Inteligencia económica como vector internacional de seguridad

Resumen

La inteligencia económica es un concepto que surge de la sinergia entre las capacidades individuales de gestión del conocimiento de la empresa, para convertirlo en un factor activo para la toma de decisiones anticipadas sobre riesgos y oportunidades, y de las capacidades de los Estados para añadir valor poniendo sus recursos al servicio de la mejor posición de sus empresas en los escenarios económicos globales. En un mundo global cuya columna vertebral está determinada, en una parte necesaria aunque no suficiente, por las relaciones económicas de intercambio financiero, energético y de comunicación, los países que cuenten con mejores capacidades para dotar de significado a la realidad y decidir aprovechando sus oportunidades y evitando los riesgos en esas dimensiones, serán los que obtengan mejores incrementos en la seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Este Documento de Trabajo pretende definir una identidad de inteligencia económica que, sumando la responsabilidad social corporativa de las empresas y las capacidades de apoyo del aparato del Estado, incremente la seguridad económica de la sociedad y sus ciudadanos con un recorrido de sostenibilidad.

Introducción

Recientemente, el secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Sáiz Cortés, identificaba a la inteligencia económica como una de las prioridades del servicio secreto español.[1] No es que el CNI haya llegado de repente a la conclusión de que había que priorizar las actividades de inteligencia en el sector económico, porque es una de las áreas de atención relevantes en los servicios de inteligencia de los países con economías desarrolladas, sino que se aprovechaba un marco académico dedicado a reflexionar sobre el papel de la Inteligencia del Estado ante las nuevas realidades globales para dejar patente el interés de las administraciones públicas en esa línea de trabajo.

También la Comisión Europea, asumiendo en su literalidad parte de la introducción del informe Matre –considerado como el fundamento conceptual del modelo francés de inteligencia económica[2]–, define la inteligencia económica como el esfuerzo coordinado de obtención, tratamiento y difusión, con propósitos de explotación, de información útil para los operadores económicos, incluyéndose en este esfuerzo la protección de información considerada sensible para las compañías interesadas.[3] A partir de esta aproximación europea toda la información económica de una determinada calidad, por tanto, sería inteligencia económica. El informe Matre, además, destaca que la obtención de la información que revierta en inteligencia económica debe ser realizada por medios legales. Otros intentos de centrar la inteligencia económica como campo específico de conocimiento la restringen a la información que se obtiene y se procesa para construir la realidad acerca de recursos, actividades y políticas extranjeras;[4] consideran que su aportación es sensible para el logro de posiciones competitivas;[5] y la enmarcan dentro de un esquema estratégico,[6] ya sea éste al servicio de empresas individuales o de redes de empresas. En cuanto al papel que deben jugar o no las administraciones públicas en la inteligencia económica, los enfoques varían entre quienes abogan por que jueguen algún papel y quienes lo restringen a la intervención allá donde las compañías privadas no llegan por falta de recursos o competencia.[7]

Como vemos, pues, la inteligencia económica tiene que ver con información de naturaleza económica; interesa a los actores económicos y, por tanto, está relacionada con la economía de los Estados; forma parte de un conjunto de operaciones legales; y tiene alcance y naturaleza estratégicos. En poco más hemos conseguido ponernos de acuerdo en década y media de formalización de la inteligencia económica como objeto de estudio. Como bien subraya recientemente Herzog,[8] y como analizaremos más adelante, existe en la actualidad una viva controversia sobre si la inteligencia económica tiene que ser esencialmente una materia de los Estados, sobre si estos deben intervenir y en qué grado deben hacerlo dentro de un espacio considerado área de competencia de las empresas en el marco del sistema capitalista, sobre si cada país debe concentrar sus capacidades de inteligencia económica en empresas extranjeras o si debe incluir en los análisis a empresas nacionales; o sobre si es un dominio donde deban intervenir los servicios de inteligencia de los países y hasta qué nivel debe llegar o no esa intervención.

La gestión del conocimiento es una doctrina y una práctica incorporada a las empresas desde, al menos, hace dos décadas tras la revolución de las tecnologías de la documentación. Algo más modernos, al menos en su traducción práctica en la gran empresa, son otros conceptos como la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, la inteligencia de negocio (business intelligence) y, finalmente, la inteligencia económica. Todos constituyen ámbitos de gestión especializada de la información y de creación de conocimiento que tienen objetivos y planteamientos distintos y, a veces, disfuncionalmente desconectados entre sí en las grandes corporaciones. Del mismo modo, también se ha instalado una confusión conceptual que conduce, por ejemplo, a que la denominada inteligencia de negocio se utilice para referirse a procesos y tecnologías dedicadas a análisis de variables comerciales, la mayoría estadísticas, cuando un término como inteligencia de negocio debería denotar una realidad algo más ambiciosa. En realidad, todos estos apellidos de la inteligencia forman conceptualmente parte de un continuo que debería acabar en una cúspide coronada por una verdadera inteligencia de empresa.

Dimensiones de la inteligencia económica

A partir de los intentos y las dificultades de definir a la inteligencia económica que hemos mencionado, y en el momento de desgranarla conceptualmente, conviene desvincularla con claridad de otras actividades de información que pueden realizarse tanto por el Estado como por la empresa. La inteligencia económica no es espionaje, entendido éste como la obtención de información crítica en posesión de terceros, aunque el espionaje económico exista en el sector privado y en el público.[9] La obtención de información, incluida aquélla de naturaleza económica, que lleva a cabo el Estado a través de sus aparatos de inteligencia para servir a la seguridad nacional es un aspecto distinto y diferenciado de la inteligencia económica. Al tiempo que los servicios de inteligencia se dirigen a gestionar confidencial o clandestinamente fuentes de información que puedan aportar luz sobre amenazas económicas a fin de prevenirlas, la inteligencia económica está concentrada en explotar la información socioeconómica y empresarial disponible a fin de aprovechar los espacios de oportunidad en el posicionamiento económico, mientras utiliza el conocimiento elaborado para evitar o gestionar riesgos económicos emergentes. En este proceso, la mayor parte de la inteligencia económica procede de un buen sistema de observación, monitorización y explotación de fuentes abiertas de información (open source intelligence, OSINT). Así mismo, en la elaboración de conocimiento sobre situaciones que afectan a las operaciones comerciales de compañías que emplean sistemas de inteligencia económica, esas empresas pueden hacer uso en sus procedimientos de análisis de informaciones que, internamente, tengan la clasificación de confidencial (porque pertenezcan a dispositivos de innovación o a escenarios estratégicos de la compañía), pero en todo caso será información que se mantendrá compartimentada en el propio sistema de inteligencia individual de cada empresa en particular.

El imaginario colectivo también identifica a la inteligencia con el espionaje y con la seguridad del Estado. Sin embargo, la inteligencia económica, tal como estamos considerando y tal como pretende inscribirse en una cultura de inteligencia nacional con proyección global, no incluye al denominado espionaje industrial, esa “otra inteligencia” en palabras de Martín Barbero.[10] La contrainteligencia económica o el contraespionaje industrial, por su parte, están a nuestro modo de ver más relacionados con las capacidades generales de contrainteligencia de las agencias de seguridad de los Estados que, propiamente, con el capítulo que nos ocupa. Bien es cierto, no obstante, que el capítulo de la prevención de amenazas y gestión de riesgos difumina la línea conceptual entre espionaje económico e inteligencia económica. A nuestro modo de ver, la clave de separación entre un concepto y otro recae en los procedimientos de obtención de la información utilizada. En el espionaje económico, llevado a cabo por agentes públicos o privados, los métodos de obtención de la información habitualmente son clandestinos y utilizan dispositivos para evitar los controles establecidos por su depositario originario para proteger esa información; es decir, que el espionaje económico tiene naturaleza eminentemente ofensiva. La inteligencia económica, por el contrario, puede hacer uso de información confidencial o clasificada, pero su obtención se ha realizado de manera abierta, aunque esa apertura se halle restringida incluso a un individuo o a unos pocos. Aún así, las líneas conceptuales en estos casos no siempre son tan nítidas como nos gustaría.

Por otro lado, aunque íntimamente relacionado con la percepción existente –y dominante– acerca del concepto de inteligencia económica, sobresale la vinculación entre inteligencia e información clasificada (secreta, confidencial o reservada). La mayoría de las orientaciones teóricas actuales sobre la disciplina coinciden, siguiendo la estela del considerado padre de la inteligencia estratégica Sherman Kent,[11] en afirmar que la inteligencia se distingue, por ejemplo del conocimiento, en ser un procedimiento cuya naturaleza reside en el manejo de información secreta (secret information secretly acquired).[12] Una coincidencia que, aunque sigue siendo predominante, se ha puesto en cuestión, o por lo menos se ha intentado matizar, desde la emergencia del paradigma de fuentes abiertas (OSINT) en el trabajo de inteligencia.[13]

Ha sido, precisamente, la aplicación de la inteligencia a ámbitos distintos del militar originario o al ligado a los servicios de inteligencia de los Estados posterior, la que pretende encontrar nuevos espacios de significado a las distintas concepciones del término que encajan en los diversos espacios de la realidad social donde la inteligencia comienza a emerger. La cultura de inteligencia es, en buena parte, responsable de esta necesidad de adaptación o, por mejor decirlo, de cualificación semántica de la inteligencia. A medida que el trabajo de inteligencia se va normalizando en la sociedad y que el ciudadano, a través de la cultura de inteligencia, entiende que se trata de un conjunto de actividades de obtención y procesamiento de información para tomar las mejores decisiones en cada ámbito de responsabilidad, cada nueva aplicación de la inteligencia se debe definir con la máxima precisión para evitar equívocos y que los receptores del mensaje de inteligencia económica acaben entendiendo que no se trata de espionaje económico. En este sentido, en cuanto nos acercamos a definir la inteligencia económica y especialmente la inteligencia empresarial dentro de ella, nos encontramos con que su caracterización como disciplina del secreto pierde sentido porque buena parte de la inteligencia en la empresa procesa y produce información abierta y no clasificada, aunque su difusión y consumo finales puedan ser restringidos. A la distinción entre espionaje e inteligencia que es totalmente necesario subrayar en esta aplicación de la inteligencia a la empresa y a la economía, también es importante dejar claro que el secreto tiene su espacio en la inteligencia de empresa, pero no abarca a toda la inteligencia. En este punto sí es muy útil la tipología kentiana[14] de inteligencia como proceso, como producto y como estructura o sistema, poniéndola en interacción con el propio ciclo de inteligencia (dirección, obtención de información, evaluación, integración, análisis, interpretación y difusión).

A veces, en la inteligencia de empresa, la información que obtenga una compañía para ser analizada por su departamento especializado en inteligencia tendrá naturaleza confidencial, reservada o secreta según la política interna de protección de los activos estratégicos de la corporación, entendido el conocimiento como uno de esos activos. Del mismo modo, en la interpretación de la información para dotarla de significado y convertirla en inteligencia imbricada en la toma de decisiones, los analistas de la compañía producirán conclusiones o estimaciones (productos de inteligencia) cuya propia naturaleza sensible para el posicionamiento de la corporación aconsejará incrementar la protección de esa información, compartimentando su acceso mediante una etiqueta de clasificación de seguridad no ya ante competidores, sino dentro de la propia empresa. En todos estos hitos del proceso de inteligencia puede aparecer el secreto. Incluso, y más a menudo de lo que parece a primera vista, la información obtenida puede ser perfectamente abierta y desclasificada (OSINT), pero las conclusiones que contribuyen a construir en el escalón final de interpretación para la elaboración de inteligencia en la compañía pueden acabar teniendo naturaleza estratégica para la empresa, una naturaleza que es imprescindible proteger introduciendo clasificaciones de seguridad en la información. De esta manera, puede existir información que sea necesario clasificar (proteger) en el propio origen del proceso porque sea información muy sensible para la compañía; información convertida en inteligencia (significado orientado a la acción, si es posible anticipatorio) que se considera suficientemente importante como para ser protegida; y toda una serie de productos de inteligencia que acaban teniendo una difusión abierta o una difusión más restringida dependiendo de su alcance y contenido. Finalmente, si todo este entramado informativo de la inteligencia de empresa lo hacemos trascender hacia un esquema interactivo de inteligencia económica, donde la compañía se involucre en una red colaborativa que reciba inputs gubernamentales para operaciones globales en el extranjero, nos encontraremos con condicionantes hacia la seguridad de la información derivados, en algunos casos, de la presencia de elementos informativos obtenidos mediante espionaje por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

Es decir, en inteligencia de empresa y, por ende, en inteligencia económica, se maneja un caudal variable de información sensible para las compañías individuales y sensible para los intereses económicos nacionales, un caudal que es imperativo clasificar dotándolo de seguridad. La inteligencia normalizada (aquélla que conecta con la toma de decisiones en las organizaciones) tiene por vocación reducir lo secreto a su mínima expresión pero, en un momento u otro del proceso, el producto de inteligencia puede acabar sensibilizándose, es decir, convirtiendo el resultado de la información procesada en información dotada de significados que la compañía debe proteger. La solución parece venir, de nuevo, mediante una cultura de inteligencia que intente, en primer lugar, considerar el proceso de inteligencia como una sistematización normalizada en la gestión del conocimiento que aporta valor cuando se aplica en organizaciones, siendo en ese sentido un modelo abierto. En segundo lugar, también como un proceso donde puede originarse la necesidad de proteger la información, la obtenida o la producida, convirtiendo entonces a algunas secuencias de ese proceso en demandantes de procedimientos acceso y difusión restringidos. La manera de implantar esta aparente dualidad en la empresa es, por un lado, elaborando productos de inteligencia y, por otro, tecnificando esa elaboración de inteligencia.

En efecto, aproximarse a la inteligencia como un conjunto sistematizado de procesos y metodologías desarrolladas en una línea de producción interna al servicio de la decisión en la compañía, dedicada esta línea a elaborar productos de inteligencia dirigidos a consumidores (ejecutivos o directivos de la empresa), hace posible adaptar la inteligencia (customisation) a las necesidades corporativas, de forma que se consigue un amplio repertorio de informes consumibles que permite conciliar la apertura y normalización de la inteligencia con la protección de los segmentos informativos que sea menester. La producción de informes a medida, sirviendo a las distintas necesidades informativas de la corporación, se consigue situándola como eslabón resultante de un sistema socio–técnico[15] que combine:

(a) El diseño del modelo de inteligencia basado en la doctrina más apropiada para conseguir los objetivos que se ha planteado la empresa introduciendo la inteligencia en sus modos de trabajo (no es igual aplicar un modelo de inteligencia para cubrir necesidades de seguimiento de noticias en Internet para la vigilancia de tecnológica que afecten a la empresa, que otro para responder a requerimientos de alerta estratégica, que otro enfocado a la competencia, que otro dedicado a la acción prospectiva general).

(b) La articulación de una célula o una unidad de inteligencia dotada de estructura armonizada, por una parte, con la identidad y organización de la compañía y, por otra, con el propio enfoque del modelo de inteligencia elegido.

(c) Una reingeniería de procesos para adaptar procedimientos sistematizados de recogida, tratamiento, análisis e interpretación de la información para la operativa de la estructura de inteligencia.

(d) Una arquitectura tecnológica que soporte toda la estructura de inteligencia.

(e) Un proyecto de capacitación de recursos humanos en dos planos: el tecnológico, relacionado con las nuevas herramientas informáticas de las que van a ser usuarios; y el metodológico, destinado a que los analistas y consumidores de inteligencia se formen, los unos en metodología de tratamiento y análisis de información, y producción de inteligencia, mientras los otros lo son en teoría general de inteligencia. En experiencias de implantación de sistemas de inteligencia tanto en sector público como en privado se ha comprobado que una mínima capacitación de los consumidores de inteligencia aporta valor sustantivo al funcionamiento óptimo del sistema (es difícil que un consumidor directivo de una compañía demande de sus analistas un informe prospectivo basado en escenario si desconoce que existe esa técnica y cuáles son sus bondades y limitaciones).

La implantación de un sistema de inteligencia de empresa en una compañía que esté apoyado por metodologías potentes que traducen su funcionamiento operativo a través de tecnologías de apoyo, posibilita la creación de un repertorio amplio de productos de inteligencia elaborados a medida para los consumidores. Las soluciones tecnológicas distribuidas en módulos de recogida, de almacenamiento y de estructuración de información permiten al analista concentrar sus capacidades en aquello que peor hacen todavía las soluciones informáticas: interpretar la realidad. Los sistemas con base tecnológica, sustentados en metodologías de tratamiento y análisis de información, sitúan a los analistas en la fase final de dotación de significado para la realidad conectada a la decisión en donde quiere situarse la corporación. Los sistemas metodológica y tecnológicamente afinados permiten automatizar, vía criterios programados por el usuario, buena parte de la recogida de información masiva, de su tratamiento y almacenamiento e, incluso con mínima supervisión, del descubrimiento inicial de patrones relacionales entre elementos informativos, lo que deja al analista ante el comienzo de la secuencia de razonamiento para la extracción de conclusiones y le remedia el problema, irresoluble para un humano sin tecnología, de procesar cada vez más ingentes volúmenes de información de cada vez más fuentes informativas.

Con el ánimo de aclarar las áreas más difusas que existen entre estos términos, podríamos apuntar que otra diferencia entre espionaje e inteligencia económica es que el espionaje es un método de obtención de información mientras que la inteligencia hace referencia a todo el proceso desde que esa información se recoge, se procesa, se analiza y se interpreta hasta que se difunde.[16] De manera que la inteligencia económica, sobre todo si en ella participa algún servicio público de inteligencia tradicional, puede incluir algún tipo de información que haya sido obtenida por espionaje. Este último punto de conexión entre inteligencia económica y espionaje, en todo caso, no afecta éticamente a la inteligencia empresarial, que se inscribe en la inteligencia económica pero que no abarca a toda la inteligencia económica. Desde nuestra perspectiva, una manera de centrar epistemológicamente a la inteligencia económica es abordarla como una disciplina que surge a partir de la aplicación convergente de todos los esfuerzos, públicos y privados, al ámbito de la sociedad. Así, la inteligencia llevada a cabo por las compañías en el ámbito de lo privado para mejorar su posicionamiento sería inteligencia empresarial, alimentada por las distintas líneas de desarrollo o de enfoque del modelo de inteligencia escogido y el sistema destinado a implantarlo (vigilancia tecnológica, vigilancia corporativa, alerta temprana, inteligencia de mercado o negocio e inteligencia competitiva). En principio, pues, la inteligencia empresarial no incorpora espionaje de ninguna clase. En la medida en que esa inteligencia empresarial se suma a una supracategoría al servicio del interés público, del ciudadano, comienza la inteligencia económica. La participación de los actores públicos de inteligencia general puede añadir piezas de espionaje a los flujos de información. Así pues, legal y éticamente, la inteligencia de empresa no debería asumir ninguna variante de espionaje industrial, que no le negaría ontológicamente su carácter de inteligencia al proceso pero sí lo haría inviable en legitimidad.

Esta perspectiva de inteligencia económica, evidentemente, no descarta otras discusiones sobre su alojamiento epistemológico (también podría considerarse inteligencia económica a una actividad sistematizada y metodológica en ese sentido que decidieran abordar nada más las cámaras de comercio, por ejemplo) pero nos puede servir como un modelo (construct) inicial de trabajo. La necesidad de trascendencia de la inteligencia económica con respecto a la denominación empresarial nos la sitúa, por tanto, en el espacio de una actividad cooperativa, colectiva, multidimensional (no atiende sólo a claves econométricas, ni sólo de negocio, ni sólo de una empresa o gremio, sino que se convierte en una disciplina social) e integradora por arriba de enfoques más restringidos por debajo. En cierto sentido, la inteligencia económica, como sistema complejo, debería ser un estrato interpretativo de realidad cuyas propiedades emergentes fueran el resultado de la combinación interactiva, y no de mera agregación, de inteligencias empresariales en sus variantes y de inteligencia con un fin: el incremento de la seguridad, el progreso y el bienestar de los ciudadanos gracias al posicionamiento del Estado como actor geoeconómico global.

La inteligencia económica es, en definitiva, un marco de trabajo general orientado al bienestar colectivo. Estructuralmente, requiere que las empresas construyan sus propias capacidades internas de inteligencia empresarial, cada una de las cuales sirve a las compañías individualmente en sus legítimas aspiraciones competitivas. Esa cultura de ejercicio sistemático y sistematizado de inteligencia empresarial está conectada, en red, a una serie de servicios públicos que garantizan sinergia y productividad, uno de los cuales es el aprovechamiento de las capacidades de inteligencia enfocadas en el ámbito económico internacional, específicamente, para detectar oportunidades, anticipar riesgos y generar los espacios para favorecer la competitividad de las empresas en el exterior. Al tiempo, a esa red social de inteligencia económica se le suman las contribuciones de una serie de actores (universidades, centros de innovación, fundaciones y asociaciones) sobre las cuales un observador público de inteligencia económica está prestando atención para señalizar fortalezas que puedan sumar en la dinámica de desarrollo de la red nacional de inteligencia económica. Por tanto, en inteligencia económica, la inteligencia de empresa sirve a la empresa, no al Gobierno. La inteligencia de empresa es una función individual y privada sustentada en el axioma de no injerencia del Estado. La diferencia de la inteligencia económica con respecto a los esfuerzos empresariales de sistematización del conocimiento es que aquélla crea un concepto nacional, de base social, destinado a que los ciudadanos, a través de distintas colectividades (una de ellas el propio Estado), contribuyan como actores económicos al progreso y al bienestar. El Estado, en esta idea, está al servicio de la promoción de la empresa sumando y coordinando con visión integradora.

Aplicaciones de inteligencia de empresa
Las distintas derivaciones de la inteligencia en empresa han sido definidas y analizadas desde distintos planos.[17] En lo que a una aproximación doctrinal se refiere, la inteligencia en la empresa puede desarrollar distintas capacidades dependiendo de la utilidad que cada uno de los desarrollos tenga para cada empresa. Algunas compañías sólo necesitarán observar su entorno tecnológico o de regulación, para estar al tanto; otras se concentrarán sobre la competencia; otras articularán todo tipo de capacidades para incrementar su poder de interpretar el entorno. Lo común a cualquier variante de la inteligencia en empresa puede sustanciarse a través de cuatro premisas:

(1) La inteligencia consiste en estructuras, modelos de integración, métodos, procedimientos y productos destinados a gestionar la información de la empresa para convertirla en conocimiento.

(2) La información tratada y convertida en conocimiento traduce una interpretación de la realidad que representa el significado que la empresa construye de su realidad concreta y del entorno en donde está inscrita.

(3) Ese conocimiento se aplica a la toma de decisiones en los planos de la empresa para los que se hayan articulado las capacidades de inteligencia.

(4) Esas decisiones tienen un enfoque anticipatorio, prospectivo.

Por tanto, a nuestro modo de ver la inteligencia es el proceso de otorgar significado a la realidad, significado que se traduce en conocimiento orientable hacia la toma de decisiones con perspectiva anticipatoria. Ese enfoque prospectivo y activo, que distingue a la inteligencia del conocimiento, es el que liga a esta capacidad con la gestión de riesgos y oportunidades. Dentro de la inteligencia de empresa pueden habilitarse varios escalones concatenados de desarrollo, que buscan objetivos progresivos. Entre ellos, tenemos la vigilancia corporativa (llamada tecnológica), la inteligencia comercial, de negocio o de mercado (business o market intelligence) y la inteligencia competitiva.

La vigilancia corporativa es la observación sistemática y sistematizada de entidades y asuntos que resultan de interés en el entorno de negocio de una corporación. Si estamos considerando una empresa, por ejemplo del sector energético, serán los reguladores de la administración pública u otros actores energéticos o investigadores especializados en energía las entidades informativas de interés para que esa empresa los ponga en observación en su sistema de vigilancia. Por otro lado, también se deberán monitorizar cualquier acción comercial o noticia difundida en fuentes abiertas relacionadas con el sector. Por tanto, resumimos diciendo que la vigilancia corporativa está destinada, específicamente, a conocer qué está pasando en el entorno operativo y estratégico de la empresa en su área de negocio. Inicialmente, las empresas y corporaciones situaron la vigilancia corporativa en la vigilancia tecnológica,[18] muy ligada a procesos de investigación e innovación en tecnologías[19] (como las patentes) y centrada primordialmente en la observación del espacio exterior a la compañía relacionado con el diseño y desarrollo de nuevos componentes tecnológicos.[20] Actualmente, sin embargo, la vigilancia debería conceptuarse como una dimensión a medio camino entre la observación o monitorización de fuentes y la inteligencia competitiva, teniendo propósito y alcance corporativo, una de cuyas especializaciones o focos puede ser (tal vez el único en algunas compañías) el tecnológico.

La inteligencia de negocio –casi siempre denotada con su apelativo anglosajón: business intelligence– se ha concentrado muy específicamente en la explotación estadística de datos cuantificados y tratados por medio de soluciones informáticas específicas. La mayoría de las arquitecturas de business intelligence han avanzado hacia programas centrados en tecnología que sintetizan y estructuran información cuantitativa y ofrecen toda una serie de operadores estadísticos para la explotación de esos datos, finalizando con herramientas para la presentación formateada de informes con soporte gráfico amigable. Esta puede ser una solución si una compañía busca tratar estadísticamente repositorios de información cuantitativa. Si además persigue integrar esos resultados en una interpretación comprensiva (más cualitativa) de la realidad de la empresa, necesitará integrar la business intelligence en alguna clase de sistema de gestión del conocimiento o de inteligencia. Otra acepción de la business intelligence tiene que ver con la obtención de evidencias (investigación) sobre los aspectos concretos que una compañía necesita conocer, a menudo para afrontar una contingencia, una negociación o un riesgo, mediante los servicios proporcionados por compañías multinacionales de gestión de riesgos o de investigación privada. Así mismo, puede apuntarse una tercera derivación de business intelligence en su intersección con la inteligencia de mercado (market intelligence), concentrada en la explotación estadística de información para interpretar la evolución de área de negocio basándose en indicadores cuantitativos.

Por su parte, la inteligencia competitiva se entiende orientada a la observación –y a la acción posterior– del espacio de competencia de la empresa para detectar riesgos y, sobre todo, para aprovechar oportunidades, siguiendo a Porter.[21] La inteligencia competitiva debería incluir un mínimo de vigilancia corporativa, aunque no siempre lo está haciendo en los modelos que se establecen. Y debería hacerlo porque la inteligencia competitiva tiene que ver con la observación de los actores y sucesos o tendencias que influyen y conforman el espacio de competencia de una empresa. Esa monitorización en concreto demanda un esfuerzo sistemáticamente dirigido a escrutar, por medios legítimos, el comportamiento, las actividades y los futuribles del resto de empresas y actores que comparten espacio de negocio o son adyacentes o incidentes. La vigilancia corporativa está, además, conectada con la inteligencia competitiva a través de la implantación de esquemas de alerta temprana. En efecto, la inteligencia competitiva observa el espacio de negocio para detectar amenazas y oportunidades y para descubrir vulnerabilidades y fortalezas de la compañía, compensando las unas y poniendo en práctica las otras. Cuando esa labor forma parte de los procesos sistemáticos y las estructuras de la empresa, la inteligencia competitiva incluye un sistema de indicadores de riesgo dedicados a advertir anticipadamente a quienes deben tomar la decisión de que su compañía se va a enfrentar a una amenaza más o menos concreta.

A tenor de las exploraciones realizadas entre empresas estadounidenses, como la realizada por la Competitive Intelligence Foundation en cooperación con la Society for Competitive Intelligence Professionals, la inteligencia competitiva no es una actividad actualmente sistematizada en las corporaciones. Está considerada una función menor que, si se lleva a cabo, se hace de una manera disgregada, desconectada y por parte de varios departamentos de una misma corporación. Las unidades de las empresas que llevan a cabo funciones de análisis competitivo para escrutar a la competencia emplean, fundamentalmente, herramientas como el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, SWOT y DAFO, en español). Son unidades enfocadas al análisis del mercado que prestan servicio a una variedad no catalogada de consumidores dentro de la propia organización.[22] En España, una investigación llevada a cabo entre 716 empresas exportadoras concluyó que únicamente un tercio de ellas conoce el significado de la inteligencia competitiva y que el 75% analizan al competidor a través de procedimientos informales y de manera discontinua. La investigación revela que el interés por la inteligencia competitiva encuentra a la cultura interna de la empresa como el principal obstáculo para el avance en estos procedimientos sistemáticos para la gestión de la información corporativa.[23]

Por último, existe un ámbito de aplicación de la inteligencia en empresa que son las operaciones de inteligencia, un área de aplicación tabú que no se explora habitualmente porque se asocia con el espionaje tradicional en el inconsciente empresarial y comparte el mismo rechazo cultural, como ya hemos mencionado más arriba. En realidad, las operaciones de inteligencia no son nada que no se haya venido haciendo en las empresas desde el principio de los tiempos, con preferencia en operaciones de posicionamiento o de competencia. Las operaciones de inteligencia consisten en una pluralidad de movimientos corporativos dedicados a disminuir o anular la influencia o cuota de mercado de un adversario competitivo, a condicionar su posición o a manipularlo dentro de la legalidad. Las operaciones de inteligencia empresarial, al servicio de las decisiones corporativas, utilizan muchos de los instrumentos que, como la comunicación persuasiva, ya son aplicados por las compañías sobre las áreas de negocio. La diferencia es que, con su imbricación en inteligencia, las operaciones de empresa ganarían en eficiencia y estarían basadas en un mejor conocimiento del entorno y de sus actores. En este punto, la inteligencia de empresa está íntimamente ligada a la decisión y acción corporativa, muy concebidas para nutrir procesos de prospectiva normativa o prescriptiva y útil para aplicar modelos que, como el target centric,[24] están diseñados para actuar sobre la conformación de escenarios y el comportamiento de actores corporativos específicos.

Sistemas de alerta temprana (“indication and warning intellligence”)
La alerta temprana es un concepto de implantación progresiva en diversos escenarios para la evaluación y resolución de crisis[25] que, como ocurre con frecuencia en este tipo de aplicaciones de la seguridad entendida en sentido amplio y social, procede de la doctrina militar. En concreto, es una mezcla entre igual denominación utilizada después de la Segunda Guerra Mundial para denominar sistemas específicos de defensa y respuesta rápida (early warning) implementados por las Fuerzas Aéreas y la doctrina de indication and warning intelligence (inteligencia de indicadores) formalizada y sistematizada en los años cincuenta del siglo pasado en EEUU por Cynthia Grabo,[26] entonces analista de la Defense Intelligence Agency (DIA).

Aplicados a los dominios de la inteligencia de empresa, los sistemas de alerta temprana se sitúan metodológicamente entre la vigilancia corporativa y la inteligencia competitiva. En términos funcionales, están llamados a emitir indicadores de riesgo corporativo en áreas de negocio permitiendo a los directivos de la empresa decidir anticipadamente para evitar un perjuicio. Considerada esta utilidad, la asociación de los esquemas de alerta temprana con la implantación de procedimientos sistematizados de evaluación del riesgo en la empresa constituye una estructuración más que recomendable. Adicionalmente, y en el ámbito de empresa, los sistemas de alerta temprana pueden enfocarse no sólo sobre riesgos, sino sobre la detección temprana de oportunidades, inscritos en dinámicas de prospectiva prescriptiva.

Haciendo un planteamiento ideal, un sistema de alerta temprana en la empresa incorpora procedimientos de evaluación del riesgo y está conectado a procesos, más o menos protocolizados, de toma de decisiones. En concreto, los indicadores de riesgo deberían canalizarse a través de dos tipos de respuesta: una preventiva para evitar o gestionar un riesgo o para aprovechar una oportunidad; y otra de contención, principalmente ante amenazas corporativas, una vez que el riesgo se ha traducido en un peligro emergente para las operaciones de negocio de la compañía y hay que producir una respuesta reactiva.

La alerta temprana para riesgos y oportunidades en la empresa está construida sobre una base de indicadores que marcan, anticipadamente, a esos riesgos y oportunidades. Esos indicadores de riesgo y oportunidad son fórmulas cualitativo–cuantitativas compuestas por los elementos que se supone conforman cada uno de los riesgos –y oportunidades– que pueden detectarse o preverse en el área de operaciones de la empresa. La elaboración de indicadores es una tarea exhaustiva y su calibración un proceso continuo. Los conjuntos funcionales más complejos de indicadores para una empresa multinacional están limitados sólo por el foco que quiera poner la empresa en el análisis y los recursos permanentes que pretenda invertir. Los más completos –pero también los más exhaustivos e intricados– son las estructuras de indicadores compuestas por variables de naturaleza cuantitativa y por elementos de índole cualitativa procedentes, al menos, de las denominadas coordenadas política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal (PESTEL) que afectan a los espacios estratégicos de operación de una compañía.

La estructura de indicadores de un sistema de alerta temprana en una empresa está montada sobre capacidades de gestión del conocimiento provistas para recoger información de todas las fuentes de interés, almacenarla y relacionarla, y trasladarla en canales automáticos o semisupervisados a un equipo de análisis destinado a calibrar la fuerza de cada indicador con respecto a umbrales de riesgo y oportunidad definidos. Cuanta mayor capacidad exista de cuantificar variables, mayor posibilidad habrá de utilizar modelos computacionales o algoritmos para basar los indicadores en ecuaciones matemáticas. Sin embargo, aunque éstas puedan aplicarse, sobre todo, a modelos econométricos o financieros, la experiencia en inteligencia de indicadores demuestra que, ante fenómenos sociales, los indicadores de riesgo deben contener tanto elementos cuantitativos como cualitativos, siendo en todo caso de naturaleza cualitativa la integración e interpretación finales.[27]

La sistematización de indicadores en una eventual capacidad nacional de inteligencia económica podría convertirse en una labor inicial, sectorizada y de servicio público a empresas estratégicas. Este eventual servicio de la capacidad nacional de inteligencia podría evolucionar hacia un sistema nacional de alerta temprana en inteligencia económica y debería contar con un equipo especializado de analistas destinados a la elaboración, mantenimiento e interpretación de la estructura de indicadores.

Inteligencia Económica y Seguridad Nacional

La circunstancia de que sea el SED–CNI quien, como representante de un órgano especializado en la asignación de significado a una porción cada vez más relevante de las realidades del Estado (sobre todo las que tienen que ver con la calificación y la cualificación de amenazas y oportunidades para el país), haya subrayado el papel que debería tener la inteligencia económica no tiene que ser visto más que como una normalización, aunque tardía en el caso español, de las actividades de un servicio de inteligencia nacional en una aldea global cuya principal columna vertebral son las relaciones económicas. Es normal que una institución acostumbrada a definir prioridades estratégicas sobre temas que puedan influir en el bienestar de la ciudadanía ponga el acento en la inteligencia económica como un nuevo capítulo a considerar dentro del aparato de información del Estado. En ese mismo sentido, no hay que tomar la constatación de esa prioridad asignada por el CNI como la reivindicación de un papel dominante del centro de inteligencia en un eventual esquema nacional de inteligencia económica: ésta tiene que ver, sobre todo, con las empresas y mucho menos con los servicios secretos.

El enfoque de la inteligencia española sobre cuestiones relacionadas con economía y tecnología no data, afortunadamente, de la fecha del discurso en que Alberto Sáiz subrayaba la prioridad estratégica del CNI. Los antecesores institucionales del Centro español de Inteligencia ya habían venido dedicando recursos a esta dimensión a través de un área concreta de la estructura de inteligencia, la entonces denominada División de Economía y Tecnología.[28] Lo que puede parecer más ajeno, sobre todo a la opinión pública y en menor medida al mundo empresarial más avisado, es la asociación implícita que se hace entre seguridad nacional e inteligencia económica. Esta percepción en España de la inteligencia económica como una novedad estaría relacionada, en primer lugar, con la ausencia del concepto institucionalizado como tal. También, principalmente, con la ausencia de una cultura de inteligencia, tanto en el propio Estado como aglutinante de la sociedad, como en la empresa, desprovista hasta el momento de un concepto de inteligencia propio, inteligencia entendida como procedimiento metodológico, sistémico y tecnológicamente apoyado de dotar de significado a la realidad para adoptar decisiones. No es, por tanto, casualidad que la visibilización de la inteligencia económica como parámetro estratégico del sistema de información del Estado emerja en el marco de la que podríamos entrecomillar como “responsabilidad social corporativa” del CNI, es decir, la creación y promoción de una cultura de inteligencia en todos los sectores de la sociedad española, desde el ciudadano hasta sus instituciones. De ahí que tenga que verse con normalidad que sea el propio director del CNI quien ponga el acento en la inteligencia económica entre las prioridades estratégicas del aparato de información del Estado en una aldea global cuya principal columna vertebral son las relaciones económicas.

A su vez, la economía debe su imbricación en el plano de la inteligencia a la denominada revolución de los asuntos de inteligencia,[29] una derivación conceptual de la homónima revolución en defensa. La inteligencia económica como traducción formal y visible de la inteligencia del Estado, con pretensiones de integración y participación de distintos actores sociales en varias de sus expresiones, tiene vínculos determinantes con la cultura y con la revolución en los asuntos de inteligencia (RIA, en sus siglas en inglés). La RIA se beneficia de una nueva conceptualización de la seguridad, desposeída de sus compartimentos estancos tradicionales tras la caída del muro de Berlín y la emergencia de una sociedad de definición global (amenazas incluidas) pero, sobre todo, tras la irrupción del terrorismo como elemento antisocial de naturaleza y alcance internacionales. En la sociedad interconectada de las nuevas reglas globales, la seguridad no está restringida a la reacción ante amenazas lineales, nacionales y de contornos estáticos, ni es una competencia exclusiva de las fuerzas armadas y policiales, de los aparatos de justicia o de las agencias de inteligencia. Al igual que muchas otras dimensiones sociales, la seguridad ha sufrido una revisión, una modificación en el mismo sentido de globalización, de interconexión, multidimensionalidad e interdependencia. Así contemplada, la seguridad global busca anticipar y gestionar los riesgos sociales, dotar de significado multidimensional a una realidad compleja, proponer y articular respuestas dinámicas y proactivas y, en definitiva, actuar como seguridad inteligente en un entorno internacionalizado de amenazas flexibles y adaptativas.[30]

En el marco de la nueva seguridad, la seguridad nacional trasciende el concepto de defensa ante amenazas militares o criminales, es decir, aquellas más o menos establecidas a partir de la aplicación de la fuerza legítima o ilegítima, para encontrarse con el espacio compartido de la protección y promoción de los intereses generales del ciudadano. Según Rosales, la seguridad nacional se define como aquélla situación en la que no existe amenaza alguna a la soberanía ni a la integridad del territorio y sus habitantes; una situación en la que no existe atentado alguno contra el normal ejercicio de la autoridad ni contra el funcionamiento adecuado de las instituciones; y una situación en que, tanto las actividades públicas como privadas, pueden llevarse a cabo sin obstáculos que se opongan al logro de los más altos niveles de paz, libertad, prosperidad cultural, cívica, moral y económica.[31] Considerada en términos colectivos, la seguridad de los ciudadanos de un país interconectado como España es más vulnerable actualmente a una crisis energética a gran escala que ante una eventual invasión extranjera o incluso que ante el terrorismo. No cabe duda que los atentados terroristas sumen en el sufrimiento y el dolor a miles de familias, representan una amenaza clara y determinante contra el conjunto de la ciudadanía y, por ello, el terrorismo es una de las categorías sobre las que el sistema nacional de inteligencia y seguridad está permanente enfocado. Sin embargo, su capacidad para desestabilizar al Estado, para introducir desequilibrios o disfuncionalidades que comprometan la vida colectiva del ciudadano y la salud de la sociedad es muy limitada, al menos en los actuales escenarios y en los países con armazones estatales más sólidos. Por el contrario, una crisis energética global, combinada con una quiebra del sistema financiero puede tener un impacto negativo de naturaleza estructural en la sociedad que la padezca. Sin llegar tan lejos, la modificación de las condiciones para la operación de multinacionales españolas en el exterior, si se dieran en paralelo en varios sectores con implantación estratégica y además se combinaran con un ciclo negativo global en sectores energéticos o financieros, podrían representar quiebras para algunas grandes compañías españolas que redundarían, en un primer anillo de influencia, en efectos de inseguridad sobre la vida de muchas familias y, en un segundo, en el resentimiento de indicadores macroeconómicos de la sociedad, que a su vez, perjudicarían a más familias. Todos estos efectos en cascada, además, comprometerían el posicionamiento geoeconómico de España, lo que se traduciría en una reducción de sus capacidades para afrontar vulnerabilidades en un escenario global que es de alta competencia. La inteligencia económica entraría, precisamente, a desarrollar capacidades de obtención y análisis de información especializada que sirviera para anticipar razonablemente la gestión de riesgos de esa naturaleza y, desde luego idealmente, para desactivarlos antes de que ocasionen un perjuicio.

Actualmente, los servicios de inteligencia se han especializado en la prevención de amenazas de naturaleza policial o militar, pero en cambio todavía han de sintonizarse para poner en respuesta anticipatoria a sus sociedades ante riesgos u oportunidades de índole económica.[32] La inteligencia económica, entendida según la doctrina francesa de seguridad económica activa, no está pensada restrictivamente para la defensa ante amenazas al tejido económico, financiero o empresarial, sino para constituirse en una sistemática gestión del conocimiento y toma de decisiones con vistas, primero, a buscar y luego a crear –de manera ideal y por medios legítimos– escenarios de posicionamiento global para las empresas de un país que redunden en un aumento de la seguridad, entendida como bienestar, de su población. Ese enfoque de la inteligencia económica, cuando está ligado a un concepto integrado de seguridad y progreso, se asocia íntimamente a la inteligencia prospectiva,[33] a la utilización de recursos y capacidades promover futuros beneficiosos y productivos.

Las estructuras de inteligencia económica comenzaron a crearse hace algunas décadas en ciertos países (Japón, Suecia y el Reino Unido), mientras que en otros (EEUU, Alemania y Francia) hace menos años que se crearon unas estructuras que, con la globalización, se han ido traduciendo en una ventaja comparativa para los países que disponen de ellas. España todavía está por crear una estructura similar. El retraso español no tiene tanto que ver con el propio servicio de inteligencia del Estado considerado de manera aislada, sino con la convergencia de otros dos factores alimentados entre sí: la ausencia de una cultura de inteligencia global en el aparato del Estado y la carencia de una cultura de inteligencia en la empresa. Déficit que están en proceso de reducirse tras reconocer su existencia.

La inteligencia económica internacional: proactividad frente a defensa

No puede decirse que la escasez española de una política integral de inteligencia económica la sitúe demasiado atrás respecto de la posición del resto de países de la UE. El propio espacio común europeo, nacido al modo de una Comunidad Económica, no dispone de capacidades institucionales destinadas específicamente a la producción de inteligencia en el ámbito económico, aunque haga más de una década que haya resaltado que una de las rutas específicas para la innovación empresarial pasa por la institución de estructuras nacionales de inteligencia económica, tal y como ha señalado la Comisión Europea.[34]

Los distintos esfuerzos en el plano de inteligencia económica de los países con los que compartimos filosofías de comercio y economía, independientemente de los diferentes modelos y conceptuaciones a través de los cuales son materializados esos esfuerzos, se podrían clasificar en dos modelos doctrinalmente están muy ligados al nivel de aceptación social de la intervención del Estado en la economía privada:

(1) Un primer modelo lo compondrían aquellos países que dedican algún componente especializado dentro de sus agencias nacionales de inteligencia a la economía –junto, a menudo, con la tecnología–, que disponen de otros órganos gubernamentales de análisis e incluso de recogida de información, pero que no tienen un concepto estratégico integrado ni una estructura estatal de inteligencia económica a escala pública nacional con la implicación del sector privado. En estos países residen compañías multinacionales de referencia global, empresas globales, algunas de las cuales tienen sus propias capacidades individuales de inteligencia corporativa, pero sin conformar entre ellas un paraguas nacional ni tener conciencia de su necesidad. En ese agrupamiento de países destacan EEUU y el Reino Unido como patrones más visibles en la adopción de una orientación que, además, es principalmente defensiva o reactiva en inteligencia económica. En este modelo, probablemente por la presión de la realidad, se han ido introduciendo posteriormente, como es el caso de los EEUU, estructuras públicas que funcionan más como lobbies de influencia que como instituciones de inteligencia económica. De este modo, queda la labor de los servicios secretos para la defensa ante amenazas de índole económica y determinados departamentos especializados en los Ministerios de Comercio o de Asuntos Exteriores para ejercer influencia más o menos discreta o defender la posición de las empresas nacionales en el exterior.

(2) El segundo bloque, el menor en dimensionamiento, sería el de aquellos Estados que, bien habiéndolo adoptado formalmente o bien por dinámica operativa, disponen de un aparato público de referencia en inteligencia económica, que involucra al tejido empresarial del país, enfocado no sólo defensivamente a evitar perjuicios a la economía nacional sino también prescriptiva o normativamente a crear escenarios y oportunidades para un posicionamiento de ventaja de sus Estados en el tablero económico global. Referencias indiscutibles de esta orientación son Japón y, sobre todo, Francia.

El enfoque anglosajón de la inteligencia económica se ha caracterizado esencialmente por desarrollar, dentro de sus agencias de inteligencia exterior, departamentos dedicados a obtener y analizar información sobre economía y tecnología.[35] Al mismo tiempo, han promulgado legislación, como la estadounidense Ley de Espionaje Económico (Economic Espionage Act) de 1996, destinada a proteger el patrimonio industrial y empresarial nacionales de acciones ofensivas de espionaje económico. Esta perspectiva prima una concepción más defensiva de la inteligencia económica, enfocada más hacia la “protección del bienestar económico”[36] de sus países contra amenazas que al desarrollo de una acción coordinada para el aprovechamiento de oportunidades globales. En ese sentido, podemos decir que esta aproximación no deja de perseguir y explotar las oportunidades económicas o empresariales, pero lo hace desde un esfuerzo fragmentado, muy enfocado hacia la acción de un lobby sectorial concreto o del poder de multinacionales individuales, que son los que buscan un posicionamiento internacional aunque después, perceptivamente, podrá ser identificado con el país de procedencia de la compañía en concreto.

Esta apuesta por la inteligencia económica, más corporativa que estatal o público–administrativa, tal vez responda a la propia naturaleza de una determinada cultura empresarial con pocos rasgos de “estatalización” en su personalidad, que rechaza inicialmente el intervencionismo del gobierno en la dirección de la economía del país. La traducción de esta cultura arroja empresas con identidades corporativas individuales muy consolidadas de trabajo en inteligencia (es el caso de la angloholandesa Shell Corporation) pero con capacidades descentralizadas de inteligencia que no aprovechan, ni probablemente quieren conseguir, una estructuración integrada de la inteligencia económica a escala nacional y pública. Tal modelo, no obstante, no supone concluir que la posición global de estos países en el ámbito de la inteligencia económica sea débil, pues ambos paradigmas de esta alternativa, EEUU y el Reino Unido, mantienen cotas de liderazgo tanto en el terreno industrial, como en el financiero o el energético. Quizá sea, precisamente, la ocupación temprana de una posición de ventaja global financiera o energética los factores que, de momento, no les hayan creado la necesidad de dotarse de capacidades estatales o federales públicas de inteligencia económica con propósito proactivo o prescriptivo para la creación de escenarios internacionales de oportunidad en sus empresas. Junto a esos factores, otros serían su papel motor en las dinámicas de la globalización, las fortalezas –y riesgos– globales derivadas de la internacionalidad promovida casi desde el mismo código genético de la empresa (principalmente en la estadounidense de un determinado tamaño) o la marcada cultura liberal de las empresas que ha sido asimilada tanto por la ciudadanía como por el Estado. Este modelo produce una empresa global que ha canalizado sus esfuerzos de inteligencia individual o sectorialmente y un aparato federal o estatal destinado no tanto a posicionar a EEUU globalmente en economía, sino a defender a sus ciudadanos ante las potenciales amenazas económicas. En esa línea se sitúan analistas de inteligencia económica de la Central Intelligence Agency (CIA) de EEUU –que tienen reputación de ser excelentes y numerosos– elaborando, al menos, dos productos de serie dedicados a la inteligencia económica: el Daily Economic Intelligence Brief (DEIB) y el Economic Intelligence Weekly (EIW). No obstante, la línea de creación de oportunidades no es ajena al sector público anglosajón, aunque funcione menos como inteligencia y más como lobby. A esa dinámica puede adscribirse el Advocacy Center, un órgano público en el Departamento de Comercio de los EEUU destinado no tanto a elaborar inteligencia como a aunar los esfuerzos de todos los sectores de la administración en la promoción exterior de los contratos que se consideren más estratégicos para el país. También el Consejo de Economía Nacional (National Economic Council) establecido durante el primer mandato del presidente Clinton, adscrito a la Casa Blanca al mismo nivel estratégico que el Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council) –aunque no igual de dotado ni con la misma influencia–, sobre la base de asumir que hasta entonces los EEUU habían descuidado esa vertiente concreta de la inteligencia en su planeamiento estratégico en cierto modo por derivación del tradicional desapego del Estado a ejercer cualquier guía sobre la actividad empresarial.[37]

El segundo modelo de inteligencia económica al que se ajustarían algunos países de nuestro entorno de cultura económica está menos relacionado con la centralidad de la inteligencia corporativa de empresas globales (aunque Japón, por ejemplo, sea un paradigma en la multinacionalización corporativa) y más orientado a la construcción de una arquitectura pública de inteligencia económica, articulada en mecanismos de cooperación con la empresa y dirigida, proactivamente, a la composición de escenarios de ventaja para el posicionamiento económico global del país, a través de sus empresas, en el exterior. Japón y Francia y, en menor medida, Alemania y los Estados nórdicos de Europa (por ejemplo el Business Intelligence and Security Network of Sweden, Bisnes) responderían a este perfil.

Desde la década de los sesenta, Japón ha estado invirtiendo recursos nacionales en la promoción de sus empresas en el exterior a través del Ministerio de Industria y Comercio y, especialmente, de su organización de comercio exterior (Japan External Trade Organisation, Jetro[38]). Esta última, con 73 oficinas en el extranjero y 36 en territorio japonés, realiza desde hace décadas investigaciones de tendencia en indicadores económicos nacionales e internacionales y tiene un dispositivo específico de inteligencia de negocio o comercial basado en la interacción entre gobierno, Jetro y empresa. Sin embargo, aún con la tradición del país asiático en la inteligencia comercial entendida como un componente de servicio público dispuesto para la creación de presencia empresarial japonesa en el exterior, el auténtico salto cualitativo en cuanto a concepto y aplicación en inteligencia económica a escala global lo representa Francia.

Sin restar mérito a la precocidad británica en el uso de principios de inteligencia, sobre todo de investigación comercial en la empresa,[39] hay acuerdo en considerar que el origen, al menos conceptual de la disciplina con la orientación moderna e integral que pretendemos reflejar en este Documento de Trabajo corresponde al ya mencionado informe dirigido en 1994 por Henri Martre, y encargado tres años antes por la oficina del primer ministro francés (antiguo Comisariado General del Plan y hoy Centro de Análisis Estratégico) para hacer un diagnóstico sobre inteligencia en el ámbito económico. Lo que suele mencionarse menos es que esa necesidad de diagnóstico surge y arranca, como suele ser habitual, de la percepción de una amenaza en Francia a partir de la publicación del estudio de Harbulot[40] sobre lo que denominó guerra económica. En esa percepción se vislumbraba que la salud económica de una nación dependería, en una medida importante, del éxito en aprovechar oportunidades y evitar o gestionar las amenazas en un terreno de juego definido por reglas globales. En ese terreno y con esas reglas, el principio de limitación de los recursos y de los nichos de mercado haría que algunos actores se comportaran, precisamente, como adversarios en un conflicto económico.

Desde hace, pues, más de una década Francia ha construido su sistema nacional de inteligencia económica más integrado y más identificado con el concepto de bienestar público de los que existen. Está basado en la introducción de tres componentes que queremos identificar con los mínimos para la adopción de un esquema nacional de inteligencia económica: (1) conceptualización de la inteligencia económica como un bien del Estado y, por tanto, protagonista de una política pública, sostenida y a largo plazo; (2) establecimiento de un órgano público de dinamización y de concertación –sobre el papel, alejado de intenciones de dirigismo de las empresas– y al servicio, precisamente, de las empresas por considerarlas vectores de posicionamiento francés en la arena global; y (3) apoyo a la adopción por parte de las empresas de modelos ajustados a la necesidad e idiosincrasia de cada una y compuestos por doctrinas, métodos y prácticas de las diversas dimensiones de la inteligencia económica.

Aunque el intento francés originario de establecimiento de un órgano público estatal de promoción de la inteligencia económica se sitúa en 1995, con la institución por el entonces primer ministro Edouard Balladur del Comité para la Competitividad y la Seguridad Económica, Francia estableció un sistema nacional de inteligencia económica en 2003 con la creación de la figura del alto responsable encargado de la inteligencia económica (Haut Responsable à l’Intelligence Economique, HRIE). Estructuralmente, el esquema francés está basado en la configuración de una red que coordina la información entre todos los actores económicos, agrupados en segmentos, cada uno de los cuales desempeña una función en el avance de la posición nacional en la economía global. El Estado tiene un papel de facilitador, porque posibilita la convergencia de los distintos elementos e intereses nacionales a partir de su capacidad para intermediar entre ellos y dinamizar su interacción, además del papel de reductor de incertidumbre debido a su capacidad de análisis y de influencia. El papel central del sistema está destinado a las empresas en tanto que agentes de competitividad y se reserva un input específico a las colectividades locales, asegurando una dimensión regional para la protección y promoción de las empresas sensibles. La red de inteligencia económica pretende la integración sinérgica y comprensiva no sólo de las capacidades del Estado al servicio de las empresas sino también de las contribuciones que puedan hacer las universidades, las cámaras de comercio e industria, las asociaciones profesionales y los organismos públicos de financiación y promoción de la innovación.

Conclusiones y prospectiva para España

La inteligencia, tanto la humana como la propia de los servicios secretos y ahora de la empresa, ha sido definida de tantas maneras que hacerlo otra vez empieza a perder sentido. En lo que sí parecen coincidir las orientaciones actuales es en que la inteligencia combina la dotación de significado a la realidad y a la anticipación ante esa realidad. Por tanto, una empresa dispone de inteligencia cuando utiliza la información a su alcance para construir un significado propio de su realidad, de la realidad económica de la compañía y del entorno que la rodea. Ese significado se utiliza para intentar tomar decisiones sobre el futuro, gestionando el riesgo, anticipando amenazas pero también oportunidades y, el ideal, accionando sobre el presente para conformar futuribles donde la empresa tenga ventaja competitiva. A ese estadio de gestión del conocimiento lo denominamos superioridad informativa, en donde la empresa tiene la visión más integrada de la realidad y es capaz, no sólo de actuar proactivamente sino de construir sus propios escenarios de ventaja competitiva accionando sobre su entorno.

El interés del CNI en la inteligencia económica como valor capital del Estado viene, precisamente, de la constatación de que en un entorno de competencia global, en donde la economía es un factor de bienestar, el mejor posicionamiento de nuestras empresas, basado en su superioridad informativa sobre el espacio de negocio, redundará en el bienestar colectivo. Actualmente la empresa española está contemplando con distancia la denominada cultura de inteligencia, preguntándose si le interesa o no invertir en plataformas tecnológicas y metodológicas que le proporcionen superioridad informativa o, por el contrario, si sus modos internos de gestionar el conocimiento, tanto el normalizado como el sensible –a menudo almacenado en las mentes de los altos ejecutivos–, son suficientes para competir con potencial global. Nuestro vecino francés hace años que entendió que la inteligencia económica era un factor primordial de bienestar social y de seguridad, que estaba basado en la ventaja informativa y que, sobre todo, dependía de la implantación de plataformas metodológicas basadas en tecnología.

La inteligencia económica es un triángulo compuesto por, primero, su definición como asunto de Estado; segundo, por su incorporación sistémica a la empresa; y, tercero, por su desarrollo tecnológico. La cultura de inteligencia empresarial en nuestro país es, de momento, un desiderátum aunque disponga de buenas perspectivas. Algunas empresas están invirtiendo en vigilancia tecnológica, unas menos en inteligencia competitiva, alguna en alerta temprana y unas pocas en sistemas de inteligencia de empresa. La tercera dimensión de este triángulo, la tecnológica, está representada por empresas capaces que combinan ingeniería del conocimiento y de sistemas, y por plataformas que, como los Normalised Wide–Spectrum Intelligence Systems (sistemas normalizados de inteligencia de amplio espectro, NOWIS[41]) ya tienen sello y manufactura metodológica españoles.

La impresión de que es necesario adoptar una visión integrada de España como actor económico global, en donde las capacidades empresariales individuales constituyan valores críticos de estabilidad, y por tanto de seguridad, ya está instalada en diversos sectores, tanto económicos como estratégicos. Arteaga y Fojón consideran acertadamente que la introducción de la economía junto a otras dimensiones sociales en el planeamiento estratégico, ayuda a convertir la estrategia de un Estado en una gran estrategia[42] puesta al servicio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. El excelente análisis periódico que dibuja el Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos[43] no es más que una manifestación concreta y un paso muy sólido de ese interés nacional creciente de manejar inteligencia económica para mejorar la posición en un esquema global interconectado. Igualmente, existen interesantes experiencias de empresas individuales españolas implicadas en la explotación de distintas dimensiones de inteligencia. El estudio internacional desarrollado en 2007 por Global Intelligence Alliance sobre 281 compañías de nueve países encontraba que el grado de penetración de la que llamaban inteligencia de mercado (market intelligence) en las compañías españolas estaba por encima de la media del estudio, por delante incluso de la dedicación de empresas de países tan poco sospechosos de estar habitualmente bien posicionados en términos empresariales y de inteligencia comercial como el Reino Unido.[44] También se han conformado enfoques regionales, muy ligados a la innovación en las pequeñas y medianas empresas, como el consorcio Co–operation to Promote Economic and Technological Intelligence in Small and Medium–sized Enterprises (CETISME)[45] en la Comunidad de Madrid, que cuenta con financiación europea. Lo que no está articulado todavía es una red nacional de inteligencia económica, que aúne esas capacidades individuales de aprovechamiento de la información en la toma de decisiones a una capacidad nacional con aspiración global.

El primer requisito para una red o capacidad o concepto nacional de inteligencia económica como vector de seguridad en el posicionamiento global de España es encontrar el equilibrio entre los legítimos intereses competitivos de las empresas, traducibles en la necesidad de desarrollar capacidades sistemáticas de inteligencia empresarial de naturaleza individual y competitiva por parte de las grandes corporaciones o de agrupaciones sectoriales, y el interés de construir un concepto nacional de inteligencia económica que desarrolle, ante riesgos y oportunidades, la posición global de la empresa española en tanto componente estratégico del bienestar social. Y es el primer requisito porque, sobre todo en inteligencia económica, es necesario delimitar muy bien qué producción de inteligencia va a reforzar los legítimos intereses lucrativos de una compañía individual (negocio competitivo) y qué porción de esa producción o esfuerzo se integra a su vez, como un estrato especializado de la responsabilidad social corporativa, en el esfuerzo del Estado en la creación de inteligencia económica para la seguridad. Antes de este requisito, sin embargo, y apelando al principio de utilidad de Taplin para la inteligencia,[46] queda una reflexión que conviene hacerse de manera colectiva, entre todos los actores interesados: ¿es necesaria esa capacidad nacional de inteligencia económica? Tanto Telefónica, como Repsol, el BBVA o el Santander, sólo por mencionar algunas de las más grandes, son empresas españolas “de bandera” implantadas en áreas globales y sometidas a tensiones, riesgos y oportunidades también globales. Ya han llegado allí y se han mantenido, sin contar para ello con una red nacional de inteligencia económica. La pregunta es si aprovechando la sinergia de capacidades internas de inteligencia de empresa con una estructura nacional de soporte en inteligencia económica, esas empresas llegarían más lejos, aumentarían su competencia o reforzarían su posicionamiento.

De momento lo que tenemos son esas fortalezas individuales en el exterior; muchas compañías españolas que están comenzando por adquirir capacidades de vigilancia corporativa o por externalizar servicios de inteligencia competitiva; contadas empresas españolas de servicios o tecnológicas especializadas en inteligencia; y, todo ello, sobre una escasa y fragmentada estructura pública, sin identidad de inteligencia económica, que sirva como aglutinante. La definición de esa estructura debería responder a todos los condicionantes y requisitos ya mencionados pero, sobre todo, adecuarse muy bien a las naturalezas del Estado, de la sociedad civil y de la empresa españoles. De entrada, hay que elegir sobre qué modelo administrativo pivotaría un eventual núcleo de soporte público a las emergentes capacidades de inteligencia en empresa. Aunque el SED–CNI considere con sentido común el impulso y la promoción de la inteligencia económica en el marco de la cultura de inteligencia, es probable que el Centro Nacional de Inteligencia sea más un actor principal que un coordinador en un esquema nacional que bascularía en su eje más hacia el ámbito económico o, incluso, ejecutivo del gobierno. El Ministerio de Economía forma parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, pero existe una relación mejorable entre el CNI y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,[47] así como débilmente articulada entre la agencia de inteligencia y la Oficina Económica de Presidencia, la cual no tiene mandato en inteligencia económica a pesar de su encaje estratégico cerca de la dirección ejecutiva del gobierno. En inteligencia económica, como lo demuestran los casos británico, japonés, sueco y estadounidense, el papel de las oficinas y agregados comerciales en el exterior es vital, pero también que sus inputs estén canalizados en una estructura integrada de inteligencia con un mandato muy claro de servicio a la empresa y a su posicionamiento, desde el axioma del respecto a la competencia individual.

La inteligencia económica descansa sobre dos culturas: la cultura de inteligencia en la empresa y la cultura de inteligencia económica en el Estado. Si ambas no están desarrolladas y no lo hacen en paralelo, no tiene sentido pretender una eventual capacidad nacional.

Inteligencia de empresa
En lo que respecta al sector privado, la reflexión de partida que una corporación debe hacerse es si está explotando con funcionalidad y efectividad los grandes volúmenes de información que seguro tiene a su disposición para aportar valor añadido a la compañía. En España, los primeros que se están haciendo esa pregunta son los departamentos de seguridad corporativa de las empresas. Este epicentro reflexivo alrededor de la seguridad corporativa no es casual, por la tradicional orientación de esos departamentos hacia la gestión del riego y porque, en ese proceso de gestión del riesgo, se han encontrado con demasiada información que procesar con pocas o ninguna capacidad efectiva de hacerlo.

Una vez puesta de manifiesto la necesidad, la compañía tiene que determinar sobre qué dimensión de su realidad corporativa podría aplicar un sistema de inteligencia, qué servicios le va a prestar y a quién, qué departamento de la compañía prestará esos servicios y para qué consumidores. Algunas compañías comienzan su camino de inteligencia monitorizando Internet sobre sus áreas de negocio, en una especie de propósito de vigilancia corporativa, pero enseguida entienden que sin integrar la información obtenida con parte de la información interna para otorgarle sentido corporativo, están perdiendo potencial. El paso siguiente es arbitrar un sistema para relacionar toda la información interna, disgregada, fragmentada y por tanto disfuncional para pintar todo el lienzo de la realidad de la compañía. A menudo los ejecutivos están observando de forma desagregada unas patas, una trompa y una cola, y lo que es peor: decidiendo en consecuencia, sin percatarse nadie de que lo que tienen delante es un elefante. En otras ocasiones, las compañías deciden invertir en sistemas de recuperación y almacenamiento masivo de información, sin darse cuenta de que la recogida y el acopio de información lo que produce es más desorientación por infoxication[48] si no se canaliza, estructura y relacionada por medio de capacidades específicas de análisis, tecnológicas y humanas.

En principio, algunas empresas están optando por externalizar servicios (outsourcing) en materia de inteligencia, sobre todo contratando vigilancia corporativa pero también subscribiendo servicios de inteligencia competitiva. Desde hace varios años algunas empresas españolas especializadas prestan esos servicios a las corporaciones. La cuestión a debatir es si para consumir productos externalizados de inteligencia sobre realidades competitivas globales y crecientemente complejas los clientes no necesitan una capacidad de inteligencia propia, que integre esos productos en un proceso interno de atribución de significado a la realidad de la compañía. A veces lo razonable es combinar, precisamente, la externalización muy especializada, principalmente aquélla que puede enfocar sobre multitud de fuentes informativas a las que no accedería normalmente una corporación de negocio, con el desarrollo de una sistemática interna de inteligencia empresarial.

Identidad nacional de inteligencia económica
Con una red de empresas globales preparadas para desarrollar inteligencia empresarial, la incógnita todavía sin despejar es si aportaría valor una identidad nacional de inteligencia económica. Lo más natural considerando todas las circunstancias sería abrir un espacio de reflexión, mandatado con límite temporal por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, tal vez coordinado por la CEOE y las Cámaras, y representado centralmente, en el gobierno, por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio, Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y el CNI, y en empresa por las patronales, las cámaras y agrupaciones empresariales seleccionadas, para elaborar una propuesta al en la materia. Este espacio de reflexión previo es muy conveniente, siguiendo el modelo francés, porque tan negativo para nuestras empresas y para su responsabilidad social corporativa en el incremento de la seguridad de España en el teatro global puede ser no disponer de una identidad nacional de inteligencia económica, como tenerse que ajustar a una disfuncionalmente definida.

A priori, existen varias arquitecturas posibles para establecer una identidad nacional de inteligencia económica que aporte valor sin añadir una capa burocrática e intervencionista sobre las empresas, intención no sólo alejada sino contraria a la cultura de inteligencia. El núcleo público de esa identidad que ejercería de coordinador y aglutinador de toda la red de inteligencia, a nuestro modo de ver, tendría que tener perfil económico pero también de política exterior y, en caso español, los candidatos adecuados serían una oficina económica de presidencia reformada, un órgano especializado en el MAEC o una delegación del multidisciplinar. En todo caso, la identidad nacional debería contar, sin ánimo de exhaustividad, con:

(1) La articulación de una red nacional de corporaciones con capacidades de inteligencia de empresa.

(2) La presencia y aportación del CNI, tanto en obtención de información como en elaboración de inteligencia.

(3) La aportación y conexión de las oficinas económicas y comerciales en las representaciones diplomáticas de España.

(4) La suma integrada de los órganos públicos especializados, singularmente del Ministerio de Economía, y de Industria y Comercio.

(5) La entrada de la CEOE, las Cámaras de Comercio y asociaciones gremiales.

(6) La vinculación de think–tanks e institutos universitarios de investigación especializados.

(7) La adhesión de las comunidades autónomas.

(8) El establecimiento de una red de consumidores de inteligencia económica.

(9) El diseño de un modelo nacional de inteligencia económica basado en la evidencia (evidence–based intelligence).

Desde la perspectiva adoptada en este análisis, la inteligencia económica es una función social al servicio del bienestar y de la seguridad del ciudadano, que sirve a la salud económica del país a través de su contribución a la mejora del posicionamiento global de las empresas españolas y que, por tanto, debería poseer un perfil social omnicomprensivo, con independencia de que su estructura haya de afinarse para responder a los principios de la seguridad en la información y de la necesidad de compartir (need–to–share).

Andrés Montero Gómez
Profesor de seguridad en la UNED, de gestión de seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos y director de Inteligencia de Interligare

José Martín Ramírez
Consultor de inteligencia y presidente de Interligare



[1] Alberto Sáiz Cortés (2007), La inteligencia como respuesta a los nuevos retos de la seguridad, discurso en el Seminario Permanente Eurofórum, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 13/IX/2007.

[2] Commissariat Général du Plan (1994), Intelligence Économique et Stratégie des Entreprises, La Documentation Française, París.

[3] Commission of the European Communities (1995), Green Paper on Innovation, COM(95)688, Bruselas.

[4] Central Intelligence Agency (2005), A Consumer’s Guide to Intelligence, Agencia Central de Inteligencia Langley, Public Affairs Staff, Langley, Virginia, EEUU.

[5] G. Hancock (1996), “US Economic Intelligence Policy and Global Competition”, Monterrey Review, XVI.

[6] CETISME (2003), Inteligencia Económica y Tecnológica, Comunidad de Madrid.

[7] P. Zelikow, P. (1997), “American Economic Intelligence: past practice and future principles”, Intelligence and National Security, vol. 12, nº 1, pp. 164–17. También, B. Berkowitz y A. Goodman (2002), Best Truth: Intelligence in the Information Ag, Yale University Press, New Haven.

[8] J.O. Herzog (2008), “Using economic intelligence to achieve regional security objectives”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 21, pp. 302–313.

[9] J. Risen (1995), “Clinton Reportedly Orders CIA to Focus on Trade Espionage”, Los Angeles Times, 23/VII/1995.

[10] I. Martín Barbero (2007), “Inteligencia Económica: tan lejos, tan cerca”, Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva, nº 2, pp. 107–120.

[11] S. Kent (1966), Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

[12] Optan por asociar la característica de secreto a la inteligencia, entre otros autores de referencia: T.F. Troy (1991), “The correct definition of Intelligence”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 5, nº 4, pp. 433–454; M. Warner (2002), “Wanted: A Definition of ‘Intelligence’”, Studies in Intelligence, vol. 46, nº 3; y M.A. Esteban, “Necesidad, funcionamiento y misión de un servicio de inteligencia para la seguridad y la defensa”, en D. Navarro (coord.), Estudios sobre Inteligencia: Fundamentos para la seguridad internacional, Cuadernos de Estrategia, nº 127., Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid.

[13] G.F. Treverton, S.G. Jones, S. Boraz y P. Lipscy (2006), Toward a Theory of Intelligence, Rand, Santa Monica, California.

[14] Ibid, nota 10.

[15] J. Martín Juárez (2006), Nowis–IC product concept–v2.

[16] Para la descripción de la gestión del conocimiento dentro del tradicionalmente denominado ciclo de inteligencia, véase A. Montero (1998), “Valor de inteligencia”, Ejército, nº 686, pp. 28–36; M.A. Esteban y D. Navarro (2003), “Gestión del conocimiento y servicios de inteligencia: la dimensión estratégica de la información”, El Profesional de la Información, vol. 12, nº 5, pp. 269–281; y L.K. Johnson (2003), “Preface to a Theory of Strategic Intelligence”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 16, nº 4.

[17] F. Palop y J.F. Vicente (1999), Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva: su potencial para la empresa española, Fundación COTEC, Madrid. También, J. Tena y A. Comai (2001), “Los propósitos de la inteligencia en empresa: competidora, cooperativa, neutral e individual”, El Profesional de la Información, vol. 10, nº 5, pp. 4–10.

[18] J. Morin (1985), L’excellence technologique, Publi Union, París.

[19] P. Morcillo (1997), La dirección estratégica de la tecnología e innovación, Civitas, Madrid.

[20] Todavía en 2006, cuando se publica la norma UNE: 166006 EX–Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica, se la define como “una forma organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”.

[21] M.E. Porter (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, Nueva York.

[22] D. Fehringer, B. Hohhof y T. Johnson (eds.) (2006), State of the Art: Competitive Intelligence, Competitive Intelligence Foundation, Alexandria, Virginia.

[23] J. Postigo (2001), “La inteligencia competitiva en España: una encuesta sobre su utilización por parte de las empresas exportadoras”, El Profesional de la Información, vol. 10, nº 10, pp. 4–11.

[24] J. Martín Juárez y A. Montero (2007), “Target Centric Intelligence Model”, Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva, nº 2, pp. 95–106.

[25] J.L. Davies y R. Gurr (eds) (1998), Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems, Rowman and Littlefield, Maryland.

[26] Para una revisión publicada, véase C. Grabo (2004), Anticipating Surprise: Analysis for Strategic Warning, University Press of America, Lanham.

[27] Un ejemplo de indicadores se encuentra en el Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos publicado por el Real Instituto Elcano.

[28] La actual estructura del Centro Nacional de Inteligencia es secreta, según la Ley española 11/2002.

[29] D.G. Barger (2005), Toward a Revolution in Intelligence Affairs, Technical Report, Rand, 242, Santa Monica, California.

[30] A. Montero (2005), “Seguridad inteligente, inteligencia de seguridad”, Ciencia Policial, nº 75.

[31] I.A. Rosales Pardo (2005), “La Inteligencia en los procesos de toma de decisiones en la seguridad y la defensa”, en D. Navarro (coord.), El papel de la Inteligencia ante los retos de la Seguridad y la Defensa, Cuaderno de Estrategia nº 130, Instituto Español de Estudios Estratégicos y Centro Nacional de Inteligencia.

[32] W. Agrell (1987), “The Changing Role of National Intelligence Services”, en S. Dedijer y N. Jequier (eds.), Intelligence for Economic Development: An Inquiry into the Role of the Knowledge Industry, St. Martin’s Press, Nueva York.

[33] A. Montero (2006), “Inteligencia prospectiva de seguridad”, Documento de Trabajo nº 24, Real Instituto Elcano.

[34] Ibid, nota 3.

[35] Según Philip Zelikow (1996): “The greatest concentration of analytical experts on international economic issues in the federal government resides not in any of the executive departments but in the CIA. It is even possible that the ranks of CIA analysis contain about as much economic expertise on international problems as can be found in all the executive departments of the government put together”, “American Intelligence and the World Economy”, en From the Cold: The Report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of US Intelligence, The Twentieth Century Fund, Nueva York.

[36] British Government Cabinet Office (2006), National Intelligence Machinery, HMSO, Londres.

[37] S. Kober (1996), The Uses and Misuses of Intelligence, Cato Policy Analysis, p. 265.

[38] A pesar de haberse convertido en un referente internacional en la materia, tiene como antecedente a un órgano europeo también dedicado a inteligencia comercial pero menos conocido: la British External Trade Office (BETRO).

[39] La British External Trade Office (BETRO) es el complemento, desde las administraciones públicas, a la práctica de adoptar métodos, recursos y acciones de investigación comercial por parte de las empresas británicas desde los años cincuenta del siglo XX. Todo el sistema británico, muy activo en la segunda mitad del siglo pasado, ha estado orientado, tanto desde lo público como desde lo privado, a obtener información sobre los mercados exteriores y sobre los escenarios de competencia para las empresas británicas en el extranjero.

[40] C. Harbulot (1990), “Techniques offensives et guerre économique”, Étude nº 131, Centre de Prospective et d’Évaluation/Aditech, París.

[41] © J. Martín Juárez.

[42] F. Arteaga y E. Fojón (2007), El planeamiento de la política de defensa y seguridad en España, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid.

[43] A. Arahuetes y P. Isbell (2005), “Amistades peligrosas y parejas ideales: el Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos para la economía española”, Documento de Trabajo nº 9, Real Instituto Elcano.

[44] Global Intelligence Alliance (2007), “Market Intelligence in Large Companies”, GIA White Paper, nº 2.

[45] CETISME (2003), Inteligencia Económica y Tecnológica, Comunidad de Madrid.

[46] W.L. Taplin (1989), “Six General Principles of Intelligence”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 3, nº 4, pp. 475–491.

[47] Ministerio de la Presidencia (2005), Informe sobre la Reforma del Servicio Exterior Español, Comisión para la Reforma Integral del Servicio Exterior.

[48] R.S. Wurman (1990), Information Anxiety, Bantam, Nueva York.

¿Cuál es la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España?

Tema: Señalamiento de España como blanco de al-Qaeda, redimensionamiento de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y consecuencias para la seguridad nacional.



Resumen: Hay que repensar la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España. Por una parte, debido al frecuente y agresivo señalamiento de nuestro país como blanco que se viene haciendo desde el directorio de al-Qaeda, con reiteradas alusiones a la recuperación de al-Andalus como parte de un califato panislámico. Por otra parte, en atención al redimensionamiento de las redes que el movimiento de la yihad neosalafista global tiene establecidas en el Magreb y que se extienden por territorio español. Ambos desarrollos tienen muy posibles consecuencias en términos de seguridad nacional tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo. Caben alteraciones significativas en el estilo de los atentados yihadistas que traten de ser perpetrados en nuestro país, donde un próximo acto de terrorismo internacional no parece algo inverosímil.



Análisis: Es posible estimar la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España, transcurridos tres años desde que ocurrieran los atentados del 11 de marzo de 2004, mediante un estudio de dos tipos de indicadores relevantes. No se trata de información confidencial, puesto que sobre los mismos pueden encontrarse datos más que suficientes en fuentes abiertas tales como numerosas páginas de Internet, los propios sitios web de instituciones oficiales con competencias en materia de seguridad, las publicaciones especializadas accesibles en bibliotecas universitarias o los medios de comunicación. El primero de aquellos indicadores se refiere a las señalizaciones de España como blanco del terrorismo internacional que hayan sido formuladas recientemente por figuras de referencia en el entramado de la yihad neosalafista global y, en particular, desde el directorio de al-Qaeda. Conviene recordar que, aun cuando nuestro país era blanco genérico de ese terrorismo internacional desde mediada la década de los noventa, como los demás del ámbito occidental, fue en octubre de 2003, apenas cinco meses antes de la masacre de Madrid, cuando Osama bin Laden lo convirtió en blanco declarado a través de un comunicado ampliamente difundido en la prensa de todo el mundo.



Además, para llevar a cabo una adecuada valoración de la amenaza que el terrorismo internacional plantea en nuestros días a ciudadanos e intereses españoles, dentro o fuera del territorio nacional, no menos relevante es atender al segundo de los aludidos indicadores. En este caso, el que se refiere a la composición, actividades y desarrollos recientes de las tramas de terrorismo yihadista existentes en nuestro país, especialmente, aunque no exclusivamente, las de origen magrebí. Su realidad ha quedado de manifiesto con las sucesivas operaciones policiales, marcadamente preventivas pero también reactivas, que han tenido lugar en los últimos años. Tomando, por una parte, en consideración el señalamiento de España como blanco del terrorismo yihadista por parte de figuras de referencia para los actores individuales o colectivos del mismo y, en concreto, los eventuales pronunciamientos de al-Qaeda en este sentido y atendiendo, por otra parte, a la evolución estructural de la amenaza que se deduce de los individuos detenidos o de las células desmanteladas en nuestro país y sus conexiones internacionales, cabe incluso apreciar las implicaciones de todo ello en términos de seguridad nacional. Es decir, preguntarse también cómo sería un próximo atentado yihadista en territorio español, en caso de que ocurriese de nuevo algo así.



Señalamientos de España como blanco

Cualesquiera declaraciones agresivas que desde el directorio de al-Qaeda se hagan sobre algún país equivalen en la práctica a un señalamiento de blanco, instigan la comisión de atentados contra el mismo y advierten de que la propia estructura terrorista que es núcleo fundacional y matriz permanente de referencia para el movimiento de la yihad neosalafista global en su conjunto puede llegar a implicarse, directa o indirectamente, en la ejecución de los mismos. Pues bien, a lo largo del último año, Ayman al Zawahiri, quien ocupa el segundo lugar en la jerarquía de mando de al-Qaeda y es reconocido por el conjunto de actores individuales y colectivos insertos en las redes del terrorismo global como su máximo estratega, ha efectuado una serie de inquietantes alusiones a España. Veamos brevemente cuándo y cómo se han emitido algunos de esos señalamientos de España como blanco declarado del terrorismo internacional. Señalamientos que, en principio, estarían en consonancia con niveles altos de la amenaza que supone para nuestro país ese fenómeno.



En julio del pasado año, Ayman al Zawahiri, preeminente subalterno de Osama bin Laden desde hace más de una década, emitió un comunicado en el que, al precisar el sentido de lo que denomina “yihad por la senda de Alá”, añadió literalmente: “una yihad cuyo objetivo es liberar Palestina, toda Palestina, y todo territorio que fue musulmán, desde al-Andalus hasta Irak”. Además de intentar por enésima vez entrometerse en la cuestión palestina y de enfatizar la centralidad que para al-Qaeda tiene la contienda iraquí, sus palabras implican una declaración agresiva e intemporal de España como blanco preferente, en la medida en que la práctica totalidad de su suelo ha de ser recuperado, como parte sustancial de un imaginario nuevo califato que unifique al mundo islámico, mediante actividades de guerra santa. Además, en ese mismo comunicado sostiene que los musulmanes son “hijos” de, entre otros, Yusuf Bin Tashfin, emir almorávide que aglutinó los reinos de taifas peninsulares para incorporarlos a su dominio norteafricano y en 1086 combatió victoriosamente a las tropas de Alfonso VI de Castilla.



Mucho más recientemente, en febrero de 2007, casi a un mes de cumplirse el tercer aniversario de los atentados de Madrid, Ayman Al Zawahiri reiteraba esa fijación suya con al-Andalus que implica la demarcación del territorio español como parte de los objetivos últimos de la yihad neosalafista global y señaliza a España como blanco. En esta ocasión lo hizo tras una referencia a la evolución de los grupos y organizaciones yihadistas en el espacio del Magreb, mostrar su respaldo a los “leones” que batallan en esos denominados márgenes occidentales del islam y añadir exactamente esto: “pido a Alá que os conceda que mantengáis vuestros pies firmes para obedecerle y que os conceda su ayuda y su victoria, y así liberéis el Magreb islámico e icéis el estandarte de la yihad para que ondee victorioso sobre su tierra, y que Alá os conceda el favor de pisar pronto con vuestros pies puros sobre el usurpado al-Andalus”. Aquí se indica cuál continuará siendo el principal foco de la amenaza que el terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, además de que posiblemente se esté instando a no demorar en exceso la comisión de atentados en suelo peninsular[*].



Estas y otras citas belicosas sobre al-Andalus no son, es cierto, una novedad en el discurso fundamentalista que subyace al terrorismo global. Abdullah Azzam, mentor ideológico de Osama bin Laden durante la guerra que enfrentó a los muyahidín y los ejércitos soviéticos en Afganistán, promotor luego de la yihad defensiva en otras zonas del mundo, ya a finales de los ochenta mencionaba expresamente a al-Andalus entre las tierras que fueron musulmanas y deben recuperarse. Adalides religiosos muy influyentes entre los seguidores de al-Qaeda tanto en países norteafricanos como europeos, casos de Abu Qutada y Mohammed Fazazi, han hecho frecuentes menciones al retorno de al-Andalus bajo dominio islámico. La misma idea es recurrente en no pocos documentos de orientación neosalafista incautados en operaciones policiales desarrolladas en territorio europeo desde hace años, así como en foros privados de Internet donde la noción de una campaña yihadista en al-Andalus se asocia habitualmente con expresiones de venganza hacia España. Incluso los terroristas que reclamaron la autoría de los atentados del 11 de marzo se presentaban como “brigada en al-Andalus” y a fines de ese mes grabaron un vídeo en el que afirmaban: “continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en la tierra de Tarek ben Ziyad”.



Pero es la frecuencia y agresividad con la que últimamente se evoca al-Andalus desde el directorio mismo de al-Qaeda lo que resulta inquietante en una perspectiva española. Esas alusiones, que se corresponden con una señalización de blanco y la instigación o incluso posible facilitación de atentados terroristas contra España, adquieren particular significación en la actualidad por tres razones. En primer lugar, porque se combinan con otras muestras específicas de hostilidad hacia nuestro país, como la que el propio Ayman al Zawahiri hizo en diciembre de 2006 sobre la “ocupación española de Ceuta y Melilla” en un mensaje emitido por el canal de televisión al-Yazira. Llama especialmente la atención que en dicha mención se compara ese supuesto referido a las dos ciudades norteafricanas de soberanía española con lo que su autor describe como las ocupaciones israelí de Palestina y rusa de Chechenia. Esto es, mediante una narrativa de equiparación, Ayman al Zawahiri pareciese estar demarcando a Ceuta y Melilla como zona de conflicto, lo que acarrearía graves consecuencias potenciales para ambas en términos de amenaza terrorista.



En segundo lugar, los señalamientos de España como blanco del terrorismo yihadista a través de las alusiones a al-Andalus tienen un especial significado porque se combinan con una serie de amenazas genéricas igualmente proferidas por los líderes del terrorismo global y que incumben a nuestro país. Como cuando al-Qaeda amenaza a los países con tropas desplegadas en Afganistán o Líbano, donde hay destacados centenares de soldados españoles[**]. En tercer lugar, porque la idea de recuperar violentamente al-Andalus ha permeado ya el discurso de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y, en concreto, del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), de origen argelino, que cambió recientemente de nombre para adoptar el que corresponde a una extensión regional magrebí de al-Qaeda. En un comunicado fechado el 9 de enero de 2007, a poco de anunciar el cambio en su denominación, el GSPC se pronunciaba así: “abrazamos la yihad para cumplir con un precepto divino ineludible que se nos impuso desde la caída de al-Andalus y la venta de Palestina, y desde que nos dividieron las fronteras que inventaron los invasores”. Apenas una semana antes, su máximo dirigente se había dirigido solemnemente a los musulmanes argelinos también como “nietos de Tarek ben Ziyad” e “hijos de Yusuf bin Tashfin”.



Desarrollos en las redes yihadistas

La amenaza que el terrorismo internacional plantea actualmente a España ha de ser también repensada en atención a la evolución de las redes del neosalafismo yihadista global con actividad detectada en nuestro país. Repensada muy especialmente, aunque no sólo, en atención al redimensionamiento de las tramas originarias de los países norteafricanos, en particular de Marruecos y Argelia, asimismo extendidas por otras naciones de nuestro entorno europeo occidental. Exactamente un 79% de cuantos individuos han ingresado en centros penitenciarios españoles entre 2001 y 2006 como sospechosos de estar implicados en actividades de terrorismo yihadista proceden del norte de África, pero hasta un 77,7% lo hacen del Magreb. En concreto, el 39,7% ha nacido en Marruecos y un 31,4% es originario de Argelia. Pese a que el número de inmigrantes marroquíes en España es más de 10 veces superior al de argelinos, la sobrerrepresentación de estos últimos está relacionada con los casi tres lustros de trayectoria que el terrorismo islamista tiene en el país del que proceden y la difusión de su urdimbre en la otra orilla del Mediterráneo.



Así, no resultará extraño que las organizaciones terroristas relacionadas con al-Qaeda que han venido constituyendo un especial motivo de preocupación para la seguridad interior en España sean, precisamente, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Este último, surgido en Argelia hacia 1998, como resultado de una escisión en el seno de los grupos islámicos armados activos en dicho país desde el inicio de los noventa, ha sido la formación terrorista preeminente en el Magreb durante más de una década. Desde aproximadamente el año 2003, los sucesivos dirigentes de dicha organización han ido acomodando su discurso al de al-Qaeda, evolucionando desde los planteamientos propios de una insurgencia argelina a los panislámicos de una yihad global. El Grupo Islámico Combatiente Marroquí, por su parte, es una formación de contornos más imprecisos y composición menos definida. Se supone que fue constituido ya avanzados los años noventa. Aspiraría al establecimiento de un régimen islámico rigorista en Marruecos pero está afiliado con al-Qaeda e incluso algunos de sus miembros lo son al mismo tiempo de esta última estructura terrorista.



En buena medida, los individuos y las células relacionados con el GSPC o con el GICM que han desarrollado actividades terroristas en España están dedicados a la captación de personas, la movilización de recursos económicos a menudo ilícitamente y la facilitación, por ejemplo mediante la provisión de falsos documentos de viaje u otras fórmulas de apoyo logístico, de operaciones emprendidas tanto dentro como fuera de nuestro país por cuadros de aquellas entidades yihadistas o de otras relacionadas con las mismas, como Ansar al Islam o la Organización de Al-Qaeda para la Yihad en el País de los Dos Ríos, en referencia al actual territorio iraquí. En los últimos cuatro años, docenas o quizá ya unos centenares de jóvenes a veces todavía adolescentes y de adultos no demasiado entrados en años han sido reclutados en el seno de las colectividades musulmanas establecidas en España. En algunos casos, para trasladarlos luego a perpetrar atentados o convertirse en bombas humanas en determinadas zonas en conflicto, sobre todo Irak, pero también Afganistán, Chechenia y puede que Cachemira. Otras veces, para enviarlos al desierto del Sahel, donde el GSPC dispone, al norte de Mali, de campos móviles de adiestramiento en el uso de armas y explosivos o a instalaciones de la propia al-Qaeda en suelo paquistaní.



Estos datos sobre individuos y grupos relacionados con el terrorismo internacional en España, así como el hecho de la proximidad geográfica entre los países de la ribera sur mediterránea y la Península Ibérica, que en buena medida explica aquellas evidencias, son fundamentales para interpretar el previsible impacto que un redimensionamiento de las tramas yihadistas en el Magreb podría tener sobre la seguridad interior de España, al igual que de Francia o Italia. Es en estos tres países donde las redes norteafricanas del terrorismo global se extendieron con especial notoriedad en el pasado. Pero ocurre que un redimensionamiento como ese está teniendo ya lugar en aquella región geopolítica del mundo. Y es que el GSPC ha culminado recientemente su proceso de internacionalización, pasando de ser una entidad afiliada con al-Qaeda a fusionarse con dicha estructura terrorista para convertirse en una extensión regional de la misma e incluso cambiar de nombre y denominarse ahora, con el beneplácito expreso de Osama bin Laden, Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.



Es un arreglo de mutua conveniencia con implicaciones para la evolución del terrorismo global tanto en el Magreb como al sur, este y norte de ese ámbito. El GSPC adquiere una cobertura que seguramente favorecerá su acceso a recursos económicos y humanos, compensando así la relativa debilidad en que se encontraba tras numerosas operaciones contraterroristas desarrolladas durante los últimos años en el norte de África y en Europa occidental. Por su parte, al-Qaeda dispone por fin de una plataforma para introducirse en el Magreb y en el Sahel, así como posiblemente una mayor ascendencia sobre redes argelinas introducidas en algunas naciones europeas, incluida España. Además, la incorporación del GSPC a al-Qaeda y la aparición de Al-Qaeda en el Magreb Islámico conllevan previsiblemente un efecto de sinergia que incide sobre el redimensionamiento de la amenaza norteafricana del terrorismo yihadista, asimismo con consecuencias para nuestro país. Se estaría produciendo una absorción de grupos menos articulados y células independientes existentes en el Magreb o en territorio europeo, concretamente en suelo español.



Al incremento de la amenaza terrorista para nuestro país que se derivaría del redimensionamiento de las redes magrebíes insertas en la yihad neosalafista global hay que añadir algunos otros elementos de creciente preocupación. Por ejemplo, el que nos remite a individuos ligados a organizaciones paquistaníes afiliadas con al-Qaeda y que se han introducido en comunidades inmigrantes de su misma procedencia asentadas en España, especialmente en Cataluña. Suelen provenir del Punjab, provincia colindante con la frontera india y la disputada Cachemira, donde prevalece una cultura yihadista ligada al credo deobandi y grupos terroristas como Lashkar e Tayiba o Jaish e Mohammed disponen de infraestructuras. Tampoco debe olvidarse el peligro aún más imprevisible que en sí mismo plantean células independientes autoconstituidas dentro de España de acuerdo con los fines y los métodos propugnados desde al-Qaeda. En definitiva, redes, grupos y células que intentan movilizar en su beneficio el apoyo que esa estructura terrorista y su líder parecen recibir de entre el 10% y el 15% del millón de musulmanes que se calcula viven en España, de acuerdo con sondeos como los del Office of Research del Departamento de Estado norteamericano o el Pew Global Attitudes Survey. Actitudes propiciadas por la intervención de asociaciones islamistas de orientación salafí contrarias a la integración social de esos inmigrantes y que incluso facilitan la radicalización yihadista de algunos españoles conversos.



Implicaciones de seguridad nacional

El creciente señalamiento de España como blanco por parte de al-Qaeda y el concomitante redimensionamiento de las redes norteafricanas incorporadas a esa estructura terrorista, unidos a otros peligros en evolución con los que ambos se relacionan, tienen implicaciones en términos de seguridad nacional. Por una parte, debido a la continuada posibilidad de que se perpetren nuevos atentados susceptibles de incidir gravemente sobre el orden constitucional o la cohesión de una sociedad abierta que, por cierto, es crecientemente plural precisamente como consecuencia de la inmigración y en especial de la que procede de sociedades mayoritariamente musulmanas, a las cuales tienen por su población de referencia los actores del terrorismo yihadista. Por otra, debido a que esos posibles actos de terrorismo internacional pueden afectar muy seriamente infraestructuras críticas o intereses estratégicos fundamentales para nuestro país. Finalmente, debido a que el estilo de los atentados que traten de ser cometidos contra instituciones o ciudadanos españoles, dentro o fuera de las fronteras nacionales, podría registrar algunas alteraciones respecto los procedimientos y modalidades hasta ahora considerados como más probables.



En principio, el tipo de atentados que es previsible planifiquen y traten de ejecutar en España los actores individuales o colectivos de origen principal pero no exclusivamente magrebí relacionados con el movimiento de la yihad neosalafista global corresponde a actos de terrorismo cuyos propósitos inmediatos sean los de ocasionar un notable número de víctimas mortales, ejercer un considerable impacto social y atraer gran atención por parte de la prensa internacional. Esta combinación de letalidad, impacto y publicidad se traduciría en atentados ejecutados, en primer lugar, por medios convencionales pero suficientemente mortíferos que se acomoden, por una parte, a la pericia que los terroristas o alguno de sus cabecillas hayan adquirido en distantes campos de adiestramiento o en instalaciones mucho más cercanas y, por otra, a la disponibilidad del entorno donde prevean sus autores llevarlos a cabo. Por ejemplo, haciendo uso de sustancias y complementos necesarios para el montaje de artefactos explosivos a los que los terroristas o sus colaboradores tengan acceso legal o ilegalmente.



Se trataría, en segundo lugar, de acciones terroristas cometidas a través de modalidades habituales en la práctica del terrorismo internacional, como deflagraciones múltiples y concatenadas entre sí que se inicien gracias a dispositivos de control remoto o mediante el uso de temporizadores. En tercer lugar, estaríamos refiriéndonos a atentados dirigidos contra blancos desprovistos de medidas especiales de protección y localizados preferentemente en espacios urbanos donde se producen aglomeraciones humanas o en sistemas de transporte que, aun fuera de zonas densamente pobladas, caso de ser blanco de una acción terrorista aseguren consecuencias suficientemente cruentas, favorezcan la generalización de estados mentales de ansiedad y hagan ineludible que se produzca una cobertura de alcance mundial por parte de los medios de comunicación. También las zonas donde se combinan la industria turística y concentraciones masivas de gente ofrecen blancos estacionales atractivos para los terroristas, como ha quedado de manifiesto en otros lugares del mundo. Es decir, el tipo de atentado de terrorismo yihadista más probable en España, caso de ocurrir de nuevo alguno, hipótesis esta que en modo alguno es posible descartar al la luz de lo que se ha conocido estos últimos tres años, es asimilable en sus aspectos básicos, aunque no necesariamente en sus blancos específicos y localización, a los del 11 de marzo de 2004.



Quizá sea de interés recordar ahora que los grupos y organizaciones implicadas en el terrorismo yihadista han manifestado una singular inclinación a intentar perpetrar atentados contra blancos que habían tratado de afectar con anterioridad pero sin éxito, bien sea porque los resultados estuvieron muy por debajo de sus expectativas, bien porque las agencias policiales y los servicios de inteligencia desbarataron a tiempo sus planes. Las torres gemelas de Nueva York fueron destruidas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero habían sido objeto de otro, de consecuencias mucho más limitadas claro, por parte de individuos imbricados ya en el entonces incipiente entramado neosalafista global, en 1993. Hace apenas unos años, las agencias británicas de seguridad consiguieron impedir un atentado en el aeropuerto londinense de Heathrow y detuvieron a quienes lo preparaban, pero otros correligionarios de su misma trama retomaron tiempo después exactamente los mismos planes, frustrados otra vez por una operación antiterrorista. Quiero decir con esto que el tren de alta velocidad que discurre entre Madrid y Sevilla, la Audiencia Nacional sita en la capital de España o algunos conocidos edificios altos de Barcelona podrían seguir en el punto de mira del terrorismo yihadista y acaso requieran medidas especiales de protección.



Ahora bien, que algún acto de terrorismo internacional con las características básicas de los atentados del 11 de marzo de 2004 sea más probable, caso de volver a producirse uno nuevo en nuestro país, no quiere decir que sea el único tipo de atentado yihadista posible. Cabe que tanto el creciente señalamiento de España como blanco por parte de al-Qaeda como sobre todo el surgimiento de su extensión regional para el Magreb, a partir de un proceso de internacionalización del GSPC argelino, influyan sobre el estilo de atentados que pudieran perpetrarse contra intereses o ciudadanos españoles, sobre todo dentro pero también fuera del propio territorio nacional. Así, por ejemplo, resulta actualmente más verosímil de cuanto lo era hace dos o tres años que un nuevo acto de terrorismo internacional en España adopte la modalidad del atentado suicida. No sólo porque se acomoda a las preferencias operativas del directorio de al-Qaeda, sino también porque el GSPC ha justificado explícitamente ese tipo de actos desde febrero de 2005 y nada impide que individuos reclutados en nuestro país para llevar a cabo misiones suicidas en Irak o en otros lugares puedan cometer atentados así pero en territorio español.



Al estilo de atentados cuya ejecución planifica y controla directamente al-Qaeda es además común la selección de blancos de especial relevancia simbólica y considerablemente mejor protegidos que otros más fácilmente imaginables. La frecuencia y agresividad con la que desde el directorio de dicha estructura terrorista se viene señalizando a España, así como el hecho de que exista ahora una extensión regional de la misma en el Magreb con ramificaciones europeas obliga a reflexionar sobre la posibilidad de que el rango de blancos propicios para actos de terrorismo internacional se amplíe, en el interior de nuestro país, a los más simbólicos o dotados con una mayor protección. Este es el caso de aeronaves comerciales, monumentos o edificios prominentes, importantes infraestructuras críticas, sedes gubernamentales y de las agencias de seguridad o de las fuerzas armadas. Sin descartar la posibilidad, aún remota pero cada vez menos impensable, de algún acto terrorista no convencional como los que deberían perpetrarse en sociedades occidentales según un tratado de estrategia yihadista muy visitado en Internet y escrito por un español de origen sirio, Mustafa Setmarian, fundador de la célula de al-Qaeda establecida en España en los años noventa, poco antes de ser detenido en Pakistán durante la segunda mitad de 2005. Por cierto, que a inicios de la primavera de ese mismo año, este individuo, también conocido por su sobrenombre de Abu Musab al Suri, hizo público un documento en el que amenazaba con futuros atentados en España.





Conclusiones: España es hoy más blanco de al-Qaeda que antes de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Incluso es probable que nuestro país sea ahora más blanco del terrorismo internacional que nunca antes y, por la naturaleza de los indicadores que lo ponen de manifiesto, en modo alguno se trata de una situación pasajera. Que Ayman al Zawahiri insista en la violenta recuperación de al-Andalus como parte de un nuevo califato panislámico, consiguiendo que su discurso impregne la narrativa de los grupos y organizaciones norteafricanos relacionados con aquella estructura terrorista equivale a convertirnos en blanco permanente de los actores individuales y colectivos que forman las redes multinacionales del movimiento de la yihad neosalafista global en su conjunto. Esto, en sí mismo, obliga a repensar la amenaza que el terrorismo internacional supone en la actualidad para nuestro país y que conlleva señalizaciones más precisas, como las relacionadas con la presencia de soldados españoles en territorios musulmanes o la demarcación de Ceuta y Melilla como zona de conflicto.



Además, la amenaza que el actual terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, especialmente dentro pero también fuera del propio territorio nacional, se ha incrementado como consecuencia del redimensionamiento de las redes norteafricanas insertas en el aludido movimiento de la yihad neosalafista global y del efecto de sinergia que para ese entramado tiene el surgimiento de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Estas y otras preocupantes circunstancias podrían tener consecuencias para la seguridad nacional tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo, al producirse alteraciones en la modalidad de posibles nuevos actos de terrorismo internacional, siendo ahora más verosímil de cuanto lo era hace dos o tres años que se perpetren en España atentados suicidas o contra blancos altamente simbólicos y dotados de considerables medidas de protección. Sin que ello suponga olvidar la imprevisible operatividad de células independientes autoconstituidas, cuyo rango de acciones iría del asesinato individual al uso de artefactos explosivos improvisados contra blancos desprotegidos.



A lo largo de los últimos tres años se ha avanzado mucho en la adaptación de nuestras estructuras nacionales de seguridad ante los desafíos que plantea el terrorismo yihadista. Ahora bien, puede que la amenaza que al-Qaeda, su extensión regional en el Magreb y otras organizaciones yihadistas procedentes del sur de Asia o de Oriente Medio pero con conexiones en nuestro país suponen para ciudadanos e intereses españoles esté evolucionando a una cadencia no suficientemente compensada por los esfuerzos antiterroristas y contraterroristas. Ahora es fundamental que el flujo y el consumo de inteligencia en relación con la amenaza del terrorismo internacional para España sean los adecuados y permitan informar una certera toma gubernamental de decisiones en esta materia. Los atentados del 11 de marzo de 2004 quedaron atrás, pero es momento de repensar la amenaza que el terrorismo yihadista supone en la actualidad para España y de que las autoridades obren, como es lógico, en consecuencia.



Fernando Reinares

Investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, donde dirige el Programa sobre Terrorismo Global, y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos

Terrorismo y teorías de la conspiración: el caso del 11-M

Tema: Los atentados del 11-M han dado lugar a la aparición de numerosas tesis que ponen en duda la validez de la investigación judicial. Este análisis muestra como tales tesis presentan los rasgos característicos de las teorías de la conspiración injustificadas.

Resumen: Las tesis de la conspiración forman parte del folklore contemporáneo, pero no siempre son banales e inocuas. Se caracterizan por atribuir a una conspiración de agentes poderosos la ocultación de una verdad relevante y a veces logran gran aceptación. Su veracidad o falsedad debe ser probada en cada caso, aunque comúnmente el término se emplea sólo para aquellas que resultan injustificadas. El impacto emotivo que tienen los grandes atentados, como los del 11-S y el 11-M, favorece la aparición de tales teorías, que tienden a mermar la confianza pública en las instituciones. En ambos casos, sin embargo, las teorías que tratan de desmentir el resultado de la investigación oficial carecen de pruebas.

Análisis: La polémica sobre los atentados del 11-M ha introducido por primera vez en el debate público español el concepto de teoría de la conspiración, hasta el punto de que quienes han opinado sobre el tema se han visto clasificados como “oficialistas” o “conspiracionistas”. Estos últimos han logrado convencer duarante un tiempo a un sector numeroso, aunque minoritario, de la población española, lo que demuestra la importancia que pueden llegar a adquirir las teorías de la conspiración e induce a tomárselas en serio. Sin embargo, la comunidad académica internacional no ha solido hacerlo, ya que en general tales teorías son consideradas como elementos intrascendentes de la cultura popular, que permiten ganar dinero y/o satisfacer sus ansias de protagonismo a los lunáticos o desaprensivos que las propagan.

Los típicos teóricos de la conspiración acusan al Gobierno norteamericano de ocultar pruebas sobre un nave alienígena (que se habría estrellado en Nuevo México en 1947); niegan que el hombre haya pisado la Luna (el dinero de la misión Apolo se habría usado para otros fines); denuncian el control oculto del mundo por parte del grupo Bilderberg (personalidades internacionales que se reunen una vez al año para debatir confidencialmente); o afirman que Elvis Presley está vivo (habría fingido su propia muerte). Frente a tales tesis, lo mejor parece atenerse al sabio consejo de no discutir con lunáticos. Pero algunas teorías de la conspiración no son tan anodinas. La teoría de que los judíos controlan el mundo, cuya formulación clásica se halla en los Protocolos de los sabios de Sión (una falsificación publicada inicialmente en Rusia a comienzos del siglo XX y que muchos islamistas siguen creyendo genuina aun hoy) contribuyó decisivamente a los crímenes antisemitas del pasado, incluido el holocausto, y dificulta hoy un acuerdo definitivo de paz entre árabes e israelíes.

No todas las teorías de la conspiración son, sin embargo, falsas. Si entendemos por conspiración un acuerdo secreto entre varias personas para dañar a terceros, los actos terroristas son todos resultado de conspiraciones previas. Así es que el problema real es el que presentan las teorías de la conspiración injustificadas, pero no siempre resulta evidente si una teoría está justificada o no. Desde la perspectiva epistemológica el tratamiento más serio del tema se halla, a mi juicio, en un artículo del filósofo estadounidense Brian L. Keeley (“Of Conspiracy Theories”, The Journal of Philosophy, XCVI, 3, 1999, pp. 109-126), que por cierto toma como ejemplo las teorías surgidas en torno a un atentado terrorista, el de Oklahoma City en 1995. De acuerdo con Keeley, las teorías de la conspiración injustificadas se caracterizan por negar la interpretación oficial u obvia de los hechos considerados, pretenden revelar secretos bien guardados y se apoyan en los datos que no quedan suficientemente explicados en la versión oficial o incluso la contradicen, pero ninguno de estos rasgos implica que sean necesariamente injustificadas, algo que debe ser demostrado en cada caso. Ahora bien, es frecuente que tales teorías tomen direcciones peligrosas. Dado que los teóricos de la conspiración pretenden revelar secretos guardados por agentes poderosos, los argumentos que se utilizan contra sus tesis suelen presentarlos como pruebas adicionales de lo poderosa que es la conspiración a la que se enfrentan. Todo aquel que niega la conspiración, observa Keeley, es sospechoso de participar en ella, con el resultado de que la supuesta conspiración se va ampliando. Y en ello estriba el peligro de unas teorías que tienden a poner en cuestión la confianza en las instituciones sin la que una sociedad no puede funcionar: el escepticismo llevado al extremo conduce al nihilismo.

A menudo, añade Kelley, el atractivo de las teorías de la conspiración injustificadas se basa en que permiten dar una explicación sencilla y completa de grandes acontecimientos. Para mucha gente es difícil aceptar que el mundo se rige por la interacción de múltiples agentes que persiguen diferentes objetivos, sin que nadie pueda controlar los resultados. En particular, resulta difícil aceptar que acontecimientos con un impacto emocional tan grande como el que tuvieron en EEUU el asesinato de Kennedy o el atentado de Oklahoma City (el mayor antes del 11-S) puedan haber sido obra de individuos insignificantes.

Nos encontramos pues con que existen teorías de la conspiración banales (Elvis está vivo), otras que proponen una visión conspirativa de la historia (la conspiración judía) y otras que ofrecen una explicación alternativa de un hecho impactante (el atentado de Oklahoma City). A este tercer tipo pertenecen las teorías surgidas a raíz del 11-S y del 11-M. En el caso del 11-S, la versión oficial de los hechos se recoge en el informe de una comisión nacional de investigación, integrada por miembros de los dos grandes partidos, cuyos resultados han sido aceptados por los grandes medios de comunicación, pero ello no ha impedido que se difundan teorías que la niegan. A nivel internacional, el teórico de la conspiración que ha tenido más éxito ha sido el periodista francés Thierry Meyssan, quien ha vendido centenares de miles de ejemplares de su libro La gran impostura, traducido a más de 20 lenguas, en el que trata de probar que ningún avión se estrelló en el Pentágono. Y tampoco faltan en los mismos EEUU teóricos de la conspiración que hayan puesto en cuestión la versión oficial. Entre ellos se encuentra el profesor de filosofía James Fetzer, quien previamente se había ocupado de otro tema similar, el asesinato de J.F. Kennedy, y el profesor de teología David Ray Griffin. La argumentación de estos y otros teóricos similares se puede resumir en tres puntos:

(1) Descartan, por motivos técnicos, que el hundimiento de las Torres Gemelas y los daños en el edificio del Pentágono se debieran al impacto de los aviones secuestrados. Por supuesto, no pueden negar que dos aviones se estrellaron contra las torres, pero afirman que su hundimiento se debió a explosivos situados en el interior de las mismas.

(2) Sostienen que los atentados favorecieron los planes de expansión imperial del Gobierno Bush, al constituir un “nuevo Pearl Harbor” que permitió justificar el aumento del gasto en defensa y los ataques contra Afganistán e Irak.

(3) Argumentan que, puesto que el Gobierno de Bush se ha esforzado en que se aceptara una versión de los hechos que ellos consideran falsa y puesto que se ha beneficiado de lo ocurrido, es probable que miembros del Gobierno estuvieran implicados de alguna manera en los atentados, o al menos estuvieran informados previamente y no trataran de impedirlo.

Este esquema de argumentación se basa pues: (a) en una cuestión técnica, como es la resistencia al fuego de un gran edificio, sobre la que en realidad muy pocos expertos están en condiciones de opinar con fundamento; y (b) en el común pero no por ello menos falaz argumento de que si un crimen beneficia a alguien en algún sentido, aunque sea indirecto, ese alguien es sospechoso de haberlo cometido. De lo que no se aporta prueba alguna, por supuesto, es de que algún agente del Gobierno de Washington haya estado implicado en los atentados.

¿Hasta qué punto han calado en el público estas teorías? En EEUU las dudas de los ciudadanos se han centrado en la cuestión de si el Gobierno había tenido información previa sobre el proyecto terrorista. Una sorprendente encuesta de Zogby International en agosto de 2004 mostró que casi la mitad de los residentes en Nueva York creían que el Gobierno la tenía. Pero lo más inquietante resulta la opinión de los musulmanes. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en el año 2006 más de la mitad de los indonesios, los egipcios, los turcos, los jordanos y los musulmanes británicos negaban que los atentados del 11-S hubieran sido perpetrados por musulmanes. En el caso de los musulmanes españoles, lo negaban el 35%, mientras que el 33% lo creía cierto. Un año después, la misma empresa encuestó a los musulmanes de EEUU, con el resultado de que el 40% creía que los terroristas habían sido musulmanes y el 28% lo negaba, porcentaje este último que se elevaba al 38% entre los más jóvenes y al 46% entre los más religiosos.

Respecto a los atentados del 11-M, también han surgido dudas sobre la versión oficial. Según una encuesta realizada en el otoño de 2006, el 23% de los españoles estaba en desacuerdo con la afirmación de que los atentados habían sido exclusivamente obra de islamistas, porcentaje que se elevaba al 53% entre los votantes del Partido Popular. En este caso el atractivo de las teorías de la conspiración reside en la aparente disparidad entre la magnitud del hecho mismo (el peor atentado de nuestra historia) y de su repercusión política (una contribución decisiva al resultado de las elecciones generales y por tanto al cambio del partido en el gobierno) y la personalidad de sus autores (un grupo de musulmanes, en su mayoría marroquíes, residentes en España). A pesar de que los atentados del 11-S habían demostrado la enorme capacidad de actuación de al-Qaeda, el hecho de que en el caso de los atentados de Madrid no haya indicio alguno de la participación de terroristas venidos del exterior ha llevado a los medios favorables a la teoría de la conspiración a insistir una y otra vez en que una acción tan maquiavélica no podía ser obra de unos “moros de Lavapiés”.

Esto responde no sólo a una actitud de desprecio racista hacia “los moritos”, sino a una exageración de las dificultades que planteaba la realización de los atentados. En realidad los conocimientos para montar los artefactos explosivos están ampliamente difundidos en el mundo yihadí, aunque el hecho de que no sepamos quien montó los artefactos se presta a la interpretación conspirativa. Y aun más extraña resulta la tesis conspiracionista de que sólo alguien muy avezado en el análisis de la política española pudiera haber previsto las consecuencias electorales de los atentados. En realidad, cualquiera que viviera en Madrid en el período de las manifestaciones contra la guerra de Irak habría tenido muy difícil no enterarse de que la oposición de izquierda había encontrado un gran argumento contra el Gobierno de Aznar en la crítica a su política favorable a la intervención en Irak, enormemente impopular. No sabemos si los terroristas del 11-M habían accedido en Internet a un documento yihadí, colgado a finales de 2003, en el que se afirmaba que en España la oposición a la guerra era tan fuerte que algunos ataques bastarían para provocar la retirada de las tropas españolas o, en el caso de que el Gobierno no lo hiciera, al triunfo en las siguientes elecciones del Partido Socialista, que tenía tal retirada en su programa. Es probable que en esa línea de razonamiento se encuentre la lógica criminal que condujo a los atentados. Y aunque los terroristas que cometieron los atentados no hayan leído ese documento, la idea de que una matanza en nombre de la yihad perpetrada justo antes de unas elecciones generales iba a perjudicar al Gobierno que había mandado tropas a Irak la pudieron concebir ellos solos, por muy poco atentos que hubieran estado a la reacción de la población española ante aquel conflicto. Un conflicto, además, que para ellos era importantísimo.

En la génesis de la teoría de la conspiración del 11-M el elemento crucial fue el resultado político de los atentados. José María Aznar había gobernado durante ocho años, con un balance muy positivo en opinión de sus electores, y las encuestas hacían bastante probable una victoria del PP en las elecciones del 14 de marzo. Pero en los tres días que precedieron a las elecciones se produjeron los atentados, el Gobierno defendió la probable autoría de ETA, las primeras pruebas y detenciones apuntaron hacia los yihadíes y el recuerdo de la campaña contra la guerra de Irak se actualizó, provocando una movilización de electores de izquierda que dio la victoria al PSOE. A partir de aquí pudo activarse una de las líneas de razonamiento más típicas de las teorías de la conspiración: quien se beneficia de los resultados de un crimen siempre es sospechoso. Si el 11-S favoreció los planes imperialistas de la Administración Bush, sostiene la perversa lógica conspiracionista, la Administración Bush es sospechosa, al menos, de haber dejado hacer a los terroristas. Y si el PP perdió las elecciones debido a los atentados, ¿qué cabe especular?

Algunos conspiracionistas han podido actuar influidos por el cálculo de réditos electorales, de cuotas de audiencia o de venta de periódicos, pero todo ello es secundario, porque la fuerza de una teoría de la conspiración depende mucho de la sinceridad con que es creída y es difícil pensar que llegue a arraigar en la opinión si los mismos que la propagan no la creen y la apoyan por motivos espurios. Este análisis no pretende poner en tela de juicio la sinceridad de nadie, ni pretende sostener que las versiones oficiales deben ser creídas sólo por serlas.

La versión oficial del 11-M, la que se desprende de toda la inmensa masa de pruebas acumuladas durante una exhaustiva investigación y se está imponiendo durante el proceso todavía en curso, sostiene la culpabilidad de un grupo de militantes yihadíes, y en cierta medida apunta a que la intervención en Irak actuó como detonante de la voluntad criminal de los terroristas, aunque evidentemente este es un punto muy secundario desde el punto de vista procesal. La teoría de la conspiración, en cambio, presenta a los yihadíes como meros ejecutores, como mucho, y postula la existencia de otros conspiradores que los habrían utilizado. Aunque en ciertos momentos se ha insinuado una participación de los servicios secretos marroquíes, o incluso de los franceses, el culpable en el que habitualmente se piensa es ETA, culpable real de más de 800 asesinatos terroristas e inicialmente designada por el Gobierno de Aznar como principal sospechosa de los atentados del 11-M.

A partir de ahí, entra en acción la perversa lógica de las teorías de la conspiración injustificadas y en concreto su tendencia, destacada por Keeley, a implicar a más y más agentes en su red de sospechas. ¿Si ETA es culpable, por qué no se ha podido demostrar su culpabilidad a lo largo de toda la exhaustiva investigación realizada? La lógica conspirativa lleva a suponer que por falta de interés en demostrarla por parte de los jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que se han encargado de ello. Y a partir de ahí se ha planteado la sospecha de que el propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no está interesado en que se pruebe tal culpabilidad, pues ello pondría en entredicho la legitimidad moral de su victoria electoral y haría imposible la política de negociación con la banda terrorista que inició en 2005.

Dicho esto, conviene destacar que lo que se ha difundido durante los tres últimos años en la sociedad española no es una teoría de la conspiración completa que ofrezca una explicación alternativa de lo ocurrido, sino unos argumentos que ponen en duda la versión oficial, tratan de implicar a ETA y se limitan a insinuar la posibilidad de una trama conspirativa en la que participaran otros agentes. “¡Queremos saber la verdad!” es quizá el lema más efectivo de la campaña contra la versión oficial, campaña que se ha visto reforzada al confluir con el rechazo a la negociación con ETA. A modo de ejemplo, recuérdese que en la masiva manifestación que se celebró en Madrid el 10 de junio de 2006, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los dos lemas de los convocantes fueron el ya citado de “¡Queremos saber la verdad!” y “Negociación, en mi nombre, ¡no!”.

Debemos, por tanto, distinguir tres elementos en la argumentación de los “conspiracionistas”: (1) la búsqueda de pruebas contra ETA; (2) la crítica de las pruebas en que se basa la versión oficial; y (3) las insinuaciones contra otros supuestos participantes en la conspiración.

Las pruebas contra ETA

En principio, sospechar que una organización terrorista que lleva 40 años asesinando haya participado en una matanza resulta obvio. En ese sentido, la decisión el Ministerio del Interior, regido entonces por el PP, de iniciar el mismo día de las elecciones una investigación sobre las posibles conexiones entre yihadíes y etarras resulta perfectamente coherente. Se entra, en cambio, en el terreno de la teoría de la conspiración injustificada cuando, después de que un enorme esfuerzo de investigación no haya revelado ningún indicio sólido de que en los crímenes del 11-M participaran criminales de ETA, se recurre a los argumentos más extravagantes, sin reparo en poner en cuestión la honradez de policías o jueces. Por otra parte, resulta difícil imaginar qué podría haber ganado ETA con su contribución a aquellos atentados. ¿Provocar un cambio de Gobierno que facilitara la aceptación de sus exigencias? Pero para que sus exigencias fueran aceptadas tenían que estar seguros de que su participación no sería descubierta. ¿Cómo podían estarlo? Y si se descubría ¿no le costaría ello el apoyo de incluso sus más feroces y obtusos partidarios?

La crítica de las pruebas oficiales

Como en el caso del 11-S, parte de las críticas de las pruebas se centran en detalles técnicos sobre los que sólo unos pocos especialistas están en condiciones de opinar. Para el común de los mortales, la posibilidad de que los incendios provocados por el impacto de sendos aviones bastaran o no para causar el derrumbe de las Torres Gemelas representa una cuestión inabordable. Simplemente vimos estrellarse a los aviones y luego vimos como se derrumbaban los edificios, así es que suponemos que hubo una relación de causa-efecto. De la misma manera casi nadie está en condiciones de opinar sobre los rastros de componentes que dejan distintos tipos de explosivos. Sólo sabemos que múltiples pruebas, y la sentencia judicial contra un menor que participó en el tráfico, demuestran que los yihadíes sospechosos de cometer los atentados adquirieron explosivos en una mina asturiana, y suponemos que esos fueron por tanto los explosivos utilizados.

Ahora bien, hay un punto esencial en la argumentación de los conspiracionistas sobre el cual puede formarse una opinión cualquier persona capaz de razonamiento desapasionado (una capacidad de la que supuestamente están dotados la mayoría de los seres humanos). Se trata de la bolsa recogida en la estación del Pozo e identificada horas después en la comisaría del Puente de Vallecas, la única bolsa colocada por los terroristas en los trenes que ni explotó ni fue explosionada más tarde por los Tedax y que, a través de las pistas proporcionadas tanto por el explosivo y el detonador que contenía, como por el teléfono móvil que habría debido poner en acción el detonador, como por la tarjeta del mismo, resultó crucial en el primer momento de la conspiración. La tesis de los conspiracionistas es que esa bolsa era una pista falsa, colocada por alguien que deseaba precipitar la detención de algunos yihadíes y lograr así el efecto deseado. Una tesis que en marzo de 2006 llevó incluso al líder de la oposición a dudar por un momento de la validez de la investigación realizada hasta el momento. En realidad, si lo que se discute es la certeza de que, en medio de la situación crítica provocada por los atentados, esa bolsa haya estado bajo control policial desde el momento en que se recogió del tren hasta el momento en que se identificó en comisaría, las dudas son posibles, aunque varios policías han testificado en el juicio que así fue. Un rasgo típico de las teorías de la conspiración es centrar la atención en detalles de los que se pretende sacar grandes conclusiones: si no hay absoluta certeza de que la bolsa en cuestión se encontró en el tren, entonces es posible que no fuera depositada por los terroristas, sino por obra de un maquiavélico agente que quería orientar la investigación. Cualquier lector de novelas policíacas recordará cosas similares, pero la lógica no es precisamente el punto fuerte de tales novelas. Lo importante es que las pistas proporcionadas por aquella bolsa encajan perfectamente con miles de otras pruebas: el detonador lleva a la mina asturiana en la que sin duda los procesados adquirieron un explosivo idéntico al de la bolsa, y el teléfono móvil y su tarjeta llevan también hacia ellos. No se trata pues de una simple pista falsa que condujera hacia unos falsos culpables. Si de verdad la bolsa hubiera sido colocada por alguien que no formara parte del grupo de terroristas yihadíes, ese alguien conocía perfectamente todos los detalles de sus movimientos, luego ese alguien muy probablemente formaba parte de una trama oculta que había dirigido las acciones de tales terroristas.

Las insinuaciones sobre la trama oculta de la conspiración

La mayor parte de los conspiracionistas no van más allá de incriminar a ETA y sembrar dudas sobre la versión oficial. Muy pocos se han atrevido a apuntar directamente hacia otros presuntos culpables. Sin embargo, como demuestra el caso de la bolsa de la estación del Pozo, si aceptamos la tesis conspiracionista hemos de concluir que existió una trama oculta capaz de seguir, o presumiblemente guiar, los pasos de los terroristas yihadíes y situar en el lugar adecuado pruebas que los incriminen, sin dejar el más mínimo rastro de su actuación. ¿De verdad se puede creer que ETA habría sido capaz de ello por sí sola? Una vez más, la perversa lógica de las teorías de la conspiración conduce a ampliar la supuesta trama y buscar nuevos culpables, como cuando los jueces de Salem cazaban brujas. La cuestión es que hace falta ser muy insensato para llevar la lógica conspirativa hasta el final. Sin embargo, algunos lo han hecho en España. En los micrófonos de la COPE el locutor Federico Jiménez Losantos ha aludido a “la implicación de los servicios españoles de la Policía, de la Guardia Civil” (citado en ABC, 9/VI/2006), aunque en otras ocasiones se ha mostrado algo más prudente: “casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles” (citado en ABC, 5/X/2006).

Conclusión: La teoría de la conspiración lleva pues a la aberrante suposición de que en el peor atentado de nuestra historia han estado implicados miembros de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad que durante décadas han luchado contra los terroristas de ETA y han pagado por ello un pesado tributo de sangre. Una suposición que carece por completo de base, como se ha demostrado en el juicio contra los terroristas en la Audiencia Nacional. Esperemos que la ya próxima sentencia abra los ojos a todos los que, de buena fe, dudaban de que los terroristas yihadíes hayan sido los únicos responsables del 11-M.

Juan Avilés Farré
Catedrático de Historia Contemporánea en la UNED

Europol y el Modelo europeo de inteligencia criminal: una respuesta no estatal a la delincuencia organizada (ARI)

Tema: Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada.

Resumen: La UE no tiene competencias para dictar a sus Estados miembros cómo estructurar sus cuerpos policiales o actuar en materia de ley y orden. Más bien, los Gobiernos se valen de la UE para intentar lograr que policías y fiscales de toda Europa piensen y actúen de forma conjunta en la lucha contra la delincuencia organizada, que acuerden una acción común –en particular en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas– y que intenten aproximar la legislación penal de los distintos países. A pesar de las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos europeos, la UE ha elaborado una serie de ideas innovadoras, aunque aún sin poner a prueba, que respetan las sensibilidades nacionales, entre ellas un modelo no estatal que aúna la inteligencia criminal de los distintos países para planificar operaciones conjuntas. Aún quedan cosas por hacer, especialmente ahondar en el papel que representarán órganos de la UE como Europol.

Análisis

Introducción
La delincuencia organizada transnacional supone una amenaza creciente en el mundo posterior a la guerra fría. Las oportunidades para operar de forma transfronteriza de que disfrutan los bajos fondos de la delincuencia se multiplican a medida que se va multiplicando también la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumenta la movilidad de personas, bienes y servicios entre los distintos países y surge una economía globalizada. Actualmente, las bandas criminales venden armas, realizan contrabando de inmigrantes y trata de personas, trafican con droga y cometen fraudes en distintos países de todo el mundo.

Por ese motivo, la delincuencia organizada se ha convertido en un área prioritaria para la legislación comunitaria y para su agenda de Justicia e Interior (JAI), de está creciendo rápidamente. En 2004, los Estados miembros acordaron ampliar radicalmente las competencias de la UE en materia de delincuencia y actuación policial, dos cuestiones que afectan de lleno a la soberanía nacional. En las negociaciones sobre el Tratado Constitucional y el Tratado de Reforma de la UE, los Gobiernos acordaron renunciar al veto nacional en casos de decisiones sobre delincuencia y actuación policial, si bien el mantenimiento de la ley y el orden propiamente dicho seguirá siendo una cuestión estrictamente nacional. También acordaron dar más facilidades a la UE para iniciar legislación penal y armonizar los procedimientos judiciales de los distintos países.

La policía sobre el terreno de toda Europa, que inicialmente se mostró escéptica, ha pasado posteriormente a tener una visión más favorable de Europol, el cuerpo policial de la UE, y a considerar que puede llegar a constituir una vía útil de coordinación de la lucha contra la delincuencia organizada. En un mundo en que la delincuencia no respeta fronteras, se ha convencido de que una cooperación transfronteriza más proactiva puede reportar beneficios. “Haciendo de Europa un lugar más seguro, contribuimos a la seguridad de este país”, afirma un alto cargo de la Policía Metropolitana de Londres. “Nuestra seguridad no empieza exclusivamente dentro de nuestras fronteras, sino también en las Islas Griegas o la frontera finlandesa”.[1] Aun así, sigue quedando mucho por hacer. Los órganos de la UE se han ganado la aceptación de la comunidad policial y judicial europea, pero no su admiración universal. Europol no es aún un elemento indispensable de las investigaciones transfronterizas, en parte por graves problemas burocráticos que reducen su utilidad, motivo por el cual los Gobiernos están negociando una importante reforma de sus competencias básicas.

Estas delicadas reformas cuentan con apoyo nacional, ya que los Gobiernos consideran que la UE tiene importancia en sus esfuerzos por desmantelar y desbaratar lo peor de la delincuencia organizada y confiscar los activos financieros de las bandas. Los policías y jueces no pueden desmantelar por completo esas redes transfronterizas de delincuencia europea actuando sólo dentro de sus fronteras. Las bandas transnacionales cometen delitos en un país pero su cúpula y sus activos financieros a menudo permanecen escondidos y a buen recaudo en el extranjero (Informe de Europol sobre la valoración de las amenazas de 2006, p. 20). La cooperación policial y judicial entre la totalidad de los países europeos aún no está al nivel de la de los delincuentes. Aun así, la preocupación por la soberanía nacional y las diferencias culturales y jurídicas siguen limitando la eficacia de las investigaciones transfronterizas en materia de delincuencia organizada.

Cooperación policial en Europa
Los 1,2 millones de policías europeos operan de formas muy distintas, en ocasiones incompatibles. Dinamarca, Finlandia e Irlanda cuentan con un único servicio de policía nacional cada uno, centralizado a las órdenes de un “jefe” claramente designado. En el Reino Unido y los Países Bajos, en cambio, la policía está descentralizada: el Reino Unido, por ejemplo, cuenta con 50 cuerpos de policía distintos. En algunos países, la policía dispone de competencias de investigación independientes, mientras que en otros actúa a las órdenes de fiscales nacionales. Los policías que actúan a las órdenes de los fiscales tienden a reaccionar a la delincuencia, actuando sólo una vez que se ha cometido un delito, es decir, llevan a cabo poca labor de prevención. Esta diferencia de funciones implica que tanto los policías como los fiscales de los distintos países se dividen en dos bandos, proactivo y reactivo, al hablar de cómo combatir la delincuencia transnacional.

Los países también tienen distintas normas para iniciar investigaciones y reunir pruebas. Esta diferencia hace más difícil llevar a cabo investigaciones conjuntas sin problemas. En el Reino Unido, por ejemplo, no puede emplearse como prueba en un juicio información obtenida mediante escuchas telefónicas, pero la policía sí puede basarse, y de hecho lo hace, en grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad de circuito cerrado. Por el contrario, Francia considera legal las escuchas, viéndolas compatibles con los derechos humanos, pero considera una intromisión mucho mayor la utilización indiscriminada de grabaciones de cámaras de seguridad. En algunos otros países europeos no se emplean este tipo de cámaras en lugares públicos; en Dinamarca, por ejemplo, la ley las prohíbe.

La policía puede llegar a sortear estas diferencias cuando colabora de manera informal con sus colegas extranjeros, pero tanto ellos como los tribunales siguen experimentando un amplio abanico de obstáculos para investigar y enjuiciar de forma transfronteriza. Si la policía requiere citaciones de testigos, órdenes para obligar a alguien a aportar pruebas, una orden de registro e incautación o una orden para congelar cuentas bancarias, puede que tenga que solicitar a un juzgado de otro país que las emita. Su principal herramienta para conseguirlo es el Convenio de asistencia judicial en materia penal del Consejo de Europa, de 1959, en virtud del cual los jueces aprueban peticiones de ayuda en investigaciones y enjuiciamientos procedentes del extranjero. En 2000, el Consejo de Europa actualizó el Convenio a fin de incluir las peticiones para poder realizar operaciones encubiertas en el extranjero, interceptar comunicaciones telefónicas y de Internet entre distintos países y llevar a cabo operaciones de vigilancia como las denominadas “entregas controladas” (en las que las autoridades vigilan en secreto delitos como el narcotráfico para destapar una red criminal).

Aun modificado, el Convenio del Consejo de Europa es demasiado complejo e inflexible como para proporcionar una base para la lucha moderna contra la delincuencia. Se están tardando años en ratificar las nuevas modificaciones y las solicitudes pueden tardar semanas, meses e incluso años en recibir una respuesta. El Reino Unido, por ejemplo, exige una información demasiado detallada a los países que presentan estas peticiones, mientras que la burocracia española puede llegar a traspapelarlas por completo (Informe Anual de Eurojust, año 2005, p. 46).

Más allá de las dificultades que plantea la cooperación judicial formal, los Gobiernos europeos se han esforzado por impulsar la cooperación operativa de la policía, sobre todo en el caso de los países que han eliminado los controles fronterizos entre ellos en la zona Schengen, integrada en la actualidad por 15 países: la “vieja” UE menos el Reino Unido e Irlanda y Noruega e Islandia (Suiza decidió en un referéndum celebrado en 2005 que se uniría pronto). De aquí a 2008, a excepción de Chipre, los países que se adhirieron a la UE en 2004 también pasarán a formar parte de esta zona.

Las fuerzas policiales de los países de la zona Schengen disponen de competencias adicionales para perseguir delitos de carácter transnacional. Por ejemplo, los policías neerlandeses pueden vigilar a sospechosos en Bélgica, con o sin notificación previa. Los policías italianos pueden seguir a un sospechoso de contrabando de drogas en ejercicio del derecho de “persecución transfronteriza” en Austria, hasta que llegue la policía local. Los policías de la zona Schengen también comparten información sobre sospechosos, coches y bienes robados mediante el Sistema de Información de Schengen (SIS), una base de datos policial de carácter multinacional. Aunque el Reino Unido e Irlanda optaron por mantener sus propios controles fronterizos, sí hacen uso de partes del Acuerdo de Schengen. El Reino Unido participa en operaciones transnacionales de vigilancia y se ha adscrito al SIS, al igual que Irlanda.

La policía de ciertas partes de la zona Schengen coopera todavía más estrechamente, gracias a un mosaico de acuerdos bilaterales y multilaterales. El mayor grado de sofisticación en las cooperaciones se produce cuando esos países comparten fronteras terrestres, disponen de sistemas jurídicos similares y se enfrentan a amenazas comunes de las mismas bandas organizadas o los mismos terroristas. Los policías de los países del Benelux se ayudan unos a otros en las labores policiales cotidianas e incluso disponen de normas comunes de capacitación y equipamiento. Antes del Mundial de la FIFA de 2006, Alemania y Austria firmaron un tratado por el que la policía de cada uno de esos países quedaba a las órdenes del otro cuando fuera necesario y que permitía a los policías de cada país llevar a cabo operaciones encubiertas en el territorio del otro sin ningún tipo de restricciones. Posteriormente, Alemania firmó un tratado similar con los Países Bajos. Los países nórdicos llevan años realizando patrullas conjuntas y compartiendo comisarías en regiones fronterizas escasamente pobladas, al igual que los españoles con sus homólogos franceses en los Pirineos.

Los jefes de policía de la UE colaboran en la lucha contra algunos de los líderes más notorios de la delincuencia organizada de Europa mediante la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Este órgano informal se reúne cuatro veces al año en las oficinas de Europol en La Haya y Bruselas y organiza con Europol e Interpol operaciones europeas conjuntas contra redes de delincuencia organizada. Al principio, eran solamente reuniones de debate para altos funcionarios europeos de la ley y el orden, pero en mayo de 2005 la Unidad empezó a llevar a cabo operaciones propiamente dichas con la Operación Callidus, encabezada por Suecia, una exitosa ofensiva a nivel de toda la UE contra la pornografía infantil en la que participaron cientos de policías de Suecia, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Malta, Noruega y Polonia.

Los jefes de policía de la UE organizan su trabajo designando equipos de policía multinacionales conforme a un sistema denominado COSPOL (Planificación Estratégica Operacional General de la Policía). Este sistema hace referencia sencillamente a cómo los jefes de policía dividen las responsabilidades para las distintas investigaciones. Cada investigación organizada con este sistema está dirigida por un “conductor”, un país directamente afectado por una red de delincuencia concreta y responsable de dirigir las operaciones destinadas a combatirla (Suecia, por ejemplo, fue el país conductor de la Operación Callidus y Polonia dirige las operaciones COSPOL contra la delincuencia de Europa del Este).

El papel de la UE
Los ministros de Justicia e Interior se reúnen actualmente en el Consejo de Ministros de la UE (o Consejo JAI) para tratar de reducir los vacíos legales entre las distintas legislaciones penales de los Estados miembros y acordar leyes y medidas prácticas para facilitar las investigaciones policiales transfronterizas. En la actualidad, los 27 Estados miembros de la UE tienen que acordar por unanimidad cualquier nueva medida. Los funcionarios elaboran nuevas propuestas en una red enormemente complicada de comités que conforman cuatro niveles distintos de toma de decisiones. En ellos se incluyen grupos de trabajo sobre cooperación policial, de aduanas y de justicia penal, así como el denominado “Grupo Multidisciplinar Delincuencia Organizada”, integrado por expertos nacionales en materia policial con competencias para evaluar métodos de lucha contra la delincuencia de toda la UE. Personal de la secretaría del Consejo y la Comisión Europa ayuda a elaborar los primeros proyectos de legislación y a evaluar acuerdos comunitarios previos. Dos de los comités más importantes son el COREPER, la poderosa agrupación de embajadores nacionales ante la UE, y un comité de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Justicia e Interior (denominado CATS, por su acrónimo en francés).[2]

Una gran parte de la labor del Consejo de Ministros en materia de justicia e interior tiene que ver con sustituir los lentos procedimientos establecidos por el Consejo de Europa para la cooperación policial y de justicia penal por unas normas comunitarias más rápidas y eficaces, como “órdenes” que aceleren la extradición de sospechosos y el intercambio de pruebas entre los distintos Estados miembros. Eurojust, una unidad de altos funcionarios de la fiscalía, la judicatura y la policía nombrados por los Estados miembros, ayuda a que estos acuerdos jurídicos funcionen en la práctica y coordina los enjuiciamientos de carácter multinacional en la UE. El número de casos que gestiona ha crecido con rapidez desde que empezó a funcionar en 2003: la unidad notificó un aumento del 31% en su carga de trabajo en 2006 y del 54% el año anterior (Informe Anual de Eurojust, 2006, p. 24).

Mientras que Eurojust se encarga fundamentalmente de los enjuiciamientos, Europol es el principal instrumento comunitario de apoyo a las investigaciones en materia de delincuencia organizada transnacional. Europol recaba y analiza información de inteligencia sobre diversos delitos, desde narcotráfico hasta falsificaciones y terrorismo. Su oficina se organiza mediante una estructura radial: todos los Estados miembros envían agentes de policía a su sede en La Haya, que actúan como radios, compartiendo información directamente con los demás policías y con un núcleo de analistas de Europol. Estos analistas rastrean el corpus común de inteligencia criminal europea en busca de vínculos y tendencias transnacionales que puedan haber sido pasados por alto por los cuerpos de policía nacionales o regionales, más centrados en lo que sucede en su propio terreno. Los funcionarios de Europol no pueden efectuar detenciones ni iniciar investigaciones, pero pueden ayudar durante las investigaciones y estar presentes durante los interrogatorios de sospechosos si se lo permiten los Estados miembros. Desde 1999, Europol se ha centrado en desarrollar la capacidad analítica necesaria para aportar valor añadido a las investigaciones nacionales.

En 2005, los ministros de Interior acordaron un “Modelo europeo de inteligencia criminal”, un plan no estatal de actividad policial para coordinar las investigaciones contra la delincuencia organizada en toda la UE conforme a un método denominado “actividad policial basada en el análisis de información”, una teoría de inspiración británica que hace hincapié en la recopilación de información de inteligencia y en dirigir los recursos policiales a combatir los peores criminales. La idea es conseguir que policías de distintos países planifiquen investigaciones conjuntas haciendo uso de la mejor información de inteligencia disponible. El Modelo establece cómo la UE puede conseguirlo asegurando una cooperación entre los cuerpos nacionales de policía, los analistas de inteligencia criminal de Europol y los jefes de policía en la lucha contra las mismas amenazas criminales.

El Modelo sigue diversos pasos. En primer lugar, los cuerpos policiales de los Estados miembros comparten inteligencia con Europol, que realiza una valoración general de la amenaza que plantea a la UE la delincuencia organizada. En base a esa evaluación, el Consejo de Ministros acuerda qué prioridades de ley y orden abordarán conjuntamente sus policías. Los jefes de policía de la UE organizan entonces operaciones conjuntas contra los delincuentes y posteriormente informan a Europol al respecto y acerca de la experiencia adquirida, a tiempo para que se realice la siguiente valoración de la amenaza.

Los Estados miembros de la UE probaron por primera vez esta nueva forma de colaboración en 2006. En base a la primera valoración de la amenaza realizada por Europol, los Gobiernos de la UE establecieron cuatro prioridades regionales en la lucha contra la delincuencia organizada en Europa: narcotráfico y trata de personas por parte de bandas africanas que operan en el Mediterráneo, narcotráfico de heroína y trata de mujeres desde los Balcanes por parte de bandas albanesas, contrabando de mercancías en la región del Mar Báltico y fabricación ilegal de drogas sintéticas en Bélgica, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido (ENFOPOL 30, pp. 1-3). Los primeros datos apuntan a que ni los Gobiernos ni la policía se toman lo suficientemente en serio este Modelo, aunque, en un principio, el establecimiento de Europol recibió la misma acogida. Y sin embargo, la adopción de un modelo comunitario para el mantenimiento de la ley y el orden supone un importante avance. Este Modelo es además un sutil intento de promover el uso de métodos policiales basados en el análisis de inteligencia en toda la UE.

En privado, los agentes de policía muestran su preocupación por el hecho de que ciertas iniciativas comunitarias estén más enfocadas a satisfacer motivaciones políticas que a dar respuesta a sus necesidades en materia de cooperación sobre el terreno. Está previsto que los policías organicen investigaciones COSPOL multinacionales haciendo uso de la legislación comunitaria para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación, en virtud de la cual policías de varios países distintos tendrán competencias para trabajar en la misma investigación en equipo, prácticamente como si estuvieran trabajando en una única jurisdicción.

Los equipos conjuntos de investigación pueden llegar a convertirse en una herramienta innovadora en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, pero hasta la fecha la policía sólo ha creado un puñado de ellos (mayoritariamente para casos de narcotráfico, fraude y terrorismo) y ninguno de ellos compuesto por policías de más de dos países distintos. Los policías alegan que ello se debe a que el proceso para poner en marcha los equipos requiere demasiada burocracia y a que resulta difícil gestionarlos, por lo que prefieren hacer uso de los antiguos procedimientos del Consejo de Europa o recurrir a acuerdos informales. Los funcionarios de la UE responden a ello que estos equipos serán cada vez más comunes, y más ambiciosos, en cuanto la policía y los fiscales se acostumbren al nuevo sistema.
Reveses al intercambio de información
Europol depende totalmente de la inteligencia criminal que recibe de los Estados miembros, de forma que ha tenido que esforzarse mucho por demostrar que sus archivos pueden aportar un valor añadido a las investigaciones nacionales de delitos. Con su director actual, Max-Peter Ratzel, Europol está logrando convencer poco a poco a los Estados miembros de su potencial. Un alto cargo de la policía británica afirmaba: “Europol ha madurado. (...) Sus analistas entienden mejor lo que necesitamos de ellos y están empezando a producir los resultados deseados. Actualmente llevamos a cabo muchas operaciones a través de Europol”. Para empezar, más allá de la mejora de la labor de inteligencia, los policías afirman que el simple hecho de tener a funcionarios de los 27 Estados miembros de la UE en un mismo pasillo en La Haya supone un recurso sin precedentes en la cooperación policial cotidiana.

Aun así, aún siguen existiendo importantes problemas. Algunos Estados miembros siguen sin prestar a Europol apoyo suficiente y sistemático. En 2006, mientras que un Estado miembro aportó más de 500 páginas de inteligencia criminal a la primera evaluación de la amenaza planteada por la delincuencia organizada que llevó a cabo Europol, otro no aportó más que una. Algunos Estados miembros envían a Europol agentes de policía sin la autoridad necesaria en sus respectivos países para ayudar a sus colegas a resolver cuestiones transfronterizas. Esto plantea graves dificultades a la hora de establecer una base de confianza y reforzar la coordinación en las investigaciones internacionales, ya que los agentes no están seguros del nivel de cooperación que pueden esperar de sus homólogos extranjeros. El mismo problema inhibe el trabajo de Eurojust cuando los fiscales no tienen un nivel de competencias parecido. Por ejemplo, sólo algunos fiscales de Eurojust disponen de competencias básicas para emitir y activar peticiones formales de pruebas y autorizar entregas controladas, escuchas telefónicas u operaciones encubiertas.

La eficacia de Europol también se ve obstaculizada por su convenio constitutivo, que hizo de esta oficina un órgano difícil de manejar y que dificulta las acciones de su personal. Hasta las menores decisiones de su director requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la UE representados en su consejo de administración. Además, en virtud del convenio, la policía ordinaria y los analistas de Europol sólo puede colaborar a través de los oficiales de enlace de La Haya, que operan mediante unidades especiales con sede en las capitales nacionales, lo cual puede llegar a conducir a una parálisis burocrática.

Los Estados miembros trataron de agilizar la burocracia de Europol modificando ese convenio una vez que el órgano comenzó a funcionar en 1999. Le añadieron nuevos protocolos que ponían a disposición de sus funcionarios procedimientos más sencillos para trabajar y que les conferían mayores competencias de investigación de actividades de blanqueo de dinero y de apoyo a investigaciones multinacionales sobre el terreno en curso. Pero puesto que esos cambios debían ser ratificados por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros, no entraron en vigor hasta transcurridos varios años, de ahí que los Estados miembros quieran deshacerse del antiguo convenio. Europol volverá a establecerse mediante legislación comunitaria que pueda modificarse con mayor facilidad en el futuro, como los acuerdos empleados para establecer Eurojust o Frontex, la Agencia de Fronteras de la UE.

Conforme a la nueva legislación, Europol dispondrá de mayores competencias de investigación para una mayor cantidad de delitos, será menos burocrática y dispondrá de mayor libertad para recabar inteligencia e información como datos de ADN. También informará, de forma anual, al Parlamento Europeo y mantendrá cierta comunicación con los parlamentos nacionales, aumentando así en cierto modo su rendición de cuentas. Estos cambios distan mucho de convertir a Europol en un organismo similar a la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. En EEUU, los agentes del FBI tienen plenas competencias policiales para investigar más de 3.000 delitos federales. La UE no cuenta con un corpus semejante de leyes penales federales que permitan a Europol llevar a cabo ese tipo de actividad policial. De hecho, el “valor añadido” que Europol aporta a los cuerpos nacionales de policía quedaría destruido si la oficina se convirtiera en un competidor con competencias operativas. De ahí que, aun renovada, esta oficina no será capaz de efectuar detenciones ni iniciar investigaciones sin contar con la colaboración de los Estados miembros.

Esas reformas eran necesarias, pero no abordan el problema fundamental a que se enfrenta la cooperación europea en materia policial y judicial: los distintos papeles representados por los fiscales y la policía de los distintos Estados miembros. Tanto los representantes de Europol como los de Eurojust deben tener competencias equivalentes si se quiere que ambas organizaciones funcionen correctamente. La forma evidente de superar este problema sería fusionar estos dos órganos en un único órgano europeo de coordinación judicial y policial que incluyese también a la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Un único órgano podría contribuir a alcanzar un nivel uniforme de cooperación a nivel de toda la UE, independientemente de cuáles fueran las estructuras nacionales de mantenimiento de la ley y el orden, y también contribuiría a evitar que se duplicara el trabajo de recopilación y análisis de información de inteligencia y a asegurar una mejor transición desde la investigación hasta el enjuiciamiento en los casos de naturaleza transfronteriza. Está previsto que Eurojust y Europol empiecen a compartir instalaciones en 2009, una ocasión ideal para poner en marcha su fusión.

Conclusión: El objetivo de la cooperación comunitaria no debería ser centralizar la cooperación policial y judicial en órganos como Europol y Eurojust. Tampoco deberían quedar sujetas a procedimientos formales todas las formas de cooperación policial (una combinación de mecanismos formales e informales garantiza los mejores resultados), sino que, más bien, la UE debería convertirse en punto de enlace para el surgimiento de una nueva comunidad paneuropea de agentes de policía. En este sentido, las fuerzas de mantenimiento del orden tienen mucho que aprender de sus homólogos en aduanas. El hecho de que su trabajo siempre haya sido de carácter internacional ha hecho que la cooperación entre los agentes europeos de aduanas sea altamente sofisticada, especialmente en las esferas del intercambio de información, la evaluación conjunta de las amenazas y las incautaciones coordinadas de mercancías ilegales.

Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada, algo que queda de manifiesto en su determinación de renunciar a los vetos nacionales para decisiones sobre delincuencia y actuación policial, reformar Europol y otros órganos y compartir cada vez más información en materia de mantenimiento de la ley y el orden por diversos canales. Sólo se conseguirá que esta inversión genere una rentabilidad si los Gobiernos logran conseguir que sus cuerpos policiales se tomen en serio el Modelo europeo de inteligencia criminal, un proceso que probablemente lleve varios años. Y una fusión de Europol, Eurojust y la Unidad operativa de jefes de policía de la UE supone una respuesta convincente para los persistentes problemas planteados por las diferencias en los sistemas jurídicos y las tradiciones de los distintos Estados miembros y el elevado riesgo de duplicación de los esfuerzos.

Hugo Brady
Research Fellow, Centre for European Reform

Perspectiva general del análisis de inteligencia criminal

Inteligencia criminal, ¿qué significa?

La inteligencia criminal esta basada en información cruda –una gran cantidad de datos sin procesar- que puede estar relacionada con un homicidio, un fraude, un victimario, un sospechoso, etc.

La inteligencia es el aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional respecto de las actividades criminales dentro de un proceso de investigación.

La inteligencia como producto analítico provee información que normalmente es desconocida por los investigadores y que puede ser utilizada como parte esencial de los esfuerzos en la aclaración y solución de casos criminales de cualquier naturaleza.

También la inteligencia es utilizada para el desarrollo de análisis de predictibilidad con enfoques básicamente preventivos para diseñar estrategias de seguridad operacional y de tratamiento de ilícitos al interior de grandes organizaciones.

La inteligencia esta concebida para la acción, para la toma de decisiones y no sólo como meros reportes de cumplimiento de tareas. El intercambio de inteligencia entre autoridades de seguridad (pública y privada) y de los órganos persecutorios y de procuración de justicia es en realidad el corazón de esta disciplina.

La inteligencia ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden, y se constituye en una herramienta fundamental en la investigación criminal encubierta para combatir y erradicar el crimen organizado.

Como se muestra en la figura esquematizada de la carátula frontal de este documento, la información cruda es recolectada, clasificada, evaluada y comparada con información obtenida de diversas fuentes. Una fase critica y esencial del ciclo de inteligencia es el análisis y examen minucioso de información para identificar patrones o tendencias de actividades criminales a efecto de diseminar los resultados a las entidades de seguridad involucradas.

Siempre es importante y conveniente, proveer seguridad a la fuente y a la información misma, de tal manera que se han establecido códigos estandarizados dentro de las comunidades de inteligencia occidentales para asegurar la confidencialidad del proceso de inteligencia.

Dichos códigos están basados en un sistema conocido como 4 x 4 que establece la autenticidad y precisión de la información suministrada. Los códigos de evaluación consisten en ciertos criterios respecto a la confiabilidad de la fuente (personas) y a la veracidad de la información.

Códigos de Evaluación

Confiabilidad de la Fuente
1. Cuando no existe duda de la autenticidad, honorabilidad y competencia de la fuente. O, si la información es suministrada por una persona quien en el pasado ha demostrado ser confiable en todos los casos.
2. Una fuente cuya información en el pasado ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
3. Una fuente cuya información en el pasado no ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
4. Fuentes que no han sido utilizadas o donde existen dudas respecto de la autenticidad de la información.

Veracidad de la Información
1. Cuando la información conocida se sabe es cierta sin ninguna duda ni reserva.
2. Cuando la información es conocida de primera mano por la fuente.
3. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente pero puede ser corroborada por información alterna
4. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente y ésta no puede ser corroborada por ningún medio.

* De un modo u otro, los agentes policiales, los investigadores corporativos, los analistas de riesgos, los gerentes de seguridad, siempre han llevado a cabo "análisis de inteligencia".
* Durante los últimos 10 años se ha venido desarrollando técnicas más uniformes para examinar con mayor detalle las actividades de delincuentes (internos y/o externos en organizaciones empresariales también), grupos delictivos, su composición, su función a escala de la comunidad local, nacional, regional o internacional, preguntándose el quién, qué, porqué, dónde, cuándo y cómo.
* Estas técnicas, evolucionan constantemente al hacerse necesarios enfoques más sofisticados de los problemas para contrarrestar la complejidad cada vez mayor de las actividades de la delincuencia organizada.
* Tradicionalmente, dichos métodos se han utilizado en el área del análisis operativo, pilar de las actividades policiales y de investigación. Por fortuna, en los últimos años, dichas áreas y funciones han tomado conciencia de las virtudes del análisis estratégico, que puede contribuir a una mejor estructuración del trabajo operativo.
* El nexo entre quienes recolectan datos e información y quien la analiza fortalece sin duda la labor de prevención y de investigación de conductas delictivas en beneficio de los intereses tutelados, bien sea del Estado o de una empresa corporativa.

Ventajas del Análisis de Información para generar inteligencia como producto
* El análisis va más allá de los hechos (busca causas además de valorar los efectos).
* Le indica que tan relevante (o pobre) es la información que tiene.
* Le indica cosas que usualmente no conoce.
* Le indica sobre aquello que necesita conocer para comprender la situación en contexto.
* Le indica dónde buscar.
* Le ayuda a compartir su comprensión del análisis con otros.

La única constante para el profesional del análisis de inteligencia es que no encontrará dos tareas o proyectos exactamente iguales. Cada nueva pieza de información necesitará evaluaciones frescas.

El análisis de inteligencia criminal es un proceso que establece cómo podemos acercarnos a la investigación de conductas delictivas, antisociales o contraproductivas y las personas que las comenten a través del desarrollo de inteligencia por la información que recolectamos en campo y que analizamos en gabinete.

La clave del análisis de información es el valor agregado que entrega como una herramienta operacional en donde los resultados apoyan directamente el trabajo de investigación.

El problema básico de los recolectores y analistas es integrar la información de una manera organizada para evitar que se dificulte la tarea de extraer el significado y desensamblar los datos.

Una interpretación errónea entre experimentados investigadores y gerentes de seguridad es creer que la información y la inteligencia son una misma cosa. Realmente no lo son.

La información es material en "bruto" de cada descripción, incluyendo aquella que se deriva de observaciones, vigilancias, reportes, rumores y otras fuentes. La información por si misma puede ser cierta o falsa, precisa o inexacta, confirmada o no confirmada, relevante o irrelevante. Por ello se necesita aplicar el proceso de inteligencia para revelar el significado de la misma dentro de un contexto que se tenga previamente establecido.

La inteligencia es el producto resultado de la recolección, evaluación e interpretación de información. Así que la inteligencia puede ser entendida como información a la que se le ha agregado algo. Ese algo es el resultado del análisis, es decir, una explicación de lo que la información significa. Por eso decimos que:

INFORMACIÓN + ANÁLISIS = INTELIGENCIA

¿Qué es Análisis de Riesgos vs. Análisis de Inteligencia?
El análisis de riesgos es el proceso de evaluación de las pérdidas potenciales (posibles y probables) como consecuencia de amenazas y vulnerabilidades del entorno interno y externo de las organizaciones.

El análisis de riesgos -no- es análisis de inteligencia pero son actividades que se complementan y potencian buscando como meta común el control de un fenómeno en el menor tiempo y costo posible, que pone en riesgo la estabilidad y continuidad operativa de una determinada entidad
Prevención Criminal

Análisis de Riesgos
Enfoque:
Determinación del impacto criminal de la pérdida máxima posible y la pérdida máxima probable con relación a "x" entidad a través del "risk management"
Metodología:
* Identificación de activos que necesitan ser protegidos
* Clasificación de tipo de riesgos o peligros
* Determinación de probabilidad de ocurrencia del riesgo
* Estimación del impacto o efecto en términos de daños o dinero a perder si un riesgo se materializara
* Aplicación técnica del Risk Management
Risk Management
1. Evitar el riesgo
2. Reducir el riesgo
3. Dispersar el riesgo
4. Transferir el riesgo
5. Aceptar el riesgo
6. Combinación de medidas
Formula / Fases
Método "Fine" de evaluación de riesgos
R = E x P x C
R = Riesgo
E = Exposición
P = Probabilidad de Ocurrencia
C = Consecuencia (siniestralidad: frecuencia + impacto)



Análisis de Inteligencia
Enfoque:
Toma de decisiones oportunas con relación a la prevención e investigación de conductas criminales a través del ciclo de inteligencia
Metodología:
* Identificación del problema resolver
* Establecimiento de premisas para responder qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porqué y para qué
* Desarrollo de inferencias e hipótesis y reporte de recomendaciones
* Toma de decisión con base en la inteligencia como producto
* Aplicación del Proceso de Inteligencia
Ciclo de Inteligencia
1. Planeación y asignación de tareas
2. Recolección de datos
3. Evaluación y cotejo de información
4. Integración de información
5. Análisis e interpretación de Información
6. Diseminación de productos de inteligencia
Formula / Fases
Método de Investigación Criminal (MIC)
Fases: E + C + C + R
E = Exploratoria
C = Confirmatoria
C = Comprobatoria
R = Resolutiva

Lo que genera finalmente una entidad dedicada al análisis de información son productos de inteligencia para una efectiva y oportuna toma de decisiones, resultado de la aplicación del ciclo de inteligencia, es decir:
* Se planeó y definió un objetivo táctico o estratégico
* Se recolecto información suficiente en campo y se envió con oportunidad
* Se evaluó convenientemente la confiabilidad de la información y la veracidad de las fuentes
* Se registró, comparó e integró la información en bases de datos apropiadas
* Se analizó e interpretó adecuadamente el significado de la información
* Se diseminó en tiempo y forma el resultado del análisis a los usuarios correctos

PRODUCTO DE INTELIGENCIA = INFORMACIÓN PROCESADA CON VISTAS A LA ACCIÓN

Inteligencia vs. Seguridad Nacional
Inteligencia:
* La inteligencia constituye un medio de defensa, una protección contra un amplio abanico de amenazas.
* Un servicio de inteligencia bien integrado por una Unidad de Análisis de Información para el proceso de toma de decisiones debería jugar un papel esencial en la reelaboración de políticas de prevención.
* Los productos de inteligencia deben ser:
o Políticamente neutros
o Políticamente útiles
o Añadir valor
o Darse en tiempo útil a los usuarios
* La información bruta no tiene en si misma ningún valor y por ello el análisis es indispensable.
* La información debe comunicarse totalmente a aquellos que están en la línea de fuego.
* "Los operadores que están en la línea de fuego y que deben tomar las decisiones todos los días son a menudo los mejores analistas"
* Una de las grandes ventajas que los profesionales de la inteligencia aportan a los que deciden, es su aptitud para extraer y analizar una vasta cantidad de información para, enseguida, unirla a aquella que se obtuvo secretamente, lo que permite corroborar la información obtenida de fuentes abiertas, o de refutarla.
* Es más fácil, más seguro y más rápido recoger informaciones de fuentes abiertas para producir informaciones adaptadas a las necesidades de los usuarios.
* El 80% de la información analizada proviene de fuentes abiertas.. El verdadero valor agregado se encuentra frecuentemente en el 20% que queda y proviene de fuentes secretas.
* Los analistas de inteligencia deben saber precisamente quiénes son los usuarios de sus productos, lo que quieren y en qué forma. Necesitan conocer las reacciones de sus usuarios. Realizar una especie de estudio de mercado que los conduzca a los clientes que deciden.

Seguridad Nacional
* La idea de seguridad nacional en su sentido más general es "la defensa de los intereses y valores de una nación".
* La seguridad nacional implica dos niveles:
o Uno objetivo que tiene que ver con la detección de factores adversos que puedan obstruir la consecución de los objetivos nacionales. Si la amenaza es explícita como una declaración de guerra o una actitud hostil de un gobierno extranjero, el consenso es fácil de obtener.
o El otro nivel es subjetivo y tiene que ver con la percepción de cuáles son los factores que real o potencialmente pueden desestabilizar a la nación.
* Al tratarse de un asunto de percepciones, existe la posibilidad de que las discrepancias afloren, pues no todos los actores estarán de acuerdo ni en la naturaleza ni en la jerarquización de las amenazas o los factores adversos.
* La principal ventana de vulnerabilidad que hoy presenta México tiene que ver con el estado de derecho.
* No hay nada que amenace tanto a la paz social y a la integridad de las instituciones que el deterioro de la seguridad pública.
* La principal amenaza a mediano plazo a la estabilidad del país es el incremento a la pobreza.
* La doctrina de seguridad nacional tradicional señala: no intervención, no militarismo, apego a derecho, respeto mutuo y negociación como instrumento para dirimir controversias.
* El compartir información con servicios de inteligencia extranjeros es, en principio, positivo si se basa en una relación equitativa y de mutuo respeto.
* Los servicios de inteligencia deben estar regidos por una legislación especial en la medida en que su función es garantizar la seguridad nacional.