actividades de inteligencia en el sector económico, porque es una de las áreas de atención relevantes en los servicios de inteligencia de los países con economías desarrolladas, sino que se aprovechaba un marco académico dedicado a reflexionar sobre el papel de la Inteligencia del Estado ante las nuevas realidades globales para dejar patente el interés de las administraciones públicas en esa línea de trabajo.

También la Comisión Europea, asumiendo en su literalidad parte de la introducción del informe Matre –considerado como el fundamento conceptual del modelo francés de inteligencia económica[2]–, define la inteligencia económica como el esfuerzo coordinado de obtención, tratamiento y difusión, con propósitos de explotación, de información útil para los operadores económicos, incluyéndose en este esfuerzo la protección de información considerada sensible para las compañías interesadas.[3] A partir de esta aproximación europea toda la información económica de una determinada calidad, por tanto, sería inteligencia económica. El informe Matre, además, destaca que la obtención de la información que revierta en inteligencia económica debe ser realizada por medios legales. Otros intentos de centrar la inteligencia económica como campo específico de conocimiento la restringen a la información que se obtiene y se procesa para construir la realidad acerca de recursos, actividades y políticas extranjeras;[4] consideran que su aportación es sensible para el logro de posiciones competitivas;[5] y la enmarcan dentro de un esquema estratégico,[6] ya sea éste al servicio de empresas individuales o de redes de empresas. En cuanto al papel que deben jugar o no las administraciones públicas en la inteligencia económica, los enfoques varían entre quienes abogan por que jueguen algún papel y quienes lo restringen a la intervención allá donde las compañías privadas no llegan por falta de recursos o competencia.[7]

Como vemos, pues, la inteligencia económica tiene que ver con información de naturaleza económica; interesa a los actores económicos y, por tanto, está relacionada con la economía de los Estados; forma parte de un conjunto de operaciones legales; y tiene alcance y naturaleza estratégicos. En poco más hemos conseguido ponernos de acuerdo en década y media de formalización de la inteligencia económica como objeto de estudio. Como bien subraya recientemente Herzog,[8] y como analizaremos más adelante, existe en la actualidad una viva controversia sobre si la inteligencia económica tiene que ser esencialmente una materia de los Estados, sobre si estos deben intervenir y en qué grado deben hacerlo dentro de un espacio considerado área de competencia de las empresas en el marco del sistema capitalista, sobre si cada país debe concentrar sus capacidades de inteligencia económica en empresas extranjeras o si debe incluir en los análisis a empresas nacionales; o sobre si es un dominio donde deban intervenir los servicios de inteligencia de los países y hasta qué nivel debe llegar o no esa intervención.

La gestión del conocimiento es una doctrina y una práctica incorporada a las empresas desde, al menos, hace dos décadas tras la revolución de las tecnologías de la documentación. Algo más modernos, al menos en su traducción práctica en la gran empresa, son otros conceptos como la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, la inteligencia de negocio (business intelligence) y, finalmente, la inteligencia económica. Todos constituyen ámbitos de gestión especializada de la información y de creación de conocimiento que tienen objetivos y planteamientos distintos y, a veces, disfuncionalmente desconectados entre sí en las grandes corporaciones. Del mismo modo, también se ha instalado una confusión conceptual que conduce, por ejemplo, a que la denominada inteligencia de negocio se utilice para referirse a procesos y tecnologías dedicadas a análisis de variables comerciales, la mayoría estadísticas, cuando un término como inteligencia de negocio debería denotar una realidad algo más ambiciosa. En realidad, todos estos apellidos de la inteligencia forman conceptualmente parte de un continuo que debería acabar en una cúspide coronada por una verdadera inteligencia de empresa.

Dimensiones de la inteligencia económica

A partir de los intentos y las dificultades de definir a la inteligencia económica que hemos mencionado, y en el momento de desgranarla conceptualmente, conviene desvincularla con claridad de otras actividades de información que pueden realizarse tanto por el Estado como por la empresa. La inteligencia económica no es espionaje, entendido éste como la obtención de información crítica en posesión de terceros, aunque el espionaje económico exista en el sector privado y en el público.[9] La obtención de información, incluida aquélla de naturaleza económica, que lleva a cabo el Estado a través de sus aparatos de inteligencia para servir a la seguridad nacional es un aspecto distinto y diferenciado de la inteligencia económica. Al tiempo que los servicios de inteligencia se dirigen a gestionar confidencial o clandestinamente fuentes de información que puedan aportar luz sobre amenazas económicas a fin de prevenirlas, la inteligencia económica está concentrada en explotar la información socioeconómica y empresarial disponible a fin de aprovechar los espacios de oportunidad en el posicionamiento económico, mientras utiliza el conocimiento elaborado para evitar o gestionar riesgos económicos emergentes. En este proceso, la mayor parte de la inteligencia económica procede de un buen sistema de observación, monitorización y explotación de fuentes abiertas de información (open source intelligence, OSINT). Así mismo, en la elaboración de conocimiento sobre situaciones que afectan a las operaciones comerciales de compañías que emplean sistemas de inteligencia económica, esas empresas pueden hacer uso en sus procedimientos de análisis de informaciones que, internamente, tengan la clasificación de confidencial (porque pertenezcan a dispositivos de innovación o a escenarios estratégicos de la compañía), pero en todo caso será información que se mantendrá compartimentada en el propio sistema de inteligencia individual de cada empresa en particular.

El imaginario colectivo también identifica a la inteligencia con el espionaje y con la seguridad del Estado. Sin embargo, la inteligencia económica, tal como estamos considerando y tal como pretende inscribirse en una cultura de inteligencia nacional con proyección global, no incluye al denominado espionaje industrial, esa “otra inteligencia” en palabras de Martín Barbero.[10] La contrainteligencia económica o el contraespionaje industrial, por su parte, están a nuestro modo de ver más relacionados con las capacidades generales de contrainteligencia de las agencias de seguridad de los Estados que, propiamente, con el capítulo que nos ocupa. Bien es cierto, no obstante, que el capítulo de la prevención de amenazas y gestión de riesgos difumina la línea conceptual entre espionaje económico e inteligencia económica. A nuestro modo de ver, la clave de separación entre un concepto y otro recae en los procedimientos de obtención de la información utilizada. En el espionaje económico, llevado a cabo por agentes públicos o privados, los métodos de obtención de la información habitualmente son clandestinos y utilizan dispositivos para evitar los controles establecidos por su depositario originario para proteger esa información; es decir, que el espionaje económico tiene naturaleza eminentemente ofensiva. La inteligencia económica, por el contrario, puede hacer uso de información confidencial o clasificada, pero su obtención se ha realizado de manera abierta, aunque esa apertura se halle restringida incluso a un individuo o a unos pocos. Aún así, las líneas conceptuales en estos casos no siempre son tan nítidas como nos gustaría.

Por otro lado, aunque íntimamente relacionado con la percepción existente –y dominante– acerca del concepto de inteligencia económica, sobresale la vinculación entre inteligencia e información clasificada (secreta, confidencial o reservada). La mayoría de las orientaciones teóricas actuales sobre la disciplina coinciden, siguiendo la estela del considerado padre de la inteligencia estratégica Sherman Kent,[11] en afirmar que la inteligencia se distingue, por ejemplo del conocimiento, en ser un procedimiento cuya naturaleza reside en el manejo de información secreta (secret information secretly acquired).[12] Una coincidencia que, aunque sigue siendo predominante, se ha puesto en cuestión, o por lo menos se ha intentado matizar, desde la emergencia del paradigma de fuentes abiertas (OSINT) en el trabajo de inteligencia.[13]

Ha sido, precisamente, la aplicación de la inteligencia a ámbitos distintos del militar originario o al ligado a los servicios de inteligencia de los Estados posterior, la que pretende encontrar nuevos espacios de significado a las distintas concepciones del término que encajan en los diversos espacios de la realidad social donde la inteligencia comienza a emerger. La cultura de inteligencia es, en buena parte, responsable de esta necesidad de adaptación o, por mejor decirlo, de cualificación semántica de la inteligencia. A medida que el trabajo de inteligencia se va normalizando en la sociedad y que el ciudadano, a través de la cultura de inteligencia, entiende que se trata de un conjunto de actividades de obtención y procesamiento de información para tomar las mejores decisiones en cada ámbito de responsabilidad, cada nueva aplicación de la inteligencia se debe definir con la máxima precisión para evitar equívocos y que los receptores del mensaje de inteligencia económica acaben entendiendo que no se trata de espionaje económico. En este sentido, en cuanto nos acercamos a definir la inteligencia económica y especialmente la inteligencia empresarial dentro de ella, nos encontramos con que su caracterización como disciplina del secreto pierde sentido porque buena parte de la inteligencia en la empresa procesa y produce información abierta y no clasificada, aunque su difusión y consumo finales puedan ser restringidos. A la distinción entre espionaje e inteligencia que es totalmente necesario subrayar en esta aplicación de la inteligencia a la empresa y a la economía, también es importante dejar claro que el secreto tiene su espacio en la inteligencia de empresa, pero no abarca a toda la inteligencia. En este punto sí es muy útil la tipología kentiana[14] de inteligencia como proceso, como producto y como estructura o sistema, poniéndola en interacción con el propio ciclo de inteligencia (dirección, obtención de información, evaluación, integración, análisis, interpretación y difusión).

A veces, en la inteligencia de empresa, la información que obtenga una compañía para ser analizada por su departamento especializado en inteligencia tendrá naturaleza confidencial, reservada o secreta según la política interna de protección de los activos estratégicos de la corporación, entendido el conocimiento como uno de esos activos. Del mismo modo, en la interpretación de la información para dotarla de significado y convertirla en inteligencia imbricada en la toma de decisiones, los analistas de la compañía producirán conclusiones o estimaciones (productos de inteligencia) cuya propia naturaleza sensible para el posicionamiento de la corporación aconsejará incrementar la protección de esa información, compartimentando su acceso mediante una etiqueta de clasificación de seguridad no ya ante competidores, sino dentro de la propia empresa. En todos estos hitos del proceso de inteligencia puede aparecer el secreto. Incluso, y más a menudo de lo que parece a primera vista, la información obtenida puede ser perfectamente abierta y desclasificada (OSINT), pero las conclusiones que contribuyen a construir en el escalón final de interpretación para la elaboración de inteligencia en la compañía pueden acabar teniendo naturaleza estratégica para la empresa, una naturaleza que es imprescindible proteger introduciendo clasificaciones de seguridad en la información. De esta manera, puede existir información que sea necesario clasificar (proteger) en el propio origen del proceso porque sea información muy sensible para la compañía; información convertida en inteligencia (significado orientado a la acción, si es posible anticipatorio) que se considera suficientemente importante como para ser protegida; y toda una serie de productos de inteligencia que acaban teniendo una difusión abierta o una difusión más restringida dependiendo de su alcance y contenido. Finalmente, si todo este entramado informativo de la inteligencia de empresa lo hacemos trascender hacia un esquema interactivo de inteligencia económica, donde la compañía se involucre en una red colaborativa que reciba inputs gubernamentales para operaciones globales en el extranjero, nos encontraremos con condicionantes hacia la seguridad de la información derivados, en algunos casos, de la presencia de elementos informativos obtenidos mediante espionaje por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

Es decir, en inteligencia de empresa y, por ende, en inteligencia económica, se maneja un caudal variable de información sensible para las compañías individuales y sensible para los intereses económicos nacionales, un caudal que es imperativo clasificar dotándolo de seguridad. La inteligencia normalizada (aquélla que conecta con la toma de decisiones en las organizaciones) tiene por vocación reducir lo secreto a su mínima expresión pero, en un momento u otro del proceso, el producto de inteligencia puede acabar sensibilizándose, es decir, convirtiendo el resultado de la información procesada en información dotada de significados que la compañía debe proteger. La solución parece venir, de nuevo, mediante una cultura de inteligencia que intente, en primer lugar, considerar el proceso de inteligencia como una sistematización normalizada en la gestión del conocimiento que aporta valor cuando se aplica en organizaciones, siendo en ese sentido un modelo abierto. En segundo lugar, también como un proceso donde puede originarse la necesidad de proteger la información, la obtenida o la producida, convirtiendo entonces a algunas secuencias de ese proceso en demandantes de procedimientos acceso y difusión restringidos. La manera de implantar esta aparente dualidad en la empresa es, por un lado, elaborando productos de inteligencia y, por otro, tecnificando esa elaboración de inteligencia.

En efecto, aproximarse a la inteligencia como un conjunto sistematizado de procesos y metodologías desarrolladas en una línea de producción interna al servicio de la decisión en la compañía, dedicada esta línea a elaborar productos de inteligencia dirigidos a consumidores (ejecutivos o directivos de la empresa), hace posible adaptar la inteligencia (customisation) a las necesidades corporativas, de forma que se consigue un amplio repertorio de informes consumibles que permite conciliar la apertura y normalización de la inteligencia con la protección de los segmentos informativos que sea menester. La producción de informes a medida, sirviendo a las distintas necesidades informativas de la corporación, se consigue situándola como eslabón resultante de un sistema socio–técnico[15] que combine:

(a) El diseño del modelo de inteligencia basado en la doctrina más apropiada para conseguir los objetivos que se ha planteado la empresa introduciendo la inteligencia en sus modos de trabajo (no es igual aplicar un modelo de inteligencia para cubrir necesidades de seguimiento de noticias en Internet para la vigilancia de tecnológica que afecten a la empresa, que otro para responder a requerimientos de alerta estratégica, que otro enfocado a la competencia, que otro dedicado a la acción prospectiva general).

(b) La articulación de una célula o una unidad de inteligencia dotada de estructura armonizada, por una parte, con la identidad y organización de la compañía y, por otra, con el propio enfoque del modelo de inteligencia elegido.

(c) Una reingeniería de procesos para adaptar procedimientos sistematizados de recogida, tratamiento, análisis e interpretación de la información para la operativa de la estructura de inteligencia.

(d) Una arquitectura tecnológica que soporte toda la estructura de inteligencia.

(e) Un proyecto de capacitación de recursos humanos en dos planos: el tecnológico, relacionado con las nuevas herramientas informáticas de las que van a ser usuarios; y el metodológico, destinado a que los analistas y consumidores de inteligencia se formen, los unos en metodología de tratamiento y análisis de información, y producción de inteligencia, mientras los otros lo son en teoría general de inteligencia. En experiencias de implantación de sistemas de inteligencia tanto en sector público como en privado se ha comprobado que una mínima capacitación de los consumidores de inteligencia aporta valor sustantivo al funcionamiento óptimo del sistema (es difícil que un consumidor directivo de una compañía demande de sus analistas un informe prospectivo basado en escenario si desconoce que existe esa técnica y cuáles son sus bondades y limitaciones).

La implantación de un sistema de inteligencia de empresa en una compañía que esté apoyado por metodologías potentes que traducen su funcionamiento operativo a través de tecnologías de apoyo, posibilita la creación de un repertorio amplio de productos de inteligencia elaborados a medida para los consumidores. Las soluciones tecnológicas distribuidas en módulos de recogida, de almacenamiento y de estructuración de información permiten al analista concentrar sus capacidades en aquello que peor hacen todavía las soluciones informáticas: interpretar la realidad. Los sistemas con base tecnológica, sustentados en metodologías de tratamiento y análisis de información, sitúan a los analistas en la fase final de dotación de significado para la realidad conectada a la decisión en donde quiere situarse la corporación. Los sistemas metodológica y tecnológicamente afinados permiten automatizar, vía criterios programados por el usuario, buena parte de la recogida de información masiva, de su tratamiento y almacenamiento e, incluso con mínima supervisión, del descubrimiento inicial de patrones relacionales entre elementos informativos, lo que deja al analista ante el comienzo de la secuencia de razonamiento para la extracción de conclusiones y le remedia el problema, irresoluble para un humano sin tecnología, de procesar cada vez más ingentes volúmenes de información de cada vez más fuentes informativas.

Con el ánimo de aclarar las áreas más difusas que existen entre estos términos, podríamos apuntar que otra diferencia entre espionaje e inteligencia económica es que el espionaje es un método de obtención de información mientras que la inteligencia hace referencia a todo el proceso desde que esa información se recoge, se procesa, se analiza y se interpreta hasta que se difunde.[16] De manera que la inteligencia económica, sobre todo si en ella participa algún servicio público de inteligencia tradicional, puede incluir algún tipo de información que haya sido obtenida por espionaje. Este último punto de conexión entre inteligencia económica y espionaje, en todo caso, no afecta éticamente a la inteligencia empresarial, que se inscribe en la inteligencia económica pero que no abarca a toda la inteligencia económica. Desde nuestra perspectiva, una manera de centrar epistemológicamente a la inteligencia económica es abordarla como una disciplina que surge a partir de la aplicación convergente de todos los esfuerzos, públicos y privados, al ámbito de la sociedad. Así, la inteligencia llevada a cabo por las compañías en el ámbito de lo privado para mejorar su posicionamiento sería inteligencia empresarial, alimentada por las distintas líneas de desarrollo o de enfoque del modelo de inteligencia escogido y el sistema destinado a implantarlo (vigilancia tecnológica, vigilancia corporativa, alerta temprana, inteligencia de mercado o negocio e inteligencia competitiva). En principio, pues, la inteligencia empresarial no incorpora espionaje de ninguna clase. En la medida en que esa inteligencia empresarial se suma a una supracategoría al servicio del interés público, del ciudadano, comienza la inteligencia económica. La participación de los actores públicos de inteligencia general puede añadir piezas de espionaje a los flujos de información. Así pues, legal y éticamente, la inteligencia de empresa no debería asumir ninguna variante de espionaje industrial, que no le negaría ontológicamente su carácter de inteligencia al proceso pero sí lo haría inviable en legitimidad.

Esta perspectiva de inteligencia económica, evidentemente, no descarta otras discusiones sobre su alojamiento epistemológico (también podría considerarse inteligencia económica a una actividad sistematizada y metodológica en ese sentido que decidieran abordar nada más las cámaras de comercio, por ejemplo) pero nos puede servir como un modelo (construct) inicial de trabajo. La necesidad de trascendencia de la inteligencia económica con respecto a la denominación empresarial nos la sitúa, por tanto, en el espacio de una actividad cooperativa, colectiva, multidimensional (no atiende sólo a claves econométricas, ni sólo de negocio, ni sólo de una empresa o gremio, sino que se convierte en una disciplina social) e integradora por arriba de enfoques más restringidos por debajo. En cierto sentido, la inteligencia económica, como sistema complejo, debería ser un estrato interpretativo de realidad cuyas propiedades emergentes fueran el resultado de la combinación interactiva, y no de mera agregación, de inteligencias empresariales en sus variantes y de inteligencia con un fin: el incremento de la seguridad, el progreso y el bienestar de los ciudadanos gracias al posicionamiento del Estado como actor geoeconómico global.

La inteligencia económica es, en definitiva, un marco de trabajo general orientado al bienestar colectivo. Estructuralmente, requiere que las empresas construyan sus propias capacidades internas de inteligencia empresarial, cada una de las cuales sirve a las compañías individualmente en sus legítimas aspiraciones competitivas. Esa cultura de ejercicio sistemático y sistematizado de inteligencia empresarial está conectada, en red, a una serie de servicios públicos que garantizan sinergia y productividad, uno de los cuales es el aprovechamiento de las capacidades de inteligencia enfocadas en el ámbito económico internacional, específicamente, para detectar oportunidades, anticipar riesgos y generar los espacios para favorecer la competitividad de las empresas en el exterior. Al tiempo, a esa red social de inteligencia económica se le suman las contribuciones de una serie de actores (universidades, centros de innovación, fundaciones y asociaciones) sobre las cuales un observador público de inteligencia económica está prestando atención para señalizar fortalezas que puedan sumar en la dinámica de desarrollo de la red nacional de inteligencia económica. Por tanto, en inteligencia económica, la inteligencia de empresa sirve a la empresa, no al Gobierno. La inteligencia de empresa es una función individual y privada sustentada en el axioma de no injerencia del Estado. La diferencia de la inteligencia económica con respecto a los esfuerzos empresariales de sistematización del conocimiento es que aquélla crea un concepto nacional, de base social, destinado a que los ciudadanos, a través de distintas colectividades (una de ellas el propio Estado), contribuyan como actores económicos al progreso y al bienestar. El Estado, en esta idea, está al servicio de la promoción de la empresa sumando y coordinando con visión integradora.

Aplicaciones de inteligencia de empresa
Las distintas derivaciones de la inteligencia en empresa han sido definidas y analizadas desde distintos planos.[17] En lo que a una aproximación doctrinal se refiere, la inteligencia en la empresa puede desarrollar distintas capacidades dependiendo de la utilidad que cada uno de los desarrollos tenga para cada empresa. Algunas compañías sólo necesitarán observar su entorno tecnológico o de regulación, para estar al tanto; otras se concentrarán sobre la competencia; otras articularán todo tipo de capacidades para incrementar su poder de interpretar el entorno. Lo común a cualquier variante de la inteligencia en empresa puede sustanciarse a través de cuatro premisas:

(1) La inteligencia consiste en estructuras, modelos de integración, métodos, procedimientos y productos destinados a gestionar la información de la empresa para convertirla en conocimiento.

(2) La información tratada y convertida en conocimiento traduce una interpretación de la realidad que representa el significado que la empresa construye de su realidad concreta y del entorno en donde está inscrita.

(3) Ese conocimiento se aplica a la toma de decisiones en los planos de la empresa para los que se hayan articulado las capacidades de inteligencia.

(4) Esas decisiones tienen un enfoque anticipatorio, prospectivo.

Por tanto, a nuestro modo de ver la inteligencia es el proceso de otorgar significado a la realidad, significado que se traduce en conocimiento orientable hacia la toma de decisiones con perspectiva anticipatoria. Ese enfoque prospectivo y activo, que distingue a la inteligencia del conocimiento, es el que liga a esta capacidad con la gestión de riesgos y oportunidades. Dentro de la inteligencia de empresa pueden habilitarse varios escalones concatenados de desarrollo, que buscan objetivos progresivos. Entre ellos, tenemos la vigilancia corporativa (llamada tecnológica), la inteligencia comercial, de negocio o de mercado (business o market intelligence) y la inteligencia competitiva.

La vigilancia corporativa es la observación sistemática y sistematizada de entidades y asuntos que resultan de interés en el entorno de negocio de una corporación. Si estamos considerando una empresa, por ejemplo del sector energético, serán los reguladores de la administración pública u otros actores energéticos o investigadores especializados en energía las entidades informativas de interés para que esa empresa los ponga en observación en su sistema de vigilancia. Por otro lado, también se deberán monitorizar cualquier acción comercial o noticia difundida en fuentes abiertas relacionadas con el sector. Por tanto, resumimos diciendo que la vigilancia corporativa está destinada, específicamente, a conocer qué está pasando en el entorno operativo y estratégico de la empresa en su área de negocio. Inicialmente, las empresas y corporaciones situaron la vigilancia corporativa en la vigilancia tecnológica,[18] muy ligada a procesos de investigación e innovación en tecnologías[19] (como las patentes) y centrada primordialmente en la observación del espacio exterior a la compañía relacionado con el diseño y desarrollo de nuevos componentes tecnológicos.[20] Actualmente, sin embargo, la vigilancia debería conceptuarse como una dimensión a medio camino entre la observación o monitorización de fuentes y la inteligencia competitiva, teniendo propósito y alcance corporativo, una de cuyas especializaciones o focos puede ser (tal vez el único en algunas compañías) el tecnológico.

La inteligencia de negocio –casi siempre denotada con su apelativo anglosajón: business intelligence– se ha concentrado muy específicamente en la explotación estadística de datos cuantificados y tratados por medio de soluciones informáticas específicas. La mayoría de las arquitecturas de business intelligence han avanzado hacia programas centrados en tecnología que sintetizan y estructuran información cuantitativa y ofrecen toda una serie de operadores estadísticos para la explotación de esos datos, finalizando con herramientas para la presentación formateada de informes con soporte gráfico amigable. Esta puede ser una solución si una compañía busca tratar estadísticamente repositorios de información cuantitativa. Si además persigue integrar esos resultados en una interpretación comprensiva (más cualitativa) de la realidad de la empresa, necesitará integrar la business intelligence en alguna clase de sistema de gestión del conocimiento o de inteligencia. Otra acepción de la business intelligence tiene que ver con la obtención de evidencias (investigación) sobre los aspectos concretos que una compañía necesita conocer, a menudo para afrontar una contingencia, una negociación o un riesgo, mediante los servicios proporcionados por compañías multinacionales de gestión de riesgos o de investigación privada. Así mismo, puede apuntarse una tercera derivación de business intelligence en su intersección con la inteligencia de mercado (market intelligence), concentrada en la explotación estadística de información para interpretar la evolución de área de negocio basándose en indicadores cuantitativos.

Por su parte, la inteligencia competitiva se entiende orientada a la observación –y a la acción posterior– del espacio de competencia de la empresa para detectar riesgos y, sobre todo, para aprovechar oportunidades, siguiendo a Porter.[21] La inteligencia competitiva debería incluir un mínimo de vigilancia corporativa, aunque no siempre lo está haciendo en los modelos que se establecen. Y debería hacerlo porque la inteligencia competitiva tiene que ver con la observación de los actores y sucesos o tendencias que influyen y conforman el espacio de competencia de una empresa. Esa monitorización en concreto demanda un esfuerzo sistemáticamente dirigido a escrutar, por medios legítimos, el comportamiento, las actividades y los futuribles del resto de empresas y actores que comparten espacio de negocio o son adyacentes o incidentes. La vigilancia corporativa está, además, conectada con la inteligencia competitiva a través de la implantación de esquemas de alerta temprana. En efecto, la inteligencia competitiva observa el espacio de negocio para detectar amenazas y oportunidades y para descubrir vulnerabilidades y fortalezas de la compañía, compensando las unas y poniendo en práctica las otras. Cuando esa labor forma parte de los procesos sistemáticos y las estructuras de la empresa, la inteligencia competitiva incluye un sistema de indicadores de riesgo dedicados a advertir anticipadamente a quienes deben tomar la decisión de que su compañía se va a enfrentar a una amenaza más o menos concreta.

A tenor de las exploraciones realizadas entre empresas estadounidenses, como la realizada por la Competitive Intelligence Foundation en cooperación con la Society for Competitive Intelligence Professionals, la inteligencia competitiva no es una actividad actualmente sistematizada en las corporaciones. Está considerada una función menor que, si se lleva a cabo, se hace de una manera disgregada, desconectada y por parte de varios departamentos de una misma corporación. Las unidades de las empresas que llevan a cabo funciones de análisis competitivo para escrutar a la competencia emplean, fundamentalmente, herramientas como el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, SWOT y DAFO, en español). Son unidades enfocadas al análisis del mercado que prestan servicio a una variedad no catalogada de consumidores dentro de la propia organización.[22] En España, una investigación llevada a cabo entre 716 empresas exportadoras concluyó que únicamente un tercio de ellas conoce el significado de la inteligencia competitiva y que el 75% analizan al competidor a través de procedimientos informales y de manera discontinua. La investigación revela que el interés por la inteligencia competitiva encuentra a la cultura interna de la empresa como el principal obstáculo para el avance en estos procedimientos sistemáticos para la gestión de la información corporativa.[23]

Por último, existe un ámbito de aplicación de la inteligencia en empresa que son las operaciones de inteligencia, un área de aplicación tabú que no se explora habitualmente porque se asocia con el espionaje tradicional en el inconsciente empresarial y comparte el mismo rechazo cultural, como ya hemos mencionado más arriba. En realidad, las operaciones de inteligencia no son nada que no se haya venido haciendo en las empresas desde el principio de los tiempos, con preferencia en operaciones de posicionamiento o de competencia. Las operaciones de inteligencia consisten en una pluralidad de movimientos corporativos dedicados a disminuir o anular la influencia o cuota de mercado de un adversario competitivo, a condicionar su posición o a manipularlo dentro de la legalidad. Las operaciones de inteligencia empresarial, al servicio de las decisiones corporativas, utilizan muchos de los instrumentos que, como la comunicación persuasiva, ya son aplicados por las compañías sobre las áreas de negocio. La diferencia es que, con su imbricación en inteligencia, las operaciones de empresa ganarían en eficiencia y estarían basadas en un mejor conocimiento del entorno y de sus actores. En este punto, la inteligencia de empresa está íntimamente ligada a la decisión y acción corporativa, muy concebidas para nutrir procesos de prospectiva normativa o prescriptiva y útil para aplicar modelos que, como el target centric,[24] están diseñados para actuar sobre la conformación de escenarios y el comportamiento de actores corporativos específicos.

Sistemas de alerta temprana (“indication and warning intellligence”)
La alerta temprana es un concepto de implantación progresiva en diversos escenarios para la evaluación y resolución de crisis[25] que, como ocurre con frecuencia en este tipo de aplicaciones de la seguridad entendida en sentido amplio y social, procede de la doctrina militar. En concreto, es una mezcla entre igual denominación utilizada después de la Segunda Guerra Mundial para denominar sistemas específicos de defensa y respuesta rápida (early warning) implementados por las Fuerzas Aéreas y la doctrina de indication and warning intelligence (inteligencia de indicadores) formalizada y sistematizada en los años cincuenta del siglo pasado en EEUU por Cynthia Grabo,[26] entonces analista de la Defense Intelligence Agency (DIA).

Aplicados a los dominios de la inteligencia de empresa, los sistemas de alerta temprana se sitúan metodológicamente entre la vigilancia corporativa y la inteligencia competitiva. En términos funcionales, están llamados a emitir indicadores de riesgo corporativo en áreas de negocio permitiendo a los directivos de la empresa decidir anticipadamente para evitar un perjuicio. Considerada esta utilidad, la asociación de los esquemas de alerta temprana con la implantación de procedimientos sistematizados de evaluación del riesgo en la empresa constituye una estructuración más que recomendable. Adicionalmente, y en el ámbito de empresa, los sistemas de alerta temprana pueden enfocarse no sólo sobre riesgos, sino sobre la detección temprana de oportunidades, inscritos en dinámicas de prospectiva prescriptiva.

Haciendo un planteamiento ideal, un sistema de alerta temprana en la empresa incorpora procedimientos de evaluación del riesgo y está conectado a procesos, más o menos protocolizados, de toma de decisiones. En concreto, los indicadores de riesgo deberían canalizarse a través de dos tipos de respuesta: una preventiva para evitar o gestionar un riesgo o para aprovechar una oportunidad; y otra de contención, principalmente ante amenazas corporativas, una vez que el riesgo se ha traducido en un peligro emergente para las operaciones de negocio de la compañía y hay que producir una respuesta reactiva.

La alerta temprana para riesgos y oportunidades en la empresa está construida sobre una base de indicadores que marcan, anticipadamente, a esos riesgos y oportunidades. Esos indicadores de riesgo y oportunidad son fórmulas cualitativo–cuantitativas compuestas por los elementos que se supone conforman cada uno de los riesgos –y oportunidades– que pueden detectarse o preverse en el área de operaciones de la empresa. La elaboración de indicadores es una tarea exhaustiva y su calibración un proceso continuo. Los conjuntos funcionales más complejos de indicadores para una empresa multinacional están limitados sólo por el foco que quiera poner la empresa en el análisis y los recursos permanentes que pretenda invertir. Los más completos –pero también los más exhaustivos e intricados– son las estructuras de indicadores compuestas por variables de naturaleza cuantitativa y por elementos de índole cualitativa procedentes, al menos, de las denominadas coordenadas política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal (PESTEL) que afectan a los espacios estratégicos de operación de una compañía.

La estructura de indicadores de un sistema de alerta temprana en una empresa está montada sobre capacidades de gestión del conocimiento provistas para recoger información de todas las fuentes de interés, almacenarla y relacionarla, y trasladarla en canales automáticos o semisupervisados a un equipo de análisis destinado a calibrar la fuerza de cada indicador con respecto a umbrales de riesgo y oportunidad definidos. Cuanta mayor capacidad exista de cuantificar variables, mayor posibilidad habrá de utilizar modelos computacionales o algoritmos para basar los indicadores en ecuaciones matemáticas. Sin embargo, aunque éstas puedan aplicarse, sobre todo, a modelos econométricos o financieros, la experiencia en inteligencia de indicadores demuestra que, ante fenómenos sociales, los indicadores de riesgo deben contener tanto elementos cuantitativos como cualitativos, siendo en todo caso de naturaleza cualitativa la integración e interpretación finales.[27]

La sistematización de indicadores en una eventual capacidad nacional de inteligencia económica podría convertirse en una labor inicial, sectorizada y de servicio público a empresas estratégicas. Este eventual servicio de la capacidad nacional de inteligencia podría evolucionar hacia un sistema nacional de alerta temprana en inteligencia económica y debería contar con un equipo especializado de analistas destinados a la elaboración, mantenimiento e interpretación de la estructura de indicadores.

Inteligencia Económica y Seguridad Nacional

La circunstancia de que sea el SED–CNI quien, como representante de un órgano especializado en la asignación de significado a una porción cada vez más relevante de las realidades del Estado (sobre todo las que tienen que ver con la calificación y la cualificación de amenazas y oportunidades para el país), haya subrayado el papel que debería tener la inteligencia económica no tiene que ser visto más que como una normalización, aunque tardía en el caso español, de las actividades de un servicio de inteligencia nacional en una aldea global cuya principal columna vertebral son las relaciones económicas. Es normal que una institución acostumbrada a definir prioridades estratégicas sobre temas que puedan influir en el bienestar de la ciudadanía ponga el acento en la inteligencia económica como un nuevo capítulo a considerar dentro del aparato de información del Estado. En ese mismo sentido, no hay que tomar la constatación de esa prioridad asignada por el CNI como la reivindicación de un papel dominante del centro de inteligencia en un eventual esquema nacional de inteligencia económica: ésta tiene que ver, sobre todo, con las empresas y mucho menos con los servicios secretos.

El enfoque de la inteligencia española sobre cuestiones relacionadas con economía y tecnología no data, afortunadamente, de la fecha del discurso en que Alberto Sáiz subrayaba la prioridad estratégica del CNI. Los antecesores institucionales del Centro español de Inteligencia ya habían venido dedicando recursos a esta dimensión a través de un área concreta de la estructura de inteligencia, la entonces denominada División de Economía y Tecnología.[28] Lo que puede parecer más ajeno, sobre todo a la opinión pública y en menor medida al mundo empresarial más avisado, es la asociación implícita que se hace entre seguridad nacional e inteligencia económica. Esta percepción en España de la inteligencia económica como una novedad estaría relacionada, en primer lugar, con la ausencia del concepto institucionalizado como tal. También, principalmente, con la ausencia de una cultura de inteligencia, tanto en el propio Estado como aglutinante de la sociedad, como en la empresa, desprovista hasta el momento de un concepto de inteligencia propio, inteligencia entendida como procedimiento metodológico, sistémico y tecnológicamente apoyado de dotar de significado a la realidad para adoptar decisiones. No es, por tanto, casualidad que la visibilización de la inteligencia económica como parámetro estratégico del sistema de información del Estado emerja en el marco de la que podríamos entrecomillar como “responsabilidad social corporativa” del CNI, es decir, la creación y promoción de una cultura de inteligencia en todos los sectores de la sociedad española, desde el ciudadano hasta sus instituciones. De ahí que tenga que verse con normalidad que sea el propio director del CNI quien ponga el acento en la inteligencia económica entre las prioridades estratégicas del aparato de información del Estado en una aldea global cuya principal columna vertebral son las relaciones económicas.

A su vez, la economía debe su imbricación en el plano de la inteligencia a la denominada revolución de los asuntos de inteligencia,[29] una derivación conceptual de la homónima revolución en defensa. La inteligencia económica como traducción formal y visible de la inteligencia del Estado, con pretensiones de integración y participación de distintos actores sociales en varias de sus expresiones, tiene vínculos determinantes con la cultura y con la revolución en los asuntos de inteligencia (RIA, en sus siglas en inglés). La RIA se beneficia de una nueva conceptualización de la seguridad, desposeída de sus compartimentos estancos tradicionales tras la caída del muro de Berlín y la emergencia de una sociedad de definición global (amenazas incluidas) pero, sobre todo, tras la irrupción del terrorismo como elemento antisocial de naturaleza y alcance internacionales. En la sociedad interconectada de las nuevas reglas globales, la seguridad no está restringida a la reacción ante amenazas lineales, nacionales y de contornos estáticos, ni es una competencia exclusiva de las fuerzas armadas y policiales, de los aparatos de justicia o de las agencias de inteligencia. Al igual que muchas otras dimensiones sociales, la seguridad ha sufrido una revisión, una modificación en el mismo sentido de globalización, de interconexión, multidimensionalidad e interdependencia. Así contemplada, la seguridad global busca anticipar y gestionar los riesgos sociales, dotar de significado multidimensional a una realidad compleja, proponer y articular respuestas dinámicas y proactivas y, en definitiva, actuar como seguridad inteligente en un entorno internacionalizado de amenazas flexibles y adaptativas.[30]

En el marco de la nueva seguridad, la seguridad nacional trasciende el concepto de defensa ante amenazas militares o criminales, es decir, aquellas más o menos establecidas a partir de la aplicación de la fuerza legítima o ilegítima, para encontrarse con el espacio compartido de la protección y promoción de los intereses generales del ciudadano. Según Rosales, la seguridad nacional se define como aquélla situación en la que no existe amenaza alguna a la soberanía ni a la integridad del territorio y sus habitantes; una situación en la que no existe atentado alguno contra el normal ejercicio de la autoridad ni contra el funcionamiento adecuado de las instituciones; y una situación en que, tanto las actividades públicas como privadas, pueden llevarse a cabo sin obstáculos que se opongan al logro de los más altos niveles de paz, libertad, prosperidad cultural, cívica, moral y económica.[31] Considerada en términos colectivos, la seguridad de los ciudadanos de un país interconectado como España es más vulnerable actualmente a una crisis energética a gran escala que ante una eventual invasión extranjera o incluso que ante el terrorismo. No cabe duda que los atentados terroristas sumen en el sufrimiento y el dolor a miles de familias, representan una amenaza clara y determinante contra el conjunto de la ciudadanía y, por ello, el terrorismo es una de las categorías sobre las que el sistema nacional de inteligencia y seguridad está permanente enfocado. Sin embargo, su capacidad para desestabilizar al Estado, para introducir desequilibrios o disfuncionalidades que comprometan la vida colectiva del ciudadano y la salud de la sociedad es muy limitada, al menos en los actuales escenarios y en los países con armazones estatales más sólidos. Por el contrario, una crisis energética global, combinada con una quiebra del sistema financiero puede tener un impacto negativo de naturaleza estructural en la sociedad que la padezca. Sin llegar tan lejos, la modificación de las condiciones para la operación de multinacionales españolas en el exterior, si se dieran en paralelo en varios sectores con implantación estratégica y además se combinaran con un ciclo negativo global en sectores energéticos o financieros, podrían representar quiebras para algunas grandes compañías españolas que redundarían, en un primer anillo de influencia, en efectos de inseguridad sobre la vida de muchas familias y, en un segundo, en el resentimiento de indicadores macroeconómicos de la sociedad, que a su vez, perjudicarían a más familias. Todos estos efectos en cascada, además, comprometerían el posicionamiento geoeconómico de España, lo que se traduciría en una reducción de sus capacidades para afrontar vulnerabilidades en un escenario global que es de alta competencia. La inteligencia económica entraría, precisamente, a desarrollar capacidades de obtención y análisis de información especializada que sirviera para anticipar razonablemente la gestión de riesgos de esa naturaleza y, desde luego idealmente, para desactivarlos antes de que ocasionen un perjuicio.

Actualmente, los servicios de inteligencia se han especializado en la prevención de amenazas de naturaleza policial o militar, pero en cambio todavía han de sintonizarse para poner en respuesta anticipatoria a sus sociedades ante riesgos u oportunidades de índole económica.[32] La inteligencia económica, entendida según la doctrina francesa de seguridad económica activa, no está pensada restrictivamente para la defensa ante amenazas al tejido económico, financiero o empresarial, sino para constituirse en una sistemática gestión del conocimiento y toma de decisiones con vistas, primero, a buscar y luego a crear –de manera ideal y por medios legítimos– escenarios de posicionamiento global para las empresas de un país que redunden en un aumento de la seguridad, entendida como bienestar, de su población. Ese enfoque de la inteligencia económica, cuando está ligado a un concepto integrado de seguridad y progreso, se asocia íntimamente a la inteligencia prospectiva,[33] a la utilización de recursos y capacidades promover futuros beneficiosos y productivos.

Las estructuras de inteligencia económica comenzaron a crearse hace algunas décadas en ciertos países (Japón, Suecia y el Reino Unido), mientras que en otros (EEUU, Alemania y Francia) hace menos años que se crearon unas estructuras que, con la globalización, se han ido traduciendo en una ventaja comparativa para los países que disponen de ellas. España todavía está por crear una estructura similar. El retraso español no tiene tanto que ver con el propio servicio de inteligencia del Estado considerado de manera aislada, sino con la convergencia de otros dos factores alimentados entre sí: la ausencia de una cultura de inteligencia global en el aparato del Estado y la carencia de una cultura de inteligencia en la empresa. Déficit que están en proceso de reducirse tras reconocer su existencia.

La inteligencia económica internacional: proactividad frente a defensa

No puede decirse que la escasez española de una política integral de inteligencia económica la sitúe demasiado atrás respecto de la posición del resto de países de la UE. El propio espacio común europeo, nacido al modo de una Comunidad Económica, no dispone de capacidades institucionales destinadas específicamente a la producción de inteligencia en el ámbito económico, aunque haga más de una década que haya resaltado que una de las rutas específicas para la innovación empresarial pasa por la institución de estructuras nacionales de inteligencia económica, tal y como ha señalado la Comisión Europea.[34]

Los distintos esfuerzos en el plano de inteligencia económica de los países con los que compartimos filosofías de comercio y economía, independientemente de los diferentes modelos y conceptuaciones a través de los cuales son materializados esos esfuerzos, se podrían clasificar en dos modelos doctrinalmente están muy ligados al nivel de aceptación social de la intervención del Estado en la economía privada:

(1) Un primer modelo lo compondrían aquellos países que dedican algún componente especializado dentro de sus agencias nacionales de inteligencia a la economía –junto, a menudo, con la tecnología–, que disponen de otros órganos gubernamentales de análisis e incluso de recogida de información, pero que no tienen un concepto estratégico integrado ni una estructura estatal de inteligencia económica a escala pública nacional con la implicación del sector privado. En estos países residen compañías multinacionales de referencia global, empresas globales, algunas de las cuales tienen sus propias capacidades individuales de inteligencia corporativa, pero sin conformar entre ellas un paraguas nacional ni tener conciencia de su necesidad. En ese agrupamiento de países destacan EEUU y el Reino Unido como patrones más visibles en la adopción de una orientación que, además, es principalmente defensiva o reactiva en inteligencia económica. En este modelo, probablemente por la presión de la realidad, se han ido introduciendo posteriormente, como es el caso de los EEUU, estructuras públicas que funcionan más como lobbies de influencia que como instituciones de inteligencia económica. De este modo, queda la labor de los servicios secretos para la defensa ante amenazas de índole económica y determinados departamentos especializados en los Ministerios de Comercio o de Asuntos Exteriores para ejercer influencia más o menos discreta o defender la posición de las empresas nacionales en el exterior.

(2) El segundo bloque, el menor en dimensionamiento, sería el de aquellos Estados que, bien habiéndolo adoptado formalmente o bien por dinámica operativa, disponen de un aparato público de referencia en inteligencia económica, que involucra al tejido empresarial del país, enfocado no sólo defensivamente a evitar perjuicios a la economía nacional sino también prescriptiva o normativamente a crear escenarios y oportunidades para un posicionamiento de ventaja de sus Estados en el tablero económico global. Referencias indiscutibles de esta orientación son Japón y, sobre todo, Francia.

El enfoque anglosajón de la inteligencia económica se ha caracterizado esencialmente por desarrollar, dentro de sus agencias de inteligencia exterior, departamentos dedicados a obtener y analizar información sobre economía y tecnología.[35] Al mismo tiempo, han promulgado legislación, como la estadounidense Ley de Espionaje Económico (Economic Espionage Act) de 1996, destinada a proteger el patrimonio industrial y empresarial nacionales de acciones ofensivas de espionaje económico. Esta perspectiva prima una concepción más defensiva de la inteligencia económica, enfocada más hacia la “protección del bienestar económico”[36] de sus países contra amenazas que al desarrollo de una acción coordinada para el aprovechamiento de oportunidades globales. En ese sentido, podemos decir que esta aproximación no deja de perseguir y explotar las oportunidades económicas o empresariales, pero lo hace desde un esfuerzo fragmentado, muy enfocado hacia la acción de un lobby sectorial concreto o del poder de multinacionales individuales, que son los que buscan un posicionamiento internacional aunque después, perceptivamente, podrá ser identificado con el país de procedencia de la compañía en concreto.

Esta apuesta por la inteligencia económica, más corporativa que estatal o público–administrativa, tal vez responda a la propia naturaleza de una determinada cultura empresarial con pocos rasgos de “estatalización” en su personalidad, que rechaza inicialmente el intervencionismo del gobierno en la dirección de la economía del país. La traducción de esta cultura arroja empresas con identidades corporativas individuales muy consolidadas de trabajo en inteligencia (es el caso de la angloholandesa Shell Corporation) pero con capacidades descentralizadas de inteligencia que no aprovechan, ni probablemente quieren conseguir, una estructuración integrada de la inteligencia económica a escala nacional y pública. Tal modelo, no obstante, no supone concluir que la posición global de estos países en el ámbito de la inteligencia económica sea débil, pues ambos paradigmas de esta alternativa, EEUU y el Reino Unido, mantienen cotas de liderazgo tanto en el terreno industrial, como en el financiero o el energético. Quizá sea, precisamente, la ocupación temprana de una posición de ventaja global financiera o energética los factores que, de momento, no les hayan creado la necesidad de dotarse de capacidades estatales o federales públicas de inteligencia económica con propósito proactivo o prescriptivo para la creación de escenarios internacionales de oportunidad en sus empresas. Junto a esos factores, otros serían su papel motor en las dinámicas de la globalización, las fortalezas –y riesgos– globales derivadas de la internacionalidad promovida casi desde el mismo código genético de la empresa (principalmente en la estadounidense de un determinado tamaño) o la marcada cultura liberal de las empresas que ha sido asimilada tanto por la ciudadanía como por el Estado. Este modelo produce una empresa global que ha canalizado sus esfuerzos de inteligencia individual o sectorialmente y un aparato federal o estatal destinado no tanto a posicionar a EEUU globalmente en economía, sino a defender a sus ciudadanos ante las potenciales amenazas económicas. En esa línea se sitúan analistas de inteligencia económica de la Central Intelligence Agency (CIA) de EEUU –que tienen reputación de ser excelentes y numerosos– elaborando, al menos, dos productos de serie dedicados a la inteligencia económica: el Daily Economic Intelligence Brief (DEIB) y el Economic Intelligence Weekly (EIW). No obstante, la línea de creación de oportunidades no es ajena al sector público anglosajón, aunque funcione menos como inteligencia y más como lobby. A esa dinámica puede adscribirse el Advocacy Center, un órgano público en el Departamento de Comercio de los EEUU destinado no tanto a elaborar inteligencia como a aunar los esfuerzos de todos los sectores de la administración en la promoción exterior de los contratos que se consideren más estratégicos para el país. También el Consejo de Economía Nacional (National Economic Council) establecido durante el primer mandato del presidente Clinton, adscrito a la Casa Blanca al mismo nivel estratégico que el Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council) –aunque no igual de dotado ni con la misma influencia–, sobre la base de asumir que hasta entonces los EEUU habían descuidado esa vertiente concreta de la inteligencia en su planeamiento estratégico en cierto modo por derivación del tradicional desapego del Estado a ejercer cualquier guía sobre la actividad empresarial.[37]

El segundo modelo de inteligencia económica al que se ajustarían algunos países de nuestro entorno de cultura económica está menos relacionado con la centralidad de la inteligencia corporativa de empresas globales (aunque Japón, por ejemplo, sea un paradigma en la multinacionalización corporativa) y más orientado a la construcción de una arquitectura pública de inteligencia económica, articulada en mecanismos de cooperación con la empresa y dirigida, proactivamente, a la composición de escenarios de ventaja para el posicionamiento económico global del país, a través de sus empresas, en el exterior. Japón y Francia y, en menor medida, Alemania y los Estados nórdicos de Europa (por ejemplo el Business Intelligence and Security Network of Sweden, Bisnes) responderían a este perfil.

Desde la década de los sesenta, Japón ha estado invirtiendo recursos nacionales en la promoción de sus empresas en el exterior a través del Ministerio de Industria y Comercio y, especialmente, de su organización de comercio exterior (Japan External Trade Organisation, Jetro[38]). Esta última, con 73 oficinas en el extranjero y 36 en territorio japonés, realiza desde hace décadas investigaciones de tendencia en indicadores económicos nacionales e internacionales y tiene un dispositivo específico de inteligencia de negocio o comercial basado en la interacción entre gobierno, Jetro y empresa. Sin embargo, aún con la tradición del país asiático en la inteligencia comercial entendida como un componente de servicio público dispuesto para la creación de presencia empresarial japonesa en el exterior, el auténtico salto cualitativo en cuanto a concepto y aplicación en inteligencia económica a escala global lo representa Francia.

Sin restar mérito a la precocidad británica en el uso de principios de inteligencia, sobre todo de investigación comercial en la empresa,[39] hay acuerdo en considerar que el origen, al menos conceptual de la disciplina con la orientación moderna e integral que pretendemos reflejar en este Documento de Trabajo corresponde al ya mencionado informe dirigido en 1994 por Henri Martre, y encargado tres años antes por la oficina del primer ministro francés (antiguo Comisariado General del Plan y hoy Centro de Análisis Estratégico) para hacer un diagnóstico sobre inteligencia en el ámbito económico. Lo que suele mencionarse menos es que esa necesidad de diagnóstico surge y arranca, como suele ser habitual, de la percepción de una amenaza en Francia a partir de la publicación del estudio de Harbulot[40] sobre lo que denominó guerra económica. En esa percepción se vislumbraba que la salud económica de una nación dependería, en una medida importante, del éxito en aprovechar oportunidades y evitar o gestionar las amenazas en un terreno de juego definido por reglas globales. En ese terreno y con esas reglas, el principio de limitación de los recursos y de los nichos de mercado haría que algunos actores se comportaran, precisamente, como adversarios en un conflicto económico.

Desde hace, pues, más de una década Francia ha construido su sistema nacional de inteligencia económica más integrado y más identificado con el concepto de bienestar público de los que existen. Está basado en la introducción de tres componentes que queremos identificar con los mínimos para la adopción de un esquema nacional de inteligencia económica: (1) conceptualización de la inteligencia económica como un bien del Estado y, por tanto, protagonista de una política pública, sostenida y a largo plazo; (2) establecimiento de un órgano público de dinamización y de concertación –sobre el papel, alejado de intenciones de dirigismo de las empresas– y al servicio, precisamente, de las empresas por considerarlas vectores de posicionamiento francés en la arena global; y (3) apoyo a la adopción por parte de las empresas de modelos ajustados a la necesidad e idiosincrasia de cada una y compuestos por doctrinas, métodos y prácticas de las diversas dimensiones de la inteligencia económica.

Aunque el intento francés originario de establecimiento de un órgano público estatal de promoción de la inteligencia económica se sitúa en 1995, con la institución por el entonces primer ministro Edouard Balladur del Comité para la Competitividad y la Seguridad Económica, Francia estableció un sistema nacional de inteligencia económica en 2003 con la creación de la figura del alto responsable encargado de la inteligencia económica (Haut Responsable à l’Intelligence Economique, HRIE). Estructuralmente, el esquema francés está basado en la configuración de una red que coordina la información entre todos los actores económicos, agrupados en segmentos, cada uno de los cuales desempeña una función en el avance de la posición nacional en la economía global. El Estado tiene un papel de facilitador, porque posibilita la convergencia de los distintos elementos e intereses nacionales a partir de su capacidad para intermediar entre ellos y dinamizar su interacción, además del papel de reductor de incertidumbre debido a su capacidad de análisis y de influencia. El papel central del sistema está destinado a las empresas en tanto que agentes de competitividad y se reserva un input específico a las colectividades locales, asegurando una dimensión regional para la protección y promoción de las empresas sensibles. La red de inteligencia económica pretende la integración sinérgica y comprensiva no sólo de las capacidades del Estado al servicio de las empresas sino también de las contribuciones que puedan hacer las universidades, las cámaras de comercio e industria, las asociaciones profesionales y los organismos públicos de financiación y promoción de la innovación.

Conclusiones y prospectiva para España

La inteligencia, tanto la humana como la propia de los servicios secretos y ahora de la empresa, ha sido definida de tantas maneras que hacerlo otra vez empieza a perder sentido. En lo que sí parecen coincidir las orientaciones actuales es en que la inteligencia combina la dotación de significado a la realidad y a la anticipación ante esa realidad. Por tanto, una empresa dispone de inteligencia cuando utiliza la información a su alcance para construir un significado propio de su realidad, de la realidad económica de la compañía y del entorno que la rodea. Ese significado se utiliza para intentar tomar decisiones sobre el futuro, gestionando el riesgo, anticipando amenazas pero también oportunidades y, el ideal, accionando sobre el presente para conformar futuribles donde la empresa tenga ventaja competitiva. A ese estadio de gestión del conocimiento lo denominamos superioridad informativa, en donde la empresa tiene la visión más integrada de la realidad y es capaz, no sólo de actuar proactivamente sino de construir sus propios escenarios de ventaja competitiva accionando sobre su entorno.

El interés del CNI en la inteligencia económica como valor capital del Estado viene, precisamente, de la constatación de que en un entorno de competencia global, en donde la economía es un factor de bienestar, el mejor posicionamiento de nuestras empresas, basado en su superioridad informativa sobre el espacio de negocio, redundará en el bienestar colectivo. Actualmente la empresa española está contemplando con distancia la denominada cultura de inteligencia, preguntándose si le interesa o no invertir en plataformas tecnológicas y metodológicas que le proporcionen superioridad informativa o, por el contrario, si sus modos internos de gestionar el conocimiento, tanto el normalizado como el sensible –a menudo almacenado en las mentes de los altos ejecutivos–, son suficientes para competir con potencial global. Nuestro vecino francés hace años que entendió que la inteligencia económica era un factor primordial de bienestar social y de seguridad, que estaba basado en la ventaja informativa y que, sobre todo, dependía de la implantación de plataformas metodológicas basadas en tecnología.

La inteligencia económica es un triángulo compuesto por, primero, su definición como asunto de Estado; segundo, por su incorporación sistémica a la empresa; y, tercero, por su desarrollo tecnológico. La cultura de inteligencia empresarial en nuestro país es, de momento, un desiderátum aunque disponga de buenas perspectivas. Algunas empresas están invirtiendo en vigilancia tecnológica, unas menos en inteligencia competitiva, alguna en alerta temprana y unas pocas en sistemas de inteligencia de empresa. La tercera dimensión de este triángulo, la tecnológica, está representada por empresas capaces que combinan ingeniería del conocimiento y de sistemas, y por plataformas que, como los Normalised Wide–Spectrum Intelligence Systems (sistemas normalizados de inteligencia de amplio espectro, NOWIS[41]) ya tienen sello y manufactura metodológica españoles.

La impresión de que es necesario adoptar una visión integrada de España como actor económico global, en donde las capacidades empresariales individuales constituyan valores críticos de estabilidad, y por tanto de seguridad, ya está instalada en diversos sectores, tanto económicos como estratégicos. Arteaga y Fojón consideran acertadamente que la introducción de la economía junto a otras dimensiones sociales en el planeamiento estratégico, ayuda a convertir la estrategia de un Estado en una gran estrategia[42] puesta al servicio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. El excelente análisis periódico que dibuja el Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos[43] no es más que una manifestación concreta y un paso muy sólido de ese interés nacional creciente de manejar inteligencia económica para mejorar la posición en un esquema global interconectado. Igualmente, existen interesantes experiencias de empresas individuales españolas implicadas en la explotación de distintas dimensiones de inteligencia. El estudio internacional desarrollado en 2007 por Global Intelligence Alliance sobre 281 compañías de nueve países encontraba que el grado de penetración de la que llamaban inteligencia de mercado (market intelligence) en las compañías españolas estaba por encima de la media del estudio, por delante incluso de la dedicación de empresas de países tan poco sospechosos de estar habitualmente bien posicionados en términos empresariales y de inteligencia comercial como el Reino Unido.[44] También se han conformado enfoques regionales, muy ligados a la innovación en las pequeñas y medianas empresas, como el consorcio Co–operation to Promote Economic and Technological Intelligence in Small and Medium–sized Enterprises (CETISME)[45] en la Comunidad de Madrid, que cuenta con financiación europea. Lo que no está articulado todavía es una red nacional de inteligencia económica, que aúne esas capacidades individuales de aprovechamiento de la información en la toma de decisiones a una capacidad nacional con aspiración global.

El primer requisito para una red o capacidad o concepto nacional de inteligencia económica como vector de seguridad en el posicionamiento global de España es encontrar el equilibrio entre los legítimos intereses competitivos de las empresas, traducibles en la necesidad de desarrollar capacidades sistemáticas de inteligencia empresarial de naturaleza individual y competitiva por parte de las grandes corporaciones o de agrupaciones sectoriales, y el interés de construir un concepto nacional de inteligencia económica que desarrolle, ante riesgos y oportunidades, la posición global de la empresa española en tanto componente estratégico del bienestar social. Y es el primer requisito porque, sobre todo en inteligencia económica, es necesario delimitar muy bien qué producción de inteligencia va a reforzar los legítimos intereses lucrativos de una compañía individual (negocio competitivo) y qué porción de esa producción o esfuerzo se integra a su vez, como un estrato especializado de la responsabilidad social corporativa, en el esfuerzo del Estado en la creación de inteligencia económica para la seguridad. Antes de este requisito, sin embargo, y apelando al principio de utilidad de Taplin para la inteligencia,[46] queda una reflexión que conviene hacerse de manera colectiva, entre todos los actores interesados: ¿es necesaria esa capacidad nacional de inteligencia económica? Tanto Telefónica, como Repsol, el BBVA o el Santander, sólo por mencionar algunas de las más grandes, son empresas españolas “de bandera” implantadas en áreas globales y sometidas a tensiones, riesgos y oportunidades también globales. Ya han llegado allí y se han mantenido, sin contar para ello con una red nacional de inteligencia económica. La pregunta es si aprovechando la sinergia de capacidades internas de inteligencia de empresa con una estructura nacional de soporte en inteligencia económica, esas empresas llegarían más lejos, aumentarían su competencia o reforzarían su posicionamiento.

De momento lo que tenemos son esas fortalezas individuales en el exterior; muchas compañías españolas que están comenzando por adquirir capacidades de vigilancia corporativa o por externalizar servicios de inteligencia competitiva; contadas empresas españolas de servicios o tecnológicas especializadas en inteligencia; y, todo ello, sobre una escasa y fragmentada estructura pública, sin identidad de inteligencia económica, que sirva como aglutinante. La definición de esa estructura debería responder a todos los condicionantes y requisitos ya mencionados pero, sobre todo, adecuarse muy bien a las naturalezas del Estado, de la sociedad civil y de la empresa españoles. De entrada, hay que elegir sobre qué modelo administrativo pivotaría un eventual núcleo de soporte público a las emergentes capacidades de inteligencia en empresa. Aunque el SED–CNI considere con sentido común el impulso y la promoción de la inteligencia económica en el marco de la cultura de inteligencia, es probable que el Centro Nacional de Inteligencia sea más un actor principal que un coordinador en un esquema nacional que bascularía en su eje más hacia el ámbito económico o, incluso, ejecutivo del gobierno. El Ministerio de Economía forma parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, pero existe una relación mejorable entre el CNI y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,[47] así como débilmente articulada entre la agencia de inteligencia y la Oficina Económica de Presidencia, la cual no tiene mandato en inteligencia económica a pesar de su encaje estratégico cerca de la dirección ejecutiva del gobierno. En inteligencia económica, como lo demuestran los casos británico, japonés, sueco y estadounidense, el papel de las oficinas y agregados comerciales en el exterior es vital, pero también que sus inputs estén canalizados en una estructura integrada de inteligencia con un mandato muy claro de servicio a la empresa y a su posicionamiento, desde el axioma del respecto a la competencia individual.

La inteligencia económica descansa sobre dos culturas: la cultura de inteligencia en la empresa y la cultura de inteligencia económica en el Estado. Si ambas no están desarrolladas y no lo hacen en paralelo, no tiene sentido pretender una eventual capacidad nacional.

Inteligencia de empresa
En lo que respecta al sector privado, la reflexión de partida que una corporación debe hacerse es si está explotando con funcionalidad y efectividad los grandes volúmenes de información que seguro tiene a su disposición para aportar valor añadido a la compañía. En España, los primeros que se están haciendo esa pregunta son los departamentos de seguridad corporativa de las empresas. Este epicentro reflexivo alrededor de la seguridad corporativa no es casual, por la tradicional orientación de esos departamentos hacia la gestión del riego y porque, en ese proceso de gestión del riesgo, se han encontrado con demasiada información que procesar con pocas o ninguna capacidad efectiva de hacerlo.

Una vez puesta de manifiesto la necesidad, la compañía tiene que determinar sobre qué dimensión de su realidad corporativa podría aplicar un sistema de inteligencia, qué servicios le va a prestar y a quién, qué departamento de la compañía prestará esos servicios y para qué consumidores. Algunas compañías comienzan su camino de inteligencia monitorizando Internet sobre sus áreas de negocio, en una especie de propósito de vigilancia corporativa, pero enseguida entienden que sin integrar la información obtenida con parte de la información interna para otorgarle sentido corporativo, están perdiendo potencial. El paso siguiente es arbitrar un sistema para relacionar toda la información interna, disgregada, fragmentada y por tanto disfuncional para pintar todo el lienzo de la realidad de la compañía. A menudo los ejecutivos están observando de forma desagregada unas patas, una trompa y una cola, y lo que es peor: decidiendo en consecuencia, sin percatarse nadie de que lo que tienen delante es un elefante. En otras ocasiones, las compañías deciden invertir en sistemas de recuperación y almacenamiento masivo de información, sin darse cuenta de que la recogida y el acopio de información lo que produce es más desorientación por infoxication[48] si no se canaliza, estructura y relacionada por medio de capacidades específicas de análisis, tecnológicas y humanas.

En principio, algunas empresas están optando por externalizar servicios (outsourcing) en materia de inteligencia, sobre todo contratando vigilancia corporativa pero también subscribiendo servicios de inteligencia competitiva. Desde hace varios años algunas empresas españolas especializadas prestan esos servicios a las corporaciones. La cuestión a debatir es si para consumir productos externalizados de inteligencia sobre realidades competitivas globales y crecientemente complejas los clientes no necesitan una capacidad de inteligencia propia, que integre esos productos en un proceso interno de atribución de significado a la realidad de la compañía. A veces lo razonable es combinar, precisamente, la externalización muy especializada, principalmente aquélla que puede enfocar sobre multitud de fuentes informativas a las que no accedería normalmente una corporación de negocio, con el desarrollo de una sistemática interna de inteligencia empresarial.

Identidad nacional de inteligencia económica
Con una red de empresas globales preparadas para desarrollar inteligencia empresarial, la incógnita todavía sin despejar es si aportaría valor una identidad nacional de inteligencia económica. Lo más natural considerando todas las circunstancias sería abrir un espacio de reflexión, mandatado con límite temporal por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, tal vez coordinado por la CEOE y las Cámaras, y representado centralmente, en el gobierno, por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio, Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y el CNI, y en empresa por las patronales, las cámaras y agrupaciones empresariales seleccionadas, para elaborar una propuesta al en la materia. Este espacio de reflexión previo es muy conveniente, siguiendo el modelo francés, porque tan negativo para nuestras empresas y para su responsabilidad social corporativa en el incremento de la seguridad de España en el teatro global puede ser no disponer de una identidad nacional de inteligencia económica, como tenerse que ajustar a una disfuncionalmente definida.

A priori, existen varias arquitecturas posibles para establecer una identidad nacional de inteligencia económica que aporte valor sin añadir una capa burocrática e intervencionista sobre las empresas, intención no sólo alejada sino contraria a la cultura de inteligencia. El núcleo público de esa identidad que ejercería de coordinador y aglutinador de toda la red de inteligencia, a nuestro modo de ver, tendría que tener perfil económico pero también de política exterior y, en caso español, los candidatos adecuados serían una oficina económica de presidencia reformada, un órgano especializado en el MAEC o una delegación del multidisciplinar. En todo caso, la identidad nacional debería contar, sin ánimo de exhaustividad, con:

(1) La articulación de una red nacional de corporaciones con capacidades de inteligencia de empresa.

(2) La presencia y aportación del CNI, tanto en obtención de información como en elaboración de inteligencia.

(3) La aportación y conexión de las oficinas económicas y comerciales en las representaciones diplomáticas de España.

(4) La suma integrada de los órganos públicos especializados, singularmente del Ministerio de Economía, y de Industria y Comercio.

(5) La entrada de la CEOE, las Cámaras de Comercio y asociaciones gremiales.

(6) La vinculación de think–tanks e institutos universitarios de investigación especializados.

(7) La adhesión de las comunidades autónomas.

(8) El establecimiento de una red de consumidores de inteligencia económica.

(9) El diseño de un modelo nacional de inteligencia económica basado en la evidencia (evidence–based intelligence).

Desde la perspectiva adoptada en este análisis, la inteligencia económica es una función social al servicio del bienestar y de la seguridad del ciudadano, que sirve a la salud económica del país a través de su contribución a la mejora del posicionamiento global de las empresas españolas y que, por tanto, debería poseer un perfil social omnicomprensivo, con independencia de que su estructura haya de afinarse para responder a los principios de la seguridad en la información y de la necesidad de compartir (need–to–share).

Andrés Montero Gómez
Profesor de seguridad en la UNED, de gestión de seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos y director de Inteligencia de Interligare

José Martín Ramírez
Consultor de inteligencia y presidente de Interligare



[1] Alberto Sáiz Cortés (2007), La inteligencia como respuesta a los nuevos retos de la seguridad, discurso en el Seminario Permanente Eurofórum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 13/IX/2007.

[2] Commissariat Général du Plan (1994), Intelligence Économique et Stratégie des Entreprises, La Documentation Française, París.

[3] Commission of the European Communities (1995), Green Paper on Innovation, COM(95)688, Bruselas.

[4] Central Intelligence Agency (2005), A Consumer’s Guide to Intelligence, Agencia Central de Inteligencia Langley, Public Affairs Staff, Langley, Virginia, EEUU.

[5] G. Hancock (1996), “US Economic Intelligence Policy and Global Competition”, Monterrey Review, XVI.

[6] CETISME (2003), Inteligencia Económica y Tecnológica, Comunidad de Madrid.

[7] P. Zelikow, P. (1997), “American Economic Intelligence: past practice and future principles”, Intelligence and National Security, vol. 12, nº 1, pp. 164–17. También, B. Berkowitz y A. Goodman (2002), Best Truth: Intelligence in the Information Ag, Yale University Press, New Haven.

[8] J.O. Herzog (2008), “Using economic intelligence to achieve regional security objectives”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 21, pp. 302–313.

[9] J. Risen (1995), “Clinton Reportedly Orders CIA to Focus on Trade Espionage”, Los Angeles Times, 23/VII/1995.

[10] I. Martín Barbero (2007), “Inteligencia Económica: tan lejos, tan cerca”, Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva, nº 2, pp. 107–120.

[11] S. Kent (1966), Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

[12] Optan por asociar la característica de secreto a la inteligencia, entre otros autores de referencia: T.F. Troy (1991), “The correct definition of Intelligence”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 5, nº 4, pp. 433–454; M. Warner (2002), “Wanted: A Definition of ‘Intelligence’”, Studies in Intelligence, vol. 46, nº 3; y M.A. Esteban, “Necesidad, funcionamiento y misión de un servicio de inteligencia para la seguridad y la defensa”, en D. Navarro (coord.), Estudios sobre Inteligencia: Fundamentos para la seguridad internacional, Cuadernos de Estrategia, nº 127., Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid.

[13] G.F. Treverton, S.G. Jones, S. Boraz y P. Lipscy (2006), Toward a Theory of Intelligence, Rand, Santa Monica, California.

[14] Ibid, nota 10.

[15] J. Martín Juárez (2006), Nowis–IC product concept–v2.

[16] Para la descripción de la gestión del conocimiento dentro del tradicionalmente denominado ciclo de inteligencia, véase A. Montero (1998), “Valor de inteligencia”, Ejército, nº 686, pp. 28–36; M.A. Esteban y D. Navarro (2003), “Gestión del conocimiento y servicios de inteligencia: la dimensión estratégica de la información”, El Profesional de la Información, vol. 12, nº 5, pp. 269–281; y L.K. Johnson (2003), “Preface to a Theory of Strategic Intelligence”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 16, nº 4.

[17] F. Palop y J.F. Vicente (1999), Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: su potencial para la empresa española, Fundación COTEC, Madrid. También, J. Tena y A. Comai (2001), “Los propósitos de la inteligencia en empresa: competidora, cooperativa, neutral e individual”, El Profesional de la Información, vol. 10, nº 5, pp. 4–10.

[18] J. Morin (1985), L’excellence technologique, Publi Union, París.

[19] P. Morcillo (1997), La dirección estratégica de la tecnología e innovación, Civitas, Madrid.

[20] Todavía en 2006, cuando se publica la norma UNE: 166006 EX–Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica, se la define como “una forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”.

[21] M.E. Porter (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, Nueva York.

[22] D. Fehringer, B. Hohhof y T. Johnson (eds.) (2006), State of the Art: Competitive Intelligence, Competitive Intelligence Foundation, Alexandria, Virginia.

[23] J. Postigo (2001), “La inteligencia competitiva en España: una encuesta sobre su utilización por parte de las empresas exportadoras”, El Profesional de la Información, vol. 10, nº 10, pp. 4–11.

[24] J. Martín Juárez y A. Montero (2007), “Target Centric Intelligence Model”, Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva, nº 2, pp. 95–106.

[25] J.L. Davies y R. Gurr (eds) (1998), Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems, Rowman and Littlefield, Maryland.

[26] Para una revisión publicada, véase C. Grabo (2004), Anticipating Surprise: Analysis for Strategic Warning, University Press of America, Lanham.

[27] Un ejemplo de indicadores se encuentra en el Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos publicado por el Real Instituto Elcano.

[28] La actual estructura del Centro Nacional de Inteligencia es secreta, según la Ley española 11/2002.

[29] D.G. Barger (2005), Toward a Revolution in Intelligence Affairs, Technical Report, Rand, 242, Santa Monica, California.

[30] A. Montero (2005), “Seguridad inteligente, inteligencia de seguridad”, Ciencia Policial, nº 75.

[31] I.A. Rosales Pardo (2005), “La Inteligencia en los procesos de toma de decisiones en la seguridad y la defensa”, en D. Navarro (coord.), El papel de la Inteligencia ante los retos de la Seguridad y la Defensa, Cuaderno de Estrategia nº 130, Instituto Español de Estudios Estratégicos y Centro Nacional de Inteligencia.

[32] W. Agrell (1987), “The Changing Role of National Intelligence Services”, en S. Dedijer y N. Jequier (eds.), Intelligence for Economic Development: An Inquiry into the Role of the Knowledge Industry, St. Martin’s Press, Nueva York.

[33] A. Montero (2006), “Inteligencia prospectiva de seguridad”, Documento de Trabajo nº 24, Real Instituto Elcano.

[34] Ibid, nota 3.

[35] Según Philip Zelikow (1996): “The greatest concentration of analytical experts on international economic issues in the federal government resides not in any of the executive departments but in the CIA. It is even possible that the ranks of CIA analysis contain about as much economic expertise on international problems as can be found in all the executive departments of the government put together”, “American Intelligence and the World Economy”, en From the Cold: The Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of US Intelligence, The Twentieth Century Fund, Nueva York.

[36] British Government Cabinet Office (2006), National Intelligence Machinery, HMSO, Londres.

[37] S. Kober (1996), The Uses and Misuses of Intelligence, Cato Policy Analysis, p. 265.

[38] A pesar de haberse convertido en un referente internacional en la materia, tiene como antecedente a un órgano europeo también dedicado a inteligencia comercial pero menos conocido: la British External Trade Office (BETRO).

[39] La British External Trade Office (BETRO) es el complemento, desde las administraciones públicas, a la práctica de adoptar métodos, recursos y acciones de investigación comercial por parte de las empresas británicas desde los años cincuenta del siglo XX. Todo el sistema británico, muy activo en la segunda mitad del siglo pasado, ha estado orientado, tanto desde lo público como desde lo privado, a obtener información sobre los mercados exteriores y sobre los escenarios de competencia para las empresas británicas en el extranjero.

[40] C. Harbulot (1990), “Techniques offensives et guerre économique”, Étude nº 131, Centre de Prospective et d’Évaluation/Aditech, París.

[41] © J. Martín Juárez.

[42] F. Arteaga y E. Fojón (2007), El planeamiento de la política de defensa y seguridad en España, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid.

[43] A. Arahuetes y P. Isbell (2005), “Amistades peligrosas y parejas ideales: el Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos para la economía española”, Documento de Trabajo nº 9, Real Instituto Elcano.

[44] Global Intelligence Alliance (2007), “Market Intelligence in Large Companies”, GIA White Paper, nº 2.

[45] CETISME (2003), Inteligencia Económica y Tecnológica, Comunidad de Madrid.

[46] W.L. Taplin (1989), “Six General Principles of Intelligence”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 3, nº 4, pp. 475–491.

[47] Ministerio de la Presidencia (2005), Informe sobre la Reforma del Servicio Exterior Español, Comisión para la Reforma Integral del Servicio Exterior.

[48] R.S. Wurman (1990), Information Anxiety, Bantam, Nueva York.

¿Cuál es la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España?

Tema: Señalamiento de España como blanco de al-Qaeda, redimensionamiento de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y consecuencias para la seguridad nacional.



Resumen: Hay que repensar la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España. Por una parte, debido al frecuente y agresivo señalamiento de nuestro país como blanco que se viene haciendo desde el directorio de al-Qaeda, con reiteradas alusiones a la recuperación de al-Andalus como parte de un califato panislámico. Por otra parte, en atención al redimensionamiento de las redes que el movimiento de la yihad neosalafista global tiene establecidas en el Magreb y que se extienden por territorio español. Ambos desarrollos tienen muy posibles consecuencias en términos de seguridad nacional tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo. Caben alteraciones significativas en el estilo de los atentados yihadistas que traten de ser perpetrados en nuestro país, donde un próximo acto de terrorismo internacional no parece algo inverosímil.



Análisis: Es posible estimar la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España, transcurridos tres años desde que ocurrieran los atentados del 11 de marzo de 2004, mediante un estudio de dos tipos de indicadores relevantes. No se trata de información confidencial, puesto que sobre los mismos pueden encontrarse datos más que suficientes en fuentes abiertas tales como numerosas páginas de Internet, los propios sitios web de instituciones oficiales con competencias en materia de seguridad, las publicaciones especializadas accesibles en bibliotecas universitarias o los medios de comunicación. El primero de aquellos indicadores se refiere a las señalizaciones de España como blanco del terrorismo internacional que hayan sido formuladas recientemente por figuras de referencia en el entramado de la yihad neosalafista global y, en particular, desde el directorio de al-Qaeda. Conviene recordar que, aun cuando nuestro país era blanco genérico de ese terrorismo internacional desde mediada la década de los noventa, como los demás del ámbito occidental, fue en octubre de 2003, apenas cinco meses antes de la masacre de Madrid, cuando Osama bin Laden lo convirtió en blanco declarado a través de un comunicado ampliamente difundido en la prensa de todo el mundo.



Además, para llevar a cabo una adecuada valoración de la amenaza que el terrorismo internacional plantea en nuestros días a ciudadanos e intereses españoles, dentro o fuera del territorio nacional, no menos relevante es atender al segundo de los aludidos indicadores. En este caso, el que se refiere a la composición, actividades y desarrollos recientes de las tramas de terrorismo yihadista existentes en nuestro país, especialmente, aunque no exclusivamente, las de origen magrebí. Su realidad ha quedado de manifiesto con las sucesivas operaciones policiales, marcadamente preventivas pero también reactivas, que han tenido lugar en los últimos años. Tomando, por una parte, en consideración el señalamiento de España como blanco del terrorismo yihadista por parte de figuras de referencia para los actores individuales o colectivos del mismo y, en concreto, los eventuales pronunciamientos de al-Qaeda en este sentido y atendiendo, por otra parte, a la evolución estructural de la amenaza que se deduce de los individuos detenidos o de las células desmanteladas en nuestro país y sus conexiones internacionales, cabe incluso apreciar las implicaciones de todo ello en términos de seguridad nacional. Es decir, preguntarse también cómo sería un próximo atentado yihadista en territorio español, en caso de que ocurriese de nuevo algo así.



Señalamientos de España como blanco

Cualesquiera declaraciones agresivas que desde el directorio de al-Qaeda se hagan sobre algún país equivalen en la práctica a un señalamiento de blanco, instigan la comisión de atentados contra el mismo y advierten de que la propia estructura terrorista que es núcleo fundacional y matriz permanente de referencia para el movimiento de la yihad neosalafista global en su conjunto puede llegar a implicarse, directa o indirectamente, en la ejecución de los mismos. Pues bien, a lo largo del último año, Ayman al Zawahiri, quien ocupa el segundo lugar en la jerarquía de mando de al-Qaeda y es reconocido por el conjunto de actores individuales y colectivos insertos en las redes del terrorismo global como su máximo estratega, ha efectuado una serie de inquietantes alusiones a España. Veamos brevemente cuándo y cómo se han emitido algunos de esos señalamientos de España como blanco declarado del terrorismo internacional. Señalamientos que, en principio, estarían en consonancia con niveles altos de la amenaza que supone para nuestro país ese fenómeno.



En julio del pasado año, Ayman al Zawahiri, preeminente subalterno de Osama bin Laden desde hace más de una década, emitió un comunicado en el que, al precisar el sentido de lo que denomina “yihad por la senda de Alá”, añadió literalmente: “una yihad cuyo objetivo es liberar Palestina, toda Palestina, y todo territorio que fue musulmán, desde al-Andalus hasta Irak”. Además de intentar por enésima vez entrometerse en la cuestión palestina y de enfatizar la centralidad que para al-Qaeda tiene la contienda iraquí, sus palabras implican una declaración agresiva e intemporal de España como blanco preferente, en la medida en que la práctica totalidad de su suelo ha de ser recuperado, como parte sustancial de un imaginario nuevo califato que unifique al mundo islámico, mediante actividades de guerra santa. Además, en ese mismo comunicado sostiene que los musulmanes son “hijos” de, entre otros, Yusuf Bin Tashfin, emir almorávide que aglutinó los reinos de taifas peninsulares para incorporarlos a su dominio norteafricano y en 1086 combatió victoriosamente a las tropas de Alfonso VI de Castilla.



Mucho más recientemente, en febrero de 2007, casi a un mes de cumplirse el tercer aniversario de los atentados de Madrid, Ayman Al Zawahiri reiteraba esa fijación suya con al-Andalus que implica la demarcación del territorio español como parte de los objetivos últimos de la yihad neosalafista global y señaliza a España como blanco. En esta ocasión lo hizo tras una referencia a la evolución de los grupos y organizaciones yihadistas en el espacio del Magreb, mostrar su respaldo a los “leones” que batallan en esos denominados márgenes occidentales del islam y añadir exactamente esto: “pido a Alá que os conceda que mantengáis vuestros pies firmes para obedecerle y que os conceda su ayuda y su victoria, y así liberéis el Magreb islámico e icéis el estandarte de la yihad para que ondee victorioso sobre su tierra, y que Alá os conceda el favor de pisar pronto con vuestros pies puros sobre el usurpado al-Andalus”. Aquí se indica cuál continuará siendo el principal foco de la amenaza que el terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, además de que posiblemente se esté instando a no demorar en exceso la comisión de atentados en suelo peninsular[*].



Estas y otras citas belicosas sobre al-Andalus no son, es cierto, una novedad en el discurso fundamentalista que subyace al terrorismo global. Abdullah Azzam, mentor ideológico de Osama bin Laden durante la guerra que enfrentó a los muyahidín y los ejércitos soviéticos en Afganistán, promotor luego de la yihad defensiva en otras zonas del mundo, ya a finales de los ochenta mencionaba expresamente a al-Andalus entre las tierras que fueron musulmanas y deben recuperarse. Adalides religiosos muy influyentes entre los seguidores de al-Qaeda tanto en países norteafricanos como europeos, casos de Abu Qutada y Mohammed Fazazi, han hecho frecuentes menciones al retorno de al-Andalus bajo dominio islámico. La misma idea es recurrente en no pocos documentos de orientación neosalafista incautados en operaciones policiales desarrolladas en territorio europeo desde hace años, así como en foros privados de Internet donde la noción de una campaña yihadista en al-Andalus se asocia habitualmente con expresiones de venganza hacia España. Incluso los terroristas que reclamaron la autoría de los atentados del 11 de marzo se presentaban como “brigada en al-Andalus” y a fines de ese mes grabaron un vídeo en el que afirmaban: “continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en la tierra de Tarek ben Ziyad”.



Pero es la frecuencia y agresividad con la que últimamente se evoca al-Andalus desde el directorio mismo de al-Qaeda lo que resulta inquietante en una perspectiva española. Esas alusiones, que se corresponden con una señalización de blanco y la instigación o incluso posible facilitación de atentados terroristas contra España, adquieren particular significación en la actualidad por tres razones. En primer lugar, porque se combinan con otras muestras específicas de hostilidad hacia nuestro país, como la que el propio Ayman al Zawahiri hizo en diciembre de 2006 sobre la “ocupación española de Ceuta y Melilla” en un mensaje emitido por el canal de televisión al-Yazira. Llama especialmente la atención que en dicha mención se compara ese supuesto referido a las dos ciudades norteafricanas de soberanía española con lo que su autor describe como las ocupaciones israelí de Palestina y rusa de Chechenia. Esto es, mediante una narrativa de equiparación, Ayman al Zawahiri pareciese estar demarcando a Ceuta y Melilla como zona de conflicto, lo que acarrearía graves consecuencias potenciales para ambas en términos de amenaza terrorista.



En segundo lugar, los señalamientos de España como blanco del terrorismo yihadista a través de las alusiones a al-Andalus tienen un especial significado porque se combinan con una serie de amenazas genéricas igualmente proferidas por los líderes del terrorismo global y que incumben a nuestro país. Como cuando al-Qaeda amenaza a los países con tropas desplegadas en Afganistán o Líbano, donde hay destacados centenares de soldados españoles[**]. En tercer lugar, porque la idea de recuperar violentamente al-Andalus ha permeado ya el discurso de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y, en concreto, del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), de origen argelino, que cambió recientemente de nombre para adoptar el que corresponde a una extensión regional magrebí de al-Qaeda. En un comunicado fechado el 9 de enero de 2007, a poco de anunciar el cambio en su denominación, el GSPC se pronunciaba así: “abrazamos la yihad para cumplir con un precepto divino ineludible que se nos impuso desde la caída de al-Andalus y la venta de Palestina, y desde que nos dividieron las fronteras que inventaron los invasores”. Apenas una semana antes, su máximo dirigente se había dirigido solemnemente a los musulmanes argelinos también como “nietos de Tarek ben Ziyad” e “hijos de Yusuf bin Tashfin”.



Desarrollos en las redes yihadistas

La amenaza que el terrorismo internacional plantea actualmente a España ha de ser también repensada en atención a la evolución de las redes del neosalafismo yihadista global con actividad detectada en nuestro país. Repensada muy especialmente, aunque no sólo, en atención al redimensionamiento de las tramas originarias de los países norteafricanos, en particular de Marruecos y Argelia, asimismo extendidas por otras naciones de nuestro entorno europeo occidental. Exactamente un 79% de cuantos individuos han ingresado en centros penitenciarios españoles entre 2001 y 2006 como sospechosos de estar implicados en actividades de terrorismo yihadista proceden del norte de África, pero hasta un 77,7% lo hacen del Magreb. En concreto, el 39,7% ha nacido en Marruecos y un 31,4% es originario de Argelia. Pese a que el número de inmigrantes marroquíes en España es más de 10 veces superior al de argelinos, la sobrerrepresentación de estos últimos está relacionada con los casi tres lustros de trayectoria que el terrorismo islamista tiene en el país del que proceden y la difusión de su urdimbre en la otra orilla del Mediterráneo.



Así, no resultará extraño que las organizaciones terroristas relacionadas con al-Qaeda que han venido constituyendo un especial motivo de preocupación para la seguridad interior en España sean, precisamente, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Este último, surgido en Argelia hacia 1998, como resultado de una escisión en el seno de los grupos islámicos armados activos en dicho país desde el inicio de los noventa, ha sido la formación terrorista preeminente en el Magreb durante más de una década. Desde aproximadamente el año 2003, los sucesivos dirigentes de dicha organización han ido acomodando su discurso al de al-Qaeda, evolucionando desde los planteamientos propios de una insurgencia argelina a los panislámicos de una yihad global. El Grupo Islámico Combatiente Marroquí, por su parte, es una formación de contornos más imprecisos y composición menos definida. Se supone que fue constituido ya avanzados los años noventa. Aspiraría al establecimiento de un régimen islámico rigorista en Marruecos pero está afiliado con al-Qaeda e incluso algunos de sus miembros lo son al mismo tiempo de esta última estructura terrorista.



En buena medida, los individuos y las células relacionados con el GSPC o con el GICM que han desarrollado actividades terroristas en España están dedicados a la captación de personas, la movilización de recursos económicos a menudo ilícitamente y la facilitación, por ejemplo mediante la provisión de falsos documentos de viaje u otras fórmulas de apoyo logístico, de operaciones emprendidas tanto dentro como fuera de nuestro país por cuadros de aquellas entidades yihadistas o de otras relacionadas con las mismas, como Ansar al Islam o la Organización de Al-Qaeda para la Yihad en el País de los Dos Ríos, en referencia al actual territorio iraquí. En los últimos cuatro años, docenas o quizá ya unos centenares de jóvenes a veces todavía adolescentes y de adultos no demasiado entrados en años han sido reclutados en el seno de las colectividades musulmanas establecidas en España. En algunos casos, para trasladarlos luego a perpetrar atentados o convertirse en bombas humanas en determinadas zonas en conflicto, sobre todo Irak, pero también Afganistán, Chechenia y puede que Cachemira. Otras veces, para enviarlos al desierto del Sahel, donde el GSPC dispone, al norte de Mali, de campos móviles de adiestramiento en el uso de armas y explosivos o a instalaciones de la propia al-Qaeda en suelo paquistaní.



Estos datos sobre individuos y grupos relacionados con el terrorismo internacional en España, así como el hecho de la proximidad geográfica entre los países de la ribera sur mediterránea y la Península Ibérica, que en buena medida explica aquellas evidencias, son fundamentales para interpretar el previsible impacto que un redimensionamiento de las tramas yihadistas en el Magreb podría tener sobre la seguridad interior de España, al igual que de Francia o Italia. Es en estos tres países donde las redes norteafricanas del terrorismo global se extendieron con especial notoriedad en el pasado. Pero ocurre que un redimensionamiento como ese está teniendo ya lugar en aquella región geopolítica del mundo. Y es que el GSPC ha culminado recientemente su proceso de internacionalización, pasando de ser una entidad afiliada con al-Qaeda a fusionarse con dicha estructura terrorista para convertirse en una extensión regional de la misma e incluso cambiar de nombre y denominarse ahora, con el beneplácito expreso de Osama bin Laden, Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.



Es un arreglo de mutua conveniencia con implicaciones para la evolución del terrorismo global tanto en el Magreb como al sur, este y norte de ese ámbito. El GSPC adquiere una cobertura que seguramente favorecerá su acceso a recursos económicos y humanos, compensando así la relativa debilidad en que se encontraba tras numerosas operaciones contraterroristas desarrolladas durante los últimos años en el norte de África y en Europa occidental. Por su parte, al-Qaeda dispone por fin de una plataforma para introducirse en el Magreb y en el Sahel, así como posiblemente una mayor ascendencia sobre redes argelinas introducidas en algunas naciones europeas, incluida España. Además, la incorporación del GSPC a al-Qaeda y la aparición de Al-Qaeda en el Magreb Islámico conllevan previsiblemente un efecto de sinergia que incide sobre el redimensionamiento de la amenaza norteafricana del terrorismo yihadista, asimismo con consecuencias para nuestro país. Se estaría produciendo una absorción de grupos menos articulados y células independientes existentes en el Magreb o en territorio europeo, concretamente en suelo español.



Al incremento de la amenaza terrorista para nuestro país que se derivaría del redimensionamiento de las redes magrebíes insertas en la yihad neosalafista global hay que añadir algunos otros elementos de creciente preocupación. Por ejemplo, el que nos remite a individuos ligados a organizaciones paquistaníes afiliadas con al-Qaeda y que se han introducido en comunidades inmigrantes de su misma procedencia asentadas en España, especialmente en Cataluña. Suelen provenir del Punjab, provincia colindante con la frontera india y la disputada Cachemira, donde prevalece una cultura yihadista ligada al credo deobandi y grupos terroristas como Lashkar e Tayiba o Jaish e Mohammed disponen de infraestructuras. Tampoco debe olvidarse el peligro aún más imprevisible que en sí mismo plantean células independientes autoconstituidas dentro de España de acuerdo con los fines y los métodos propugnados desde al-Qaeda. En definitiva, redes, grupos y células que intentan movilizar en su beneficio el apoyo que esa estructura terrorista y su líder parecen recibir de entre el 10% y el 15% del millón de musulmanes que se calcula viven en España, de acuerdo con sondeos como los del Office of Research del Departamento de Estado norteamericano o el Pew Global Attitudes Survey. Actitudes propiciadas por la intervención de asociaciones islamistas de orientación salafí contrarias a la integración social de esos inmigrantes y que incluso facilitan la radicalización yihadista de algunos españoles conversos.



Implicaciones de seguridad nacional

El creciente señalamiento de España como blanco por parte de al-Qaeda y el concomitante redimensionamiento de las redes norteafricanas incorporadas a esa estructura terrorista, unidos a otros peligros en evolución con los que ambos se relacionan, tienen implicaciones en términos de seguridad nacional. Por una parte, debido a la continuada posibilidad de que se perpetren nuevos atentados susceptibles de incidir gravemente sobre el orden constitucional o la cohesión de una sociedad abierta que, por cierto, es crecientemente plural precisamente como consecuencia de la inmigración y en especial de la que procede de sociedades mayoritariamente musulmanas, a las cuales tienen por su población de referencia los actores del terrorismo yihadista. Por otra, debido a que esos posibles actos de terrorismo internacional pueden afectar muy seriamente infraestructuras críticas o intereses estratégicos fundamentales para nuestro país. Finalmente, debido a que el estilo de los atentados que traten de ser cometidos contra instituciones o ciudadanos españoles, dentro o fuera de las fronteras nacionales, podría registrar algunas alteraciones respecto los procedimientos y modalidades hasta ahora considerados como más probables.



En principio, el tipo de atentados que es previsible planifiquen y traten de ejecutar en España los actores individuales o colectivos de origen principal pero no exclusivamente magrebí relacionados con el movimiento de la yihad neosalafista global corresponde a actos de terrorismo cuyos propósitos inmediatos sean los de ocasionar un notable número de víctimas mortales, ejercer un considerable impacto social y atraer gran atención por parte de la prensa internacional. Esta combinación de letalidad, impacto y publicidad se traduciría en atentados ejecutados, en primer lugar, por medios convencionales pero suficientemente mortíferos que se acomoden, por una parte, a la pericia que los terroristas o alguno de sus cabecillas hayan adquirido en distantes campos de adiestramiento o en instalaciones mucho más cercanas y, por otra, a la disponibilidad del entorno donde prevean sus autores llevarlos a cabo. Por ejemplo, haciendo uso de sustancias y complementos necesarios para el montaje de artefactos explosivos a los que los terroristas o sus colaboradores tengan acceso legal o ilegalmente.



Se trataría, en segundo lugar, de acciones terroristas cometidas a través de modalidades habituales en la práctica del terrorismo internacional, como deflagraciones múltiples y concatenadas entre sí que se inicien gracias a dispositivos de control remoto o mediante el uso de temporizadores. En tercer lugar, estaríamos refiriéndonos a atentados dirigidos contra blancos desprovistos de medidas especiales de protección y localizados preferentemente en espacios urbanos donde se producen aglomeraciones humanas o en sistemas de transporte que, aun fuera de zonas densamente pobladas, caso de ser blanco de una acción terrorista aseguren consecuencias suficientemente cruentas, favorezcan la generalización de estados mentales de ansiedad y hagan ineludible que se produzca una cobertura de alcance mundial por parte de los medios de comunicación. También las zonas donde se combinan la industria turística y concentraciones masivas de gente ofrecen blancos estacionales atractivos para los terroristas, como ha quedado de manifiesto en otros lugares del mundo. Es decir, el tipo de atentado de terrorismo yihadista más probable en España, caso de ocurrir de nuevo alguno, hipótesis esta que en modo alguno es posible descartar al la luz de lo que se ha conocido estos últimos tres años, es asimilable en sus aspectos básicos, aunque no necesariamente en sus blancos específicos y localización, a los del 11 de marzo de 2004.



Quizá sea de interés recordar ahora que los grupos y organizaciones implicadas en el terrorismo yihadista han manifestado una singular inclinación a intentar perpetrar atentados contra blancos que habían tratado de afectar con anterioridad pero sin éxito, bien sea porque los resultados estuvieron muy por debajo de sus expectativas, bien porque las agencias policiales y los servicios de inteligencia desbarataron a tiempo sus planes. Las torres gemelas de Nueva York fueron destruidas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero habían sido objeto de otro, de consecuencias mucho más limitadas claro, por parte de individuos imbricados ya en el entonces incipiente entramado neosalafista global, en 1993. Hace apenas unos años, las agencias británicas de seguridad consiguieron impedir un atentado en el aeropuerto londinense de Heathrow y detuvieron a quienes lo preparaban, pero otros correligionarios de su misma trama retomaron tiempo después exactamente los mismos planes, frustrados otra vez por una operación antiterrorista. Quiero decir con esto que el tren de alta velocidad que discurre entre Madrid y Sevilla, la Audiencia Nacional sita en la capital de España o algunos conocidos edificios altos de Barcelona podrían seguir en el punto de mira del terrorismo yihadista y acaso requieran medidas especiales de protección.



Ahora bien, que algún acto de terrorismo internacional con las características básicas de los atentados del 11 de marzo de 2004 sea más probable, caso de volver a producirse uno nuevo en nuestro país, no quiere decir que sea el único tipo de atentado yihadista posible. Cabe que tanto el creciente señalamiento de España como blanco por parte de al-Qaeda como sobre todo el surgimiento de su extensión regional para el Magreb, a partir de un proceso de internacionalización del GSPC argelino, influyan sobre el estilo de atentados que pudieran perpetrarse contra intereses o ciudadanos españoles, sobre todo dentro pero también fuera del propio territorio nacional. Así, por ejemplo, resulta actualmente más verosímil de cuanto lo era hace dos o tres años que un nuevo acto de terrorismo internacional en España adopte la modalidad del atentado suicida. No sólo porque se acomoda a las preferencias operativas del directorio de al-Qaeda, sino también porque el GSPC ha justificado explícitamente ese tipo de actos desde febrero de 2005 y nada impide que individuos reclutados en nuestro país para llevar a cabo misiones suicidas en Irak o en otros lugares puedan cometer atentados así pero en territorio español.



Al estilo de atentados cuya ejecución planifica y controla directamente al-Qaeda es además común la selección de blancos de especial relevancia simbólica y considerablemente mejor protegidos que otros más fácilmente imaginables. La frecuencia y agresividad con la que desde el directorio de dicha estructura terrorista se viene señalizando a España, así como el hecho de que exista ahora una extensión regional de la misma en el Magreb con ramificaciones europeas obliga a reflexionar sobre la posibilidad de que el rango de blancos propicios para actos de terrorismo internacional se amplíe, en el interior de nuestro país, a los más simbólicos o dotados con una mayor protección. Este es el caso de aeronaves comerciales, monumentos o edificios prominentes, importantes infraestructuras críticas, sedes gubernamentales y de las agencias de seguridad o de las fuerzas armadas. Sin descartar la posibilidad, aún remota pero cada vez menos impensable, de algún acto terrorista no convencional como los que deberían perpetrarse en sociedades occidentales según un tratado de estrategia yihadista muy visitado en Internet y escrito por un español de origen sirio, Mustafa Setmarian, fundador de la célula de al-Qaeda establecida en España en los años noventa, poco antes de ser detenido en Pakistán durante la segunda mitad de 2005. Por cierto, que a inicios de la primavera de ese mismo año, este individuo, también conocido por su sobrenombre de Abu Musab al Suri, hizo público un documento en el que amenazaba con futuros atentados en España.





Conclusiones: España es hoy más blanco de al-Qaeda que antes de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Incluso es probable que nuestro país sea ahora más blanco del terrorismo internacional que nunca antes y, por la naturaleza de los indicadores que lo ponen de manifiesto, en modo alguno se trata de una situación pasajera. Que Ayman al Zawahiri insista en la violenta recuperación de al-Andalus como parte de un nuevo califato panislámico, consiguiendo que su discurso impregne la narrativa de los grupos y organizaciones norteafricanos relacionados con aquella estructura terrorista equivale a convertirnos en blanco permanente de los actores individuales y colectivos que forman las redes multinacionales del movimiento de la yihad neosalafista global en su conjunto. Esto, en sí mismo, obliga a repensar la amenaza que el terrorismo internacional supone en la actualidad para nuestro país y que conlleva señalizaciones más precisas, como las relacionadas con la presencia de soldados españoles en territorios musulmanes o la demarcación de Ceuta y Melilla como zona de conflicto.



Además, la amenaza que el actual terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, especialmente dentro pero también fuera del propio territorio nacional, se ha incrementado como consecuencia del redimensionamiento de las redes norteafricanas insertas en el aludido movimiento de la yihad neosalafista global y del efecto de sinergia que para ese entramado tiene el surgimiento de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Estas y otras preocupantes circunstancias podrían tener consecuencias para la seguridad nacional tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo, al producirse alteraciones en la modalidad de posibles nuevos actos de terrorismo internacional, siendo ahora más verosímil de cuanto lo era hace dos o tres años que se perpetren en España atentados suicidas o contra blancos altamente simbólicos y dotados de considerables medidas de protección. Sin que ello suponga olvidar la imprevisible operatividad de células independientes autoconstituidas, cuyo rango de acciones iría del asesinato individual al uso de artefactos explosivos improvisados contra blancos desprotegidos.



A lo largo de los últimos tres años se ha avanzado mucho en la adaptación de nuestras estructuras nacionales de seguridad ante los desafíos que plantea el terrorismo yihadista. Ahora bien, puede que la amenaza que al-Qaeda, su extensión regional en el Magreb y otras organizaciones yihadistas procedentes del sur de Asia o de Oriente Medio pero con conexiones en nuestro país suponen para ciudadanos e intereses españoles esté evolucionando a una cadencia no suficientemente compensada por los esfuerzos antiterroristas y contraterroristas. Ahora es fundamental que el flujo y el consumo de inteligencia en relación con la amenaza del terrorismo internacional para España sean los adecuados y permitan informar una certera toma gubernamental de decisiones en esta materia. Los atentados del 11 de marzo de 2004 quedaron atrás, pero es momento de repensar la amenaza que el terrorismo yihadista supone en la actualidad para España y de que las autoridades obren, como es lógico, en consecuencia.



Fernando Reinares

Investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, donde dirige el Programa sobre Terrorismo Global, y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos