miércoles, 18 de febrero de 2009

Rubalcaba: "Alguien no hizo las cosas bien y lo he frenado"

"Alguien no ha hecho las cosas bien y lo he frenado". Esa frase fue lo más cercano al reconocimiento de un error que los diputados de la oposición lograron arrancarle ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras más de cuatro horas de acoso parlamentario. El debate, previsto con antelación para que Rubalcaba explicara los logros de su departamento en la lucha contra la inmigración ilegal, se centró desde el primer momento en la orden cursada a los policías nacionales para que arrestaran a cupos semanales de extranjeros sin papeles.

Rubalcaba lo negó todo. Dijo, "con rotundidad", que "no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el director general de la Policía o el director operativo, para establecer un cupo de inmigrantes ilegales [sic] a detener. Por lo tanto", añadió, "no se ha procedido a ninguna rectificación, no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente". Lo que ha hecho el ministerio, y en concreto el director general, ha sido dictar "una instrucción terminante para que quede claro que esos cupos no pueden establecerse".

¿Quién fue entonces el autor de la orden que apareció clavada en el tablón de anuncios de la comisaría del distrito madrileño de Vallecas recordando a los agentes que debían arrestar a 35 sin papeles cada semana?

Los portavoces del PP, UPyD, CiU, CC, PNV y ERC fueron incapaces de sacarle ese nombre al ministro. Por si acaso alguien pensaba en la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, ella declaró que "jamás daría una instrucción, orden o circular de esas características".

Las afirmaciones de Rubalcaba han sido contestadas por tres sindicatos policiales (SUP, CEP y SPP). Insisten en que el ministro conocía la orden de los cupos y concretan desde cuándo: según ellos, el pasado 27 de enero la pusieron en conocimiento del director de la Policía, Francisco Javier Vázquez, y de su segundo, Ángel Fernández Chico.

Fuente: El Pais.

Y si no aparece el cuerpo... ¿Qué pasaría?

Crimen en Sevilla.

Los artículos 138 y 139 del Código español establecen los delitos y penas de homicidio y asesinato. Son los dos delitos a los que se podría enfrentar Miguel Carcaño, el ex novio de Marta del Castillo que el pasado 14 de febrero confesó su asesinato.

La golpeó hasta matarla y tiró su cadáver al río Guadalquivir, según ha relatado él mismo. Pero el cuerpo aún no ha sido encontrado y sin cadáver... La pregunta sobre qué suerte judicial le espera al asesino confeso de Marta si no hallan el cuerpo del delito empieza a rondar en la cabeza de muchos.

Después de tres días de búsqueda infructuosa en el río andaluz, las autoridades ya han advertido que pasará tiempo antes de recuperarlo del agua y no son pocos los que dudan de poder hacerlo dado el tiempo transcurrido desde su desaparición (21 días) y el efecto de las corrientes.

Los abogados penalistas no se ponen de acuerdo. Para algunos Carcaño sí puede ser acusado de un delito de homicidio o asesinato, "aunque lo tienen bastante difícil", aseguran desde un bufete de abogados madrileños, mientras que para otros es indispensable encontrar el cuerpo: "sin cadáver no hay delito". Sin embargo, la mayoría coinciden en que las pruebas externas son más imprescindibles que nunca en casos de este tipo.

"La condena no está excluida de que aparezca el cadáver, sino de que se comprueben los hechos", afirma el profesor de Derecho Penal y magistrado auxiliar de la Audiencia Provincial de Gerona, Gonzalo Arroyo. Para este experto penalista que el cuerpo no aparezca no supone que no se le pueda acusar de asesinato u homicidio siempre y cuando hayas pruebas suficientes. "Es difícil, pero se puede", asegura. Además, explica que la autoinculpación de Carcaño no es suficiente si no va acompañada de indicios externos que la corroboren.

Sin embargo, no es habitual que los tribunales condenen al alguien por asesinato sin el cuerpo. "Los tribunales son bastantes cautelosos. Tienen que tener la convicción plena de que está muerta, porque no se quieren arriesgar a condenar a alguien por el asesinato de una persona que puede aparecer viva años después", explica Arroyo.

Otras de las dificultades del caso radica, según Arroyo, en saber si se le acusa de homicidio o asesinato, ya que la diferencia entre ambos delitos depende de la forma de matar, si hubo premeditación, ensañamiento... Sin el cadáver es bastante complicado determinarlo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española, de 1882, no está muy clara y deja un vacío legal difícil de explicar. La Ley exige que el juez recoja todos los vestigios o pruebas materiales para el posterior juicio, pero el articulado no exige cadáver sino "pruebas razonables" de que el hecho se ha producido y pruebas que incrimen al autor o autores.

Algunas fuentes jurídicas explican que si hay suficientes pruebas materiales, como por ejemplo ADN de Marta en la silla de ruedas en que transportaron su cuerpo o el arma con la que se cometió el crimen, en este caso un cenicero, y si su cómplice Samuel B. P mantiene su testimonio en el que asegura que ayudó a Miguel a deshacerse del cadáver, sí puede ser acusado de homicidio. Sin embargo, para otros el hecho de que no aparezca el cuerpo permitiría a Miguel Carcaño poder rectificar su declaración en la que se confesó autor del asesinato y declararse inocente. Si así ocurriera sólo suficientes pruebas implicatorias podrían encausarle.

El abogado Enrique Gimbernat, experto penalista, reafirma también que no hace falta que aparezca el cuerpo para enjuiciar a Carcaño por homicidio. "El cadáver es un elemento de prueba, pero no es el único", dice Gimbernat. La complicación, para él, como para Arroyo, es determinar si es asesinato u homicidio.


En todo caso, Carcaño será juzgado probablemente por un delito de detención ilegal, que es el que se suele aplicar en este tipo de casos y que supone penas de 4 a 6 años, al que después se le podría sumar un delito de homicidio -15 años de prisión-, si hay pruebas suficientes, o al de un delito de asesinato si se demuestra que hubo alevosía y ensañamiento -de 15 a 20 años-

Otros casos similares

La jurisprudencia española tampoco aclara mucho sobre el tema. Hay sentencias en las que pese a no encontrarse el cadáver sí se ha acusado de homicidio y hay en otras en que por la falta de pruebas se ha quedado en delitos de detención ilegal. Algunos de los casos más famosos son, por ejemplo, el conocido como 'Crimen de Cuenca' y la desaparición del 'químico de Algete'.

El primero de ellos sirve de ejemplo para explicar la reticencia que hay en España a condenar a alguien por homicidio sin el hallazgo del cadáver, ya que se condenó a dos inocentes por matar a un hombre a un hombre que se había ido a vivir al pueblo de al lado. Fue a principios del siglo XX. A los acusados se les torturó para que confesaran el crimen y se les condenó a 18 años de cárcel. Ocho años después se descubrió que, José María Grimaldos, la supuesta víctima, estaba vivo.

El segundo caso, por su parte, muestra el vacío legal que existe en casos como el de Marta del Castillo. El químico José Luis Zaragoza desapareció el 6 de octubre de 1996. No tenía razones para marcharse, desde entonces nadie ha utilizado su tarjeta de crédito y nadie le ha visto desde entonces. Pero, no son pruebas suficientes como para certificar que fue asesinado.

Por ello y con las pruebas que había, al principal sospechoso sólo se le juzgó por detención ilegal, tenencia ilícita de armas y hurto. La familia del conocido como 'químico de Algete' lleva desde entonces luchando para que al principal sospechoso se le condene por asesinato.


Fuente: El Mundo.

Detienen a un atracador que robó 13 sucursales bancarias en toda España

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Medina del Campo (Valladolid) a un ciudadano rumano al que se le imputan 13 atracos a sucursales bancarias. El detenido había actuado en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Córdoba, Toledo, Ciudad Real, Valencia y Benalmádena, y no se descarta su participación en otros hechos.



Intimidaba a los empleados a punta de pistola y, para evitar ser identificado, cubría su rostro con gorras y gafas de sol. El arrestado vigilaba previamente las sucursales que iba a asaltar analizando sus horarios y las medidas de seguridad de que disponían, así como las posibles vías de huida.

En el momento de su identificación esquivó de forma violenta a los agentes y se inició una persecución por las calles de la localidad vallisoletana hasta que, finalmente, consiguieron darle alcance y procedieron a su arresto.

En el registro practicado en su domicilio se han intervenido las prendas empleadas en los asaltos y dos pasamontañas.

Fuente: El Mundo.

Caza al inmigrante que lo parecía pero que no lo era!!!

¿Le dieron caña a Aweya por ser negro, por parecer un inmigrante a registrar, por ser ingeniero, por estar contratado por la Comunidad de Madrid, por que no hizo caso al guardia civil al que no entendía una palabra, por no saber español, por que era miércoles...?


James Aweya es un canadiense con piel de África desde hace años y una sospecha en carne de cañón en estos tiempos de cacerías a la española. El 11 de febrero, este doctor en Ingeniería hacía cola en el aeropuerto de Barajas para tomar su vuelo de regreso a Otawa cuando probó qué significa ser negro entre las órdenes suspicaces de los blancos.

Un guardia civil se le acercó, le dijo algo que no entendió, le tiró al suelo, le esposó, le metió en un cuarto, le quitó el pasaporte y le tuvo una hora con las manos engrilletadas a la espalda. Luego, otros guardias le sacudieron el traje sin pedirle perdón y le dejaron marchar. El doctor Aweya perdió el avión. España un científico. Y alguien la vergüenza...

James Aweya es un ciudadano canadiense nacido en Ghana hace 47 años. Es doctor en Ingeniería Electrónica e Informática, trabajó como investigador en la Universidad de Otawa, vive ahora de la empresa privada y acumula 28 patentes y un centenar de artículos científicos. El 9 de febrero, la Comunidad de Madrid le fichó como director científico del centro de investigación IMDEA Redes, y le pidió dar, ese día, una conferencia en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III. Dos días después, Awaya quiso ir a Canadá para recoger sus bártulos y volver después a su nueva vida aquí. Pero se topó con la Guardia Civil.

Según la versión traducida al español de la denuncia que el científico presentó en la comisaría, a las 11.45 horas del 11 de febrero, Awaya esperaba en la T-1 de Barajas tomar el vuelo LH 9177 de Lufthansa con destino a Canadá. Entonces, un guardia civil se acercó a él. Como el doctor Awaya no comprende "absolutamente nada en español", siguió andando "con la intención de pasar los arcos de seguridad". "Pero el agente se acercó e inició un forcejeo que acabó conmigo en el suelo ante todas las personas que se encontraban en las inmediaciones, y con las manos engrilletadas en la espalda". A don James se lo llevaron a un cuarto donde pasó "aproximadamente una hora con los grilletes puestos en todo momento".

'Golpeado con violencia'

Los agentes cogieron su pasaporte sin darle explicaciones hasta que otro guardia civil "superior al que me detuvo" le dijo que estaba allí "por haber empujado a un agente de la autoridad y no hacer caso a sus peticiones". Awaya contestó que él no había empujado a nadie. Otro guardia le dijo que tenía "suerte de no estar en la cárcel". Al final le dejaron marchar, pero no pudo volar. Su vuelo había volado.

El científico reducido, golpeado "con violencia", según la Comunidad, esposado y retenido, compró otro billete y salió al día siguiente... para no volver. "Ha decidido retirar su candidatura como científico jefe de IMDEA Redes. Perdemos a uno de los científicos más brillantes en su campo", dice la Comunidad de Madrid.

Para Javier Fernández Lasquetty, consejero madrileño de Inmigración, "es un ejemplo de la presión que el Miniesterio del Interior ejerce sobre los agentes para que detengan caprichosamente a inmigrantes en Barajas, en la calle o en el Metro. Tras el 9-M, ha habido una escalada contra las personas que el Gobierno de Zapatero atrajo aquí con el 'papeles para todos' y a las que ahora monta redadas".

Fuente: El Mundo.

Cuatro siglos para resolver un crimen


Alrededor de 1670 algo terrible ocurrió en una granja de Leavy Neck (EEUU), algo que quedó oculto durante siglos hasta que unos arqueólogos forenses descubrieron los restos de un cadáver y sus huesos denunciaron al asesino.

El misterio del joven hallado, cubierto de basura, en el sótano de esa granja, es uno de los relatos que cuenta la exposición 'Escrito en los huesos: Archivos Forenses del siglo XVII en la Bahía de Chesapeake', que revela cómo fue la vida de los primeros colonos estadounidenses a través de sus esqueletos.

La muestra, recién inaugurada en el Museo de Historia Natural de Washington, expone la existencia dura, corta y repleta de peligros de quienes buscaron la tierra prometida, al otro lado del océano Atlántico.

En Jamestown, la primera colonia inglesa permanente, de las 104 personas que llegaron en 1607, sólo quedaban vivas nueve meses después 38, el resto había sido víctima mortal del hambre, las enfermedades y los ataques de los indios.

Eso no impidió la arribada masiva de nuevos colonos, como el joven de Leavy Neck, que es un ejemplo de lo que tuvieron que pasar muchos de ellos.

Su cadáver, encogido en un agujero poco profundo, tenía un pedazo de vasija encima, cuyo borde desgastado y con restos de tierra indica que alguien lo usó para cavarlo, según dijo Douglas Owsley, uno de los comisarios de la exposición. Los huesos del joven, de unos 16 años, demostraban que había realizado tareas físicas duras y sus dientes revelaban una dieta insuficiente.

Tenía varias costillas rotas y en una muñeca una fractura "defensiva", que supuestamente sufrió al protegerse de los golpes de alguien. Además, por la composición química de los huesos, que refleja la dieta, los antropólogos pudieron establecer que llevaba en América menos de un año.

La historia de un sirviente

Con esas pistas Owsley y su equipo concluyeron que se trataba de un sirviente "por contrato", un joven que se comprometió a trabajar entre 4 y 7 años de sol a sol en América, a cambio de su pasaje en barco desde Europa. Más de un 70% de los colonos vinieron de ese modo.

"Esto fue una tumba clandestina, algo se les fue de las manos y llevó a su muerte y no le enterraron debajo de un árbol, no lo hicieron público", dijo Owsley. Probablemente no se trató de un homicidio intencionado, porque los sirvientes eran una propiedad de alto valor, según el arqueólogo.

El culpable debió ser el dueño de la granja en esa época que, según los documentos históricos, vivió allí con su mujer, dos hijos y dos sirvientes. Ni su nombre, ni el del muerto se conocen. Los huesos dicen muchas cosas, aunque la identidad es difícil de establecer a partir de un esqueleto de antes de la era del ADN.

Prueba de ello son los restos de un joven de Jamestown, encontrado con una punta de flecha en el lugar donde estuvo su muslo. La posible muerte a manos de los indios en realidad fue una bendición, pues ese joven sufría una infección horrible en la boca que le había corroído el hueso, le dificultaba comer y le mataba lentamente, según Karin Bruwelheide, la otra comisaria de la muestra.

También están expuestos los huesos minúsculos de un bebé de unos 5 meses que murió por falta de vitamina D, es decir, de luz del sol. Por la presión sobre los huesos, los arqueólogos creen que sus padres le mantuvieron enrollado con paños para que no pasara frío, lo que impidió que recibiera la luz.

Una constante en la exposición son las dentaduras horribles, por el paso de la dieta europea basada en trigo a otra en maíz, más proclive a las caries.

Empeoró las cosas el hábito generalizado de fumar tabaco, demostrado hasta en niños de 10 años, pues la arcilla de las pipas disolvía literalmente el esmalte de los dientes y dejaba agujeros.

Un biberón de plomo

Otro hábito letal fue el uso del plomo, que es un veneno. En la muestra hay balas que los arqueólogos creen que los soldados llevaban en la boca, así como un escalofriante biberón de plomo.

Para el colombiano Cristián Samper, el director del Museo, un descubrimiento sorprendente fue encontrar a esclavos enterrados junto a los colonos.

"Las relaciones sociales entre estos grupos eran diferentes. No eran tan jerárquicas. Estamos reinterpretando la historia", dijo a Efe Samper.

Revelaciones como ésta ilustran la vida de personas comunes que nunca entraron en las crónicas heroicas de la colonización, incluido el sufrimiento de un joven sirviente que murió en el olvido.


Fuente: El Mundo.

martes, 17 de febrero de 2009

Veinte detenidos en una operación contra la pornografía infantil

Veinte personas han sido detenidas en varias ciudades españolas durante una operación policial contra una red de pornografía infantil en Internet que han coordinado los Mossos d'Esquadra.

En la operación, llevada a cabo por la Unidad Central de Delitos Informáticos de la policía catalana, han participado también efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza.

Fuentes de los Mossos han informado de que la investigación se inició a principios de 2008 a raíz de la denuncia de un internauta barcelonés que se descargó un archivo de pornografía infantil en que una menor de 13 años realizaba actos de contenido sexual, cuando creía que lo que realmente se descargaba era una película francesa reciente. Esta persona grabó en un DVD el archivo y acudió con el a comisaría.

Para obtener el vídeo, el denunciante había utilizado el programa de intercambio de archivos e-mule. La brigada tecnológica de los Mossos empezó a seguir el rastro de los usuarios que se habían descargado el material conociendo que se trataba de un vídeo con pornografía infantil.

Las conexiones entre estos usuarios estaban repartidas por todo el territorio, lo que derivó en el concurso de la Policía Nacional y la Ertzaintza. Una vez identificados los titulares de las líneas telefónicas, se procedió a los 40 registros en Álava, Albacete, Alicante, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cantabria, Castellón, Girona, Huelva, Baleares, Jaén, Coruña, La Rioja, León, Lleida, Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Uno de los detenidos tenía en su haber más de 11.000 archivos. Se trata de un empresario de la informática, vecina de la localidad alavesa de Agurain.

La operación se ha realizado horas después de que la Guardia Civil arrestara a nueve personas acusadas de corrupción de menores y posesión de pornografía infantil, en una operación en la que se practicaron 14 registros domiciliarios en once provincias, en los que se han intervenido abundantes vídeos y fotografías de contenido pedófilo, en muchos casos de menores de muy corta edad e incluso bebés.

El visionado podría ser delito

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición no de ley del PNV para instar al Gobierno a presentar en el plazo "más breve posible" un proyecto de reforma del Código Penal para tipificar como delito el "simple visionado" de pornografía infantil sin almacenarla ni distribuirla, así como elevar la edad de consentimiento sexual, que en España se sitúa en los 13 años.

El PNV propone un incremento "sustancial" de las penas para delitos sexuales cometidos con menores y de las penas de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio.

Además, exige que en el Código Penal se incluya como delito "la conducta del que acude a la prostitución infantil como cliente" y tipificar también como tal que un adulto proponga a un menor a través de Internet mantener relaciones sexuales o llevar a cabo actos de producción de pornografía infantil.

Los nacionalistas vascos proponen que se consideren circunstancias agravantes "que el delito haya dañado seriamente la salud física o mental de la víctima, que haya sido acompañado de actos de tortura o violencia, que se haya realizado a una víctima especialmente vulnerable y que haya sido cometido por varias personas".

Asimismo, el grupo dirigido por Josu Erkoreka incidirá en la necesidad de que el ordenamiento jurídico español se adecúe a instrumentos internacionales en materia de indemnidad sexual, como el Convenio del Consejo de Europa sobre Protección a la Infancia, contra la Explotación y Abuso Sexual, firmado por 27 estados.


Fuente: El Mundo

Los abogados, contra la 'caza' del inmigrante 'sin papeles'

El Consejo General de la Abogacía ha emitido un duro comunicado contra la 'caza' al inmigrante 'sin papeles' emprendida por la Policía Nacional en algunas calles de Madrid. A su juicio, las medidas emprendidas por el Departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba violan claramente el artículo 17 de la la Constitución.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid han recibido órdenes de sus superiores de detener un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que se ha marcado a la Policía Nacional "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia", aunque luego dio marcha atrás y hoy ha negado la existencia de dichos cupos, como se refleja en una nota interna de la Policía.

Los abogados consideran que, con estas iniciativas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando y criminalizando "a las personas por la mera situación de su irregularidad administrativa".

Además, el texto asegura que las expulsiones masivas están prohibidas por las normas internacionales. El Consejo General de la Abogacía recuerda que "el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas", incluidos, los inmigrantes aunque estén en situación irregular.

En el comunicado, los abogados dejan claro que "las redadas policiales masivas, la caza del 'migrante' en locutorios, en las filas del paro en busca de personas en situación irregular para cumplir unas determinadas cuotas no resultan conformes con el artículo 17 de nuestra Constitución".

Los letrados de la Subcomisión de Extranjería opinan que este tipo de medidas convierten al inmigrante en un "sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización".

"Esta tendencia a la criminalización ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas", explica el escrito.

El Consejo General de la Abogacía exige que estas órdenes, como la de la comisaría de Vallecas, sean revocadas y se felicita de la rectificación final del ministro del Interior.

Fuente: El Mundo