El crimen organizado como objeto de estudio
Las investigaciones sobre el crimen organizado, salvo las más osadas, comienzan con una introducción, en muchos casos autojustificatoria de los resultados, acerca de los problemas sobre el acceso a fuentes fiables para el estudio del fenómeno. Investigar el crimen desde cualquier perspectiva es una tarea compleja; de eso no hay duda. Los dificultades que surgen al tratar de aplicar el método científico al crimen organizado ya fueron contempladas por los primeros estudiosos del fenómeno y marcan buena parte de su desarrollo posterior. Los científicos sociales de cualquier disciplina que se han adentrado en el tema han tendido a ser menos activos que otros actores que por obligación profesional, como las agencias de seguridad o los medios de comunicación de masas, en la recopilación de información acerca del crimen organizado. Quizás el motivo sea que, como sugiere Polsky, muchos de ellos crean que es imposible hacerse sin superar el elemental dilema moral de realizar actos criminales como medio de ganarse la cooperación necesaria para la obtención de la información.() Las consecuencias de esta situación son que, como explica Albini,
No hay duda de que gran parte del material escrito en el ámbito del crimen organizado está muy lejos de ser académico por naturaleza, cayendo con demasiada frecuencia en un estilo periodístico y sensacionalista de escribir en el que la documentación de fuentes está ausente o bajo mínimos. A menudo estos escritos están abarrotados de valores cuyo resultado es la distorsión total de los hechos y, en muchos casos, la creación de disparates.()
Desde que se escribieron estas palabras la academia no ha conseguido superar satisfactoriamente esta contradicción entre método y fuentes. No obstante, han aparecido excepciones relevantes cuyos resultados a menudo no estuvieron a la altura de la paciencia y el valor que requieren este tipo de investigaciones. Algunos especialistas, ya desde los momentos iniciales del estudio académico del crimen organizado se aventuraron a poner en evidencia esta supuesta imposibilidad del acceso a fuentes para la correcta evaluación del fenómeno. En los años veinte, John Landesco llevó a cabo un estudio pionero sobre el crimen organizado en la ciudad de Chicago que "no sólo englobó la recopilación de fuentes escritas periodísticas y de otro tipo sino que, en la tradición de la escuela de Chicago, el desarrollo de contactos extensos con grupos criminales de la ciudad".() De este modo se introdujo el método de las entrevistas en profundidad con actores relevantes en el abanico de métodos para el estudio del crimen organizado. Siguiendo este mismo sendero de evitar el uso exclusivo de fuentes secundarias, tanto Ianni como Chambliss condujeron investigaciones posteriores, para los casos de Nueva York y Seattle, respectivamente, que implicaban la conjugación de grados diversos de observación participante con entrevistas con informantes clave.() Más recientemente Adler realizó un estudio que combinaba la observación participante y la entrevista con más de seis decenas de traficantes de drogas para comprobar su compromiso criminal en el suroeste de los Estados Unidos.()
En los últimos años los estudios sobre el crimen organizado, a menudo inducidos desde la esfera pública al objeto de mejorar los mecanismos para contrarrestar sus efectos, han proliferado. Sin embargo, la tendencia a recurrir a fuentes secundarias, en especial procedentes de los medios de comunicaciones de masas o de diversas instancias gubernamentales, no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado exponencialmente desde los niveles previos.() De algún modo, buena parte de los trabajos han implicado dar un prurito académico a la visión ya elaborada desde las agencias de seguridad encargadas de la persecución del crimen organizado y de su valoración como riesgo o amenaza a la seguridad nacional. Como dice Chambliss,
Es posible descubrir lo que está sucediendo 'ahí fuera'. No estamos permanentemente pegados a los informes gubernamentales y a las respuestas de los universitarios. Los datos sobre el crimen organizado y el robo profesional, del igual modo que otros sucesos supuestamente difíciles de estudiar, están mucho más disponibles de lo que tendemos a pensar. Todo lo que tenemos que hacer es salir de nuestros despachos y entrar en las calles. Los datos están ahí; el problema es que también muy a menudo los sociólogos no están ahí.()
Pese a esta visión un tanto idílica de la investigación del crimen organizado tomando como base el acceso a fuentes primarias, este tipo de enfoque estar lejos de ser la panacea universal. La observación participante, aparte de los dilemas éticos que pueda plantear y de los riesgos en forma de peligro para la propia vida o de la comisión de delitos luego castigados que implica para el investigador, dar como resultado investigaciones con múltiples limitaciones.() El proceso de movilidad social ascendente dentro de un grupo criminal suele, por lo general, ser más rápido que en las organizaciones legales, pero el acceso a los niveles altos de la jerarquía delictiva implica un compromiso de largo plazo que conlleva la asunción de múltiples riesgos. En este entorno, el único camino a fuentes primarias se reduce a los escalones más bajos de la estructura organizativa, que a menudo tienden a fantasear acerca de procesos más complejos que ignoran. Extrapolar el modo de funcionamiento de algunos grupos a otros apartados de una organización concreta o, más aún, entre diversas organizaciones criminales es muy problemático porque las diferencias son múltiples. Los niveles de cualificación, los grados de compromiso personal con la organización o la protección que se requiere del miembro, por poner sólo tres ejemplos, varían enormemente entre diversos apartados del negocio criminal.
Encarar el estudio a través de entrevistas con informadores relevantes que puedan superar las limitaciones propias de la observación participante, lo cual permiten alcanzar niveles superiores de la jerarquía organizativa sin asumir los considerables riesgos innatos a otras opciones, es, asimismo, un tarea compleja que puede desarrollarse a través de los contactos directos o por el recurso a las declaraciones de los criminales ante los tribunales o la policía una vez que son detenidos. En ambos casos el peligro de contaminación informativa es latente. Es previsible que el criminal entrevistado, incluso previa garantía de su anonimato, tienda a minimizar su participación en actividad ilegales al objeto de evitar su incriminación, a negar sus conocimientos y, sobre todo, a confundir al investigador en la percepción de que su tarea, por moverse en el mundo de lo legal, es anexa a la del aparato jurídico. Si esta situación es muy evidencia en las declaraciones ante los tribunales, el contacto conseguido por otros cauces suele degenerar en el mismo tipo de información deficiente al utilizar los criminales al estudioso como un medio de propalar su inocencia. Como afirma Naylor, al tratar los problemas metodológicos de la investigación del crimen organizado, "al mundo criminal le corresponde más que la proporción aleatoria de paranoicos graves y mentirosos compulsivos".() A esta carencia de acceso a la información puede unirse otra posibilidad no menos contaminante. La perspectiva de la reducción de sentencias que actualmente permiten muchas legislaciones a quienes colaboran con el sistema judicial o ante la percepción de lo que puede ser una biografía póstuma dentro de un sistema de valores desviado otorgan al informante privilegiado un incentivo muy alto para exagerar su importancia dentro de sus actividades, para inflar el y, sobre todo, para seguir las premisas dictadas por las agencias de seguridad conforme a un esquema preestablecido. La desencaminada línea de debilidad argumental que pueden seguir este tipo de testimonios hasta convertirse en una hipótesis coherente a menudo se asemeja al modo en que los testimonios del mafioso italo-americano arrepentido Joseph Valachi se convirtieron, debidamente depurados por Donald Cressey, en una teoría sociológica de largo alcance sobre el crimen organizado sin mayor comprobación empírica o jurídica.() En palabras de Charles Rogovin, director de la Organized Task Force,
Me llevé a Cressey [Donald] y a Salerno [Ralph, investigador del crimen organizado de la policía de Nueva York que había interrogado al arrepentido Valachi] a una habitación y le dije a Ralph: "Ralph, dile a Don todo lo que sabes". Y le dije a Don: "Don, escríbelo". Así se escribió el ensayo de Cressey para la Comisión sobre el Crimen [Organizado].()
Con Cressey se da un contradicción aún frecuente en el estudio del crimen organizado según la cual, mientras se reconoce en privado la poca fiabilidad de las fuentes, en público se escribe y se habla tomando prestadas sus palabras para construir modelos teóricos. El propio Cressey desaconsejó a un colega que entrevistase a Valachi, que había sido el fundamento casi exclusivo de su visión sobre la mafia italo-americana, con los argumento correcto y rotundo: "Sólo te dirá lo que piense que tú quieres oír".() Un cuadro similar puede presentarse en cuanto a los informes procedentes de las agencias de seguridad pública acerca del crimen organizado, que suele ser la principal fuente secundaria utilizada por los análisis académicos, en cuando su información suele reposar en delincuentes detenidos y sobre los datos proporcionados por confidentes. La espectacularidad del testimonio de éstos suele mostrar ciertos grados de proporcionalidad con respecto a los emolumentos recibidos, independientemente de la veracidad de sus palabras. La información, o inteligencia en términos policiales, así generada presenta cuatro tipos de sesgos. Por una parte, este tipo de informes eliminan una parte sustancial de la realidad criminal al obviar la actividad de los informantes, que por lo general no suele ser una presencia menor en los mercados ilegales. Igualmente, la limitación de recursos para este tipo de contactos entre agencias de seguridad e confidentes en busca de información hace que esta tarea tienda a concentrarse sobre ciertos grupos o actividades criminales específicos por diversos motivos, como la presencia de éstos en los medios de comunicación, lo que en última instancia servirá únicamente para confirmar con los números las hipótesis iniciales realizadas sin esa información. En consecuencia, este tipo de actividad policial suele ser más proclive a rellenar análisis previos con testimonios hablados que a investigar acríticamente a partir de los mismos. En tercer lugar,
el tipo de información necesaria para la persecución policial y el que se requiere para una comprensión completa de la naturaleza y operatividad de la economía criminal pueden ser bastante específicos. Comprender la economía criminal necesita datos que permitan al analista determinar si las transacciones están basadas en una línea jerárquica, en acciones dictadas por las costumbres y las convenciones o en decisiones del mercado. Lo que podría parecer una parte de una conspiración corriente jerárquicamente controlada, en un análisis más minucioso podrían resultar un conjunto de tratos incidentales y comercialmente no relacionados. Cualquiera puede constituir una infracción de la legalidad por el que los culpables sean condenados. Pero podrían tener implicaciones muy diferentes para el entendimiento de la naturaleza global del crimen organizado.()
Por último, la presentación en los informes de las agencias de seguridad del crimen organizado no va a estar extensa de los componentes corporativos. La fuerza emocional que posee el vocablo 'crimen organizado', en buena parte por sus reminiscencias literarias y cinematográficas, junto a su naturaleza ilegal que le otorga grandes posibilidades de moldeabilidad externa en su evaluación, facilitan la obtención de recursos y poderes adicionales, que en última instancia son una base de su funcionamiento burocrático. Levi da un ejemplo que puede ser ilustrativo de lo que ocurre en otros contextos:
La 'amenaza del crimen organizado' y 'la invasión de la mafia rusa' fueron utilizados para convencer a los políticos británicos y a otros agentes implicados para que creasen el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal y el Grupo Nacional sobre el Crimen, descrito por los medios de comunicación (aunque lo negó el Ministro del Interior) como un 'FBI británico', asistido por el MI5 y el MI6.()
O la propia existencia del crimen organizado puede ser una cuestión ocasional de enfrentamiento burocrático entre varias agencias de seguridad. A medio de ejemplo, un antiguo miembro de diversas agencias policiales en los Estados Unidos dio su versión sobre el nacimiento de la Cosa Nostra y de la fiabilidad de Valachi como fuente de información:
[Robert F.] Kennedy [entonces fiscal general de los Estados Unidos] siempre había creído en la Mafia. Esa creencia era uno de los mayores puntos de enfrentamiento, aunque no el único, entre él y el jefe del FBI [Federal Bureau of Investigation], J. Edgar Hoover. La posición del FBI, expuesta en repetidas ocasiones por Hoover a lo largo de los años, era que la Mafia no existía. Todo crimen era de naturaleza local, de acuerdo a Hoover; no existía tal cosa como el crimen organizado. [...] Cuando leyó los reportes sobre Valachi, Kennedy se dio cuenta de que ahora contaba con la información que se necesitaba. [...] Se llegó a una negociación [al respecto de Valachi]. La vigilancia del juego de apuestas que hasta entonces había estado bajo la IRS [Internal Revenue Service], pasaría, como Hoover lo había querido desde hacía años, al FBI. Hoover, por su parte, admitiría la existencia del crimen organizado y encauzaría recursos del FBI para luchar en su contra. Joe Valachi sería ofrecido al público norteamericano como evidencia. Todo saldría en televisión, y el FBI obtendría el crédito. [...] Sin embargo, había un punto de desacuerdo. Hoover insistía que al crimen organizado se le debía llamar de modo distinto a "la Mafia". Hubiera sido vergonzoso para él aceptar de repente el nombre que había negado tanto tiempo. [...] Era común que Valachi empezara sus oraciones diciendo: "Lo nuestro era..." [James] Flynn [agente especial del FBI que actuó como interrogador y traductor] escuchó esa frase muchas veces. "Lo nuestro era hacer esto... Lo nuestro era hacer lo otro". Finalmente, el políglota Flynn simplemente tradujo de manera literal "lo nuestro" al italiano. La Mafia de repente se convirtió en La Cosa Nostra. Hoover obtuvo lo que quería: el FBI había descubierto la existencia de una conspiración maligna, secreta y siniestra, aún más diabólica que la mafia. [...] Cuando la gente del FBI terminó de interrogarlo, Valachi sólo decía lo que ellos querían escuchar. [...] Tenía que aparentar que él sabía las cosas básicas, tales como quién lideraba el crimen en Nueva York. El FBI le proporcionaba la información para asegurarse de que apareciera como la autoridad creíble que ellos habían anunciado. [...] Valachi era una pieza pequeña, un actor periférico que de algún modo apareció como pieza clave. No pudo haber entendido su importancia porque ésta había traspasado la realidad de lo que él había sido y de lo que sabía. Su fenómeno sería manufacturado de acuerdo al diseño de otros y él no pudo imaginar en ese momento cuál sería el papel. Aterrizó en el centro de una batalla política donde los puestos estaban en juego sobre la base de lo que él eventualmente pudiera decir acerca de la existencia y la extensión del crimen organizado en los Estados Unidos.()
De hecho, buena parte de la preeminencia informativa que el crimen organizado ha tenido en los últimos años ha sido atribuida a la necesidad de los servicios de seguridad, que con la desaparición de la amenaza comunista se habían visto repentinamente despojados de su justificación.() Despojados siquiera simbólicamente de sus méritos por su victoria en la Guerra Fría, porque no se había escenificado en el terreno de batalla, los servicios secretos se enfrentaron entonces a las restricciones presupuestas propias de la década de los noventa y a una desorientación funcional. La desaparición de la amenaza soviética se llevó consigo cincuenta años de dedicación exclusiva en las que todas los esfuerzos se dedicaron a la escalada nuclear y al complejo militar-industrial. Para romper esta dinámica retomaron un concepto de seguridad menos militarizado que floreció en el periodo de Entreguerras, analizaron los movimientos de la opinión pública y se movieron para recuperar el terreno perdido bajo la justificación de dos nuevas amenazas que en realidad eran muy antiguas: el terrorismo y el crimen organizado. Muchos otras agencias de seguridad interior y exterior han seguido este sendero como medio para expandir sus recursos y su poder.
La última fuente secundaria de información que ha jugado un papel fundamental en los estudios del crimen organizado es la información publicada en los medios de comunicación de masas. Lo que en principio pudiera aparecer como un punto positivo que muestra la proximidad temporal entre el análisis académico y el seguimiento más cercano a los hechos sociales, es, en su lugar, un modo de encubrir carencias importantes. Las publicaciones en los medios de comunicación suelen descansar de manera notable en informaciones procedentes de las agencias de seguridad o de los aparatos de justicia, con lo cual suelen presentar los mismos problemas antes referidos. Sin embargo, las dificultades para partiendo de estos datos fragmentados, que en principio son útiles para determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados pero que no suelen mostrar una dimensión completa del funcionamiento de la organización criminal, se amplifica dadas las características de los medios de comunicación. Por una parte, éstos tienden a aplicar sobre la información un tratamiento en muchos casos sensacionalista que haga atractiva su presentación al pública. Ésta, asimismo, es una situación que comparte con la información generada por los propios periodistas mediante su fuentes concretos. Movidos por el interés mercantil y recogiendo un interés amplio de la opinión pública acerca del crimen organizado utilizan estos datos del modo que proporcionen el mayor rendimiento en ventas, que por lo general suele ser aplican una perspectiva fatua que convierte ciertos datos muy fragmentados y poco fiables en artículos coherentes. Los miembros de la academia a menudo, de entre la multitud de datos e informaciones que presentan los medios de comunicación de masas, escogen aquellos que mejor cuadran con sus hipótesis iniciales para construir una teoría coherente.
En general, los objetivos de los medios de comunicación suelen, en consecuencia, tener objetivos muy diferentes a los de la explicación académica. Tienden a centrarse en la componente de violencia que pueden utilizar estos grupos dejando de lado otros valores de tipo empresarial y organizativo que pueden resultar de más difícil asimilación para la opinión pública y son extremadamente sensibles a exagerar o disminuir las relaciones entre el sistema político y el crimen organizado por presiones a favor o en contra de diversos grupos del sistema político. Se utiliza así el crimen organizado como un arma de deslegitimación política del adversario mediante una presentación a través de los medios de comunicación acorde con los objetivos propios de ciertos grupos políticos. Es relativamente frecuente observar una línea de investigación que parte de la presentación interesada de los poderes públicos, pasa por los medios de comunicación y finalmente es recogida por los investigadores en la academia. El ejemplo más clásico es el del 'narcoterrorismo', un término acuñado por el embajador de los Estados Unidos en Colombia al calor de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por miembros del grupo terrorista M-19 que, sin pruebas contundentes, ha sido constantemente repetido tanto en los medios de comunicación como en artículos publicados en revistas especializadas.()
La definición del crimen organizado
Estos problemas de acceso a fuentes, junto con un cierto "desdén académico por las pasiones populares",() parecen estar en el origen de la escasez de estudios sobre el crimen organizado, y también en la carencia de un aparato teórico importante. La naturaleza ilegal y altamente secreta del fenómeno implica enormes dificultades para la obtención de información de primera mano sobre su funcionamiento y complicaciones para la realización del trabajo de campo. Pese a estas carencias, del debate académico no están ausentes los problemas y las discusiones acerca de la definición del fenómeno de estudio que afligen a otras áreas de las ciencias sociales. No son pocos los que, como Cressey, se niegan a dar una definición ante las dificultades para capturar una forma social con tantas aristas dentro de un marco estrecho.
Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya relación ha sido profusamente estudiada desde diversos puntos de vista. Salvo contadísimas excepciones, todo crimen involucra cierto grado de organización y, en consecuencia, es organizado por naturaleza.() Determinar el límite de lo que constituye el crimen organizado no es una operación tan sencilla como partir un trozo de mantequilla con un cuchillo bien afilado y situar los límites que separan este subconjunto del crimen con respecto a otras realidades ilegales circundantes ha sido una fuente continua de controversia dentro de las ciencias sociales que en sus distintas vertientes se han ocupado del fenómeno. Como escribe Albanese, "el crimen organizado no existe como tipo ideal, sino como un 'grado' de actividad criminal o como un punto del 'espectro de legitimidad".() Buena parte de las configuraciones teóricas sobre el crimen organizado difieren precisamente como consecuencia del punto a partir del que se realiza esta división. Pero, además, la propia configuración del estudio académico del crimen organizado ha implicado una influencia importante de las definiciones legales del crimen organizado. Éstas suelen tener una mayor eficacia a la hora de inscribir el fenómeno en un marco sistemático dado que al definir los tipos de delitos como norma legal en cierta manera configuran los resultados a ojos de la opinión pública.
Por lo general, en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo existen dos modos de regular el crimen organizado.() Por una parte, están aquellos que condenan las actividades ilícitas que realizan estos grupos de manera individualizada, ya sea el tráfico de drogas, la extorsión o el blanqueo de capitales. Así ocurre en el caso español. Pero, por otra, existen otros códigos penales que condenan, o agravan la pena por su comisión, la propia pertenencia a los grupos criminales independientemente de los delitos cometidos. Para que exista este tipo de pena es necesario que el ordenamiento legal defina qué tipo de relaciones entre las personas deben existir para caer en esta figura delictiva. Los códigos penales optan por dos formas de llevar a cabo esta definición. Pueden, en primer lugar, describir en detalle las actividades que pueden realizar los grupos criminales para otorgarles carta de naturaleza criminal. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de California, en los Estados Unidos, en el que se define éste de la siguiente manera:
Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, se involucran en una o más de las siguientes actividades: (a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y (b) delitos de predación, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera. Diversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan dentro de la definición de crimen organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales: (1) Mafia: actividades criminales organizadas. (2) Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitución, usura, juego. (3) Bandas de asaltantes-vendedores de artículos robados: grupos que se organizan y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y adquisición de bienes robados. (4) Pandillas: grupos que hacen causa común para involucrarse en actos ilegales. (5) Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar la confianza del público en el gobierno establecido por razones políticas o para vengar por algún agravio.()
Otros textos legales son menos restrictivos en cuanto a las actividades y definen crimen organizado con respecto al funcionamiento del grupo delictivo. De manera minimalista lo hace el código penal del estado de Misisipí, en los Estados Unidos, determinando que el crimen organizado consiste de "dos o más personas que conspiran constante y conjuntamente para cometer delitos para obtener beneficios". La legislación canadiense explica qué es crimen organizado por referencia a otros ámbitos de su misma legislación: "Se refiere a cualquier grupo, asociación u organismo compuesto por cinco o más personas, ya esté formal o informalmente integrado, (a) que tenga como una de sus actividades primarias la comisión de un delito tipificado cuya pena máxima sea la prisión por cinco o más años, y (b) cualquiera o todos sus miembros estén o hayan estado implicados en la comisión de una serie de estos delitos dentro de los cinco años precedentes."() Más compleja, y de mayor difusión, es la definición del código penal alemán al respecto:
Crimen organizado es la violación planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios económicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial gravedad y se llevan a cabo por más de dos participantes que cooperan en el marco de una división laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales o paracomerciales, o (b) violencia o otros medios de intimidación, o (c) influencia en la política, en los medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia y en la economía legítima.
Si en otros aspectos es difícil alcanzar acuerdos dentro de las Naciones Unidas, el crimen organizado ha sido una fuerza motriz de primera importancia para fomentar la colaboración internacional en otros ámbitos. La definición que realizan está mucho más cerca del máximo común múltiplo que de las dificultades que suelen generarse para alcanzar acuerdos acerca de la extensión del fenómeno. Crimen organizado es, según esta definición,
las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular por medio de: (a) el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1998; (b) la trata de personas, tal como se define en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949; (c) la falsificación de dinero, tal como se define en el Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda de 1929; (d) El tráfico ilícito o el robo de objetos culturales, tal como se definen en la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia e [sic] propiedad ilícita de bienes culturales de 1970 y la Convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; (e) el robo de material nuclear, su uso indebido o la amenaza de uso indebido en perjuicio de la población, tal como se define en la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares de 1980; (f) los actos terroristas; (g) el tráfico ilícito o el robo de armas y materiales o dispositivos explosivos; (h) el tráfico ilícito o el robo de vehículos automotores; e (i) la corrupción de funcionarios públicos.()
Este tipo de definiciones presenta algunas características fundamentales. En primer lugar, éstas tienden a sobreestimar aquellas características específicas que el crimen organizado presenta en los países sobre los que se va a aplicar la norma. Fruto de ello es la extrema diversidad de estas definiciones, variando enormemente de un país a otro conforme a las diferentes formas que adquieren tales organizaciones en sus ámbitos estatales, lo cual hace difícil extraer un conjunto de elementos comunes que superen las estrechas fronteras nacionales. Debido a esta diversidad, en algunas legislaciones, o en meras propuestas de descripción, se incluye como crimen organizado el delito de terrorismo.() Sin embargo, incluir la violencia inducida políticamente como una de las formas de crimen organizado hace inaprehensible la definición y el análisis. En segundo lugar, estas definiciones pueden tener una cierta operatividad para dictar condenas o absoluciones con respecto a la norma pero es difícilmente aplicable al estudio riguroso del crimen organizado. Como escribe Levi en tono irónico, según estas definiciones,
'Crimen organizado' puede ser desde un grupo importante de mafiosos italianos hasta una camarilla de tres ladrones con un negocio de limpiacristales en el que uno se dedica a escoger posibles objetivos, otro a robar en los domicilios bajo amenazas y el tercero que actúa como blanqueador de capitales, y que además demandan a todos los periódicos que sugieren que su negocio es de dudosa reputación.()
En el campo académico la definición de crimen organizado ha sido tratada colateralmente, ha tendido a concentrarse en las características específicas de cada grupo criminal objeto de estudio, haciendo difícil la superación de las condiciones específicas de cada entorno social y político, las han tomado prestadas de otros ámbitos como el legal antes referido o ha adoptado una postura similar a la expresada en su día la National Criminal Intelligence System, el organismo de contacto de las policías británicas, que evita el esfuerzo intelectual por la definición: "es más fácil discutir sobre el crimen organizado que definirla [...] Sabemos lo que es pero es complicado describirlo".()
Han sido, como por otra parte era esperable, aquellos académicos que se han mostrado más críticos con los parámetros habituales en los que se presenta el crimen organizado ya sea desde los medios de comunicación o desde su extensión hacia el mundo de la academia, que suele tener como base los estudios acerca de la Mafia italo-americana desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Por esta especial dificultad para abarcar con un concepto tan gastado la complejidad del fenómeno del crimen organizado, no son pocos los autores que han cambiado su enfoque hacia términos como crimen empresarial (enterprise crime) o bien, sobre todo dentro de las agencias de seguridad, han optado por conceptos más flexibles como crimen grave (serious crime). Sin embargo, en la presente tesis se considera que el crimen organizado, pese a todas las connotaciones que haya podido ir adquiriendo con el paso del tiempo, aún es una noción que mantiene buena parte de sus características expresivas. Recogiendo algunos de las referencias que se realizan en diversos casos de estudios, puede hablarse de crimen organizado cuando cumple una serie de características.
Para que exista un caso de crimen organizado debe aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades delictivas a las que se dedican. Entre los primeros destaca el hecho de que se reúna un grupo notable de personas al objeto de cometer de manera constante y permanente actos que son catalogados como delitos en la jurisdicción en la que actúan o allí en donde tengas su base. Galvanizando este conjunto de individuos debe existir una estructura jerárquica, una división de tareas, grados de especialización y ciertas reglas (un sistema de premios y castigos) que rigen el comportamiento de la organización y son impuestas de manera coactiva. Pero si bien una multiplicidad de grupos, como las pandillas juveniles, cumplen estas características en niveles notables, lo que es específico del crimen organizado es su capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su capacidad de acción, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el estado. Esta protección se obtiene, por una parte, a través de la utilización de la violencia o la amenaza creíble de usarla, la intimidación, y, por otra, por la corrupción de funcionarios públicos. Pero si bien la violencia es una característica común a otros tipos de delito,
Lo que diferencia la violencia asociada con el crimen organizado es que es estructurada y directa; y su objetivo no es facilitar la transferencia de recursos en un determinado momento, sino ampliar la posición del grupo de crimen organizado en un mercado concreto. Si la violencia permite al crimen organizado eliminar competidores, la corrupción asimismo le concede la posibilidad de evitar el aparato legislativo, comprando inmunidad y/o dirigiendo la agencias de seguridad contra la competencia.()
Otro grupo de aspectos relacionados con el tipo de delitos cometidos diferencian al crimen organizado de otros tipos de criminales organizados de manera más o menos laxa. Por una parte, para que exista un fenómeno de crimen organizado el tipo de delitos cometidos deben tener fuertes repercusiones sociales, ya sea en términos de la violencia con que se ejecuta, por las pérdidas económicas que comporta o por cualquier otra característica que genere ansiedad o indignación entre la ciudadanía en general.() Por otra parte, como señala Friedman para el caso del tráfico de drogas y la necesidad de informantes,
en delitos como el robo el asesinato no se necesitan informantes porque las víctimas de estos crímenes tienen un fuerte incentivo para informar sobre el crimen. En el comercio de drogas, el delito consiste en una transacción entre un comprador y un vendedor que actúan de buen grado. Ninguno tiene incentivos para informar sobre la violación de la ley. Por el contrario, ambos están interesados en que no se informe sobre el delito.()
Los delitos cometidos por la criminalidad común, por diferenciarla del crimen organizado, tienen un carácter predatorio que incorpora una redistribución de unas rentas existentes previamente. En el lado opuesto, el crimen organizado está involucrado en delitos, como la prostitución, el juego o el tráfico de drogas, que abarcan la producción y distribución de nuevos bienes y servicios con la componente de tener un valor añadido. En conjunto, sus actividades tienen un carácter consensual hacia el delito cometido que tiene la activa complicidad de otros miembros legítimos de la sociedad en general. El repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su núcleo principal en delitos sin víctimas.() En consecuencia, la actuación del estado no sólo se verá dificultada por la intimidación o la corrupción anteriormente referida sino por una inacción hacia la aplicación de justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las que actúan. Forzando el argumento incluso la extorsión a gran escala tiene un carácter racional de interacción entre dos actores económicos egoístas: la incapacidad del estado para otorgar protección a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organizarse de manera que sean capaces de proporcionar esta garantía de permanencia en el tiempo de la propiedad.()
Dentro de esta definición de crimen organizado, la gama de actividades que puede ejecutar un determinado grupo de crimen organizado puede ser extensa, variando en cada caso según diversas variables internas y externas a la organización, y combinar uno o más mercados, expandiéndose asimismo por un número más o menos limitado de países, aunque en tiempos recientes existe una fuerte tendencia a la concentración empresarial en cada vez menos grupos de un mayor número de campos de la ilegalidad. Su repertorio de actividades incluye el delito profesional y el económico, pero supera a éste último en organización y control, aunque los nexos de unión entre ambos modelos de delincuencia tienden a fusionarse y el terrorismo puede llegar a formar parte de sus acciones violentas en ciertas etapas o momentos. En un inventario amplio, las actividades principales de las organizaciones criminales, en suma, abarcan la provisión de bienes y servicios ilegales, ya sea la producción y el tráfico de drogas, armas, niños, órganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificación, el asesinato a sueldo o la prostitución; la comercialización de bienes lícitos obtenidos por medio del hurto, el robo o el fraude, en especial vehículos de lujo, animales u obras de arte; la ayuda a las empresas legítimas en materias ilegales, como la vulneración de las normativas medioambientales o laborales; o la utilización de redes legales para actividades ilícitas, como la gestión de empresas de transporte para el tráfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para el blanqueo de dinero. Entre aquellas organizaciones que pueden considerarse como típicamente propias del crimen organizado, practicando algunas de estas actividades, se encuentran, dentro de un listado más o menos extenso, las organizaciones dedicadas casi exclusivamente al tráfico de drogas a gran escala, ya sean propias de los países europeas o se generen en países latinoamericanos, del sudeste y el sudoeste asiático, la Mafia italiana en su proceso de expansión mundial que ya se inició hace décadas, las Yakuza japonesas, las Triadas chinas y, en última instancia, ese magma que constituye el crimen organizado en Rusia y en otros países del Este europeo.
La naturaleza del crimen organizado
Las explicaciones académicas del crimen organizado no tiene una historia demasiado larga y ha estado, por lo general, dividida conforme a las líneas que separan las distintas ciencias sociales, que han tratado de extender sus paradigmas, con algunos retoques, al estudio de los fenómeno. En ocasiones el grado de refinamiento de estas aproximaciones no supera en mucho las fuentes utilizadas, ya sean éstas procedentes de los medios de comunicación o de las agencias de seguridad. La consecuencia es que elementos fundamentales de las ciencias sociales o bien han estado ausentes durante mucho tiempo de los enfoques académicos sobre el crimen organizado o bien se han mantenido en los márgenes de la explicación como un pilar al que se recurre para otorgarle un barniz de seriedad. En conjunto estas aportaciones pueden situarse en un continuo que va un extremo en el que se presenta a las organizaciones criminales como un ente altamente jerarquizado con códigos de conducta internos desviados hasta el límite contrario en el que se sitúa una exhibición en la cual el crimen organizado sería un conjunto de relaciones laxas más o menos temporales dentro de un mundo que tiende a traspasar con extrema facilidad los mundos de la legalidad y de la ilegalidad.
En el primer límite se encontraría el Modelo Padrino de crimen organizado en el que toda la actividad delictiva del grupo estaría controlada por una estructura muy jerarquizada y una única dirección de mando que controla un mercado determinado, ya sea territorial o de servicios. Sería la presentación más típica de los denominados testigos protegidos que ha acogido la justicia penal a cambio de sus testimonio acusatorio frente a otros miembros de los grupos criminales.() La perspectiva contraria vendría avalada por análisis de tipo económico según la cual el crimen organizado, definido a través de un Modelo Empresarial estaría constituido por individuos que actúan como empresarios racionales y construyen asociaciones bastante laxas de un submundo criminal que colabora de manera informal y fluida entre grupos autónomos pero sin alianzas duraderas concretas. La paradoja de esta interpretación específica, que con posterioridad se ha desarrollado en términos más concretos, es que parte de la lectura literal del título y las intenciones de su obra fundadora, El crimen desorganizado, de Peter Reuter, que el propio texto, en cual puede encontrarse una postura mucho más moderada y consistente que retoma en términos económicos muchos de los análisis anteriores.()
El estudio más clásico sobre el crimen organizado en la época más reciente, que se extiende hasta la actualidad, son los trabajos de Donald Cressey, que constituyen asimismo el paradigma de la perspectiva tradicional o gubernamental del crimen organizado.() Su enfoque es de tipo sociológico y sus fuentes se limitan casi en exclusiva a los testimonios de antiguos miembros de la mafia italo-americana presentados ante una comisión parlamentaria. Cressey describió la estructura del crimen organizado como si se tratase de una organización burocrática, al tipo de una empresa, con una jerarquía rígida, un código de conducta que abarca a todos sus miembros y, sobre todo, que funciona como una sociedad secreta. La organización mafiosa estaba compuesta, según los testimonios que él recogió acríticamente, por veinticuatro 'familias' situadas en algunas grandes ciudades de los Estados Unidos, que estaban dirigidas por un ente crípticamente denominado 'la Comisión', que se encargaba de supervisar, planificar y coordinar las grandes estrategias delictivas. Cada familia la integraban una serie de niveles jerárquicos de mando que iban desde el jefe (boss) que se encontraba en la cúspide de la pirámide hasta la tropa denominada, como no podía ser de otro modo, los soldados, entre las que se interponen un conjunto de grados de mando como el subjefe o los lugartenientes. Los objetivos de la organización eran dispuestos por la Comisión y se transmitirían a través de la cadena de mando hasta los elementos operativos de cada célula del grupo.
La principal aportación de Cressey no fue tanto la validación de una estructura organizativa que ya había sido repetidamente explicada en los medios de comunicación y por agencias de seguridad del gobierno sino dar un poco de racionalidad (académica) a lo que hasta entonces parecía un conjunto confusa y fragmentado de datos. Cressey realizó esta tarea del modo más directo: según él, la dimensión básica que convertía a las categorías de mando del crimen organizado en algo distinguible y diferenciable dentro de un continuo jerárquico era, precisamente, la racionalidad. Por racionalidad, entiende Cressey, el grado en el que las organizaciones criminales desarrollan crecientes niveles de complejidad conforme tratan de lograr los "objetivos" criminales previstos. En consecuencia, a mayor racionalidad en el crimen organizado, más compleja y precisa será la descripción de tareas de sus miembros y más sofisticada su división del trabajo.
Los trabajos de Cressey han recibido muchas críticas a lo largo del tiempo. Los motivos han sido bastante diversos, y sobre todo han estado referidos a la utilización de las fuentes y la poca fiabilidad de las mismas. Otras están relacionadas con la utilización sesgada que de sus materiales puede hacerse para insertar una visión peculiar de la Mafia en Estados Unidos como una conspiración extranjera.() También en sus trabajos se ignoran las continuidades entre el underworld y el upperworld, con lo cual, dentro de su misma lógica, se negaría la supervivencia de la organización al someterla a tales constreñimientos de actuación. Schelling trató de remediar esta laguna incorporando algunas ideas económicas al respecto.() Sin cuestionar la idea de la Mafia como una organización monolítica, observa que el crimen organizado posee características que lo convierten en un ente análogo al gobierno. En primer lugar, el negocio nuclear de las organizaciones criminales es imponer sus propias normas en un territorio dado, ya sea geográfico o funcional, de tal modo que puedan recaudar impuestos, aunque sea al modo de extorsión. En segundo lugar, para imponer estas reglas los grupos criminales aspiran, usurpando las funciones de los poderes públicos, a adquirir el monopolio del uso de la fuerza coactiva.
Pero, sobre todo, las críticas a este modelo se han extendido muy frecuentemente en la sobreestimación de la centralización administrativa de los grupos de la Mafia italiana. Sin embargo, su ascendencia se mantuvo no sólo en el mundo de la academia sino fuera de él, en gran medida porque cumplía, con las debidas exigencias de elaboración académica el estereotipo que reflejaban los medios de comunicación, el cine y la literatura.() Casi veinte años después otra comisión parlamentaria constituida al efecto, que de hecho recogía algunas de estas críticas y sus autores, repetía su descripción de la Mafia como un grupo criminal "muy estructurado" que, "como cualquier otro tipo de burocracia saca adelante sus propósitos durante un periodo tiempo".() Y lo que es más importante, su perspectiva se extendió como explicación a fenómenos de crimen organizado en otros lugares del mundo. A modo de resumen de esta visión preponderante escribe Anderson que,
La imagen habitual, o el tipo ideal, de crimen organizado, incorpora ciertas características definitorias. Estás son: primero, que los grupos criminales monopolizan o tratan de monopolizar ciertas actividades como la prostitución, la extorsión o el tráfico de drogas. Segundo, la violencia se utiliza de manera sistemática contra aquellos que tratan de desafiar estos monopolios, contra quienes rompen la disciplina de la organización o contra quienes dan pruebas a la policía o a los tribunales sobre estos grupos. Tercero, la organización de las familias criminales están tan profundamente insertadas en un cierto orden social que la policía puede en ocasiones atrapar a los individuos pero no puede eliminar la organización como tal: puede limitar pero no detener sus actividades. Cuarto, el crimen organizado suele tener una estructura jerárquica y burocratizada, el menos hasta el punto de que existen un buen número de funciones especializadas dentro de la organización, incluyendo las funciones de recopilación y análisis de inteligencia y la violencia. Quinto, las organizaciones criminales tienen acceso a los conocimientos legales, financieros y contables que por lo general se asocian con las actividades comerciales legítimas. Sexto, las organizaciones pueden ejercer influencia sobre el proceso político, administrativo y judicial.()
Esta teoría burocrática del crimen organizado no se mantuvo al margen del influjo del paradigma económico de la elección racional en otros aspectos de la vida social y a finales de los ochenta ya se había construido un visión crítica del crimen organizado que concluyeron los trabajos de Reuter. En lugar de observar las estructuras y funciones de los grupos criminales, se cambió el enfoque y se convirtieron los individuos y las actividades productivas que estos realizaban, en tanto que recaudan flujos monetarios, en el principal aspecto a analizar dentro del crimen organizado. Con el cambio de perspectiva se observaba un fenómeno que tenía poco que ver con la caracterización burocrática, sobre todo cuando se comparaban con las declinantes estructuras empresariales que habían nacido al calor del fordismo. Muchas de las pruebas aportadas pueden ser circunstanciales y absurdas: ni existen registros como en sus homónimas legales ni los trabajadores del crimen organizado no tienen un horario determinado. Sin embargo, la observación detallada del funcionamiento de los criminales muestra que el empresario (delictivo) para tener éxito, lejos de mantenerse fiel a la estructura jerárquica a través de la cual se monopoliza la movilidad ascendente, debe llevar una vida variada en la que se negocian continuamente tanto las actividades a realizar como las asociaciones a formar con otros individuos y grupos para obtener beneficios ilícitos. Muchos miembros del crimen organizado ni tan siquiera pertenecen a un grupo delictivo específico que totaliza su actuación criminal y más allá sino que actúan de modo más o menos prolongado en cooperación con algunos de los miembros. Y esta situación no se da únicamente en los niveles más bajos como medio de acceso a la estructura formal, sino que también tiene lugar en otros ámbitos especializados como son el blanqueo de capitales. En consecuencia de esta búsqueda diversificada del beneficio, las relaciones entre el mundo criminal y el ámbito legal de los negocios son mucho más fluidas de lo que sugiere el modelo burocrático.() De este modo se superaba una laguna importante de las concepciones burocráticas que ignoraban las actividades del crimen organizado en actividades y negocios legales. Las asociaciones criminales, frente a la idea de confederación única a nivel nacional o incluso internacional, son de pequeño tamaño y construidas de manera informal, aunque puedan llegar a formar un conjunto específico más amplio visible para el mundo exterior. En palabras de Iaani,
No existe una organización formal o confederación de italo-americanos en el crimen organizado llamada Mafia, Cosa Nostra o cualquier otra cosa. Existen italo-americanos que están involucrados en el crimen organizado [...] Pero no están unidos por una organización nacional con un consejo directivo.()
Esta misma idea se aplica a otras organizaciones criminales. Como Naylor refiere acerca de la especial caracterización de los traficantes de droga colombianos,
La realidad es que ni siquiera 'el Cártel de Medellín' en su apogeo trato de controlar el precio de la cocaína restringiendo su oferta. Por el contrario, [...] 'el Cártel de Medellín' representó un esfuerzo cooperativo de docenas de productores independientes para utilizar la violencia en busca de objetivos específicos frente a enemigos políticos, de reducir su utilización entre los miembros y de cooperar en el movimiento de producto individualmente producidos hacia redes de distribución individualmente controladas en el extranjero.()
El miembro prototipico del crimen organizado, por lo tanto, sería un empresario racional que actúa de manera independiente, pero en el mundo de la ilegalidad sólo hasta el punto en el que las ganancias obtenidas sean superiores a las de sus homónimas legales. Maximiza sus beneficios no comportándose conforme a las normas emanadas de un mando centralizado sino interactuando continuamente con otros actores dentro y fuera de la legalidad, creando y concluyendo multitud de asociaciones superpuestas sobre bases temporales más o menos prolongadas y empresas ilegales informales. Albini, aunque no niega la existencia de la mafia, sino que la ve más bien como una organización paraguas, dio una primera versión de esta perspectiva que se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo:
Más que componerse de una organización estructurada formalmente con reglas y regulaciones específicas, una organización criminal se describe de mejor manera [...] como un sistema de relaciones clientelares en las que los roles, las expectativas y los beneficios de los participantes se basan en el acuerdo o la obligación y cuya función y tamaño se determina [ad hoc] básicamente por la actividad en la que se involucran.()
Gambetta concluye este esfuerzo por insertar el crimen organizado en una perspectiva de acción racional al ampliar su acción a los consumidores de bienes y servicios ilícitos.() No sólo los miembros del crimen organizado actuarían movidos por el beneficio económico sino que pueden llegar a un nivel de eficiencia superior al del estado en el suministro de la protección necesaria para la realización de cualquier actividad económica. En este sentido, se considera que, por ejemplo, aquellos a los que extorsiona el grupo criminal están comprando a un precio inferior al del estado una mercancía específica e intangible pera imprescindible para las transacciones económicas: la confianza. En consecuencia, se desechan las explicaciones culturales como origen del crimen organizado y algunas de las características más consideradas de la Mafia, como la omertá, quedarían recluidas a la categoría de mitos.
Durante tiempo se han tratado de integrar ambas perspectivas en nuevos modelos. Sin embargo, parece como si ambas teorías definidas laxamente hubiesen tomado caminos distintos que tratan de corroborar sus modelos en otros países y actividades, mientras dejan de lado las limitaciones de cada uno. Anderson, que sigue a Schelling en su caracterización del crimen organizado como gobierno clandestino, concede que los grupos criminales tienen una estructura jerárquica, pero no es estricta. Tan sólo los altos mandos de la organización son miembros de esta estructura mientras a su alrededor se mueven una multitud de actores que son instrumentales a la adquisición de beneficios y que mantienen con éstos una relación clientelar.() El supuesto gobierno del crimen organizado afectaría exclusivamente a estos miembros en sentido estricto, que son quienes pagan impuestos y quienes, a cambio, reciben consejo empresarial y protección del resto de sus miembros. Arlacchi también se concentra en los aspectos económicos de la Mafia, pero lo hace desde una perspectiva de la acción racional pero de un modo tal que termina insertando esta teoría en el modelo burocrático.() Considera que al miembro del crimen organizado como un representante exacerbado de la ética protestante movidos por la racionalidad y el cálculo económico. Los grupos criminales, en consecuencia, serían el arquetipo de empresario capitalista con todas características burocráticas, con jerarquizas bien establecidas, y sus empresas se constituirían en la prolongación de las tendencias más nocivas del capitalismo que, eliminando cualquier tipo de restricción legal o moral, maximiza el beneficio mediante la violencia indiscriminada. Pero, como señala, Kopp, "para Arlacchi, la mafia concentra todas las características de la empresa capitalista tal y como puede imaginarse en una pesadilla".()
Ampliando un tanto los términos y agrupando a quienes se encuentran en posturas intermedias puede dividirse en el continuo que separa a ambas posturas en cuatro modelos en comparación con tipos de asociación que existen en el ámbito legal. El primer extremo lo constituiría el Modelo Iglesia en el que un grupo de crimen organizado dominaría un determinado mercado o un territorio, igualando de ese modo el tamaño de la empresa, ilegal, y el de la industria, también ilegal. Este tipo estaría caracterizado por una disciplinada estructura central de mando en el que las instrucciones fluyen de arriba hacia abajo hacia las células más pequeñas y, en sentido contrario, circulan los ingresos antes de que la dirección única, ya sea unipersonal o colegiada, redistribuya una parte en forma de salarios. Se maximizan los flujos de información en la pirámide de la estructura de mando y la iniciativa personal estaría reducida al mínimo. Un prototipo más laxo lo constituiría el Modelo Trust, que se asemejaría a las grandes asociaciones empresariales que existieron en los Estados Unidos en el siglo XIX y a principios del XX. En este arquetipo existe una única estructura operativa pero funciona con una distribución de la propiedad descentralizada. Los grupos concretos subordinarían sus operaciones a la estrategia global menos estricta que marcan los gerentes del trust. Éstos distribuyen las cuotas de negocio, ya sean territoriales o sectoriales, conforme al poder económico o carismático de cada uno de los representantes mientras se deja a los subordinados las decisiones con respecto al cómo ejecutar dicha estrategia sobre un campo de juego concreto con su propia entorno exterior. Los beneficios, pero únicamente éstos o una parte de éstos, fluyen hacia la cúpula, se invierten en asuntos comunes y se redistribuyen entre los componentes por decisión de la junta de dirección.
En la otra parte del continuo que divide el grado de flexibilidad del crimen organizado se encontraría, en primer lugar, el Modelo de Asociación de Comercio. Bajo este modo de actuación, los dirigentes de cada uno de los grupos, que actúan de manera independiente, se encuentran periódicamente para cooperar acerca de factores estratégicos como proyectos conjuntos de inversión que requieren un capital que supera los niveles económicos de cada uno de los grupos conjuntamente. Esta coordinación tiene lugar especialmente con el objetivo de evitar la presencia de agentes disruptivos para el buen funcionamiento conjunto del mercado como las actuaciones del estado. Pero, en todo caso, cada grupo determina autónomamente su modo de actuación, aunque teniendo en cuenta los posibles daños colaterales que para otros miembros del mercado pueden tener sus actividades. Por último, se encontraría el Modelo Fraternidad de crimen organizado, que se diferenciaría del anterior, sobre todo, en el modo en que se establece la cooperación con otros agentes del mercado común. Bajo este arquetipo no existirían ni reuniones periódicas formalmente establecidas ni, por supuesto, un cuerpo dirigente común. Lo que habría sería unas pautas de comportamiento similares que conforman una socialización común en la cual los contactos personales por asuntos no propios del negocio son frecuentes y que ayudan a la creación de vínculos ocasiones para trabajos concretos, asociaciones ad hoc muy variables entre los grupos que finalizan en el momento en que se concluye dicha actividad para la que se formaron.
No son frecuentes las tipologías del crimen organizado, en buena medida por el escaso número de grupos que alcanzan tal grado y por las dificultades para superar el entorno limitado en el que nace cada investigación y su subsecuente teoría. Lupsha trata de construir una categorización que no sólo sirva para comparaciones internacionales sino que también permita analizar la evolución de los grupos criminales.() Divide la vida de los grupos criminales en tres etapas a través de las que van desarrollándose hasta alcanzar su mayor grado de sofisticación, una de las cuales no podría considerarse como crimen organizado en sentido estricto. En una primera etapa, el grupo criminal estaría constituido básicamente por una pandilla callejera o un grupo reducido enraizado en una zona, barrio o territorio en concreto. La violencia que utilizan es por lo general defensiva para mantener el dominio sobre el territorio, para eliminar enemigos y para crear un monopolio sobre el uso ilícito de la fuerza. Los actos criminales suelen estar dirigidos por la recompensa inmediata que se obtiene y la satisfacción más que por objetivos bien planificados. En esta etapa el crimen organizado es instrumental, aunque ciertamente incómodo, para las elites políticas y económicas que utilizan sus conocimientos para su propio beneficio. Estos grupos pasan de la etapa predatoria a otra parasitaria cuando desarrollan una interacción corruptora con los sectores legítimos de poder. El crimen organizado entonces amasa recursos en forma de capital, información y conocimiento empresarial y extiende sus redes a los sectores legítimos de la economía. La corrupción política, que acompaña la provisión de bienes y servicios ilícitos, suministra estos nexos de unión y el crimen organizado pasa a ser un socio, más que un sirviente, del estado. La tercera fase de la evolución delictiva es la etapa simbiótica en la que los sectores políticos y económicos legítimos se hacen dependientes para su propio mantenimiento de los monopolios y las redes del crimen organizado. Sin embargo, existen algunos problemas de operatividad con este enfoque, sobre todo en lo referente a la superación de algún paso por parte de algunas organizaciones en su escalada criminal.
Evolución reciente del crimen organizado: su transnacionalización
Aparte de dinámicas propias de las agencias de seguridad, que han influido decisivamente en la amplificación del problema del crimen organizado a escala mundial, es evidente que la evolución reciente del crimen organizado ha significado un cambio en sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales. Varios son los factores que han influido en esta dinámica hasta alcanzar una fase novedosa del mismo fenómeno que, por su carácter predominantemente internacional, que se ha denominado de crimen organizado transnacional. Este modelo de crimen organizado presenta tres diferencias fundamentales con fases anteriores del fenómeno: una operatividad a escala mundial, unas conexiones transnacionales extensivas y, sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional.()
Procesos paralelos a los que ha hecho posible la creciente mundialización económica han permitido el salto de unas organizaciones criminales confinadas a ámbitos restringidos hacia una actuación a escala mundial. La rapidez y posibilidades del transporte internacional, junto con un compromiso político por el libre comercio en todo el globo, han hecho aumentar los flujos de bienes lícitos así como de los ilícitos. Esta situación se agrava en la concepción de que en el negocio criminal más lucrativo, el tráfico de drogas, los países productores se encuentran muy alejados de los lugares de consumo, aunque la distancia tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento de la utilización de drogas sintéticas. De una forma simbiótica,() las organizaciones delictivas han combinado la explotación de las oportunidades y las rutas de negocio que ha abierto el mercado internacional con los pasos históricos del contrabando que se mostraron muy resistentes a la irrupción del estado, generando así una muy lucrativa mezcla de viejas y las nuevas actividades ilícitas en las que la especialización y la ampliación de mercados parecen no ser tendencias contradictorias. No es casual, en este sentido, que las actividades, e incluso los abusos, realizados por las grandes multinacionales, que no cuentan con un control internacional por la falta de consenso al respecto y una búsqueda de competitividad cada vez más intensa, suponen un precedente habitual para la introducción del crimen organizado. Importantes investigaciones en los Estados Unidos y Europa demuestran que no sólo se produce un acoplamiento con las actividades de las empresas legales, sino que importantes segmentos de la economía legítima han sido penetrados por el crimen organizado.()
Este crecimiento del comercio mundial se ha visto acompañado de una revolución en las redes financieras. El notable progreso tecnológico de las comunicaciones y los deseos de las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones que evitasen la imposición estatal y satisfacer las crecientes demandas de las empresas transnacionales, con un gran volumen de dinero circulante presente en el sistema y facilidades para trasladarlo económicamente a gran velocidad, han favorecido inmensamente el blanqueo de dinero por parte de las grandes organizaciones criminales, un paso fundamental en cualquier negocio ilegal: controlar su dinero, obscurecer su origen ilegítimo y su propiedad y legitimar los frutos de sus desvelos. La carencia general de supervisión de estas actividades, pese a los esfuerzos últimos por introducir ciertos grados de control, y la complejidad de las operaciones hace extremadamente complicado hacer cumplir las regulaciones. Cualquier empeño de un país por revitalizar el control del flujo de capitales no tiene los efectos deseados sino que, por el contrario, conduce a una relocalización rápida de los capitales, la pérdida de beneficios del poderoso sector bancario y una mayor complejidad de los instrumentos financieros. Y para muchos países el ser receptor de tales capitales supone una parte substancial de su economía, por lo que un cambio radical supondría enormes perjuicios para su economía. Muchos son los países en los que se producen estas actividades a gran escala, que son escogidos en función de factores tales como el secreto bancario, la corrupción, la formación de los fuerzas de seguridad, las operaciones bancarias con paraísos fiscales, el poder del sistema bancario y los controles sobre el cambio de moneda.()
Los adelantos de los sistemas de comunicación y transferencia de información han tenido, además, otros efectos en la actuación del crimen organizado. Por un lado, ha permitido flexibilizar las estructuras de las organizaciones permitiendo una actuación en redes que tiende a maximizar los beneficios y evitar la eventual actuación de las agencias de seguridad. Por otro, evita la acumulación de papeleo eliminando así muchas de las pruebas incriminatorias que podrían allanar las actuaciones policiales de represión. Pero, sobre todo, se ha producido una transformación en la naturaleza de las amenazas a la seguridad, que si antes estaban asociadas a grandes acumulaciones de poder, recursos y territorio, en la actualidad pasan por el control y generación de información. En este sentido se abren nuevos resquicios para la vulnerabilidad de la seguridad de los diversos estados nacionales por los que las organizaciones criminales, con un enorme potencial económico, tienen la posibilidad de acceder a informaciones que se utilizan para mejorar y expandir sus negocios.
Esta mundialización de la información en términos de flujos a través de los medios de comunicación de masas que permiten la presentación inmediata del bienestar de los países desarrollados en todo el planeta, la aparición paralela de múltiples conflictos regionales y los avances en el transporte han fomentado un incremento importante de la inmigración y la creación paulatina de redes étnicas que se reparten por el mundo. Y aunque la mayoría de los inmigrantes son respetuosos con la ley de los países de acogida, las diásporas étnicas han sido aprovechadas por las diversas organizaciones criminales para desarrollar redes transnacionales propias con las que se mantienen en permanente contacto a través de un sistema avanzado de comunicaciones.() Aunque los grupos principales de delincuentes aún tienen una identidad nacional fuerte y un centro-refugio desde el que coordinan sus actividades, las precarias condiciones de vida en las que viven muchos de los inmigrantes facilitan su expansión en nuevos mercados. Los vínculos étnicos, con sus sistemas de lealtad, solidaridad y sanciones a menudo superpuestos sobre las legislaciones de los países en los que viven allanan, por diversas razones, su implantación.() Además, las intervenciones policiales se ven dificultadas entre estos grupos por problemas de idioma y de cultura, que se ven fortalecidos por lazos de parentesco que fomentan la solidaridad grupal y un recelo hacia la autoridad nacional, que se retroalimenta por actuaciones inadecuadas de ciertas administraciones públicas que no discriminan entre miembros del crimen organizado y un entorno social más amplio, que por lo general ser el que más sufre sus consecuencias.
En este sentido, la existencia de unas fronteras cada vez más porosas ha cambiado el enfoque de la actuación policial desde un control fronterizo a un control de poblaciones() y se ha posibilitado la criminalización de determinados grupos étnicos, en lo cual ha tratamiento desconsiderado y alarmista por parte de algunos medios de comunicación de masas ha sido determinante. Paralelo a este proceso, se produce la aparición de grandes urbes multiculturales, herederas en cierto punto de las clásicas ciudades portuarias centrales a las primeras redes mundiales de crimen organizado, que funcionan como núcleos del sistema económico mundial. Estas ciudades globales proporcionan una combinación de elementos, incluyendo una manifestación del poder y unos sistemas financieros y bancarios muy desarrollados, unas desigualdades económicas significativas, unas poblaciones cosmopolitas que garantizan el anonimato, el relajamiento del control social y la diversidad étnica, que facilita la introducción de grupos delictivos.
En otro orden, el crimen organizado no es tampoco ajena a la rapidez en la difusión de los avances tecnológicos en otros ámbitos. De hecho, por su enorme potencial económico, tienen un acceso aún más veloz y eficaz que la media incluso de aquellos actores más avezados en los recursos tecnológicos. Es notoria su habilidad para adquirir y poner en marcha cualquier tipo de nueva tecnología, a la que además someten a una experimentación continuada. Los laboratorios del crimen organizado obtienen cada vez productos de mayor calidad e incluso nuevos productos, su tamaño es menor y se les dota de una inmensa movilidad. Estos avances son especialmente relevantes para el mundo de las drogas, como demuestra la difusión de nuevas drogas o diferentes sustancias psicotrópicas, en el ámbito armamentístico y en el de la falsificación de todo tipo de bienes. Y más relevante aún, el acceso a nuevas tecnologías de control y comunicación es mucho más rápida que el de las fuerzas de seguridad encargadas de perseguirlas, lo que reduce su vulnerabilidad a la represión. La multiplicación de los contactos sociales que han propiciado los avances en el mundo del transporte y de las telecomunicaciones, a través de las cuales se transmite inmediatamente cualquier tipo de novedades, ha supuesto un campo abonado para la experimentación con nuevas drogas y, en muchos casos, para un abuso incontrolado. El excedente de riqueza, con un entorno de consumo masivo, en los países industrializados ha creado nuevas oportunidades de recreo y esparcimiento que han llevado paralelo un aumento de los bienes y los servicios ilícitos. El hecho de que una parte de estos bienes y servicios requeridos estén prohibidos legalmente, por razones diversas que van desde intereses de grupo a motivos culturales, ha ayudado al crecimiento de algunas ramas del crimen organizado especializadas o a la expansión de antiguos grupos hacia nuevos y lucrativos negocios.
Por último, el mundo del crimen organizado no está al margen de los grandes conflictos políticos internacionales que se han multiplicado en los últimos años. De hecho, las estrategias mundiales de las grandes organizaciones criminales han estado influenciadas profundamente por acontecimientos geopolíticos. El crimen organizado prospera en plena turbulencia política y económica. Las oportunidades de comunicación les permiten trasladar a zonas en conflicto o inestables, donde obviamente disminuyen los controles, gran cantidad de capitales que cubren la huida de los fondos legales en momentos de perentoriedad de efectivo y en los que el rendimiento de la inversión suele ser alto por las propias características del riesgo asumido. La desaparición de la Guerra Fría ha supuesto un relajamiento de la tensión mundial y, por tanto, de cualquier tipo de control indirecto, o incluso directo con sus grados de responsabilidad ante auditorios más amplios y menos polarizados, sobre las zonas en conflicto. Algunos acontecimientos de los últimos años han sido particularmente relevantes para estos grupos. Los más importantes de entre éstos han sido el conflicto yugoslavo,() la unificación alemana, la reforma económica en la República Popular de China, la emergencia de nuevos bloques comerciales y de los nuevos países industrializados.
La desaparición de la Unión Soviética ha sido un suceso crucial para la expansión del crimen organizado. Los grupos transnacionales de delincuentes mostraron gran agilidad para entrar en contacto con los países del Este una vez que se derrumbaron los regímenes comunistas, lo cual ha tenido extraordinarias y muy perniciosas consecuencias, con la ayuda del descontrol interno, para la evolución futura de estos estados. El triunfo del capitalismo y un peculiar sentido de democracia han facilitado una implantación problemática de la libre empresa sin los mecanismos paralelos de control. Esta transformación ha provocado desorden interno, el ocaso de las estructuras existentes de autoridad y legitimidad, las reticencias de la población a cualquier tipo de nuevo control estatal, el resurgimiento de conflictos étnicos y el desmoronamiento del aparato judicial, policial y de inteligencia y su subordinación o cooperación con el crimen organizado.() El vacío de poder político e ideológico y una historia previa de crimen organizado que ha proporcionado el capital humano y las redes sociales necesarias, junto con una creciente pauperización del bienestar de la población, ha formado un excelente caldo de cultivo para la recreación, la implantación y la expansión de grandes grupos de crimen organizado. En la actualidad, el solapamiento de las actividades ilegales y legales en la mayor parte de estas recién estrenadas economías de mercado es intrínseco a la nueva situación.() De entre ellas, la mayor amenaza a la seguridad mundial procede del tráfico de sustancias radioactivas que puedan caer en manos de grupos terroristas o estados políticamente incontrolables, aunque las evidencias de este tráfico sean aún muy débiles y en algunos casos manipuladas por los servicios de inteligencia.()
No obstante, algunos eventos geopolíticos que se suponía provocarían substanciales efectos en la expansión del crimen organizado, como por ejemplo las desaparición de las barreras fronterizas dentro de los países que firmaron el acuerdo de Schengen parecen haber tenido un efecto muy relativo y dudoso.() De hecho, los controles en frontera eran ya muy laxos en etapas anteriores y las organizaciones de contrabandistas tenían una larga historia de rutas alternativas que habían sido perfectamente aprovechadas por los grandes grupos de crimen organizado. En conjunto, la suma de estos factores propios de la última década ha ayudado de manera indirecta a la extensión del crimen organizado transnacional en los albores del siglo XXI convirtiéndola así en un fenómeno de más largo alcance del que había constituido en etapas anteriores. En la actualidad, "la delincuencia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacionales e internacionales, constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas y legislativas que plantea a los estados problemas fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y económicas y causa una pérdida de fe, en los procesos democráticos, socava el desarrollo y desvirtúa los beneficios que éste ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones enteras sirviéndose para ello de la vulnerabilidad humana, y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y los niños, a los que tiende trampas e incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas ilícitas y estrechamente relacionadas, particularmente la prostitución".() Un problema que por tradición había sido interno, local o nacional, de orden público se ha convertido en una preocupación que podría poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios de las relaciones internacionales, con profundas consecuencias para los distintos países y para la comunidad internacional de estados.
Factores facilitantes a la penetración del crimen organizado
No ha sido el elemento politológico el más frecuente para explicar los factores determinantes para explicar el surgimiento, la penetración y la supervivencia del crimen organizado en determinados entornos. Los sociólogos y criminólogos tendieron a concentrarse en la cultura de la desviación que suponía la convivencia con el delito continuado mientras que los economistas se han concentrado en la idea de los mercados y, sobre todo, del monopolio al que aspiran los grupos de crimen organizado. Por lo general, además, se toma el crimen organizado desde el punto de vista estático y, cuando se adopta una postura más dinámica, se hace con referencias a la posible influencia de los distintos modos de la actuación policial del estado, valorados ex post en cuanto a su eficacia. Otro tipo de factores externos que tienen su peso en la evolución del crimen organizado, sobre todo en sus orígenes, han sido más valorados desde los estudios del ámbito de la economía, en gran medida porque su teorización tenía como base el hecho de que la actuación del crimen organizado era una respuesta a una demanda de bienes y servicios ilícitos que no era inducida desde el ámbito de la legalidad. Lupsha toma en cuenta estos mercados cuando se refiere a las ventanas de oportunidad que permiten saltos cualitativos en cuanto a la tipología del crimen organizado, pero ignora de manera específica las causas políticas o sociales que pueden dar lugar estos mercados. Sin embargo, la aparición de estos mercados que dan lugar a nuevas fases del fenómeno están ligadas a otros ámbitos de la vida social. En el caso de los grupos de traficantes de drogas colombianos, su ventana de oportunidad está ligada a las pautas sociales de consumo de sustancias ilegales en los Estados Unidos a principios de los años ochenta, que lleva a una gran demanda de los derivados de la coca, ya sea en forma de un alcaloide como la cocaína para las clases medias y altas o en el modelo de mezclas sintéticas como el crack en los suburbios de las grandes ciudades y, en especial, entre las minorías étnicas. Más ligado al ámbito politológico estaría el salto cualitativo que la mafia italo-americana dio como consecuencia de la prohibición legal del alcohol en los Estados Unidos.() En este sentido, las decisiones de los poderes públicos respecto a bienes o servicios puede tener un influencia meridiana sobre la creación de mercados ilegales que actúen como ventanas de oportunidad para que el crimen organizado aumente su esfera de influencia. Sin embargo, la existencia de estos mercados no explican fases anteriores del fenómeno que irían desde su creación hasta la consolidación definitiva con grados diversos de protección.()
Efectos del crimen organizado sobre la autoridad estatal
Desgraciadamente estos estudios que involucraron algún tipo de obtención primaria de datos respecto al crimen organizado tendería a concentrarse sobre los aspectos de funcionamiento y organización desde el punto de vista sociológico y pasaron de puntillas con respecto a las relaciones entre crimen organizado y el sistema político. El estudio de Wivanto... Sin embargo, cualquier tipo de razonamiento acerca de las relaciones entre el crimen organizado y el sistema político en general resulta muy complicado para testar a través de estos medios, con lo que el recurso a fuentes secundarias se hace ineludible. Es relativamente sencillo alcanzar los niveles bajos o intermedios del crimen organizado y su relación con la política local, pero la dificultad para acceder a otro tipo de relaciones en niveles superiores son insalvables. Por lo tanto, sin llegar a superar este escollo metodológico, el presente estudio trata de superar estas complicaciones mediante la contrastación de los datos en varias fuentes.
El crimen organizado no es un grupo monolítico a nivel internacional sino que, más bien, presenta un panorama diverso, complejo y multidimensional en el que la colaboración entre los diferentes grupos criminales es más frecuente que la confrontación.() Se manifiesta de forma diferente en países concretos, como asimismo varía la percepción que de ella se tiene a lo largo del tiempo y del espacio. No existe uniformidad ni en su actuación de ni en el grado de su impacto sobre los individuos o sobre las entidades estatales o no estatales de todo el mundo.()
El primer impacto del crimen organizado se encuentra en relación con el concepto de la soberanía del estado, un concepto bastante antiguo que continúa dominando la esfera de las relaciones entre entidades estatales. Éstos están separados por fronteras, que no sólo dividen el territorio sino también marcan diferentes sistemas legales, niveles diversos de desarrollo económico y distintas culturas políticas. En su contra se sitúan las organizaciones criminales que, por su propia naturaleza ilegal y transnacionalizada, no tienen en cuenta las soberanías estatales ni muestran respeto por las fronteras nacionales en términos de sus negocios ilícitos. Sus planes de expansión no se encardinan sobre la idea de jurisdicciones nacionales sino con la mente puesta en flujos de bienes y de personas capaces de incrementar los beneficios económicos o, en su defecto, los niveles de protección. Si piensan en fronteras estatales es siempre en términos de sistemas penales concretos con diferentes niveles de riesgo y mercados específicos con oportunidades para ganancias ilegales, en la difuminación de los rastros de actividades ilícitas mediante divisiones internacionales del trabajo.
Pese a que los procesos de mundialización económica, la creación de emergentes estructuras políticas supraestatales cada vez más poderosas y los presentes movimientos políticos para favorecer el libre tránsito de mercancías, capitales y personas han erosionado intencionadamente este aspecto esencial de la soberanía estatal, el control que ejerce el estado sobre los flujos de bienes y servicios que circulan a través de sus fronteras continúa, en términos generales, manteniendo un nivel suficiente de seguridad para la población en general. Sin embargo, la creación por parte de el crimen organizado de rutas paralelas e indiscriminadas para la violación de fronteras asegura un descontrol presente, que se puede acrecentar en el futuro, en la circulación de bienes y servicios hacia el interior de los estados, lo cual pone en peligro desde la salud de poblaciones enteras hasta la estabilidad del sistema democrático. Estos itinerarios ilegales previamente establecidos y muy bien protegidos frente a la irrupción estatal, además del peligro que entrañan para la salud pública de la población, se pueden aprovechar para la introducción de armas sofisticadas e incluso nucleares para grupos subversivos y de crimen organizado o alimentos sin los preceptivos controles de calidad, entre otros productos potencial y sumamente peligrosos. Puesto que se considera que la capacidad de decisión sobre qué individuos o mercancías traspasan las fronteras nacionales por parte de los gobiernos es consustancial y condición necesaria para garantizar la soberanía y la gobernabilidad, la actuación constante y de gran alcance del crimen organizado traspasando las fronteras nacionales impunemente supone un importante desafío a la capacidad de los estados de cumplir con las bases de su soberanía. En definitiva, el crimen organizado consigue evadir el principio de control territorial consustancial del estado, laminando considerablemente la idea de soberanía de un estado y su práctica política.
Otro ámbito sobre el cual puede incidir perniciosamente el crimen organizado corresponde a la cultura política de un determinado país, es decir, el conjunto de valores y actitudes que informan la acción política de los ciudadanos. El crimen organizado, en este sentido, puede afectar de manera esencial el entorno social y físico de las democracias, distorsionando ante los ciudadanos las líneas que separan lo legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas a las del estado y provocando cambios en la opinión pública que afectan negativamente al funcionamiento del sistema.
En su génesis las organizaciones delictivas no tienen otro objetivo que el de sobrevivir a una posible intromisión del estado y sus fuerzas de seguridad en sus actividades. Su éxito en los negocios ilegales, su rápido crecimiento empresarial y la riqueza que acumulan se traducen en nuevas demandas políticas, sociales y económicas, que se articulan en torno a la aspiración de los dirigentes criminales por convertirse en parte de la élite social de la que se creen intencionadamente excluidos. Tratan de legitimar su riqueza a los ojos del conjunto de la ciudadanía en general y de las clases dominantes en particular más allá de los orígenes propios de su fortuna, para lo cual se procuran vidas ostensiblemente derrochadoras y tratan de interrelacionarse con las élites en la política, los medios de comunicación, el mundo del entretenimiento, la administración de justicia y el ámbito de las finanzas. Su poder económico es de gran ayuda en esta tarea de generar legitimidad social. Entre sus subordinados, entre los que abundan trabajadores cualificados y no cualificados, miembros de las fuerzas de seguridad pública, políticos, elementos de las profesiones liberales y, con frecuencia, un cuerpo de seguridad privada de importante magnitud, la vinculación salarial facilita la creación de un vínculo de admiración, permitiendo la creación o la ocupación y usufructo de considerables espacios sociales, rurales y urbanos, que a un tiempo incrementan las posibilidades de impunidad.
Fuera de los individuos y grupos económica y permanentemente dependientes del núcleo duro de las organizaciones criminales, a los que ofrece por lo general rutas más veloces, aunque peligrosas, de movilidad social ascendente que los cauces formales, los dirigentes de estas organizaciones utilizan sus recursos económicos en tareas de inversión social tales como la construcción de viviendas para los estratos más humildes de la sociedad, las aportaciones a eventos públicos que les reportan reputación, las presentaciones públicas deslumbrantes rodeadas de oropel y la oferta de bienes públicos a comunidades en las que las actuaciones del estado son deficitarias o nulas. Estas acciones suponen para los dirigentes de los grupos delictivos un modo relativamente sencillo para blanquear sus ganancias y, sobre todo, una substitución práctica de las tareas del estado que genera, en consecuencia, una transferencia de lealtades hacia los dirigentes criminales, una legitimación de la adquisición ilícita de riqueza y la convalidación de nuevos campos de impunidad y protección.
Esta generación de lealtades alternativas se muestra más descarnada y extensamente, por una parte, en los antiguos países del comunismo real, donde las nuevas estructuras sociales y económicas más laxas no han sido capaces hasta el momento de generar anclajes alternativos entre sociedad y estado, la incapacidad para solucionar necesidades básicas de la población es patente y el sistema de justicia se encuentra débilmente acoplado a los nuevos parámetros de economías de mercado. Por otra parte, esta transferencia de legitimidad puede verse facilitada en el seno de las comunidades de inmigrantes, cuya lealtad al estado receptor está a menudo mediatizada por carencias económicas y por vínculos sociales y afectivos fuertes con sus lugares de procedencia. Por su crecimiento en un mundo cada vez más interdependiente y por su opacidad y clausura construidas en torno a las barreras lingüísticas o culturales, estas comunidades étnicas son ideales para el reclutamiento de miembros y lealtades para el crimen organizado en sus mercados más relevantes. Además, su enclaustramiento inducido genera en ocasiones respuestas estatales inapropiadas a menudo ligadas al desconocimiento o el racismo que retroalimentan el sentido de desprotección hacia el estado. En este caldo de cultivo, los grandes grupos delictivos consiguen explotar, con el mínimo coste en forma de recursos sociales, los sentimientos de desapego del estado en su propio beneficio y construyen así nuevos vínculos de lealtad, que por ser étnicos se presentan como más fuertes y duraderos.
Pero no sólo entre grupos más o menos extensos pero bien definidos se presenta esta transferencia de legitimación. El crimen organizado es susceptible de producir de un cuestionamiento de la legalidad vigente de mayor alcance al confrontar a la población con la percepción del código normativo como algo ineficaz e inválido para regir la conducta social. Mientras el discurso oficial se refiere a reglas morales y jurídicas formalmente aceptadas, que exaltan el trabajo, el sacrificio y la democracia, la práctica real se identifica con el repudio generalizado de estos valores mediante comportamientos tendentes a maximizar los beneficios con independencia de sus fuentes y consecuencias sociales. En consecuencia, las normas son percibidas como inválidas e ineficaces para el normal desenvolvimiento social, lo legal se convierte en lo ilegítimo y lo ilegal en lo razonable y necesario.() El crimen organizado se ve reforzada, por tanto, no sólo por las estructuras socioeconómicas sino también por una mentalidad colectiva y una cultura predominante desviadas.()
Adquirida cierta legitimación social propia, los dirigentes de las organizaciones criminales se hacen más invulnerables a la fuerza del estado. Pese a que en la mayoría de las ocasiones reproducen pautas de las ideologías sociales dominantes, consiguen una lealtad que es percibida por los ciudadanos como alternativa y en confrontación sistemática con el estado, lo cual genera un ejército de reserva para estos grupos o al menos la inacción y la simpatía de muchos de los miembros de la sociedad descontentos con el funcionamiento general del estado. En ciertos casos la admiración que se genera hacia los dirigentes de las organizaciones criminales puede llegar a la fascinación porque, tras una exteriorización pública adecuada y la red de legitimidades construidas, representan buena parte de los valores socialmente preponderantes y de los anhelos reiterados de segmentos excluidos y de las clases medios.
Mas allá de esta relocalización de legitimidades que propicia el crimen organizado, ésta también puede afectar de diversos modos la construcción de identidades colectivas de carácter nacional, que constituyen una base esencial para la división territorial entre estados y en el interior de los mismos. Por una parte, puede producir fracturas territoriales de diversa naturaleza dentro de un mismo país, fomentando conductas y pensamientos que enfrenten a grupos diversos de la sociedad. Si en un determinado territorio o grupo social se registra una presencia del crimen organizado notablemente mayor que en el conjunto del país, la situación puede volverse perversa al engendrar sentimientos de rechazo en ciertos segmentos de territorios menos afectados. Por otra, el aprovechamiento de algunos grupos de crimen organizado de las diásporas migratorias que se han producido en las últimas décadas por las facilidades de transporte, por las diferencias económicas y por el acceso a información constante sobre las mismas puede generar problemas de xenofobia que concluyan en una violencia de extrema derecha y confrontación social. Tomando la parte, ya sea ésta más o menos amplia, por el todo y generalizando las acusaciones contra comunidades pequeñas culturalmente diferenciadas se generaría un fracturación en la cohesión de la sociedad necesaria para la democracia. De modo inverso, el crimen organizado puede también manipular los afectos de poblaciones enteras, en muchos casos caracterizadas por el retraso económico relativo y las desigualdades, frente al gobierno central o a las instituciones supranacionales. Confundiendo acusaciones y actuaciones contra a el crimen organizado con un ataque a tradiciones culturales y sociales que incluso podrían fomentarla, muchas personas pertenecientes a grupos culturales homogéneos, o incluso a países enteros, pueden sentirse tentados de recurrir a sentimientos nacionalistas agresivos con los que responder a lo que se consideran arremetidas entremetidas al conjunto de la población. En este punto es particularmente necesario que las políticas públicas frente a la delincuencia sean especialmente cuidadosas con las particularidades específicas de las poblaciones en las que convive el crimen organizado, no permitiendo la presentación pública de la delincuencia ponga énfasis excesivos en la población extranjera ni criminalizando de hecho a grupos étnicos o nacionales concretos.()
El crimen organizado puede afectar asimismo de manera decisiva a las instituciones políticas. Dentro de este punto los grupos criminales buscan influir sensiblemente sobre la capacidad de decisión de los tres poderes que tradicionalmente conforman la autoridad estatal: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta pretensión es consecuencia natural de la dinámica propia de las organizaciones ilegales de gran escala, que en ciertos casos se asemeja a la actuación de otros grupos amplios de la legalidad y tiene dos vertientes. Por una parte, creando sus propios sistemas para la impartición de justicia y, por otro, poniendo los aparatos del estado a su favor. Todo con el mismo objetivo de hacer menos costosa la viabilidad a largo plazo del grupo criminal e incrementar sus beneficios. Para estas organizaciones una fuente fundamental de problemas lo constituye la competencia de mercado, que es necesario mantenerla en niveles al menos controlables.() El monopolio, como sucede en el caso de la economía legal pero en mayor escala, es el entorno más sobresaliente para maximizar los beneficios y disminuir los riesgos. Como demuestra la experiencia histórica, no hay nada más nocivo para la salud económica de estos grupos criminales, para su permanencia y su crecimiento, que una libre competencia que haga conflictiva la convivencia de intereses ilegales territoriales o sectoriales. Además del monopolio de la ilegalidad, estas organizaciones requieren de una autoridad que haga cumplir los acuerdos que requieren las actividades ilícitas, desde los procesos de inversión hasta la extorsión y el secuestro, sin recurrir, por su propia naturaleza ilegal, al estado, su legalidad y su legitimidad para la resolución de conflictos.
Por ambas razones, el control monopolístico u oligopolístico del negocio criminal y la necesidad de una autoridad que resuelva los conflictos, la creación de sistemas paralelos de justicia supone un prerrequisito esencial para su supervivencia. Estos sistemas de justicia paralelos no tienen porqué tener una autoridad única ni reglas escritas específicas. Su eficacia coactiva no disminuye en tales circunstancias. Pero, dado que su impartición está determinada en buena medida por los encajes y la personalidad de los dirigentes, la lealtad hacia todo el sistema está dirigida hacia las personas más que hacia las instituciones, al contrario de lo que debe ocurrir en las democracias liberales, con lo cual tendería a personalizar partes importantes de la cultura legal. Estas normas son las que regulan las relaciones sociales y económicas entre los miembros de la organización, que presentan una lealtad no cuestionadora al grupo en general y a sus líderes en particular, y configuran los patrones de convivencia con otras organizaciones rivales. En este sentido, cualquiera que sea la determinación que se adopte respecto a la coexistencia entre diversas organizaciones criminales con el objeto de evitar el crecimiento disparado de los costes de transacción, y que pueden ir desde el respecto mutuo y la convivencia pacífica hasta la confrontación abierta y el terrorismo, dificultan la gobernabilidad de las sociedades democráticas. La utilización profusa de la violencia, que es propia de esta normatividad alternativa de estos sistemas de justicia privados ante la carencia de otros medios de imponer sanciones, aunque sólo sea practicada contra los miembros de la propia organización, puede provocar inestabilidad y alarma en la sociedad por la incapacidad del gobierno para detener los asesinatos, ejercidos a menudo con una crueldad aleccionadora, y finalmente podría conducir a la deslegitimación de todo el aparato institucional por la ineptitud para solucionar un problema de seguridad pública y proteger eficazmente a sus ciudadanos.
La existencia de estos sistemas de justicia paralelos para un grupo más o menos amplio de población pone en cuestión esta universalización de la legalidad y, más allá, supone la creación de un complejo modelo de impartición de justicia ajeno al estado, cuya racionalidad es precisamente el monopolio de la violencia dentro de las organizaciones delictivas. Se abre la posibilidad entonces para una regulación social y jurídica alternativa mediante la creación de santuarios de impunidad, territoriales o sectoriales, en los cuales el ejercicio de la soberanía estatal es mínimo y a partir de los cuales es posible desafiar constantemente y sin riesgo de castigo a las fuerzas del estado. Esta situación impugna el monopolio en la administración de la justicia de que por principio goza todo estado, incluyendo en último término la utilización de la coacción física.
Para la constitución de estos fines de justicia alternativa el medio más eficaz, cuando la organización crece a dimensiones considerables, lo constituye la creación de milicias e incluso ejércitos privados,() que en última instancia no suelen limitar su actuación hacia los miembros de la organización para refrendar ese sistema de justicia, con el componente aleccionador para el conjunto de la población que constituye el conocimiento acerca de la existencia de resoluciones de conflictos extralegales para evitar su intromisión mediante la intimidación ejercida, sino que a menudo son utilizados contra miembros exteriores que ponen en juego sus intereses ilícitos, ya sean miembros de otras bandas, funcionarios del estado o ciudadanos preocupados. Estos cuerpos particulares de seguridad sirven en casos extremos para lanzar desafíos extraordinarios, mediante la utilización de tácticas terroristas, a la capacidad de impartición de justicia por parte del estado y a la estabilidad psíquica de los ciudadanos, la cual se revertirá en exigencias de acción a un estado desbordado por el poder de los grupos criminales que, por su propia naturaleza, presenta múltiples dificultades para ser interrumpida o inmovilizada.
Si bien los sistemas de justicia privados descritos persiguen algunos objetivos bien delimitados, como son la restricción de la competencia, el mantenimiento en niveles mínimos de los costes de transacción y el respeto de las jerarquías, por lo general no tienen ni la ambición ni las posibilidades de suplantar al sistema legal de los estados en su totalidad. De hecho, buena parte de estas resoluciones internas no requieren de la violencia sino de recursos económicos suficientes y existen constreñimientos para la creación de un sistema de justicia generalizado. Por una parte, una situación de convivencia pacífica entre un sistema de justicia legal y otro ilegal concede al crimen organizado la posibilidad de externalizar costes trascendentales del negocio y confiere la oportunidad de aprovechar al máximo las ventajas de ambos mundos. Por otra, la creación de un sistema de justicia generalizado para todos los individuos se presenta como algo ineficiente desde el punto de vista económico para el propio desarrollo de la organización criminal y, en la mayoría de los casos, constituye una meta inalcanzable pese a las magnitudes financieras en las que se mueven.
En consecuencia, lo esencial para la supervivencia y crecimiento de una organización delictiva es la construcción de lazos fuertes y duraderos entre el sistema de justicia legal y el código normativo ilícito, que permitan una coexistencia pacífica y una asistencia recíproca. Se requiere de una complicidad entre ambos sistemas que posibilite la solución de conflictos entre los grupos criminales y elementos externos a la organización en los términos más favorables para los primeros, aunque también pueden referirse a controversias dentro de la organización o entre grupos diferentes, sin los costes negativos de la utilización de violencia en manos de particulares y con el apoyo de la legitimidad estatal y de sus fuerzas de coacción. Así pues, se transfieren intencionadamente al estado diversos costes de transacción de las actividades ilícitas con el conocimiento de que esta cesión, por el control que ejercen sobre los órganos decisorios, no va a implicar consecuencias negativas en el futuro previsible.
El coste de esta cooperación o puesta a disposición se concreta al precio de la intimidación y la corrupción, que a menudo abarca sectores importantes del sistema judicial y policial. En primer lugar, la intimidación necesita que la amenaza de la utilización de la violencia sea creíble, lo cual se hace posible gracias a la existencia de los referidos ejércitos privados de seguridad, en algunos casos armados de las más modernas tecnologías,() con salarios muy superiores a los de sus homónimos estatales y con unas claras y sólidas líneas de jerarquía. En segundo lugar, la corrupción la posibilita la desigual capacidad económica del estado y de los grupos de crimen organizado y su pretendido radio de acción. Mientras el primero tiene el afán y la obligación de atender a todos los ciudadanos equitativamente, lo cual supone un alto coste por su diversificación, los grupos criminales actúan con gran habilidad para proteger y extender sus propios pero limitados intereses mediante la vulneración de los principios de igualdad ante la ley que deben regir un estado de derecho.
Con el crecimiento de los intereses del crimen organizado, sus beneficios se van haciendo más dependientes del entorno general y, por tanto, el recurso al quebranto del normal funcionamiento de la aplicación de la ley por parte de los estados se convierte en la norma general. En un determinado punto puede ocurrir incluso que estos grupos endogenicen todo el sistema de justicia proporcionado por el estado, lo cual les genera un mayor provecho puesto que añade una financiación adicional a sus intereses procedente de las contribuciones fiscales de los ciudadanos mientras actúa de manera parcial protegiendo sus fortunas.() Pero además de este efecto corruptor, la naturaleza y amplitud de las actividades de estos grupos puede provocar una distorsión del funcionamiento del sistema legal mediante la saturación que genera la avalancha de ilegalidad. El desbordamiento de la capacidad de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial para llevar a cabo una tarea eficiente, por una parte, provocan en los ciudadanos un sentimiento de indefensión a la luz de los delitos que afectan su propia seguridad y, por otra, pueden retrasar la aplicación efectiva de la justicia y eterniza la resolución de todos los conflictos generados en el normal funcionamiento de una sociedad democrática.
La conclusión de estas tres premisas (la corrupción, la intimidación y la saturación) es que en las sociedades democráticas el principal pilar de su legitimidad, el estado de derecho, se torna ineficaz e injusto para los ciudadanos. Se crean desigualdades ante la ley e impunidad generalizada para un sector de la población, con la consiguiente deslegitimación de todo el sistema legal a los ojos de los ciudadanos. Las altas jerarquías de las organizaciones criminales no reciben las sanciones correspondientes sino que en muchos casos obtienen un trato muy favorable. La percepción de que la capacidad económica determina las resoluciones judiciales provoca un efecto de imitación en muchos individuos y grupos no implicados directamente en actividades de crimen organizado que entran en el peligroso juego de dirimir sus intereses particulares a través de las instituciones estatales pero no con fundamento en la justicia legal sino en los recursos financieros de los litigantes. Ante su ineficiencia para otorgar protección a los derechos y libertades, algunos pueden optar incluso por la constitución de ejércitos privados con los que sustituir al estado como medio de proporcionar seguridad alentando, por una parte, una espiral de violencia y extralegalidad en la resolución de conflictos que conduce a la paramilitarización efectiva de la comunidad y a la ruptura social y, por otra, a un aumento de los conflictos interpersonales ante la perspectiva de que la impunidad abarca cada vez mayores ámbitos de la vida comunitaria de las sociedades democráticas.
Pero además de la influencia negativa sobre el aparato judicial antes referida, el crimen organizado también puede llegar a corromper el proceso legislativo y ejecutivo por diversos medios, alejándolo de los ideales democráticos, subvirtiendo la voluntad popular por medios ilícitos y erosionando la legitimidad de todo el sistema político democrático así como de los actores colectivos que forman parte del mismo. Dada su naturaleza turbulenta y subterránea, la legalidad y el control de sus fortunas y la propia continuidad del negocio, los grupos criminales tienen intereses vitales en moldear las instituciones políticas para su seguridad y la de sus activos acumulados. Esta necesidad de pervertir instituciones fundamentales del sistema político para ponerlas al servicio de los intereses de los criminales organizados y, en las más de las ocasiones, en contra del bienestar general, toma diversas formas. La primera vía es la corrupción de miembros de los diversos ámbitos territoriales del ejecutivo y el legislativo mediante la aportación de substanciales cantidades monetarias o la constitución de intereses económicos conjuntos. El segundo medio de vulnerar la voluntad popular expresada en elecciones democráticas es la amenaza de la utilización de la violencia contra los representantes opuestos a sus intereses delictivos y sus familiares o la utilización de la información abierta o restringida a través de medios de comunicación de masas que le son afines o están controlados por estos grupos criminales.
En la medida en que se acrecientan los beneficios obtenidos de la influencia eficaz en el proceso de creación legal, el crimen organizado apela también a técnicas más sofisticadas e innovadoras con las que influir en los resultados del poder legislativo, en muchos casos en una confluencia de intereses con otros sectores económicos, empresariales o sociales.() Así crean o controlan organizaciones intermedias, tales como asociaciones de comercio, grupos de presión o comités de acción política, con el objeto de presionar sobre el cuerpo político en la persecución de los intereses particulares. Y un último recurso para influir en el proceso legislativo es la invalidación de los mecanismos de control de la actividad política y de organización de la sociedad civil. Para anular estos procesos, tan necesarios para la pervivencia de la democracia, pueden utilizar varios medios. Por una parte, alcanzan el control de partes substanciales del caudal de información generado en sociedades democráticas con la adquisición de medios de comunicación de masas o con la ejecución de medidas tendentes a la compra o la intimidación de los miembros de la prensa, lo cual producirá un sesgo sustancial en el proceso de creación de opinión pública, incrementando la credibilidad de la amenaza violenta y moldeando favorablemente el campo de debate político.() De modo paralelo, los grupos criminales pueden asimismo utilizar la intimidación y la corrupción para eliminar liderazgos contrarios a sus intereses y así evitar la articulación de intereses que es consustancial a la democracia representativa. Y conforme crecen los intereses del crimen organizado por influir en el sistema social, se incrementan los campos del proceso y del espectro político en los que actúa la intimidación creíble de los grupos criminales, erosionando de manera substancial valores tan importantes para la convivencia democrática como la libertad de expresión o de asociación.
De igual modo, los grupos de crimen organizado pueden recurrir a la manipulación del proceso de elección mediante la postulación de sus propios candidatos, hacia los que canalizan ingentes recursos económicos e informativos procedentes de sus negocios ilícitos o, en regiones donde el clientelismo es una característica endémica y poco permeable, pueden poner al servicio de candidato concreto el electorado indispensable para la victoria a cambio de ayudas futuras en su tarea como representante efectivo. Su poder económico, que tarde o temprano se traduce en autoridad política, es tan amplio que pueden llegar incluso subordinar a ciertos partidos políticos preexistentes o a crear los suyos propios() para así tener un mejor control sobre toda la estructura de decisiones en las instituciones de representación política. En tiempos de concurrencia electoral limitada y procesos de elección decididos por márgenes mínimos, el control sobre incluso un pequeño partido político o una cantidad reducida de votantes puede resultar enormemente eficaz en un juego de alianzas políticas de funestas consecuencias para los ciudadanos no implicados en este tipo de actividades ilícitas.
Estas medidas de protección articuladas por el crimen organizado en el entorno del proceso democrático pueden laminar ante la ciudadanía la legitimidad de los actos electorales, que se ven así sujetos a intereses particulares ilegítimos por encima de una competición libre entre partidos políticos. Con ello contribuyen a la deformación y el descrédito de la democracia, en la medida en que la vida política parece movida menos por las ideas y principios que por el dinero, que reemplaza a la auténtica representatividad por la compra de candidatos y electores. En definitiva, inducida por la posibilidad de reducir riesgos y aumentar los beneficios por la participación ilegítima en el proceso político, la infiltración en los poderes ejecutivo y legislativo a través de la intimidación o de la corrupción erosiona, deslegitima y en último término puede llegar a destruir las instituciones políticas de un estado.()
En otro sentido, si bien el crimen organizado en estadios avanzados dificulta la formulación e implementación de las políticas públicas por la vía de la intimidación y la corrupción, en la espera de obtener beneficios directos y amplios, también puede perjudicar su actuación indirectamente por varios medios. A medida que se extiende el fenómeno del crimen organizado lo hace el nivel de recursos de una economía nacional que permanece en la ilegalidad o en la paralegalidad, ocultándose a los ojos de quienes toman las decisiones en el ámbito ejecutivo y legislativo. En consecuencia, la calidad de los datos recopilados por fuentes oficiales o extraoficiales disminuye y se dificulta el análisis de las múltiples relaciones económicas con efectos en la construcción de las políticas públicas. Es cada vez más difícil determinar, por ejemplo, la cantidad de bienes y servicios importados y exportados o los flujos de capital, y el nivel de desempleo tiende a sobrestimarse puesto que contabiliza como parados a quienes se emplean en la órbita del crimen organizado. La utilización de cifras virtualmente sesgadas conduce a la construcción de políticas donde los medios y los fines están desvirtuados por un desconocimiento substancial de la realidad económica del país, o al menos de una parte significativa de la misma. Las políticas formuladas desde bases tan frágiles tienden a resultar ineficaces o contraproducentes, originando mayores problemas de los existentes y, en ciertos casos, ayudando al crecimiento de los circuitos de ilegalidad económica. La regulación de la actividad económica, por tanto, se mueve en terrenos porosos, contribuyendo a generar mayores desigualdades y distorsionando esta fuente de legitimidad del estado, que es la de agente reglamentador de la economía. En última instancia, estas políticas pueden provocar turbulencias económicas e inestabilidad, dando paso a nuevos tipos de normatividad de tipo más informal en las relaciones económicas.
Por otra parte, el modo de actuación del crimen organizado y su situación legal requieren de abundantes recursos, ya sean económicos, materiales o humanos, para su persecución. Por lo general éstos exceden la capacidad de las fuerzas policiales existentes para hacer frente al problema de un incremento generalizado del crimen y de una sofisticación del mismo. Las aportaciones para la seguridad, en tiempos de restricciones fiscales, tienden a perjudicar los modos de actuación y la cuantía de las políticas de redistribución social, con lo cual se cuestiona de nuevo una de las fuentes de legitimidad del estado democrático moderno. En las emergentes democracias de la antigua órbita soviética puede incluso generar en segmentos importantes de la población una nostalgia del comunismo real, que al menos era capaz de otorgar una ciudadanía social, aunque en niveles reducidos. No obstante, la principal consecuencia de un crecimiento rápido y substancial de los presupuestos de las fuerzas de seguridad del estado suele ser un descontrol organizativo y la creación de cuerpos semiautónomos que, contrariamente a sus objetivos, tienden a facilitar la penetración del crimen organizado y la vulneración, en muchos casos sistemática, de las libertades individuales. Y, de manera complementaria, la competencia por la recepción de recursos y por la preponderancia en los medios de comunicación de masas entre diferentes cuerpos de seguridad tiende a generar errores y lagunas en las tareas de inteligencia, tan importante en la lucha contra el crimen organizado.
El crimen organizado genera también problemas de gobernabilidad en la medida en que provoca inestabilidad financiera y distorsiones e ineficacias en los mercados, haciendo los procesos de producción y distribución menos impersonales y generando así fallas estructurales en la economía que afectan negativamente a los ciudadanos y a la estabilidad del sistema democrático. Algunas de estas alteraciones proceden de la propia actividad ilegal e implican un reparto de rentas ineficiente con respecto al que se presenta tras la actuación del mercado legítimo como elemento distribuidor de recursos. Otras anomalías se conectan explícitamente con el modo de utilizar los beneficios generados de forma ilícita. Las facetas en las que se hacen manifiestas estas ineficacias son múltiples.
Primero, la práctica generalizada de la coacción a ciertos segmentos poblaciones o territoriales por parte de grupos criminales, que llega a constituirse en una eficiente industria de la protección que sustituye o solapa a la otorgada desde el estado, genera distorsiones en los precios. Tales costes se internalizan y aumentan el precio de los bienes y servicios sujetos a estos gravámenes extralegales, desafiando además el monopolio del estado como único ente legitimado para imponer gravámenes. Además, se desalienta la libre participación de los individuos en el mercado como empresarios y, si esta coacción se ejerce sobre el sistema financiero, pone en riesgo los cauces para la inversión y los ahorros de los ciudadanos. Segundo, las drogas ilícitas, una actividad sustantiva de estos grupos de la que obtienen pingües beneficios, suponen una carga añadida para las arcas del estado por el coste de los tratamientos de desintoxicación y de los medios para reprimir a traficantes y consumidores y una pérdida de productividad para la economía en general.() Tercero, la deslegitimación del régimen político y el crecimiento de la violencia vinculados al crimen organizado constituyen una fuente de costes adicionales para la actividad empresarial. El incremento de los precios de la resolución de los conflictos, ya sea legal o extralegal, y de la protección de los derechos adquiridos se constituyen en fuertes barreras para la entrada o la permanencia en el mercado de actores legítimos. En estas circunstancias, las posibilidades para la inversión nacional o internacional disminuyen considerablemente y se generan las condiciones para salidas masivas de capitales productivos.
Cuarto, el crimen organizado tiene la capacidad para quebrar la eficacia del estado como tercera parte capaz de hacer cumplir los contratos que se generan en una economía.() Sin esta actividad propia del estado, que por economías de escala y garantías de imparcialidad ha mostrado a través del tiempo ser el más eficaz instrumento siempre que se den ciertas características de estabilidad, los actores deben encontrar un nuevo organismo o persona que sea capaz de realizar esta tarea, encareciendo de manera importante el proceso de la contratación. En este contexto se colapsa el clima de certidumbre que genera habitualmente el estado y que ponen en riesgo las grandes organizaciones criminales, promoviéndose una perspectiva cortoplacista en las inversiones económicas, que se concentran sobre todo en los beneficios inmediatos y contribuyen en muy escasa medida a la planificación económica racional y al crecimiento económico de largo plazo. "Así, incluso bajo la presencia de una forma bien organizada y previsible de corrupción, una parte importante de la economía estaría sujeta a altos grados de incertidumbre".() El retraimiento de este tercer actor económico que hace posible mediante la coacción dar validez a los contratos y los intercambios interpersonales, otorgando además nuevas oportunidades al crimen organizado para ocupar nuevos espacios sociales y dirigir la economía, y la sociedad en general, hacia estructuras más simples y personalizados contrarias a la eficiencia económica.
Quinto, la ilegalidad propia del crimen organizado a gran escala lleva como regla general a inversiones menos productivas para el sistema económico general.() Las inversiones empresariales se conducen por las facilidades para el blanqueo de capitales y no por las posibilidades de crecimiento y beneficios a largo plazo, dirigiéndose así hacia mercados que generan poco o nulo valor añadido y en muchos casos fuertemente dependientes de inversiones y recursos exteriores. En el caso de los bienes inmuebles, objetos profusamente utilizados para el blanqueo de capitales, la incorporación de una demanda fuerte y generosa contribuye a la apreciación del precio de la vivienda, con los consiguientes costes para las familias y para el estado como cumplidor último de los preceptos constitucionales en este sentido. Además, la participación de empresas tapadera en el mercado, justificadas únicamente por su capacidad para el blanqueo y no por sus beneficios, y por tanto por la competitividad, permite a estos negocios vender sus productos o servicios por debajo del costo, lo que contribuye a expulsar del mercado a empresarios legales inhabilitados para competir en estas circunstancias de tan profundo desequilibrio. Por último, las organizaciones criminales constituyen una amenaza a un sector capital de la economía como es el financiero, promoviendo instituciones financieras sin escrúpulos y erosionando las legítimas a través de complejos esquemas de blanqueo de dinero que finalmente pueden minar la confianza de los ciudadanos en estas entidades económicas.
Los efectos conjuntos del crimen organizado en el ámbito de la economía son inflación, una distribución ineficiente de rentas, la disolución del libre mercado y la regulación económica estatal, pérdidas substanciales de productividad, una visión cortoplacista de la inversión contraproducente con el crecimiento económico prolongado y, en ocasiones, sobrevaluación monetaria. Sobre el sistema financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los grupos criminales dificulta las acciones correctas en materia de política económica y provoca inestabilidad en las instituciones bancarias y en el mercado del dinero en general, lo cual puede llegar a generar una crisis económica profunda. En definitiva, el crimen organizado provoca desequilibrios económicos y largos periodos de recesión económica, perjudicando gravemente la competitividad internacional en un entorno económico cada vez más globalizado. En última instancia, en países con economías fuertemente dependientes del sistema productivo criminal, adictas incluso, por utilizar términos de drogodependencia, cualquier esfuerzo por erradicarla volviendo a un funcionamiento eficiente de los mercados, de la política y de la sociedad en general provocará efectos recesivos en la economía y la consecuente contestación social.
Pese a que los diversos grupos de crimen organizado no suelen tener un programa explícitamente antidemocrático y de hecho la mayor parte de sus esfuerzos están dirigidos a manipular en su propio beneficio las instituciones propias de regímenes pluralistas, en ciertos momentos o fases de su crecimiento pueden lanzar un desafío directo al orden político liberal. A este respecto, una amenaza particularmente grave del crimen organizado la plantea su actuación ya no para dirigir o al menos controlar el sistema político sino actuando desde el exterior del mismo. El resultado podría ser la alianza última entre estos grupos y organizaciones insurgentes de tipo terrorista o guerrillero.() Pese a que las diferencias entre ambos son substanciales,() pueden alcanzar acuerdos de tipo táctico para hacer prevaler sus intereses frente a los del estado. Este tipo de alianzas, que en último término pueden confluir en organizaciones mafioso-terroristas con una capacidad desestabilizadora sustantiva, conllevan un incremento de la impunidad y el crecimiento exponencial del potencial destructivo de las organizaciones subversivas. En este ambiente, el estado enfrentaría un desafío insurgente de considerables dimensiones que facilitaría el descrédito de la democracia como sistema capaz de resolver problemas de convivencia sin el recurso a la violencia. Y esta amenaza puede incrementarse en la perspectiva del próximo milenio, en el que toneladas de materiales nucleares podrían estar descontroladas, buena parte de los cuales podrían alcanzar las manos de grupos de contrabandistas en la desorganización política reinante en los antiguos países de la órbita soviética. Esta cantidad de recursos nucleares podría servir para lanzar increíbles desafíos a los gobiernos democráticos desde países externos o a partir de grupos subversivos de carácter nacional o internacional, ya estén éstos o conducidos por ideales políticos extremistas, religiosos o nacionalistas.
Fuente: UAM
