Tema: Señalamiento de España como blanco de al-Qaeda, redimensionamiento de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y consecuencias para la seguridad nacional.
Resumen: Hay que repensar la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España. Por una parte, debido al frecuente y agresivo señalamiento de nuestro país como blanco que se viene haciendo desde el directorio de al-Qaeda, con reiteradas alusiones a la recuperación de al-Andalus como parte de un califato panislámico. Por otra parte, en atención al redimensionamiento de las redes que el movimiento de la yihad neosalafista global tiene establecidas en el Magreb y que se extienden por territorio español. Ambos desarrollos tienen muy posibles consecuencias en términos de seguridad nacional tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo. Caben alteraciones significativas en el estilo de los atentados yihadistas que traten de ser perpetrados en nuestro país, donde un próximo acto de terrorismo internacional no parece algo inverosímil.
Análisis: Es posible estimar la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España, transcurridos tres años desde que ocurrieran los atentados del 11 de marzo de 2004, mediante un estudio de dos tipos de indicadores relevantes. No se trata de información confidencial, puesto que sobre los mismos pueden encontrarse datos más que suficientes en fuentes abiertas tales como numerosas páginas de Internet, los propios sitios web de instituciones oficiales con competencias en materia de seguridad, las publicaciones especializadas accesibles en bibliotecas universitarias o los medios de comunicación. El primero de aquellos indicadores se refiere a las señalizaciones de España como blanco del terrorismo internacional que hayan sido formuladas recientemente por figuras de referencia en el entramado de la yihad neosalafista global y, en particular, desde el directorio de al-Qaeda. Conviene recordar que, aun cuando nuestro país era blanco genérico de ese terrorismo internacional desde mediada la década de los noventa, como los demás del ámbito occidental, fue en octubre de 2003, apenas cinco meses antes de la masacre de Madrid, cuando Osama bin Laden lo convirtió en blanco declarado a través de un comunicado ampliamente difundido en la prensa de todo el mundo.
Además, para llevar a cabo una adecuada valoración de la amenaza que el terrorismo internacional plantea en nuestros días a ciudadanos e intereses españoles, dentro o fuera del territorio nacional, no menos relevante es atender al segundo de los aludidos indicadores. En este caso, el que se refiere a la composición, actividades y desarrollos recientes de las tramas de terrorismo yihadista existentes en nuestro país, especialmente, aunque no exclusivamente, las de origen magrebí. Su realidad ha quedado de manifiesto con las sucesivas operaciones policiales, marcadamente preventivas pero también reactivas, que han tenido lugar en los últimos años. Tomando, por una parte, en consideración el señalamiento de España como blanco del terrorismo yihadista por parte de figuras de referencia para los actores individuales o colectivos del mismo y, en concreto, los eventuales pronunciamientos de al-Qaeda en este sentido y atendiendo, por otra parte, a la evolución estructural de la amenaza que se deduce de los individuos detenidos o de las células desmanteladas en nuestro país y sus conexiones internacionales, cabe incluso apreciar las implicaciones de todo ello en términos de seguridad nacional. Es decir, preguntarse también cómo sería un próximo atentado yihadista en territorio español, en caso de que ocurriese de nuevo algo así.
Señalamientos de España como blanco
Cualesquiera declaraciones agresivas que desde el directorio de al-Qaeda se hagan sobre algún país equivalen en la práctica a un señalamiento de blanco, instigan la comisión de atentados contra el mismo y advierten de que la propia estructura terrorista que es núcleo fundacional y matriz permanente de referencia para el movimiento de la yihad neosalafista global en su conjunto puede llegar a implicarse, directa o indirectamente, en la ejecución de los mismos. Pues bien, a lo largo del último año, Ayman al Zawahiri, quien ocupa el segundo lugar en la jerarquía de mando de al-Qaeda y es reconocido por el conjunto de actores individuales y colectivos insertos en las redes del terrorismo global como su máximo estratega, ha efectuado una serie de inquietantes alusiones a España. Veamos brevemente cuándo y cómo se han emitido algunos de esos señalamientos de España como blanco declarado del terrorismo internacional. Señalamientos que, en principio, estarían en consonancia con niveles altos de la amenaza que supone para nuestro país ese fenómeno.
En julio del pasado año, Ayman al Zawahiri, preeminente subalterno de Osama bin Laden desde hace más de una década, emitió un comunicado en el que, al precisar el sentido de lo que denomina “yihad por la senda de Alá”, añadió literalmente: “una yihad cuyo objetivo es liberar Palestina, toda Palestina, y todo territorio que fue musulmán, desde al-Andalus hasta Irak”. Además de intentar por enésima vez entrometerse en la cuestión palestina y de enfatizar la centralidad que para al-Qaeda tiene la contienda iraquí, sus palabras implican una declaración agresiva e intemporal de España como blanco preferente, en la medida en que la práctica totalidad de su suelo ha de ser recuperado, como parte sustancial de un imaginario nuevo califato que unifique al mundo islámico, mediante actividades de guerra santa. Además, en ese mismo comunicado sostiene que los musulmanes son “hijos” de, entre otros, Yusuf Bin Tashfin, emir almorávide que aglutinó los reinos de taifas peninsulares para incorporarlos a su dominio norteafricano y en 1086 combatió victoriosamente a las tropas de Alfonso VI de Castilla.
Mucho más recientemente, en febrero de 2007, casi a un mes de cumplirse el tercer aniversario de los atentados de Madrid, Ayman Al Zawahiri reiteraba esa fijación suya con al-Andalus que implica la demarcación del territorio español como parte de los objetivos últimos de la yihad neosalafista global y señaliza a España como blanco. En esta ocasión lo hizo tras una referencia a la evolución de los grupos y organizaciones yihadistas en el espacio del Magreb, mostrar su respaldo a los “leones” que batallan en esos denominados márgenes occidentales del islam y añadir exactamente esto: “pido a Alá que os conceda que mantengáis vuestros pies firmes para obedecerle y que os conceda su ayuda y su victoria, y así liberéis el Magreb islámico e icéis el estandarte de la yihad para que ondee victorioso sobre su tierra, y que Alá os conceda el favor de pisar pronto con vuestros pies puros sobre el usurpado al-Andalus”. Aquí se indica cuál continuará siendo el principal foco de la amenaza que el terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, además de que posiblemente se esté instando a no demorar en exceso la comisión de atentados en suelo peninsular[*].
Estas y otras citas belicosas sobre al-Andalus no son, es cierto, una novedad en el discurso fundamentalista que subyace al terrorismo global. Abdullah Azzam, mentor ideológico de Osama bin Laden durante la guerra que enfrentó a los muyahidín y los ejércitos soviéticos en Afganistán, promotor luego de la yihad defensiva en otras zonas del mundo, ya a finales de los ochenta mencionaba expresamente a al-Andalus entre las tierras que fueron musulmanas y deben recuperarse. Adalides religiosos muy influyentes entre los seguidores de al-Qaeda tanto en países norteafricanos como europeos, casos de Abu Qutada y Mohammed Fazazi, han hecho frecuentes menciones al retorno de al-Andalus bajo dominio islámico. La misma idea es recurrente en no pocos documentos de orientación neosalafista incautados en operaciones policiales desarrolladas en territorio europeo desde hace años, así como en foros privados de Internet donde la noción de una campaña yihadista en al-Andalus se asocia habitualmente con expresiones de venganza hacia España. Incluso los terroristas que reclamaron la autoría de los atentados del 11 de marzo se presentaban como “brigada en al-Andalus” y a fines de ese mes grabaron un vídeo en el que afirmaban: “continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en la tierra de Tarek ben Ziyad”.
Pero es la frecuencia y agresividad con la que últimamente se evoca al-Andalus desde el directorio mismo de al-Qaeda lo que resulta inquietante en una perspectiva española. Esas alusiones, que se corresponden con una señalización de blanco y la instigación o incluso posible facilitación de atentados terroristas contra España, adquieren particular significación en la actualidad por tres razones. En primer lugar, porque se combinan con otras muestras específicas de hostilidad hacia nuestro país, como la que el propio Ayman al Zawahiri hizo en diciembre de 2006 sobre la “ocupación española de Ceuta y Melilla” en un mensaje emitido por el canal de televisión al-Yazira. Llama especialmente la atención que en dicha mención se compara ese supuesto referido a las dos ciudades norteafricanas de soberanía española con lo que su autor describe como las ocupaciones israelí de Palestina y rusa de Chechenia. Esto es, mediante una narrativa de equiparación, Ayman al Zawahiri pareciese estar demarcando a Ceuta y Melilla como zona de conflicto, lo que acarrearía graves consecuencias potenciales para ambas en términos de amenaza terrorista.
En segundo lugar, los señalamientos de España como blanco del terrorismo yihadista a través de las alusiones a al-Andalus tienen un especial significado porque se combinan con una serie de amenazas genéricas igualmente proferidas por los líderes del terrorismo global y que incumben a nuestro país. Como cuando al-Qaeda amenaza a los países con tropas desplegadas en Afganistán o Líbano, donde hay destacados centenares de soldados españoles[**]. En tercer lugar, porque la idea de recuperar violentamente al-Andalus ha permeado ya el discurso de las redes norteafricanas del terrorismo yihadista y, en concreto, del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), de origen argelino, que cambió recientemente de nombre para adoptar el que corresponde a una extensión regional magrebí de al-Qaeda. En un comunicado fechado el 9 de enero de 2007, a poco de anunciar el cambio en su denominación, el GSPC se pronunciaba así: “abrazamos la yihad para cumplir con un precepto divino ineludible que se nos impuso desde la caída de al-Andalus y la venta de Palestina, y desde que nos dividieron las fronteras que inventaron los invasores”. Apenas una semana antes, su máximo dirigente se había dirigido solemnemente a los musulmanes argelinos también como “nietos de Tarek ben Ziyad” e “hijos de Yusuf bin Tashfin”.
Desarrollos en las redes yihadistas
La amenaza que el terrorismo internacional plantea actualmente a España ha de ser también repensada en atención a la evolución de las redes del neosalafismo yihadista global con actividad detectada en nuestro país. Repensada muy especialmente, aunque no sólo, en atención al redimensionamiento de las tramas originarias de los países norteafricanos, en particular de Marruecos y Argelia, asimismo extendidas por otras naciones de nuestro entorno europeo occidental. Exactamente un 79% de cuantos individuos han ingresado en centros penitenciarios españoles entre 2001 y 2006 como sospechosos de estar implicados en actividades de terrorismo yihadista proceden del norte de África, pero hasta un 77,7% lo hacen del Magreb. En concreto, el 39,7% ha nacido en Marruecos y un 31,4% es originario de Argelia. Pese a que el número de inmigrantes marroquíes en España es más de 10 veces superior al de argelinos, la sobrerrepresentación de estos últimos está relacionada con los casi tres lustros de trayectoria que el terrorismo islamista tiene en el país del que proceden y la difusión de su urdimbre en la otra orilla del Mediterráneo.
Así, no resultará extraño que las organizaciones terroristas relacionadas con al-Qaeda que han venido constituyendo un especial motivo de preocupación para la seguridad interior en España sean, precisamente, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Este último, surgido en Argelia hacia 1998, como resultado de una escisión en el seno de los grupos islámicos armados activos en dicho país desde el inicio de los noventa, ha sido la formación terrorista preeminente en el Magreb durante más de una década. Desde aproximadamente el año 2003, los sucesivos dirigentes de dicha organización han ido acomodando su discurso al de al-Qaeda, evolucionando desde los planteamientos propios de una insurgencia argelina a los panislámicos de una yihad global. El Grupo Islámico Combatiente Marroquí, por su parte, es una formación de contornos más imprecisos y composición menos definida. Se supone que fue constituido ya avanzados los años noventa. Aspiraría al establecimiento de un régimen islámico rigorista en Marruecos pero está afiliado con al-Qaeda e incluso algunos de sus miembros lo son al mismo tiempo de esta última estructura terrorista.
En buena medida, los individuos y las células relacionados con el GSPC o con el GICM que han desarrollado actividades terroristas en España están dedicados a la captación de personas, la movilización de recursos económicos a menudo ilícitamente y la facilitación, por ejemplo mediante la provisión de falsos documentos de viaje u otras fórmulas de apoyo logístico, de operaciones emprendidas tanto dentro como fuera de nuestro país por cuadros de aquellas entidades yihadistas o de otras relacionadas con las mismas, como Ansar al Islam o la Organización de Al-Qaeda para la Yihad en el País de los Dos Ríos, en referencia al actual territorio iraquí. En los últimos cuatro años, docenas o quizá ya unos centenares de jóvenes a veces todavía adolescentes y de adultos no demasiado entrados en años han sido reclutados en el seno de las colectividades musulmanas establecidas en España. En algunos casos, para trasladarlos luego a perpetrar atentados o convertirse en bombas humanas en determinadas zonas en conflicto, sobre todo Irak, pero también Afganistán, Chechenia y puede que Cachemira. Otras veces, para enviarlos al desierto del Sahel, donde el GSPC dispone, al norte de Mali, de campos móviles de adiestramiento en el uso de armas y explosivos o a instalaciones de la propia al-Qaeda en suelo paquistaní.
Estos datos sobre individuos y grupos relacionados con el terrorismo internacional en España, así como el hecho de la proximidad geográfica entre los países de la ribera sur mediterránea y la Península Ibérica, que en buena medida explica aquellas evidencias, son fundamentales para interpretar el previsible impacto que un redimensionamiento de las tramas yihadistas en el Magreb podría tener sobre la seguridad interior de España, al igual que de Francia o Italia. Es en estos tres países donde las redes norteafricanas del terrorismo global se extendieron con especial notoriedad en el pasado. Pero ocurre que un redimensionamiento como ese está teniendo ya lugar en aquella región geopolítica del mundo. Y es que el GSPC ha culminado recientemente su proceso de internacionalización, pasando de ser una entidad afiliada con al-Qaeda a fusionarse con dicha estructura terrorista para convertirse en una extensión regional de la misma e incluso cambiar de nombre y denominarse ahora, con el beneplácito expreso de Osama bin Laden, Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
Es un arreglo de mutua conveniencia con implicaciones para la evolución del terrorismo global tanto en el Magreb como al sur, este y norte de ese ámbito. El GSPC adquiere una cobertura que seguramente favorecerá su acceso a recursos económicos y humanos, compensando así la relativa debilidad en que se encontraba tras numerosas operaciones contraterroristas desarrolladas durante los últimos años en el norte de África y en Europa occidental. Por su parte, al-Qaeda dispone por fin de una plataforma para introducirse en el Magreb y en el Sahel, así como posiblemente una mayor ascendencia sobre redes argelinas introducidas en algunas naciones europeas, incluida España. Además, la incorporación del GSPC a al-Qaeda y la aparición de Al-Qaeda en el Magreb Islámico conllevan previsiblemente un efecto de sinergia que incide sobre el redimensionamiento de la amenaza norteafricana del terrorismo yihadista, asimismo con consecuencias para nuestro país. Se estaría produciendo una absorción de grupos menos articulados y células independientes existentes en el Magreb o en territorio europeo, concretamente en suelo español.
Al incremento de la amenaza terrorista para nuestro país que se derivaría del redimensionamiento de las redes magrebíes insertas en la yihad neosalafista global hay que añadir algunos otros elementos de creciente preocupación. Por ejemplo, el que nos remite a individuos ligados a organizaciones paquistaníes afiliadas con al-Qaeda y que se han introducido en comunidades inmigrantes de su misma procedencia asentadas en España, especialmente en Cataluña. Suelen provenir del Punjab, provincia colindante con la frontera india y la disputada Cachemira, donde prevalece una cultura yihadista ligada al credo deobandi y grupos terroristas como Lashkar e Tayiba o Jaish e Mohammed disponen de infraestructuras. Tampoco debe olvidarse el peligro aún más imprevisible que en sí mismo plantean células independientes autoconstituidas dentro de España de acuerdo con los fines y los métodos propugnados desde al-Qaeda. En definitiva, redes, grupos y células que intentan movilizar en su beneficio el apoyo que esa estructura terrorista y su líder parecen recibir de entre el 10% y el 15% del millón de musulmanes que se calcula viven en España, de acuerdo con sondeos como los del Office of Research del Departamento de Estado norteamericano o el Pew Global Attitudes Survey. Actitudes propiciadas por la intervención de asociaciones islamistas de orientación salafí contrarias a la integración social de esos inmigrantes y que incluso facilitan la radicalización yihadista de algunos españoles conversos.
Implicaciones de seguridad nacional
El creciente señalamiento de España como blanco por parte de al-Qaeda y el concomitante redimensionamiento de las redes norteafricanas incorporadas a esa estructura terrorista, unidos a otros peligros en evolución con los que ambos se relacionan, tienen implicaciones en términos de seguridad nacional. Por una parte, debido a la continuada posibilidad de que se perpetren nuevos atentados susceptibles de incidir gravemente sobre el orden constitucional o la cohesión de una sociedad abierta que, por cierto, es crecientemente plural precisamente como consecuencia de la inmigración y en especial de la que procede de sociedades mayoritariamente musulmanas, a las cuales tienen por su población de referencia los actores del terrorismo yihadista. Por otra, debido a que esos posibles actos de terrorismo internacional pueden afectar muy seriamente infraestructuras críticas o intereses estratégicos fundamentales para nuestro país. Finalmente, debido a que el estilo de los atentados que traten de ser cometidos contra instituciones o ciudadanos españoles, dentro o fuera de las fronteras nacionales, podría registrar algunas alteraciones respecto los procedimientos y modalidades hasta ahora considerados como más probables.
En principio, el tipo de atentados que es previsible planifiquen y traten de ejecutar en España los actores individuales o colectivos de origen principal pero no exclusivamente magrebí relacionados con el movimiento de la yihad neosalafista global corresponde a actos de terrorismo cuyos propósitos inmediatos sean los de ocasionar un notable número de víctimas mortales, ejercer un considerable impacto social y atraer gran atención por parte de la prensa internacional. Esta combinación de letalidad, impacto y publicidad se traduciría en atentados ejecutados, en primer lugar, por medios convencionales pero suficientemente mortíferos que se acomoden, por una parte, a la pericia que los terroristas o alguno de sus cabecillas hayan adquirido en distantes campos de adiestramiento o en instalaciones mucho más cercanas y, por otra, a la disponibilidad del entorno donde prevean sus autores llevarlos a cabo. Por ejemplo, haciendo uso de sustancias y complementos necesarios para el montaje de artefactos explosivos a los que los terroristas o sus colaboradores tengan acceso legal o ilegalmente.
Se trataría, en segundo lugar, de acciones terroristas cometidas a través de modalidades habituales en la práctica del terrorismo internacional, como deflagraciones múltiples y concatenadas entre sí que se inicien gracias a dispositivos de control remoto o mediante el uso de temporizadores. En tercer lugar, estaríamos refiriéndonos a atentados dirigidos contra blancos desprovistos de medidas especiales de protección y localizados preferentemente en espacios urbanos donde se producen aglomeraciones humanas o en sistemas de transporte que, aun fuera de zonas densamente pobladas, caso de ser blanco de una acción terrorista aseguren consecuencias suficientemente cruentas, favorezcan la generalización de estados mentales de ansiedad y hagan ineludible que se produzca una cobertura de alcance mundial por parte de los medios de comunicación. También las zonas donde se combinan la industria turística y concentraciones masivas de gente ofrecen blancos estacionales atractivos para los terroristas, como ha quedado de manifiesto en otros lugares del mundo. Es decir, el tipo de atentado de terrorismo yihadista más probable en España, caso de ocurrir de nuevo alguno, hipótesis esta que en modo alguno es posible descartar al la luz de lo que se ha conocido estos últimos tres años, es asimilable en sus aspectos básicos, aunque no necesariamente en sus blancos específicos y localización, a los del 11 de marzo de 2004.
Quizá sea de interés recordar ahora que los grupos y organizaciones implicadas en el terrorismo yihadista han manifestado una singular inclinación a intentar perpetrar atentados contra blancos que habían tratado de afectar con anterioridad pero sin éxito, bien sea porque los resultados estuvieron muy por debajo de sus expectativas, bien porque las agencias policiales y los servicios de inteligencia desbarataron a tiempo sus planes. Las torres gemelas de Nueva York fueron destruidas como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero habían sido objeto de otro, de consecuencias mucho más limitadas claro, por parte de individuos imbricados ya en el entonces incipiente entramado neosalafista global, en 1993. Hace apenas unos años, las agencias británicas de seguridad consiguieron impedir un atentado en el aeropuerto londinense de Heathrow y detuvieron a quienes lo preparaban, pero otros correligionarios de su misma trama retomaron tiempo después exactamente los mismos planes, frustrados otra vez por una operación antiterrorista. Quiero decir con esto que el tren de alta velocidad que discurre entre Madrid y Sevilla, la Audiencia Nacional sita en la capital de España o algunos conocidos edificios altos de Barcelona podrían seguir en el punto de mira del terrorismo yihadista y acaso requieran medidas especiales de protección.
Ahora bien, que algún acto de terrorismo internacional con las características básicas de los atentados del 11 de marzo de 2004 sea más probable, caso de volver a producirse uno nuevo en nuestro país, no quiere decir que sea el único tipo de atentado yihadista posible. Cabe que tanto el creciente señalamiento de España como blanco por parte de al-Qaeda como sobre todo el surgimiento de su extensión regional para el Magreb, a partir de un proceso de internacionalización del GSPC argelino, influyan sobre el estilo de atentados que pudieran perpetrarse contra intereses o ciudadanos españoles, sobre todo dentro pero también fuera del propio territorio nacional. Así, por ejemplo, resulta actualmente más verosímil de cuanto lo era hace dos o tres años que un nuevo acto de terrorismo internacional en España adopte la modalidad del atentado suicida. No sólo porque se acomoda a las preferencias operativas del directorio de al-Qaeda, sino también porque el GSPC ha justificado explícitamente ese tipo de actos desde febrero de 2005 y nada impide que individuos reclutados en nuestro país para llevar a cabo misiones suicidas en Irak o en otros lugares puedan cometer atentados así pero en territorio español.
Al estilo de atentados cuya ejecución planifica y controla directamente al-Qaeda es además común la selección de blancos de especial relevancia simbólica y considerablemente mejor protegidos que otros más fácilmente imaginables. La frecuencia y agresividad con la que desde el directorio de dicha estructura terrorista se viene señalizando a España, así como el hecho de que exista ahora una extensión regional de la misma en el Magreb con ramificaciones europeas obliga a reflexionar sobre la posibilidad de que el rango de blancos propicios para actos de terrorismo internacional se amplíe, en el interior de nuestro país, a los más simbólicos o dotados con una mayor protección. Este es el caso de aeronaves comerciales, monumentos o edificios prominentes, importantes infraestructuras críticas, sedes gubernamentales y de las agencias de seguridad o de las fuerzas armadas. Sin descartar la posibilidad, aún remota pero cada vez menos impensable, de algún acto terrorista no convencional como los que deberían perpetrarse en sociedades occidentales según un tratado de estrategia yihadista muy visitado en Internet y escrito por un español de origen sirio, Mustafa Setmarian, fundador de la célula de al-Qaeda establecida en España en los años noventa, poco antes de ser detenido en Pakistán durante la segunda mitad de 2005. Por cierto, que a inicios de la primavera de ese mismo año, este individuo, también conocido por su sobrenombre de Abu Musab al Suri, hizo público un documento en el que amenazaba con futuros atentados en España.
Conclusiones: España es hoy más blanco de al-Qaeda que antes de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Incluso es probable que nuestro país sea ahora más blanco del terrorismo internacional que nunca antes y, por la naturaleza de los indicadores que lo ponen de manifiesto, en modo alguno se trata de una situación pasajera. Que Ayman al Zawahiri insista en la violenta recuperación de al-Andalus como parte de un nuevo califato panislámico, consiguiendo que su discurso impregne la narrativa de los grupos y organizaciones norteafricanos relacionados con aquella estructura terrorista equivale a convertirnos en blanco permanente de los actores individuales y colectivos que forman las redes multinacionales del movimiento de la yihad neosalafista global en su conjunto. Esto, en sí mismo, obliga a repensar la amenaza que el terrorismo internacional supone en la actualidad para nuestro país y que conlleva señalizaciones más precisas, como las relacionadas con la presencia de soldados españoles en territorios musulmanes o la demarcación de Ceuta y Melilla como zona de conflicto.
Además, la amenaza que el actual terrorismo internacional supone para ciudadanos e intereses españoles, especialmente dentro pero también fuera del propio territorio nacional, se ha incrementado como consecuencia del redimensionamiento de las redes norteafricanas insertas en el aludido movimiento de la yihad neosalafista global y del efecto de sinergia que para ese entramado tiene el surgimiento de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Estas y otras preocupantes circunstancias podrían tener consecuencias para la seguridad nacional tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo, al producirse alteraciones en la modalidad de posibles nuevos actos de terrorismo internacional, siendo ahora más verosímil de cuanto lo era hace dos o tres años que se perpetren en España atentados suicidas o contra blancos altamente simbólicos y dotados de considerables medidas de protección. Sin que ello suponga olvidar la imprevisible operatividad de células independientes autoconstituidas, cuyo rango de acciones iría del asesinato individual al uso de artefactos explosivos improvisados contra blancos desprotegidos.
A lo largo de los últimos tres años se ha avanzado mucho en la adaptación de nuestras estructuras nacionales de seguridad ante los desafíos que plantea el terrorismo yihadista. Ahora bien, puede que la amenaza que al-Qaeda, su extensión regional en el Magreb y otras organizaciones yihadistas procedentes del sur de Asia o de Oriente Medio pero con conexiones en nuestro país suponen para ciudadanos e intereses españoles esté evolucionando a una cadencia no suficientemente compensada por los esfuerzos antiterroristas y contraterroristas. Ahora es fundamental que el flujo y el consumo de inteligencia en relación con la amenaza del terrorismo internacional para España sean los adecuados y permitan informar una certera toma gubernamental de decisiones en esta materia. Los atentados del 11 de marzo de 2004 quedaron atrás, pero es momento de repensar la amenaza que el terrorismo yihadista supone en la actualidad para España y de que las autoridades obren, como es lógico, en consecuencia.
Fernando Reinares
Investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano, donde dirige el Programa sobre Terrorismo Global, y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos
martes, 6 de mayo de 2008
Terrorismo y teorías de la conspiración: el caso del 11-M
Tema: Los atentados del 11-M han dado lugar a la aparición de numerosas tesis que ponen en duda la validez de la investigación judicial. Este análisis muestra como tales tesis presentan los rasgos característicos de las teorías de la conspiración injustificadas.
Resumen: Las tesis de la conspiración forman parte del folklore contemporáneo, pero no siempre son banales e inocuas. Se caracterizan por atribuir a una conspiración de agentes poderosos la ocultación de una verdad relevante y a veces logran gran aceptación. Su veracidad o falsedad debe ser probada en cada caso, aunque comúnmente el término se emplea sólo para aquellas que resultan injustificadas. El impacto emotivo que tienen los grandes atentados, como los del 11-S y el 11-M, favorece la aparición de tales teorías, que tienden a mermar la confianza pública en las instituciones. En ambos casos, sin embargo, las teorías que tratan de desmentir el resultado de la investigación oficial carecen de pruebas.
Análisis: La polémica sobre los atentados del 11-M ha introducido por primera vez en el debate público español el concepto de teoría de la conspiración, hasta el punto de que quienes han opinado sobre el tema se han visto clasificados como “oficialistas” o “conspiracionistas”. Estos últimos han logrado convencer duarante un tiempo a un sector numeroso, aunque minoritario, de la población española, lo que demuestra la importancia que pueden llegar a adquirir las teorías de la conspiración e induce a tomárselas en serio. Sin embargo, la comunidad académica internacional no ha solido hacerlo, ya que en general tales teorías son consideradas como elementos intrascendentes de la cultura popular, que permiten ganar dinero y/o satisfacer sus ansias de protagonismo a los lunáticos o desaprensivos que las propagan.
Los típicos teóricos de la conspiración acusan al Gobierno norteamericano de ocultar pruebas sobre un nave alienígena (que se habría estrellado en Nuevo México en 1947); niegan que el hombre haya pisado la Luna (el dinero de la misión Apolo se habría usado para otros fines); denuncian el control oculto del mundo por parte del grupo Bilderberg (personalidades internacionales que se reunen una vez al año para debatir confidencialmente); o afirman que Elvis Presley está vivo (habría fingido su propia muerte). Frente a tales tesis, lo mejor parece atenerse al sabio consejo de no discutir con lunáticos. Pero algunas teorías de la conspiración no son tan anodinas. La teoría de que los judíos controlan el mundo, cuya formulación clásica se halla en los Protocolos de los sabios de Sión (una falsificación publicada inicialmente en Rusia a comienzos del siglo XX y que muchos islamistas siguen creyendo genuina aun hoy) contribuyó decisivamente a los crímenes antisemitas del pasado, incluido el holocausto, y dificulta hoy un acuerdo definitivo de paz entre árabes e israelíes.
No todas las teorías de la conspiración son, sin embargo, falsas. Si entendemos por conspiración un acuerdo secreto entre varias personas para dañar a terceros, los actos terroristas son todos resultado de conspiraciones previas. Así es que el problema real es el que presentan las teorías de la conspiración injustificadas, pero no siempre resulta evidente si una teoría está justificada o no. Desde la perspectiva epistemológica el tratamiento más serio del tema se halla, a mi juicio, en un artículo del filósofo estadounidense Brian L. Keeley (“Of Conspiracy Theories”, The Journal of Philosophy, XCVI, 3, 1999, pp. 109-126), que por cierto toma como ejemplo las teorías surgidas en torno a un atentado terrorista, el de Oklahoma City en 1995. De acuerdo con Keeley, las teorías de la conspiración injustificadas se caracterizan por negar la interpretación oficial u obvia de los hechos considerados, pretenden revelar secretos bien guardados y se apoyan en los datos que no quedan suficientemente explicados en la versión oficial o incluso la contradicen, pero ninguno de estos rasgos implica que sean necesariamente injustificadas, algo que debe ser demostrado en cada caso. Ahora bien, es frecuente que tales teorías tomen direcciones peligrosas. Dado que los teóricos de la conspiración pretenden revelar secretos guardados por agentes poderosos, los argumentos que se utilizan contra sus tesis suelen presentarlos como pruebas adicionales de lo poderosa que es la conspiración a la que se enfrentan. Todo aquel que niega la conspiración, observa Keeley, es sospechoso de participar en ella, con el resultado de que la supuesta conspiración se va ampliando. Y en ello estriba el peligro de unas teorías que tienden a poner en cuestión la confianza en las instituciones sin la que una sociedad no puede funcionar: el escepticismo llevado al extremo conduce al nihilismo.
A menudo, añade Kelley, el atractivo de las teorías de la conspiración injustificadas se basa en que permiten dar una explicación sencilla y completa de grandes acontecimientos. Para mucha gente es difícil aceptar que el mundo se rige por la interacción de múltiples agentes que persiguen diferentes objetivos, sin que nadie pueda controlar los resultados. En particular, resulta difícil aceptar que acontecimientos con un impacto emocional tan grande como el que tuvieron en EEUU el asesinato de Kennedy o el atentado de Oklahoma City (el mayor antes del 11-S) puedan haber sido obra de individuos insignificantes.
Nos encontramos pues con que existen teorías de la conspiración banales (Elvis está vivo), otras que proponen una visión conspirativa de la historia (la conspiración judía) y otras que ofrecen una explicación alternativa de un hecho impactante (el atentado de Oklahoma City). A este tercer tipo pertenecen las teorías surgidas a raíz del 11-S y del 11-M. En el caso del 11-S, la versión oficial de los hechos se recoge en el informe de una comisión nacional de investigación, integrada por miembros de los dos grandes partidos, cuyos resultados han sido aceptados por los grandes medios de comunicación, pero ello no ha impedido que se difundan teorías que la niegan. A nivel internacional, el teórico de la conspiración que ha tenido más éxito ha sido el periodista francés Thierry Meyssan, quien ha vendido centenares de miles de ejemplares de su libro La gran impostura, traducido a más de 20 lenguas, en el que trata de probar que ningún avión se estrelló en el Pentágono. Y tampoco faltan en los mismos EEUU teóricos de la conspiración que hayan puesto en cuestión la versión oficial. Entre ellos se encuentra el profesor de filosofía James Fetzer, quien previamente se había ocupado de otro tema similar, el asesinato de J.F. Kennedy, y el profesor de teología David Ray Griffin. La argumentación de estos y otros teóricos similares se puede resumir en tres puntos:
(1) Descartan, por motivos técnicos, que el hundimiento de las Torres Gemelas y los daños en el edificio del Pentágono se debieran al impacto de los aviones secuestrados. Por supuesto, no pueden negar que dos aviones se estrellaron contra las torres, pero afirman que su hundimiento se debió a explosivos situados en el interior de las mismas.
(2) Sostienen que los atentados favorecieron los planes de expansión imperial del Gobierno Bush, al constituir un “nuevo Pearl Harbor” que permitió justificar el aumento del gasto en defensa y los ataques contra Afganistán e Irak.
(3) Argumentan que, puesto que el Gobierno de Bush se ha esforzado en que se aceptara una versión de los hechos que ellos consideran falsa y puesto que se ha beneficiado de lo ocurrido, es probable que miembros del Gobierno estuvieran implicados de alguna manera en los atentados, o al menos estuvieran informados previamente y no trataran de impedirlo.
Este esquema de argumentación se basa pues: (a) en una cuestión técnica, como es la resistencia al fuego de un gran edificio, sobre la que en realidad muy pocos expertos están en condiciones de opinar con fundamento; y (b) en el común pero no por ello menos falaz argumento de que si un crimen beneficia a alguien en algún sentido, aunque sea indirecto, ese alguien es sospechoso de haberlo cometido. De lo que no se aporta prueba alguna, por supuesto, es de que algún agente del Gobierno de Washington haya estado implicado en los atentados.
¿Hasta qué punto han calado en el público estas teorías? En EEUU las dudas de los ciudadanos se han centrado en la cuestión de si el Gobierno había tenido información previa sobre el proyecto terrorista. Una sorprendente encuesta de Zogby International en agosto de 2004 mostró que casi la mitad de los residentes en Nueva York creían que el Gobierno la tenía. Pero lo más inquietante resulta la opinión de los musulmanes. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en el año 2006 más de la mitad de los indonesios, los egipcios, los turcos, los jordanos y los musulmanes británicos negaban que los atentados del 11-S hubieran sido perpetrados por musulmanes. En el caso de los musulmanes españoles, lo negaban el 35%, mientras que el 33% lo creía cierto. Un año después, la misma empresa encuestó a los musulmanes de EEUU, con el resultado de que el 40% creía que los terroristas habían sido musulmanes y el 28% lo negaba, porcentaje este último que se elevaba al 38% entre los más jóvenes y al 46% entre los más religiosos.
Respecto a los atentados del 11-M, también han surgido dudas sobre la versión oficial. Según una encuesta realizada en el otoño de 2006, el 23% de los españoles estaba en desacuerdo con la afirmación de que los atentados habían sido exclusivamente obra de islamistas, porcentaje que se elevaba al 53% entre los votantes del Partido Popular. En este caso el atractivo de las teorías de la conspiración reside en la aparente disparidad entre la magnitud del hecho mismo (el peor atentado de nuestra historia) y de su repercusión política (una contribución decisiva al resultado de las elecciones generales y por tanto al cambio del partido en el gobierno) y la personalidad de sus autores (un grupo de musulmanes, en su mayoría marroquíes, residentes en España). A pesar de que los atentados del 11-S habían demostrado la enorme capacidad de actuación de al-Qaeda, el hecho de que en el caso de los atentados de Madrid no haya indicio alguno de la participación de terroristas venidos del exterior ha llevado a los medios favorables a la teoría de la conspiración a insistir una y otra vez en que una acción tan maquiavélica no podía ser obra de unos “moros de Lavapiés”.
Esto responde no sólo a una actitud de desprecio racista hacia “los moritos”, sino a una exageración de las dificultades que planteaba la realización de los atentados. En realidad los conocimientos para montar los artefactos explosivos están ampliamente difundidos en el mundo yihadí, aunque el hecho de que no sepamos quien montó los artefactos se presta a la interpretación conspirativa. Y aun más extraña resulta la tesis conspiracionista de que sólo alguien muy avezado en el análisis de la política española pudiera haber previsto las consecuencias electorales de los atentados. En realidad, cualquiera que viviera en Madrid en el período de las manifestaciones contra la guerra de Irak habría tenido muy difícil no enterarse de que la oposición de izquierda había encontrado un gran argumento contra el Gobierno de Aznar en la crítica a su política favorable a la intervención en Irak, enormemente impopular. No sabemos si los terroristas del 11-M habían accedido en Internet a un documento yihadí, colgado a finales de 2003, en el que se afirmaba que en España la oposición a la guerra era tan fuerte que algunos ataques bastarían para provocar la retirada de las tropas españolas o, en el caso de que el Gobierno no lo hiciera, al triunfo en las siguientes elecciones del Partido Socialista, que tenía tal retirada en su programa. Es probable que en esa línea de razonamiento se encuentre la lógica criminal que condujo a los atentados. Y aunque los terroristas que cometieron los atentados no hayan leído ese documento, la idea de que una matanza en nombre de la yihad perpetrada justo antes de unas elecciones generales iba a perjudicar al Gobierno que había mandado tropas a Irak la pudieron concebir ellos solos, por muy poco atentos que hubieran estado a la reacción de la población española ante aquel conflicto. Un conflicto, además, que para ellos era importantísimo.
En la génesis de la teoría de la conspiración del 11-M el elemento crucial fue el resultado político de los atentados. José María Aznar había gobernado durante ocho años, con un balance muy positivo en opinión de sus electores, y las encuestas hacían bastante probable una victoria del PP en las elecciones del 14 de marzo. Pero en los tres días que precedieron a las elecciones se produjeron los atentados, el Gobierno defendió la probable autoría de ETA, las primeras pruebas y detenciones apuntaron hacia los yihadíes y el recuerdo de la campaña contra la guerra de Irak se actualizó, provocando una movilización de electores de izquierda que dio la victoria al PSOE. A partir de aquí pudo activarse una de las líneas de razonamiento más típicas de las teorías de la conspiración: quien se beneficia de los resultados de un crimen siempre es sospechoso. Si el 11-S favoreció los planes imperialistas de la Administración Bush, sostiene la perversa lógica conspiracionista, la Administración Bush es sospechosa, al menos, de haber dejado hacer a los terroristas. Y si el PP perdió las elecciones debido a los atentados, ¿qué cabe especular?
Algunos conspiracionistas han podido actuar influidos por el cálculo de réditos electorales, de cuotas de audiencia o de venta de periódicos, pero todo ello es secundario, porque la fuerza de una teoría de la conspiración depende mucho de la sinceridad con que es creída y es difícil pensar que llegue a arraigar en la opinión si los mismos que la propagan no la creen y la apoyan por motivos espurios. Este análisis no pretende poner en tela de juicio la sinceridad de nadie, ni pretende sostener que las versiones oficiales deben ser creídas sólo por serlas.
La versión oficial del 11-M, la que se desprende de toda la inmensa masa de pruebas acumuladas durante una exhaustiva investigación y se está imponiendo durante el proceso todavía en curso, sostiene la culpabilidad de un grupo de militantes yihadíes, y en cierta medida apunta a que la intervención en Irak actuó como detonante de la voluntad criminal de los terroristas, aunque evidentemente este es un punto muy secundario desde el punto de vista procesal. La teoría de la conspiración, en cambio, presenta a los yihadíes como meros ejecutores, como mucho, y postula la existencia de otros conspiradores que los habrían utilizado. Aunque en ciertos momentos se ha insinuado una participación de los servicios secretos marroquíes, o incluso de los franceses, el culpable en el que habitualmente se piensa es ETA, culpable real de más de 800 asesinatos terroristas e inicialmente designada por el Gobierno de Aznar como principal sospechosa de los atentados del 11-M.
A partir de ahí, entra en acción la perversa lógica de las teorías de la conspiración injustificadas y en concreto su tendencia, destacada por Keeley, a implicar a más y más agentes en su red de sospechas. ¿Si ETA es culpable, por qué no se ha podido demostrar su culpabilidad a lo largo de toda la exhaustiva investigación realizada? La lógica conspirativa lleva a suponer que por falta de interés en demostrarla por parte de los jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que se han encargado de ello. Y a partir de ahí se ha planteado la sospecha de que el propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no está interesado en que se pruebe tal culpabilidad, pues ello pondría en entredicho la legitimidad moral de su victoria electoral y haría imposible la política de negociación con la banda terrorista que inició en 2005.
Dicho esto, conviene destacar que lo que se ha difundido durante los tres últimos años en la sociedad española no es una teoría de la conspiración completa que ofrezca una explicación alternativa de lo ocurrido, sino unos argumentos que ponen en duda la versión oficial, tratan de implicar a ETA y se limitan a insinuar la posibilidad de una trama conspirativa en la que participaran otros agentes. “¡Queremos saber la verdad!” es quizá el lema más efectivo de la campaña contra la versión oficial, campaña que se ha visto reforzada al confluir con el rechazo a la negociación con ETA. A modo de ejemplo, recuérdese que en la masiva manifestación que se celebró en Madrid el 10 de junio de 2006, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los dos lemas de los convocantes fueron el ya citado de “¡Queremos saber la verdad!” y “Negociación, en mi nombre, ¡no!”.
Debemos, por tanto, distinguir tres elementos en la argumentación de los “conspiracionistas”: (1) la búsqueda de pruebas contra ETA; (2) la crítica de las pruebas en que se basa la versión oficial; y (3) las insinuaciones contra otros supuestos participantes en la conspiración.
Las pruebas contra ETA
En principio, sospechar que una organización terrorista que lleva 40 años asesinando haya participado en una matanza resulta obvio. En ese sentido, la decisión el Ministerio del Interior, regido entonces por el PP, de iniciar el mismo día de las elecciones una investigación sobre las posibles conexiones entre yihadíes y etarras resulta perfectamente coherente. Se entra, en cambio, en el terreno de la teoría de la conspiración injustificada cuando, después de que un enorme esfuerzo de investigación no haya revelado ningún indicio sólido de que en los crímenes del 11-M participaran criminales de ETA, se recurre a los argumentos más extravagantes, sin reparo en poner en cuestión la honradez de policías o jueces. Por otra parte, resulta difícil imaginar qué podría haber ganado ETA con su contribución a aquellos atentados. ¿Provocar un cambio de Gobierno que facilitara la aceptación de sus exigencias? Pero para que sus exigencias fueran aceptadas tenían que estar seguros de que su participación no sería descubierta. ¿Cómo podían estarlo? Y si se descubría ¿no le costaría ello el apoyo de incluso sus más feroces y obtusos partidarios?
La crítica de las pruebas oficiales
Como en el caso del 11-S, parte de las críticas de las pruebas se centran en detalles técnicos sobre los que sólo unos pocos especialistas están en condiciones de opinar. Para el común de los mortales, la posibilidad de que los incendios provocados por el impacto de sendos aviones bastaran o no para causar el derrumbe de las Torres Gemelas representa una cuestión inabordable. Simplemente vimos estrellarse a los aviones y luego vimos como se derrumbaban los edificios, así es que suponemos que hubo una relación de causa-efecto. De la misma manera casi nadie está en condiciones de opinar sobre los rastros de componentes que dejan distintos tipos de explosivos. Sólo sabemos que múltiples pruebas, y la sentencia judicial contra un menor que participó en el tráfico, demuestran que los yihadíes sospechosos de cometer los atentados adquirieron explosivos en una mina asturiana, y suponemos que esos fueron por tanto los explosivos utilizados.
Ahora bien, hay un punto esencial en la argumentación de los conspiracionistas sobre el cual puede formarse una opinión cualquier persona capaz de razonamiento desapasionado (una capacidad de la que supuestamente están dotados la mayoría de los seres humanos). Se trata de la bolsa recogida en la estación del Pozo e identificada horas después en la comisaría del Puente de Vallecas, la única bolsa colocada por los terroristas en los trenes que ni explotó ni fue explosionada más tarde por los Tedax y que, a través de las pistas proporcionadas tanto por el explosivo y el detonador que contenía, como por el teléfono móvil que habría debido poner en acción el detonador, como por la tarjeta del mismo, resultó crucial en el primer momento de la conspiración. La tesis de los conspiracionistas es que esa bolsa era una pista falsa, colocada por alguien que deseaba precipitar la detención de algunos yihadíes y lograr así el efecto deseado. Una tesis que en marzo de 2006 llevó incluso al líder de la oposición a dudar por un momento de la validez de la investigación realizada hasta el momento. En realidad, si lo que se discute es la certeza de que, en medio de la situación crítica provocada por los atentados, esa bolsa haya estado bajo control policial desde el momento en que se recogió del tren hasta el momento en que se identificó en comisaría, las dudas son posibles, aunque varios policías han testificado en el juicio que así fue. Un rasgo típico de las teorías de la conspiración es centrar la atención en detalles de los que se pretende sacar grandes conclusiones: si no hay absoluta certeza de que la bolsa en cuestión se encontró en el tren, entonces es posible que no fuera depositada por los terroristas, sino por obra de un maquiavélico agente que quería orientar la investigación. Cualquier lector de novelas policíacas recordará cosas similares, pero la lógica no es precisamente el punto fuerte de tales novelas. Lo importante es que las pistas proporcionadas por aquella bolsa encajan perfectamente con miles de otras pruebas: el detonador lleva a la mina asturiana en la que sin duda los procesados adquirieron un explosivo idéntico al de la bolsa, y el teléfono móvil y su tarjeta llevan también hacia ellos. No se trata pues de una simple pista falsa que condujera hacia unos falsos culpables. Si de verdad la bolsa hubiera sido colocada por alguien que no formara parte del grupo de terroristas yihadíes, ese alguien conocía perfectamente todos los detalles de sus movimientos, luego ese alguien muy probablemente formaba parte de una trama oculta que había dirigido las acciones de tales terroristas.
Las insinuaciones sobre la trama oculta de la conspiración
La mayor parte de los conspiracionistas no van más allá de incriminar a ETA y sembrar dudas sobre la versión oficial. Muy pocos se han atrevido a apuntar directamente hacia otros presuntos culpables. Sin embargo, como demuestra el caso de la bolsa de la estación del Pozo, si aceptamos la tesis conspiracionista hemos de concluir que existió una trama oculta capaz de seguir, o presumiblemente guiar, los pasos de los terroristas yihadíes y situar en el lugar adecuado pruebas que los incriminen, sin dejar el más mínimo rastro de su actuación. ¿De verdad se puede creer que ETA habría sido capaz de ello por sí sola? Una vez más, la perversa lógica de las teorías de la conspiración conduce a ampliar la supuesta trama y buscar nuevos culpables, como cuando los jueces de Salem cazaban brujas. La cuestión es que hace falta ser muy insensato para llevar la lógica conspirativa hasta el final. Sin embargo, algunos lo han hecho en España. En los micrófonos de la COPE el locutor Federico Jiménez Losantos ha aludido a “la implicación de los servicios españoles de la Policía, de la Guardia Civil” (citado en ABC, 9/VI/2006), aunque en otras ocasiones se ha mostrado algo más prudente: “casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles” (citado en ABC, 5/X/2006).
Conclusión: La teoría de la conspiración lleva pues a la aberrante suposición de que en el peor atentado de nuestra historia han estado implicados miembros de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad que durante décadas han luchado contra los terroristas de ETA y han pagado por ello un pesado tributo de sangre. Una suposición que carece por completo de base, como se ha demostrado en el juicio contra los terroristas en la Audiencia Nacional. Esperemos que la ya próxima sentencia abra los ojos a todos los que, de buena fe, dudaban de que los terroristas yihadíes hayan sido los únicos responsables del 11-M.
Juan Avilés Farré
Catedrático de Historia Contemporánea en la UNED
Resumen: Las tesis de la conspiración forman parte del folklore contemporáneo, pero no siempre son banales e inocuas. Se caracterizan por atribuir a una conspiración de agentes poderosos la ocultación de una verdad relevante y a veces logran gran aceptación. Su veracidad o falsedad debe ser probada en cada caso, aunque comúnmente el término se emplea sólo para aquellas que resultan injustificadas. El impacto emotivo que tienen los grandes atentados, como los del 11-S y el 11-M, favorece la aparición de tales teorías, que tienden a mermar la confianza pública en las instituciones. En ambos casos, sin embargo, las teorías que tratan de desmentir el resultado de la investigación oficial carecen de pruebas.
Análisis: La polémica sobre los atentados del 11-M ha introducido por primera vez en el debate público español el concepto de teoría de la conspiración, hasta el punto de que quienes han opinado sobre el tema se han visto clasificados como “oficialistas” o “conspiracionistas”. Estos últimos han logrado convencer duarante un tiempo a un sector numeroso, aunque minoritario, de la población española, lo que demuestra la importancia que pueden llegar a adquirir las teorías de la conspiración e induce a tomárselas en serio. Sin embargo, la comunidad académica internacional no ha solido hacerlo, ya que en general tales teorías son consideradas como elementos intrascendentes de la cultura popular, que permiten ganar dinero y/o satisfacer sus ansias de protagonismo a los lunáticos o desaprensivos que las propagan.
Los típicos teóricos de la conspiración acusan al Gobierno norteamericano de ocultar pruebas sobre un nave alienígena (que se habría estrellado en Nuevo México en 1947); niegan que el hombre haya pisado la Luna (el dinero de la misión Apolo se habría usado para otros fines); denuncian el control oculto del mundo por parte del grupo Bilderberg (personalidades internacionales que se reunen una vez al año para debatir confidencialmente); o afirman que Elvis Presley está vivo (habría fingido su propia muerte). Frente a tales tesis, lo mejor parece atenerse al sabio consejo de no discutir con lunáticos. Pero algunas teorías de la conspiración no son tan anodinas. La teoría de que los judíos controlan el mundo, cuya formulación clásica se halla en los Protocolos de los sabios de Sión (una falsificación publicada inicialmente en Rusia a comienzos del siglo XX y que muchos islamistas siguen creyendo genuina aun hoy) contribuyó decisivamente a los crímenes antisemitas del pasado, incluido el holocausto, y dificulta hoy un acuerdo definitivo de paz entre árabes e israelíes.
No todas las teorías de la conspiración son, sin embargo, falsas. Si entendemos por conspiración un acuerdo secreto entre varias personas para dañar a terceros, los actos terroristas son todos resultado de conspiraciones previas. Así es que el problema real es el que presentan las teorías de la conspiración injustificadas, pero no siempre resulta evidente si una teoría está justificada o no. Desde la perspectiva epistemológica el tratamiento más serio del tema se halla, a mi juicio, en un artículo del filósofo estadounidense Brian L. Keeley (“Of Conspiracy Theories”, The Journal of Philosophy, XCVI, 3, 1999, pp. 109-126), que por cierto toma como ejemplo las teorías surgidas en torno a un atentado terrorista, el de Oklahoma City en 1995. De acuerdo con Keeley, las teorías de la conspiración injustificadas se caracterizan por negar la interpretación oficial u obvia de los hechos considerados, pretenden revelar secretos bien guardados y se apoyan en los datos que no quedan suficientemente explicados en la versión oficial o incluso la contradicen, pero ninguno de estos rasgos implica que sean necesariamente injustificadas, algo que debe ser demostrado en cada caso. Ahora bien, es frecuente que tales teorías tomen direcciones peligrosas. Dado que los teóricos de la conspiración pretenden revelar secretos guardados por agentes poderosos, los argumentos que se utilizan contra sus tesis suelen presentarlos como pruebas adicionales de lo poderosa que es la conspiración a la que se enfrentan. Todo aquel que niega la conspiración, observa Keeley, es sospechoso de participar en ella, con el resultado de que la supuesta conspiración se va ampliando. Y en ello estriba el peligro de unas teorías que tienden a poner en cuestión la confianza en las instituciones sin la que una sociedad no puede funcionar: el escepticismo llevado al extremo conduce al nihilismo.
A menudo, añade Kelley, el atractivo de las teorías de la conspiración injustificadas se basa en que permiten dar una explicación sencilla y completa de grandes acontecimientos. Para mucha gente es difícil aceptar que el mundo se rige por la interacción de múltiples agentes que persiguen diferentes objetivos, sin que nadie pueda controlar los resultados. En particular, resulta difícil aceptar que acontecimientos con un impacto emocional tan grande como el que tuvieron en EEUU el asesinato de Kennedy o el atentado de Oklahoma City (el mayor antes del 11-S) puedan haber sido obra de individuos insignificantes.
Nos encontramos pues con que existen teorías de la conspiración banales (Elvis está vivo), otras que proponen una visión conspirativa de la historia (la conspiración judía) y otras que ofrecen una explicación alternativa de un hecho impactante (el atentado de Oklahoma City). A este tercer tipo pertenecen las teorías surgidas a raíz del 11-S y del 11-M. En el caso del 11-S, la versión oficial de los hechos se recoge en el informe de una comisión nacional de investigación, integrada por miembros de los dos grandes partidos, cuyos resultados han sido aceptados por los grandes medios de comunicación, pero ello no ha impedido que se difundan teorías que la niegan. A nivel internacional, el teórico de la conspiración que ha tenido más éxito ha sido el periodista francés Thierry Meyssan, quien ha vendido centenares de miles de ejemplares de su libro La gran impostura, traducido a más de 20 lenguas, en el que trata de probar que ningún avión se estrelló en el Pentágono. Y tampoco faltan en los mismos EEUU teóricos de la conspiración que hayan puesto en cuestión la versión oficial. Entre ellos se encuentra el profesor de filosofía James Fetzer, quien previamente se había ocupado de otro tema similar, el asesinato de J.F. Kennedy, y el profesor de teología David Ray Griffin. La argumentación de estos y otros teóricos similares se puede resumir en tres puntos:
(1) Descartan, por motivos técnicos, que el hundimiento de las Torres Gemelas y los daños en el edificio del Pentágono se debieran al impacto de los aviones secuestrados. Por supuesto, no pueden negar que dos aviones se estrellaron contra las torres, pero afirman que su hundimiento se debió a explosivos situados en el interior de las mismas.
(2) Sostienen que los atentados favorecieron los planes de expansión imperial del Gobierno Bush, al constituir un “nuevo Pearl Harbor” que permitió justificar el aumento del gasto en defensa y los ataques contra Afganistán e Irak.
(3) Argumentan que, puesto que el Gobierno de Bush se ha esforzado en que se aceptara una versión de los hechos que ellos consideran falsa y puesto que se ha beneficiado de lo ocurrido, es probable que miembros del Gobierno estuvieran implicados de alguna manera en los atentados, o al menos estuvieran informados previamente y no trataran de impedirlo.
Este esquema de argumentación se basa pues: (a) en una cuestión técnica, como es la resistencia al fuego de un gran edificio, sobre la que en realidad muy pocos expertos están en condiciones de opinar con fundamento; y (b) en el común pero no por ello menos falaz argumento de que si un crimen beneficia a alguien en algún sentido, aunque sea indirecto, ese alguien es sospechoso de haberlo cometido. De lo que no se aporta prueba alguna, por supuesto, es de que algún agente del Gobierno de Washington haya estado implicado en los atentados.
¿Hasta qué punto han calado en el público estas teorías? En EEUU las dudas de los ciudadanos se han centrado en la cuestión de si el Gobierno había tenido información previa sobre el proyecto terrorista. Una sorprendente encuesta de Zogby International en agosto de 2004 mostró que casi la mitad de los residentes en Nueva York creían que el Gobierno la tenía. Pero lo más inquietante resulta la opinión de los musulmanes. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en el año 2006 más de la mitad de los indonesios, los egipcios, los turcos, los jordanos y los musulmanes británicos negaban que los atentados del 11-S hubieran sido perpetrados por musulmanes. En el caso de los musulmanes españoles, lo negaban el 35%, mientras que el 33% lo creía cierto. Un año después, la misma empresa encuestó a los musulmanes de EEUU, con el resultado de que el 40% creía que los terroristas habían sido musulmanes y el 28% lo negaba, porcentaje este último que se elevaba al 38% entre los más jóvenes y al 46% entre los más religiosos.
Respecto a los atentados del 11-M, también han surgido dudas sobre la versión oficial. Según una encuesta realizada en el otoño de 2006, el 23% de los españoles estaba en desacuerdo con la afirmación de que los atentados habían sido exclusivamente obra de islamistas, porcentaje que se elevaba al 53% entre los votantes del Partido Popular. En este caso el atractivo de las teorías de la conspiración reside en la aparente disparidad entre la magnitud del hecho mismo (el peor atentado de nuestra historia) y de su repercusión política (una contribución decisiva al resultado de las elecciones generales y por tanto al cambio del partido en el gobierno) y la personalidad de sus autores (un grupo de musulmanes, en su mayoría marroquíes, residentes en España). A pesar de que los atentados del 11-S habían demostrado la enorme capacidad de actuación de al-Qaeda, el hecho de que en el caso de los atentados de Madrid no haya indicio alguno de la participación de terroristas venidos del exterior ha llevado a los medios favorables a la teoría de la conspiración a insistir una y otra vez en que una acción tan maquiavélica no podía ser obra de unos “moros de Lavapiés”.
Esto responde no sólo a una actitud de desprecio racista hacia “los moritos”, sino a una exageración de las dificultades que planteaba la realización de los atentados. En realidad los conocimientos para montar los artefactos explosivos están ampliamente difundidos en el mundo yihadí, aunque el hecho de que no sepamos quien montó los artefactos se presta a la interpretación conspirativa. Y aun más extraña resulta la tesis conspiracionista de que sólo alguien muy avezado en el análisis de la política española pudiera haber previsto las consecuencias electorales de los atentados. En realidad, cualquiera que viviera en Madrid en el período de las manifestaciones contra la guerra de Irak habría tenido muy difícil no enterarse de que la oposición de izquierda había encontrado un gran argumento contra el Gobierno de Aznar en la crítica a su política favorable a la intervención en Irak, enormemente impopular. No sabemos si los terroristas del 11-M habían accedido en Internet a un documento yihadí, colgado a finales de 2003, en el que se afirmaba que en España la oposición a la guerra era tan fuerte que algunos ataques bastarían para provocar la retirada de las tropas españolas o, en el caso de que el Gobierno no lo hiciera, al triunfo en las siguientes elecciones del Partido Socialista, que tenía tal retirada en su programa. Es probable que en esa línea de razonamiento se encuentre la lógica criminal que condujo a los atentados. Y aunque los terroristas que cometieron los atentados no hayan leído ese documento, la idea de que una matanza en nombre de la yihad perpetrada justo antes de unas elecciones generales iba a perjudicar al Gobierno que había mandado tropas a Irak la pudieron concebir ellos solos, por muy poco atentos que hubieran estado a la reacción de la población española ante aquel conflicto. Un conflicto, además, que para ellos era importantísimo.
En la génesis de la teoría de la conspiración del 11-M el elemento crucial fue el resultado político de los atentados. José María Aznar había gobernado durante ocho años, con un balance muy positivo en opinión de sus electores, y las encuestas hacían bastante probable una victoria del PP en las elecciones del 14 de marzo. Pero en los tres días que precedieron a las elecciones se produjeron los atentados, el Gobierno defendió la probable autoría de ETA, las primeras pruebas y detenciones apuntaron hacia los yihadíes y el recuerdo de la campaña contra la guerra de Irak se actualizó, provocando una movilización de electores de izquierda que dio la victoria al PSOE. A partir de aquí pudo activarse una de las líneas de razonamiento más típicas de las teorías de la conspiración: quien se beneficia de los resultados de un crimen siempre es sospechoso. Si el 11-S favoreció los planes imperialistas de la Administración Bush, sostiene la perversa lógica conspiracionista, la Administración Bush es sospechosa, al menos, de haber dejado hacer a los terroristas. Y si el PP perdió las elecciones debido a los atentados, ¿qué cabe especular?
Algunos conspiracionistas han podido actuar influidos por el cálculo de réditos electorales, de cuotas de audiencia o de venta de periódicos, pero todo ello es secundario, porque la fuerza de una teoría de la conspiración depende mucho de la sinceridad con que es creída y es difícil pensar que llegue a arraigar en la opinión si los mismos que la propagan no la creen y la apoyan por motivos espurios. Este análisis no pretende poner en tela de juicio la sinceridad de nadie, ni pretende sostener que las versiones oficiales deben ser creídas sólo por serlas.
La versión oficial del 11-M, la que se desprende de toda la inmensa masa de pruebas acumuladas durante una exhaustiva investigación y se está imponiendo durante el proceso todavía en curso, sostiene la culpabilidad de un grupo de militantes yihadíes, y en cierta medida apunta a que la intervención en Irak actuó como detonante de la voluntad criminal de los terroristas, aunque evidentemente este es un punto muy secundario desde el punto de vista procesal. La teoría de la conspiración, en cambio, presenta a los yihadíes como meros ejecutores, como mucho, y postula la existencia de otros conspiradores que los habrían utilizado. Aunque en ciertos momentos se ha insinuado una participación de los servicios secretos marroquíes, o incluso de los franceses, el culpable en el que habitualmente se piensa es ETA, culpable real de más de 800 asesinatos terroristas e inicialmente designada por el Gobierno de Aznar como principal sospechosa de los atentados del 11-M.
A partir de ahí, entra en acción la perversa lógica de las teorías de la conspiración injustificadas y en concreto su tendencia, destacada por Keeley, a implicar a más y más agentes en su red de sospechas. ¿Si ETA es culpable, por qué no se ha podido demostrar su culpabilidad a lo largo de toda la exhaustiva investigación realizada? La lógica conspirativa lleva a suponer que por falta de interés en demostrarla por parte de los jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que se han encargado de ello. Y a partir de ahí se ha planteado la sospecha de que el propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no está interesado en que se pruebe tal culpabilidad, pues ello pondría en entredicho la legitimidad moral de su victoria electoral y haría imposible la política de negociación con la banda terrorista que inició en 2005.
Dicho esto, conviene destacar que lo que se ha difundido durante los tres últimos años en la sociedad española no es una teoría de la conspiración completa que ofrezca una explicación alternativa de lo ocurrido, sino unos argumentos que ponen en duda la versión oficial, tratan de implicar a ETA y se limitan a insinuar la posibilidad de una trama conspirativa en la que participaran otros agentes. “¡Queremos saber la verdad!” es quizá el lema más efectivo de la campaña contra la versión oficial, campaña que se ha visto reforzada al confluir con el rechazo a la negociación con ETA. A modo de ejemplo, recuérdese que en la masiva manifestación que se celebró en Madrid el 10 de junio de 2006, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, los dos lemas de los convocantes fueron el ya citado de “¡Queremos saber la verdad!” y “Negociación, en mi nombre, ¡no!”.
Debemos, por tanto, distinguir tres elementos en la argumentación de los “conspiracionistas”: (1) la búsqueda de pruebas contra ETA; (2) la crítica de las pruebas en que se basa la versión oficial; y (3) las insinuaciones contra otros supuestos participantes en la conspiración.
Las pruebas contra ETA
En principio, sospechar que una organización terrorista que lleva 40 años asesinando haya participado en una matanza resulta obvio. En ese sentido, la decisión el Ministerio del Interior, regido entonces por el PP, de iniciar el mismo día de las elecciones una investigación sobre las posibles conexiones entre yihadíes y etarras resulta perfectamente coherente. Se entra, en cambio, en el terreno de la teoría de la conspiración injustificada cuando, después de que un enorme esfuerzo de investigación no haya revelado ningún indicio sólido de que en los crímenes del 11-M participaran criminales de ETA, se recurre a los argumentos más extravagantes, sin reparo en poner en cuestión la honradez de policías o jueces. Por otra parte, resulta difícil imaginar qué podría haber ganado ETA con su contribución a aquellos atentados. ¿Provocar un cambio de Gobierno que facilitara la aceptación de sus exigencias? Pero para que sus exigencias fueran aceptadas tenían que estar seguros de que su participación no sería descubierta. ¿Cómo podían estarlo? Y si se descubría ¿no le costaría ello el apoyo de incluso sus más feroces y obtusos partidarios?
La crítica de las pruebas oficiales
Como en el caso del 11-S, parte de las críticas de las pruebas se centran en detalles técnicos sobre los que sólo unos pocos especialistas están en condiciones de opinar. Para el común de los mortales, la posibilidad de que los incendios provocados por el impacto de sendos aviones bastaran o no para causar el derrumbe de las Torres Gemelas representa una cuestión inabordable. Simplemente vimos estrellarse a los aviones y luego vimos como se derrumbaban los edificios, así es que suponemos que hubo una relación de causa-efecto. De la misma manera casi nadie está en condiciones de opinar sobre los rastros de componentes que dejan distintos tipos de explosivos. Sólo sabemos que múltiples pruebas, y la sentencia judicial contra un menor que participó en el tráfico, demuestran que los yihadíes sospechosos de cometer los atentados adquirieron explosivos en una mina asturiana, y suponemos que esos fueron por tanto los explosivos utilizados.
Ahora bien, hay un punto esencial en la argumentación de los conspiracionistas sobre el cual puede formarse una opinión cualquier persona capaz de razonamiento desapasionado (una capacidad de la que supuestamente están dotados la mayoría de los seres humanos). Se trata de la bolsa recogida en la estación del Pozo e identificada horas después en la comisaría del Puente de Vallecas, la única bolsa colocada por los terroristas en los trenes que ni explotó ni fue explosionada más tarde por los Tedax y que, a través de las pistas proporcionadas tanto por el explosivo y el detonador que contenía, como por el teléfono móvil que habría debido poner en acción el detonador, como por la tarjeta del mismo, resultó crucial en el primer momento de la conspiración. La tesis de los conspiracionistas es que esa bolsa era una pista falsa, colocada por alguien que deseaba precipitar la detención de algunos yihadíes y lograr así el efecto deseado. Una tesis que en marzo de 2006 llevó incluso al líder de la oposición a dudar por un momento de la validez de la investigación realizada hasta el momento. En realidad, si lo que se discute es la certeza de que, en medio de la situación crítica provocada por los atentados, esa bolsa haya estado bajo control policial desde el momento en que se recogió del tren hasta el momento en que se identificó en comisaría, las dudas son posibles, aunque varios policías han testificado en el juicio que así fue. Un rasgo típico de las teorías de la conspiración es centrar la atención en detalles de los que se pretende sacar grandes conclusiones: si no hay absoluta certeza de que la bolsa en cuestión se encontró en el tren, entonces es posible que no fuera depositada por los terroristas, sino por obra de un maquiavélico agente que quería orientar la investigación. Cualquier lector de novelas policíacas recordará cosas similares, pero la lógica no es precisamente el punto fuerte de tales novelas. Lo importante es que las pistas proporcionadas por aquella bolsa encajan perfectamente con miles de otras pruebas: el detonador lleva a la mina asturiana en la que sin duda los procesados adquirieron un explosivo idéntico al de la bolsa, y el teléfono móvil y su tarjeta llevan también hacia ellos. No se trata pues de una simple pista falsa que condujera hacia unos falsos culpables. Si de verdad la bolsa hubiera sido colocada por alguien que no formara parte del grupo de terroristas yihadíes, ese alguien conocía perfectamente todos los detalles de sus movimientos, luego ese alguien muy probablemente formaba parte de una trama oculta que había dirigido las acciones de tales terroristas.
Las insinuaciones sobre la trama oculta de la conspiración
La mayor parte de los conspiracionistas no van más allá de incriminar a ETA y sembrar dudas sobre la versión oficial. Muy pocos se han atrevido a apuntar directamente hacia otros presuntos culpables. Sin embargo, como demuestra el caso de la bolsa de la estación del Pozo, si aceptamos la tesis conspiracionista hemos de concluir que existió una trama oculta capaz de seguir, o presumiblemente guiar, los pasos de los terroristas yihadíes y situar en el lugar adecuado pruebas que los incriminen, sin dejar el más mínimo rastro de su actuación. ¿De verdad se puede creer que ETA habría sido capaz de ello por sí sola? Una vez más, la perversa lógica de las teorías de la conspiración conduce a ampliar la supuesta trama y buscar nuevos culpables, como cuando los jueces de Salem cazaban brujas. La cuestión es que hace falta ser muy insensato para llevar la lógica conspirativa hasta el final. Sin embargo, algunos lo han hecho en España. En los micrófonos de la COPE el locutor Federico Jiménez Losantos ha aludido a “la implicación de los servicios españoles de la Policía, de la Guardia Civil” (citado en ABC, 9/VI/2006), aunque en otras ocasiones se ha mostrado algo más prudente: “casi mejor que sean los etarras los que hayan ayudado a los moros o los hayan llevado porque la otra alternativa son los servicios secretos españoles” (citado en ABC, 5/X/2006).
Conclusión: La teoría de la conspiración lleva pues a la aberrante suposición de que en el peor atentado de nuestra historia han estado implicados miembros de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad que durante décadas han luchado contra los terroristas de ETA y han pagado por ello un pesado tributo de sangre. Una suposición que carece por completo de base, como se ha demostrado en el juicio contra los terroristas en la Audiencia Nacional. Esperemos que la ya próxima sentencia abra los ojos a todos los que, de buena fe, dudaban de que los terroristas yihadíes hayan sido los únicos responsables del 11-M.
Juan Avilés Farré
Catedrático de Historia Contemporánea en la UNED
Europol y el Modelo europeo de inteligencia criminal: una respuesta no estatal a la delincuencia organizada (ARI)
Tema: Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada.
Resumen: La UE no tiene competencias para dictar a sus Estados miembros cómo estructurar sus cuerpos policiales o actuar en materia de ley y orden. Más bien, los Gobiernos se valen de la UE para intentar lograr que policías y fiscales de toda Europa piensen y actúen de forma conjunta en la lucha contra la delincuencia organizada, que acuerden una acción común –en particular en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas– y que intenten aproximar la legislación penal de los distintos países. A pesar de las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos europeos, la UE ha elaborado una serie de ideas innovadoras, aunque aún sin poner a prueba, que respetan las sensibilidades nacionales, entre ellas un modelo no estatal que aúna la inteligencia criminal de los distintos países para planificar operaciones conjuntas. Aún quedan cosas por hacer, especialmente ahondar en el papel que representarán órganos de la UE como Europol.
Análisis
Introducción
La delincuencia organizada transnacional supone una amenaza creciente en el mundo posterior a la guerra fría. Las oportunidades para operar de forma transfronteriza de que disfrutan los bajos fondos de la delincuencia se multiplican a medida que se va multiplicando también la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumenta la movilidad de personas, bienes y servicios entre los distintos países y surge una economía globalizada. Actualmente, las bandas criminales venden armas, realizan contrabando de inmigrantes y trata de personas, trafican con droga y cometen fraudes en distintos países de todo el mundo.
Por ese motivo, la delincuencia organizada se ha convertido en un área prioritaria para la legislación comunitaria y para su agenda de Justicia e Interior (JAI), de está creciendo rápidamente. En 2004, los Estados miembros acordaron ampliar radicalmente las competencias de la UE en materia de delincuencia y actuación policial, dos cuestiones que afectan de lleno a la soberanía nacional. En las negociaciones sobre el Tratado Constitucional y el Tratado de Reforma de la UE, los Gobiernos acordaron renunciar al veto nacional en casos de decisiones sobre delincuencia y actuación policial, si bien el mantenimiento de la ley y el orden propiamente dicho seguirá siendo una cuestión estrictamente nacional. También acordaron dar más facilidades a la UE para iniciar legislación penal y armonizar los procedimientos judiciales de los distintos países.
La policía sobre el terreno de toda Europa, que inicialmente se mostró escéptica, ha pasado posteriormente a tener una visión más favorable de Europol, el cuerpo policial de la UE, y a considerar que puede llegar a constituir una vía útil de coordinación de la lucha contra la delincuencia organizada. En un mundo en que la delincuencia no respeta fronteras, se ha convencido de que una cooperación transfronteriza más proactiva puede reportar beneficios. “Haciendo de Europa un lugar más seguro, contribuimos a la seguridad de este país”, afirma un alto cargo de la Policía Metropolitana de Londres. “Nuestra seguridad no empieza exclusivamente dentro de nuestras fronteras, sino también en las Islas Griegas o la frontera finlandesa”.[1] Aun así, sigue quedando mucho por hacer. Los órganos de la UE se han ganado la aceptación de la comunidad policial y judicial europea, pero no su admiración universal. Europol no es aún un elemento indispensable de las investigaciones transfronterizas, en parte por graves problemas burocráticos que reducen su utilidad, motivo por el cual los Gobiernos están negociando una importante reforma de sus competencias básicas.
Estas delicadas reformas cuentan con apoyo nacional, ya que los Gobiernos consideran que la UE tiene importancia en sus esfuerzos por desmantelar y desbaratar lo peor de la delincuencia organizada y confiscar los activos financieros de las bandas. Los policías y jueces no pueden desmantelar por completo esas redes transfronterizas de delincuencia europea actuando sólo dentro de sus fronteras. Las bandas transnacionales cometen delitos en un país pero su cúpula y sus activos financieros a menudo permanecen escondidos y a buen recaudo en el extranjero (Informe de Europol sobre la valoración de las amenazas de 2006, p. 20). La cooperación policial y judicial entre la totalidad de los países europeos aún no está al nivel de la de los delincuentes. Aun así, la preocupación por la soberanía nacional y las diferencias culturales y jurídicas siguen limitando la eficacia de las investigaciones transfronterizas en materia de delincuencia organizada.
Cooperación policial en Europa
Los 1,2 millones de policías europeos operan de formas muy distintas, en ocasiones incompatibles. Dinamarca, Finlandia e Irlanda cuentan con un único servicio de policía nacional cada uno, centralizado a las órdenes de un “jefe” claramente designado. En el Reino Unido y los Países Bajos, en cambio, la policía está descentralizada: el Reino Unido, por ejemplo, cuenta con 50 cuerpos de policía distintos. En algunos países, la policía dispone de competencias de investigación independientes, mientras que en otros actúa a las órdenes de fiscales nacionales. Los policías que actúan a las órdenes de los fiscales tienden a reaccionar a la delincuencia, actuando sólo una vez que se ha cometido un delito, es decir, llevan a cabo poca labor de prevención. Esta diferencia de funciones implica que tanto los policías como los fiscales de los distintos países se dividen en dos bandos, proactivo y reactivo, al hablar de cómo combatir la delincuencia transnacional.
Los países también tienen distintas normas para iniciar investigaciones y reunir pruebas. Esta diferencia hace más difícil llevar a cabo investigaciones conjuntas sin problemas. En el Reino Unido, por ejemplo, no puede emplearse como prueba en un juicio información obtenida mediante escuchas telefónicas, pero la policía sí puede basarse, y de hecho lo hace, en grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad de circuito cerrado. Por el contrario, Francia considera legal las escuchas, viéndolas compatibles con los derechos humanos, pero considera una intromisión mucho mayor la utilización indiscriminada de grabaciones de cámaras de seguridad. En algunos otros países europeos no se emplean este tipo de cámaras en lugares públicos; en Dinamarca, por ejemplo, la ley las prohíbe.
La policía puede llegar a sortear estas diferencias cuando colabora de manera informal con sus colegas extranjeros, pero tanto ellos como los tribunales siguen experimentando un amplio abanico de obstáculos para investigar y enjuiciar de forma transfronteriza. Si la policía requiere citaciones de testigos, órdenes para obligar a alguien a aportar pruebas, una orden de registro e incautación o una orden para congelar cuentas bancarias, puede que tenga que solicitar a un juzgado de otro país que las emita. Su principal herramienta para conseguirlo es el Convenio de asistencia judicial en materia penal del Consejo de Europa, de 1959, en virtud del cual los jueces aprueban peticiones de ayuda en investigaciones y enjuiciamientos procedentes del extranjero. En 2000, el Consejo de Europa actualizó el Convenio a fin de incluir las peticiones para poder realizar operaciones encubiertas en el extranjero, interceptar comunicaciones telefónicas y de Internet entre distintos países y llevar a cabo operaciones de vigilancia como las denominadas “entregas controladas” (en las que las autoridades vigilan en secreto delitos como el narcotráfico para destapar una red criminal).
Aun modificado, el Convenio del Consejo de Europa es demasiado complejo e inflexible como para proporcionar una base para la lucha moderna contra la delincuencia. Se están tardando años en ratificar las nuevas modificaciones y las solicitudes pueden tardar semanas, meses e incluso años en recibir una respuesta. El Reino Unido, por ejemplo, exige una información demasiado detallada a los países que presentan estas peticiones, mientras que la burocracia española puede llegar a traspapelarlas por completo (Informe Anual de Eurojust, año 2005, p. 46).
Más allá de las dificultades que plantea la cooperación judicial formal, los Gobiernos europeos se han esforzado por impulsar la cooperación operativa de la policía, sobre todo en el caso de los países que han eliminado los controles fronterizos entre ellos en la zona Schengen, integrada en la actualidad por 15 países: la “vieja” UE menos el Reino Unido e Irlanda y Noruega e Islandia (Suiza decidió en un referéndum celebrado en 2005 que se uniría pronto). De aquí a 2008, a excepción de Chipre, los países que se adhirieron a la UE en 2004 también pasarán a formar parte de esta zona.
Las fuerzas policiales de los países de la zona Schengen disponen de competencias adicionales para perseguir delitos de carácter transnacional. Por ejemplo, los policías neerlandeses pueden vigilar a sospechosos en Bélgica, con o sin notificación previa. Los policías italianos pueden seguir a un sospechoso de contrabando de drogas en ejercicio del derecho de “persecución transfronteriza” en Austria, hasta que llegue la policía local. Los policías de la zona Schengen también comparten información sobre sospechosos, coches y bienes robados mediante el Sistema de Información de Schengen (SIS), una base de datos policial de carácter multinacional. Aunque el Reino Unido e Irlanda optaron por mantener sus propios controles fronterizos, sí hacen uso de partes del Acuerdo de Schengen. El Reino Unido participa en operaciones transnacionales de vigilancia y se ha adscrito al SIS, al igual que Irlanda.
La policía de ciertas partes de la zona Schengen coopera todavía más estrechamente, gracias a un mosaico de acuerdos bilaterales y multilaterales. El mayor grado de sofisticación en las cooperaciones se produce cuando esos países comparten fronteras terrestres, disponen de sistemas jurídicos similares y se enfrentan a amenazas comunes de las mismas bandas organizadas o los mismos terroristas. Los policías de los países del Benelux se ayudan unos a otros en las labores policiales cotidianas e incluso disponen de normas comunes de capacitación y equipamiento. Antes del Mundial de la FIFA de 2006, Alemania y Austria firmaron un tratado por el que la policía de cada uno de esos países quedaba a las órdenes del otro cuando fuera necesario y que permitía a los policías de cada país llevar a cabo operaciones encubiertas en el territorio del otro sin ningún tipo de restricciones. Posteriormente, Alemania firmó un tratado similar con los Países Bajos. Los países nórdicos llevan años realizando patrullas conjuntas y compartiendo comisarías en regiones fronterizas escasamente pobladas, al igual que los españoles con sus homólogos franceses en los Pirineos.
Los jefes de policía de la UE colaboran en la lucha contra algunos de los líderes más notorios de la delincuencia organizada de Europa mediante la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Este órgano informal se reúne cuatro veces al año en las oficinas de Europol en La Haya y Bruselas y organiza con Europol e Interpol operaciones europeas conjuntas contra redes de delincuencia organizada. Al principio, eran solamente reuniones de debate para altos funcionarios europeos de la ley y el orden, pero en mayo de 2005 la Unidad empezó a llevar a cabo operaciones propiamente dichas con la Operación Callidus, encabezada por Suecia, una exitosa ofensiva a nivel de toda la UE contra la pornografía infantil en la que participaron cientos de policías de Suecia, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Malta, Noruega y Polonia.
Los jefes de policía de la UE organizan su trabajo designando equipos de policía multinacionales conforme a un sistema denominado COSPOL (Planificación Estratégica Operacional General de la Policía). Este sistema hace referencia sencillamente a cómo los jefes de policía dividen las responsabilidades para las distintas investigaciones. Cada investigación organizada con este sistema está dirigida por un “conductor”, un país directamente afectado por una red de delincuencia concreta y responsable de dirigir las operaciones destinadas a combatirla (Suecia, por ejemplo, fue el país conductor de la Operación Callidus y Polonia dirige las operaciones COSPOL contra la delincuencia de Europa del Este).
El papel de la UE
Los ministros de Justicia e Interior se reúnen actualmente en el Consejo de Ministros de la UE (o Consejo JAI) para tratar de reducir los vacíos legales entre las distintas legislaciones penales de los Estados miembros y acordar leyes y medidas prácticas para facilitar las investigaciones policiales transfronterizas. En la actualidad, los 27 Estados miembros de la UE tienen que acordar por unanimidad cualquier nueva medida. Los funcionarios elaboran nuevas propuestas en una red enormemente complicada de comités que conforman cuatro niveles distintos de toma de decisiones. En ellos se incluyen grupos de trabajo sobre cooperación policial, de aduanas y de justicia penal, así como el denominado “Grupo Multidisciplinar Delincuencia Organizada”, integrado por expertos nacionales en materia policial con competencias para evaluar métodos de lucha contra la delincuencia de toda la UE. Personal de la secretaría del Consejo y la Comisión Europa ayuda a elaborar los primeros proyectos de legislación y a evaluar acuerdos comunitarios previos. Dos de los comités más importantes son el COREPER, la poderosa agrupación de embajadores nacionales ante la UE, y un comité de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Justicia e Interior (denominado CATS, por su acrónimo en francés).[2]
Una gran parte de la labor del Consejo de Ministros en materia de justicia e interior tiene que ver con sustituir los lentos procedimientos establecidos por el Consejo de Europa para la cooperación policial y de justicia penal por unas normas comunitarias más rápidas y eficaces, como “órdenes” que aceleren la extradición de sospechosos y el intercambio de pruebas entre los distintos Estados miembros. Eurojust, una unidad de altos funcionarios de la fiscalía, la judicatura y la policía nombrados por los Estados miembros, ayuda a que estos acuerdos jurídicos funcionen en la práctica y coordina los enjuiciamientos de carácter multinacional en la UE. El número de casos que gestiona ha crecido con rapidez desde que empezó a funcionar en 2003: la unidad notificó un aumento del 31% en su carga de trabajo en 2006 y del 54% el año anterior (Informe Anual de Eurojust, 2006, p. 24).
Mientras que Eurojust se encarga fundamentalmente de los enjuiciamientos, Europol es el principal instrumento comunitario de apoyo a las investigaciones en materia de delincuencia organizada transnacional. Europol recaba y analiza información de inteligencia sobre diversos delitos, desde narcotráfico hasta falsificaciones y terrorismo. Su oficina se organiza mediante una estructura radial: todos los Estados miembros envían agentes de policía a su sede en La Haya, que actúan como radios, compartiendo información directamente con los demás policías y con un núcleo de analistas de Europol. Estos analistas rastrean el corpus común de inteligencia criminal europea en busca de vínculos y tendencias transnacionales que puedan haber sido pasados por alto por los cuerpos de policía nacionales o regionales, más centrados en lo que sucede en su propio terreno. Los funcionarios de Europol no pueden efectuar detenciones ni iniciar investigaciones, pero pueden ayudar durante las investigaciones y estar presentes durante los interrogatorios de sospechosos si se lo permiten los Estados miembros. Desde 1999, Europol se ha centrado en desarrollar la capacidad analítica necesaria para aportar valor añadido a las investigaciones nacionales.
En 2005, los ministros de Interior acordaron un “Modelo europeo de inteligencia criminal”, un plan no estatal de actividad policial para coordinar las investigaciones contra la delincuencia organizada en toda la UE conforme a un método denominado “actividad policial basada en el análisis de información”, una teoría de inspiración británica que hace hincapié en la recopilación de información de inteligencia y en dirigir los recursos policiales a combatir los peores criminales. La idea es conseguir que policías de distintos países planifiquen investigaciones conjuntas haciendo uso de la mejor información de inteligencia disponible. El Modelo establece cómo la UE puede conseguirlo asegurando una cooperación entre los cuerpos nacionales de policía, los analistas de inteligencia criminal de Europol y los jefes de policía en la lucha contra las mismas amenazas criminales.
El Modelo sigue diversos pasos. En primer lugar, los cuerpos policiales de los Estados miembros comparten inteligencia con Europol, que realiza una valoración general de la amenaza que plantea a la UE la delincuencia organizada. En base a esa evaluación, el Consejo de Ministros acuerda qué prioridades de ley y orden abordarán conjuntamente sus policías. Los jefes de policía de la UE organizan entonces operaciones conjuntas contra los delincuentes y posteriormente informan a Europol al respecto y acerca de la experiencia adquirida, a tiempo para que se realice la siguiente valoración de la amenaza.
Los Estados miembros de la UE probaron por primera vez esta nueva forma de colaboración en 2006. En base a la primera valoración de la amenaza realizada por Europol, los Gobiernos de la UE establecieron cuatro prioridades regionales en la lucha contra la delincuencia organizada en Europa: narcotráfico y trata de personas por parte de bandas africanas que operan en el Mediterráneo, narcotráfico de heroína y trata de mujeres desde los Balcanes por parte de bandas albanesas, contrabando de mercancías en la región del Mar Báltico y fabricación ilegal de drogas sintéticas en Bélgica, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido (ENFOPOL 30, pp. 1-3). Los primeros datos apuntan a que ni los Gobiernos ni la policía se toman lo suficientemente en serio este Modelo, aunque, en un principio, el establecimiento de Europol recibió la misma acogida. Y sin embargo, la adopción de un modelo comunitario para el mantenimiento de la ley y el orden supone un importante avance. Este Modelo es además un sutil intento de promover el uso de métodos policiales basados en el análisis de inteligencia en toda la UE.
En privado, los agentes de policía muestran su preocupación por el hecho de que ciertas iniciativas comunitarias estén más enfocadas a satisfacer motivaciones políticas que a dar respuesta a sus necesidades en materia de cooperación sobre el terreno. Está previsto que los policías organicen investigaciones COSPOL multinacionales haciendo uso de la legislación comunitaria para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación, en virtud de la cual policías de varios países distintos tendrán competencias para trabajar en la misma investigación en equipo, prácticamente como si estuvieran trabajando en una única jurisdicción.
Los equipos conjuntos de investigación pueden llegar a convertirse en una herramienta innovadora en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, pero hasta la fecha la policía sólo ha creado un puñado de ellos (mayoritariamente para casos de narcotráfico, fraude y terrorismo) y ninguno de ellos compuesto por policías de más de dos países distintos. Los policías alegan que ello se debe a que el proceso para poner en marcha los equipos requiere demasiada burocracia y a que resulta difícil gestionarlos, por lo que prefieren hacer uso de los antiguos procedimientos del Consejo de Europa o recurrir a acuerdos informales. Los funcionarios de la UE responden a ello que estos equipos serán cada vez más comunes, y más ambiciosos, en cuanto la policía y los fiscales se acostumbren al nuevo sistema.
Reveses al intercambio de información
Europol depende totalmente de la inteligencia criminal que recibe de los Estados miembros, de forma que ha tenido que esforzarse mucho por demostrar que sus archivos pueden aportar un valor añadido a las investigaciones nacionales de delitos. Con su director actual, Max-Peter Ratzel, Europol está logrando convencer poco a poco a los Estados miembros de su potencial. Un alto cargo de la policía británica afirmaba: “Europol ha madurado. (...) Sus analistas entienden mejor lo que necesitamos de ellos y están empezando a producir los resultados deseados. Actualmente llevamos a cabo muchas operaciones a través de Europol”. Para empezar, más allá de la mejora de la labor de inteligencia, los policías afirman que el simple hecho de tener a funcionarios de los 27 Estados miembros de la UE en un mismo pasillo en La Haya supone un recurso sin precedentes en la cooperación policial cotidiana.
Aun así, aún siguen existiendo importantes problemas. Algunos Estados miembros siguen sin prestar a Europol apoyo suficiente y sistemático. En 2006, mientras que un Estado miembro aportó más de 500 páginas de inteligencia criminal a la primera evaluación de la amenaza planteada por la delincuencia organizada que llevó a cabo Europol, otro no aportó más que una. Algunos Estados miembros envían a Europol agentes de policía sin la autoridad necesaria en sus respectivos países para ayudar a sus colegas a resolver cuestiones transfronterizas. Esto plantea graves dificultades a la hora de establecer una base de confianza y reforzar la coordinación en las investigaciones internacionales, ya que los agentes no están seguros del nivel de cooperación que pueden esperar de sus homólogos extranjeros. El mismo problema inhibe el trabajo de Eurojust cuando los fiscales no tienen un nivel de competencias parecido. Por ejemplo, sólo algunos fiscales de Eurojust disponen de competencias básicas para emitir y activar peticiones formales de pruebas y autorizar entregas controladas, escuchas telefónicas u operaciones encubiertas.
La eficacia de Europol también se ve obstaculizada por su convenio constitutivo, que hizo de esta oficina un órgano difícil de manejar y que dificulta las acciones de su personal. Hasta las menores decisiones de su director requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la UE representados en su consejo de administración. Además, en virtud del convenio, la policía ordinaria y los analistas de Europol sólo puede colaborar a través de los oficiales de enlace de La Haya, que operan mediante unidades especiales con sede en las capitales nacionales, lo cual puede llegar a conducir a una parálisis burocrática.
Los Estados miembros trataron de agilizar la burocracia de Europol modificando ese convenio una vez que el órgano comenzó a funcionar en 1999. Le añadieron nuevos protocolos que ponían a disposición de sus funcionarios procedimientos más sencillos para trabajar y que les conferían mayores competencias de investigación de actividades de blanqueo de dinero y de apoyo a investigaciones multinacionales sobre el terreno en curso. Pero puesto que esos cambios debían ser ratificados por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros, no entraron en vigor hasta transcurridos varios años, de ahí que los Estados miembros quieran deshacerse del antiguo convenio. Europol volverá a establecerse mediante legislación comunitaria que pueda modificarse con mayor facilidad en el futuro, como los acuerdos empleados para establecer Eurojust o Frontex, la Agencia de Fronteras de la UE.
Conforme a la nueva legislación, Europol dispondrá de mayores competencias de investigación para una mayor cantidad de delitos, será menos burocrática y dispondrá de mayor libertad para recabar inteligencia e información como datos de ADN. También informará, de forma anual, al Parlamento Europeo y mantendrá cierta comunicación con los parlamentos nacionales, aumentando así en cierto modo su rendición de cuentas. Estos cambios distan mucho de convertir a Europol en un organismo similar a la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. En EEUU, los agentes del FBI tienen plenas competencias policiales para investigar más de 3.000 delitos federales. La UE no cuenta con un corpus semejante de leyes penales federales que permitan a Europol llevar a cabo ese tipo de actividad policial. De hecho, el “valor añadido” que Europol aporta a los cuerpos nacionales de policía quedaría destruido si la oficina se convirtiera en un competidor con competencias operativas. De ahí que, aun renovada, esta oficina no será capaz de efectuar detenciones ni iniciar investigaciones sin contar con la colaboración de los Estados miembros.
Esas reformas eran necesarias, pero no abordan el problema fundamental a que se enfrenta la cooperación europea en materia policial y judicial: los distintos papeles representados por los fiscales y la policía de los distintos Estados miembros. Tanto los representantes de Europol como los de Eurojust deben tener competencias equivalentes si se quiere que ambas organizaciones funcionen correctamente. La forma evidente de superar este problema sería fusionar estos dos órganos en un único órgano europeo de coordinación judicial y policial que incluyese también a la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Un único órgano podría contribuir a alcanzar un nivel uniforme de cooperación a nivel de toda la UE, independientemente de cuáles fueran las estructuras nacionales de mantenimiento de la ley y el orden, y también contribuiría a evitar que se duplicara el trabajo de recopilación y análisis de información de inteligencia y a asegurar una mejor transición desde la investigación hasta el enjuiciamiento en los casos de naturaleza transfronteriza. Está previsto que Eurojust y Europol empiecen a compartir instalaciones en 2009, una ocasión ideal para poner en marcha su fusión.
Conclusión: El objetivo de la cooperación comunitaria no debería ser centralizar la cooperación policial y judicial en órganos como Europol y Eurojust. Tampoco deberían quedar sujetas a procedimientos formales todas las formas de cooperación policial (una combinación de mecanismos formales e informales garantiza los mejores resultados), sino que, más bien, la UE debería convertirse en punto de enlace para el surgimiento de una nueva comunidad paneuropea de agentes de policía. En este sentido, las fuerzas de mantenimiento del orden tienen mucho que aprender de sus homólogos en aduanas. El hecho de que su trabajo siempre haya sido de carácter internacional ha hecho que la cooperación entre los agentes europeos de aduanas sea altamente sofisticada, especialmente en las esferas del intercambio de información, la evaluación conjunta de las amenazas y las incautaciones coordinadas de mercancías ilegales.
Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada, algo que queda de manifiesto en su determinación de renunciar a los vetos nacionales para decisiones sobre delincuencia y actuación policial, reformar Europol y otros órganos y compartir cada vez más información en materia de mantenimiento de la ley y el orden por diversos canales. Sólo se conseguirá que esta inversión genere una rentabilidad si los Gobiernos logran conseguir que sus cuerpos policiales se tomen en serio el Modelo europeo de inteligencia criminal, un proceso que probablemente lleve varios años. Y una fusión de Europol, Eurojust y la Unidad operativa de jefes de policía de la UE supone una respuesta convincente para los persistentes problemas planteados por las diferencias en los sistemas jurídicos y las tradiciones de los distintos Estados miembros y el elevado riesgo de duplicación de los esfuerzos.
Hugo Brady
Research Fellow, Centre for European Reform
Resumen: La UE no tiene competencias para dictar a sus Estados miembros cómo estructurar sus cuerpos policiales o actuar en materia de ley y orden. Más bien, los Gobiernos se valen de la UE para intentar lograr que policías y fiscales de toda Europa piensen y actúen de forma conjunta en la lucha contra la delincuencia organizada, que acuerden una acción común –en particular en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas– y que intenten aproximar la legislación penal de los distintos países. A pesar de las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos europeos, la UE ha elaborado una serie de ideas innovadoras, aunque aún sin poner a prueba, que respetan las sensibilidades nacionales, entre ellas un modelo no estatal que aúna la inteligencia criminal de los distintos países para planificar operaciones conjuntas. Aún quedan cosas por hacer, especialmente ahondar en el papel que representarán órganos de la UE como Europol.
Análisis
Introducción
La delincuencia organizada transnacional supone una amenaza creciente en el mundo posterior a la guerra fría. Las oportunidades para operar de forma transfronteriza de que disfrutan los bajos fondos de la delincuencia se multiplican a medida que se va multiplicando también la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumenta la movilidad de personas, bienes y servicios entre los distintos países y surge una economía globalizada. Actualmente, las bandas criminales venden armas, realizan contrabando de inmigrantes y trata de personas, trafican con droga y cometen fraudes en distintos países de todo el mundo.
Por ese motivo, la delincuencia organizada se ha convertido en un área prioritaria para la legislación comunitaria y para su agenda de Justicia e Interior (JAI), de está creciendo rápidamente. En 2004, los Estados miembros acordaron ampliar radicalmente las competencias de la UE en materia de delincuencia y actuación policial, dos cuestiones que afectan de lleno a la soberanía nacional. En las negociaciones sobre el Tratado Constitucional y el Tratado de Reforma de la UE, los Gobiernos acordaron renunciar al veto nacional en casos de decisiones sobre delincuencia y actuación policial, si bien el mantenimiento de la ley y el orden propiamente dicho seguirá siendo una cuestión estrictamente nacional. También acordaron dar más facilidades a la UE para iniciar legislación penal y armonizar los procedimientos judiciales de los distintos países.
La policía sobre el terreno de toda Europa, que inicialmente se mostró escéptica, ha pasado posteriormente a tener una visión más favorable de Europol, el cuerpo policial de la UE, y a considerar que puede llegar a constituir una vía útil de coordinación de la lucha contra la delincuencia organizada. En un mundo en que la delincuencia no respeta fronteras, se ha convencido de que una cooperación transfronteriza más proactiva puede reportar beneficios. “Haciendo de Europa un lugar más seguro, contribuimos a la seguridad de este país”, afirma un alto cargo de la Policía Metropolitana de Londres. “Nuestra seguridad no empieza exclusivamente dentro de nuestras fronteras, sino también en las Islas Griegas o la frontera finlandesa”.[1] Aun así, sigue quedando mucho por hacer. Los órganos de la UE se han ganado la aceptación de la comunidad policial y judicial europea, pero no su admiración universal. Europol no es aún un elemento indispensable de las investigaciones transfronterizas, en parte por graves problemas burocráticos que reducen su utilidad, motivo por el cual los Gobiernos están negociando una importante reforma de sus competencias básicas.
Estas delicadas reformas cuentan con apoyo nacional, ya que los Gobiernos consideran que la UE tiene importancia en sus esfuerzos por desmantelar y desbaratar lo peor de la delincuencia organizada y confiscar los activos financieros de las bandas. Los policías y jueces no pueden desmantelar por completo esas redes transfronterizas de delincuencia europea actuando sólo dentro de sus fronteras. Las bandas transnacionales cometen delitos en un país pero su cúpula y sus activos financieros a menudo permanecen escondidos y a buen recaudo en el extranjero (Informe de Europol sobre la valoración de las amenazas de 2006, p. 20). La cooperación policial y judicial entre la totalidad de los países europeos aún no está al nivel de la de los delincuentes. Aun así, la preocupación por la soberanía nacional y las diferencias culturales y jurídicas siguen limitando la eficacia de las investigaciones transfronterizas en materia de delincuencia organizada.
Cooperación policial en Europa
Los 1,2 millones de policías europeos operan de formas muy distintas, en ocasiones incompatibles. Dinamarca, Finlandia e Irlanda cuentan con un único servicio de policía nacional cada uno, centralizado a las órdenes de un “jefe” claramente designado. En el Reino Unido y los Países Bajos, en cambio, la policía está descentralizada: el Reino Unido, por ejemplo, cuenta con 50 cuerpos de policía distintos. En algunos países, la policía dispone de competencias de investigación independientes, mientras que en otros actúa a las órdenes de fiscales nacionales. Los policías que actúan a las órdenes de los fiscales tienden a reaccionar a la delincuencia, actuando sólo una vez que se ha cometido un delito, es decir, llevan a cabo poca labor de prevención. Esta diferencia de funciones implica que tanto los policías como los fiscales de los distintos países se dividen en dos bandos, proactivo y reactivo, al hablar de cómo combatir la delincuencia transnacional.
Los países también tienen distintas normas para iniciar investigaciones y reunir pruebas. Esta diferencia hace más difícil llevar a cabo investigaciones conjuntas sin problemas. En el Reino Unido, por ejemplo, no puede emplearse como prueba en un juicio información obtenida mediante escuchas telefónicas, pero la policía sí puede basarse, y de hecho lo hace, en grabaciones obtenidas de cámaras de seguridad de circuito cerrado. Por el contrario, Francia considera legal las escuchas, viéndolas compatibles con los derechos humanos, pero considera una intromisión mucho mayor la utilización indiscriminada de grabaciones de cámaras de seguridad. En algunos otros países europeos no se emplean este tipo de cámaras en lugares públicos; en Dinamarca, por ejemplo, la ley las prohíbe.
La policía puede llegar a sortear estas diferencias cuando colabora de manera informal con sus colegas extranjeros, pero tanto ellos como los tribunales siguen experimentando un amplio abanico de obstáculos para investigar y enjuiciar de forma transfronteriza. Si la policía requiere citaciones de testigos, órdenes para obligar a alguien a aportar pruebas, una orden de registro e incautación o una orden para congelar cuentas bancarias, puede que tenga que solicitar a un juzgado de otro país que las emita. Su principal herramienta para conseguirlo es el Convenio de asistencia judicial en materia penal del Consejo de Europa, de 1959, en virtud del cual los jueces aprueban peticiones de ayuda en investigaciones y enjuiciamientos procedentes del extranjero. En 2000, el Consejo de Europa actualizó el Convenio a fin de incluir las peticiones para poder realizar operaciones encubiertas en el extranjero, interceptar comunicaciones telefónicas y de Internet entre distintos países y llevar a cabo operaciones de vigilancia como las denominadas “entregas controladas” (en las que las autoridades vigilan en secreto delitos como el narcotráfico para destapar una red criminal).
Aun modificado, el Convenio del Consejo de Europa es demasiado complejo e inflexible como para proporcionar una base para la lucha moderna contra la delincuencia. Se están tardando años en ratificar las nuevas modificaciones y las solicitudes pueden tardar semanas, meses e incluso años en recibir una respuesta. El Reino Unido, por ejemplo, exige una información demasiado detallada a los países que presentan estas peticiones, mientras que la burocracia española puede llegar a traspapelarlas por completo (Informe Anual de Eurojust, año 2005, p. 46).
Más allá de las dificultades que plantea la cooperación judicial formal, los Gobiernos europeos se han esforzado por impulsar la cooperación operativa de la policía, sobre todo en el caso de los países que han eliminado los controles fronterizos entre ellos en la zona Schengen, integrada en la actualidad por 15 países: la “vieja” UE menos el Reino Unido e Irlanda y Noruega e Islandia (Suiza decidió en un referéndum celebrado en 2005 que se uniría pronto). De aquí a 2008, a excepción de Chipre, los países que se adhirieron a la UE en 2004 también pasarán a formar parte de esta zona.
Las fuerzas policiales de los países de la zona Schengen disponen de competencias adicionales para perseguir delitos de carácter transnacional. Por ejemplo, los policías neerlandeses pueden vigilar a sospechosos en Bélgica, con o sin notificación previa. Los policías italianos pueden seguir a un sospechoso de contrabando de drogas en ejercicio del derecho de “persecución transfronteriza” en Austria, hasta que llegue la policía local. Los policías de la zona Schengen también comparten información sobre sospechosos, coches y bienes robados mediante el Sistema de Información de Schengen (SIS), una base de datos policial de carácter multinacional. Aunque el Reino Unido e Irlanda optaron por mantener sus propios controles fronterizos, sí hacen uso de partes del Acuerdo de Schengen. El Reino Unido participa en operaciones transnacionales de vigilancia y se ha adscrito al SIS, al igual que Irlanda.
La policía de ciertas partes de la zona Schengen coopera todavía más estrechamente, gracias a un mosaico de acuerdos bilaterales y multilaterales. El mayor grado de sofisticación en las cooperaciones se produce cuando esos países comparten fronteras terrestres, disponen de sistemas jurídicos similares y se enfrentan a amenazas comunes de las mismas bandas organizadas o los mismos terroristas. Los policías de los países del Benelux se ayudan unos a otros en las labores policiales cotidianas e incluso disponen de normas comunes de capacitación y equipamiento. Antes del Mundial de la FIFA de 2006, Alemania y Austria firmaron un tratado por el que la policía de cada uno de esos países quedaba a las órdenes del otro cuando fuera necesario y que permitía a los policías de cada país llevar a cabo operaciones encubiertas en el territorio del otro sin ningún tipo de restricciones. Posteriormente, Alemania firmó un tratado similar con los Países Bajos. Los países nórdicos llevan años realizando patrullas conjuntas y compartiendo comisarías en regiones fronterizas escasamente pobladas, al igual que los españoles con sus homólogos franceses en los Pirineos.
Los jefes de policía de la UE colaboran en la lucha contra algunos de los líderes más notorios de la delincuencia organizada de Europa mediante la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Este órgano informal se reúne cuatro veces al año en las oficinas de Europol en La Haya y Bruselas y organiza con Europol e Interpol operaciones europeas conjuntas contra redes de delincuencia organizada. Al principio, eran solamente reuniones de debate para altos funcionarios europeos de la ley y el orden, pero en mayo de 2005 la Unidad empezó a llevar a cabo operaciones propiamente dichas con la Operación Callidus, encabezada por Suecia, una exitosa ofensiva a nivel de toda la UE contra la pornografía infantil en la que participaron cientos de policías de Suecia, el Reino Unido, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Malta, Noruega y Polonia.
Los jefes de policía de la UE organizan su trabajo designando equipos de policía multinacionales conforme a un sistema denominado COSPOL (Planificación Estratégica Operacional General de la Policía). Este sistema hace referencia sencillamente a cómo los jefes de policía dividen las responsabilidades para las distintas investigaciones. Cada investigación organizada con este sistema está dirigida por un “conductor”, un país directamente afectado por una red de delincuencia concreta y responsable de dirigir las operaciones destinadas a combatirla (Suecia, por ejemplo, fue el país conductor de la Operación Callidus y Polonia dirige las operaciones COSPOL contra la delincuencia de Europa del Este).
El papel de la UE
Los ministros de Justicia e Interior se reúnen actualmente en el Consejo de Ministros de la UE (o Consejo JAI) para tratar de reducir los vacíos legales entre las distintas legislaciones penales de los Estados miembros y acordar leyes y medidas prácticas para facilitar las investigaciones policiales transfronterizas. En la actualidad, los 27 Estados miembros de la UE tienen que acordar por unanimidad cualquier nueva medida. Los funcionarios elaboran nuevas propuestas en una red enormemente complicada de comités que conforman cuatro niveles distintos de toma de decisiones. En ellos se incluyen grupos de trabajo sobre cooperación policial, de aduanas y de justicia penal, así como el denominado “Grupo Multidisciplinar Delincuencia Organizada”, integrado por expertos nacionales en materia policial con competencias para evaluar métodos de lucha contra la delincuencia de toda la UE. Personal de la secretaría del Consejo y la Comisión Europa ayuda a elaborar los primeros proyectos de legislación y a evaluar acuerdos comunitarios previos. Dos de los comités más importantes son el COREPER, la poderosa agrupación de embajadores nacionales ante la UE, y un comité de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Justicia e Interior (denominado CATS, por su acrónimo en francés).[2]
Una gran parte de la labor del Consejo de Ministros en materia de justicia e interior tiene que ver con sustituir los lentos procedimientos establecidos por el Consejo de Europa para la cooperación policial y de justicia penal por unas normas comunitarias más rápidas y eficaces, como “órdenes” que aceleren la extradición de sospechosos y el intercambio de pruebas entre los distintos Estados miembros. Eurojust, una unidad de altos funcionarios de la fiscalía, la judicatura y la policía nombrados por los Estados miembros, ayuda a que estos acuerdos jurídicos funcionen en la práctica y coordina los enjuiciamientos de carácter multinacional en la UE. El número de casos que gestiona ha crecido con rapidez desde que empezó a funcionar en 2003: la unidad notificó un aumento del 31% en su carga de trabajo en 2006 y del 54% el año anterior (Informe Anual de Eurojust, 2006, p. 24).
Mientras que Eurojust se encarga fundamentalmente de los enjuiciamientos, Europol es el principal instrumento comunitario de apoyo a las investigaciones en materia de delincuencia organizada transnacional. Europol recaba y analiza información de inteligencia sobre diversos delitos, desde narcotráfico hasta falsificaciones y terrorismo. Su oficina se organiza mediante una estructura radial: todos los Estados miembros envían agentes de policía a su sede en La Haya, que actúan como radios, compartiendo información directamente con los demás policías y con un núcleo de analistas de Europol. Estos analistas rastrean el corpus común de inteligencia criminal europea en busca de vínculos y tendencias transnacionales que puedan haber sido pasados por alto por los cuerpos de policía nacionales o regionales, más centrados en lo que sucede en su propio terreno. Los funcionarios de Europol no pueden efectuar detenciones ni iniciar investigaciones, pero pueden ayudar durante las investigaciones y estar presentes durante los interrogatorios de sospechosos si se lo permiten los Estados miembros. Desde 1999, Europol se ha centrado en desarrollar la capacidad analítica necesaria para aportar valor añadido a las investigaciones nacionales.
En 2005, los ministros de Interior acordaron un “Modelo europeo de inteligencia criminal”, un plan no estatal de actividad policial para coordinar las investigaciones contra la delincuencia organizada en toda la UE conforme a un método denominado “actividad policial basada en el análisis de información”, una teoría de inspiración británica que hace hincapié en la recopilación de información de inteligencia y en dirigir los recursos policiales a combatir los peores criminales. La idea es conseguir que policías de distintos países planifiquen investigaciones conjuntas haciendo uso de la mejor información de inteligencia disponible. El Modelo establece cómo la UE puede conseguirlo asegurando una cooperación entre los cuerpos nacionales de policía, los analistas de inteligencia criminal de Europol y los jefes de policía en la lucha contra las mismas amenazas criminales.
El Modelo sigue diversos pasos. En primer lugar, los cuerpos policiales de los Estados miembros comparten inteligencia con Europol, que realiza una valoración general de la amenaza que plantea a la UE la delincuencia organizada. En base a esa evaluación, el Consejo de Ministros acuerda qué prioridades de ley y orden abordarán conjuntamente sus policías. Los jefes de policía de la UE organizan entonces operaciones conjuntas contra los delincuentes y posteriormente informan a Europol al respecto y acerca de la experiencia adquirida, a tiempo para que se realice la siguiente valoración de la amenaza.
Los Estados miembros de la UE probaron por primera vez esta nueva forma de colaboración en 2006. En base a la primera valoración de la amenaza realizada por Europol, los Gobiernos de la UE establecieron cuatro prioridades regionales en la lucha contra la delincuencia organizada en Europa: narcotráfico y trata de personas por parte de bandas africanas que operan en el Mediterráneo, narcotráfico de heroína y trata de mujeres desde los Balcanes por parte de bandas albanesas, contrabando de mercancías en la región del Mar Báltico y fabricación ilegal de drogas sintéticas en Bélgica, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido (ENFOPOL 30, pp. 1-3). Los primeros datos apuntan a que ni los Gobiernos ni la policía se toman lo suficientemente en serio este Modelo, aunque, en un principio, el establecimiento de Europol recibió la misma acogida. Y sin embargo, la adopción de un modelo comunitario para el mantenimiento de la ley y el orden supone un importante avance. Este Modelo es además un sutil intento de promover el uso de métodos policiales basados en el análisis de inteligencia en toda la UE.
En privado, los agentes de policía muestran su preocupación por el hecho de que ciertas iniciativas comunitarias estén más enfocadas a satisfacer motivaciones políticas que a dar respuesta a sus necesidades en materia de cooperación sobre el terreno. Está previsto que los policías organicen investigaciones COSPOL multinacionales haciendo uso de la legislación comunitaria para el establecimiento de equipos conjuntos de investigación, en virtud de la cual policías de varios países distintos tendrán competencias para trabajar en la misma investigación en equipo, prácticamente como si estuvieran trabajando en una única jurisdicción.
Los equipos conjuntos de investigación pueden llegar a convertirse en una herramienta innovadora en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, pero hasta la fecha la policía sólo ha creado un puñado de ellos (mayoritariamente para casos de narcotráfico, fraude y terrorismo) y ninguno de ellos compuesto por policías de más de dos países distintos. Los policías alegan que ello se debe a que el proceso para poner en marcha los equipos requiere demasiada burocracia y a que resulta difícil gestionarlos, por lo que prefieren hacer uso de los antiguos procedimientos del Consejo de Europa o recurrir a acuerdos informales. Los funcionarios de la UE responden a ello que estos equipos serán cada vez más comunes, y más ambiciosos, en cuanto la policía y los fiscales se acostumbren al nuevo sistema.
Reveses al intercambio de información
Europol depende totalmente de la inteligencia criminal que recibe de los Estados miembros, de forma que ha tenido que esforzarse mucho por demostrar que sus archivos pueden aportar un valor añadido a las investigaciones nacionales de delitos. Con su director actual, Max-Peter Ratzel, Europol está logrando convencer poco a poco a los Estados miembros de su potencial. Un alto cargo de la policía británica afirmaba: “Europol ha madurado. (...) Sus analistas entienden mejor lo que necesitamos de ellos y están empezando a producir los resultados deseados. Actualmente llevamos a cabo muchas operaciones a través de Europol”. Para empezar, más allá de la mejora de la labor de inteligencia, los policías afirman que el simple hecho de tener a funcionarios de los 27 Estados miembros de la UE en un mismo pasillo en La Haya supone un recurso sin precedentes en la cooperación policial cotidiana.
Aun así, aún siguen existiendo importantes problemas. Algunos Estados miembros siguen sin prestar a Europol apoyo suficiente y sistemático. En 2006, mientras que un Estado miembro aportó más de 500 páginas de inteligencia criminal a la primera evaluación de la amenaza planteada por la delincuencia organizada que llevó a cabo Europol, otro no aportó más que una. Algunos Estados miembros envían a Europol agentes de policía sin la autoridad necesaria en sus respectivos países para ayudar a sus colegas a resolver cuestiones transfronterizas. Esto plantea graves dificultades a la hora de establecer una base de confianza y reforzar la coordinación en las investigaciones internacionales, ya que los agentes no están seguros del nivel de cooperación que pueden esperar de sus homólogos extranjeros. El mismo problema inhibe el trabajo de Eurojust cuando los fiscales no tienen un nivel de competencias parecido. Por ejemplo, sólo algunos fiscales de Eurojust disponen de competencias básicas para emitir y activar peticiones formales de pruebas y autorizar entregas controladas, escuchas telefónicas u operaciones encubiertas.
La eficacia de Europol también se ve obstaculizada por su convenio constitutivo, que hizo de esta oficina un órgano difícil de manejar y que dificulta las acciones de su personal. Hasta las menores decisiones de su director requieren la aprobación unánime de los 27 Estados miembros de la UE representados en su consejo de administración. Además, en virtud del convenio, la policía ordinaria y los analistas de Europol sólo puede colaborar a través de los oficiales de enlace de La Haya, que operan mediante unidades especiales con sede en las capitales nacionales, lo cual puede llegar a conducir a una parálisis burocrática.
Los Estados miembros trataron de agilizar la burocracia de Europol modificando ese convenio una vez que el órgano comenzó a funcionar en 1999. Le añadieron nuevos protocolos que ponían a disposición de sus funcionarios procedimientos más sencillos para trabajar y que les conferían mayores competencias de investigación de actividades de blanqueo de dinero y de apoyo a investigaciones multinacionales sobre el terreno en curso. Pero puesto que esos cambios debían ser ratificados por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros, no entraron en vigor hasta transcurridos varios años, de ahí que los Estados miembros quieran deshacerse del antiguo convenio. Europol volverá a establecerse mediante legislación comunitaria que pueda modificarse con mayor facilidad en el futuro, como los acuerdos empleados para establecer Eurojust o Frontex, la Agencia de Fronteras de la UE.
Conforme a la nueva legislación, Europol dispondrá de mayores competencias de investigación para una mayor cantidad de delitos, será menos burocrática y dispondrá de mayor libertad para recabar inteligencia e información como datos de ADN. También informará, de forma anual, al Parlamento Europeo y mantendrá cierta comunicación con los parlamentos nacionales, aumentando así en cierto modo su rendición de cuentas. Estos cambios distan mucho de convertir a Europol en un organismo similar a la Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense. En EEUU, los agentes del FBI tienen plenas competencias policiales para investigar más de 3.000 delitos federales. La UE no cuenta con un corpus semejante de leyes penales federales que permitan a Europol llevar a cabo ese tipo de actividad policial. De hecho, el “valor añadido” que Europol aporta a los cuerpos nacionales de policía quedaría destruido si la oficina se convirtiera en un competidor con competencias operativas. De ahí que, aun renovada, esta oficina no será capaz de efectuar detenciones ni iniciar investigaciones sin contar con la colaboración de los Estados miembros.
Esas reformas eran necesarias, pero no abordan el problema fundamental a que se enfrenta la cooperación europea en materia policial y judicial: los distintos papeles representados por los fiscales y la policía de los distintos Estados miembros. Tanto los representantes de Europol como los de Eurojust deben tener competencias equivalentes si se quiere que ambas organizaciones funcionen correctamente. La forma evidente de superar este problema sería fusionar estos dos órganos en un único órgano europeo de coordinación judicial y policial que incluyese también a la Unidad operativa de jefes de policía de la UE. Un único órgano podría contribuir a alcanzar un nivel uniforme de cooperación a nivel de toda la UE, independientemente de cuáles fueran las estructuras nacionales de mantenimiento de la ley y el orden, y también contribuiría a evitar que se duplicara el trabajo de recopilación y análisis de información de inteligencia y a asegurar una mejor transición desde la investigación hasta el enjuiciamiento en los casos de naturaleza transfronteriza. Está previsto que Eurojust y Europol empiecen a compartir instalaciones en 2009, una ocasión ideal para poner en marcha su fusión.
Conclusión: El objetivo de la cooperación comunitaria no debería ser centralizar la cooperación policial y judicial en órganos como Europol y Eurojust. Tampoco deberían quedar sujetas a procedimientos formales todas las formas de cooperación policial (una combinación de mecanismos formales e informales garantiza los mejores resultados), sino que, más bien, la UE debería convertirse en punto de enlace para el surgimiento de una nueva comunidad paneuropea de agentes de policía. En este sentido, las fuerzas de mantenimiento del orden tienen mucho que aprender de sus homólogos en aduanas. El hecho de que su trabajo siempre haya sido de carácter internacional ha hecho que la cooperación entre los agentes europeos de aduanas sea altamente sofisticada, especialmente en las esferas del intercambio de información, la evaluación conjunta de las amenazas y las incautaciones coordinadas de mercancías ilegales.
Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada, algo que queda de manifiesto en su determinación de renunciar a los vetos nacionales para decisiones sobre delincuencia y actuación policial, reformar Europol y otros órganos y compartir cada vez más información en materia de mantenimiento de la ley y el orden por diversos canales. Sólo se conseguirá que esta inversión genere una rentabilidad si los Gobiernos logran conseguir que sus cuerpos policiales se tomen en serio el Modelo europeo de inteligencia criminal, un proceso que probablemente lleve varios años. Y una fusión de Europol, Eurojust y la Unidad operativa de jefes de policía de la UE supone una respuesta convincente para los persistentes problemas planteados por las diferencias en los sistemas jurídicos y las tradiciones de los distintos Estados miembros y el elevado riesgo de duplicación de los esfuerzos.
Hugo Brady
Research Fellow, Centre for European Reform
martes, 8 de abril de 2008
Perspectiva general del análisis de inteligencia criminal
Inteligencia criminal, ¿qué significa?
La inteligencia criminal esta basada en información cruda –una gran cantidad de datos sin procesar- que puede estar relacionada con un homicidio, un fraude, un victimario, un sospechoso, etc.
La inteligencia es el aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional respecto de las actividades criminales dentro de un proceso de investigación.
La inteligencia como producto analítico provee información que normalmente es desconocida por los investigadores y que puede ser utilizada como parte esencial de los esfuerzos en la aclaración y solución de casos criminales de cualquier naturaleza.
También la inteligencia es utilizada para el desarrollo de análisis de predictibilidad con enfoques básicamente preventivos para diseñar estrategias de seguridad operacional y de tratamiento de ilícitos al interior de grandes organizaciones.
La inteligencia esta concebida para la acción, para la toma de decisiones y no sólo como meros reportes de cumplimiento de tareas. El intercambio de inteligencia entre autoridades de seguridad (pública y privada) y de los órganos persecutorios y de procuración de justicia es en realidad el corazón de esta disciplina.
La inteligencia ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden, y se constituye en una herramienta fundamental en la investigación criminal encubierta para combatir y erradicar el crimen organizado.
Como se muestra en la figura esquematizada de la carátula frontal de este documento, la información cruda es recolectada, clasificada, evaluada y comparada con información obtenida de diversas fuentes. Una fase critica y esencial del ciclo de inteligencia es el análisis y examen minucioso de información para identificar patrones o tendencias de actividades criminales a efecto de diseminar los resultados a las entidades de seguridad involucradas.
Siempre es importante y conveniente, proveer seguridad a la fuente y a la información misma, de tal manera que se han establecido códigos estandarizados dentro de las comunidades de inteligencia occidentales para asegurar la confidencialidad del proceso de inteligencia.
Dichos códigos están basados en un sistema conocido como 4 x 4 que establece la autenticidad y precisión de la información suministrada. Los códigos de evaluación consisten en ciertos criterios respecto a la confiabilidad de la fuente (personas) y a la veracidad de la información.
Códigos de Evaluación
Confiabilidad de la Fuente
1. Cuando no existe duda de la autenticidad, honorabilidad y competencia de la fuente. O, si la información es suministrada por una persona quien en el pasado ha demostrado ser confiable en todos los casos.
2. Una fuente cuya información en el pasado ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
3. Una fuente cuya información en el pasado no ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
4. Fuentes que no han sido utilizadas o donde existen dudas respecto de la autenticidad de la información.
Veracidad de la Información
1. Cuando la información conocida se sabe es cierta sin ninguna duda ni reserva.
2. Cuando la información es conocida de primera mano por la fuente.
3. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente pero puede ser corroborada por información alterna
4. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente y ésta no puede ser corroborada por ningún medio.
* De un modo u otro, los agentes policiales, los investigadores corporativos, los analistas de riesgos, los gerentes de seguridad, siempre han llevado a cabo "análisis de inteligencia".
* Durante los últimos 10 años se ha venido desarrollando técnicas más uniformes para examinar con mayor detalle las actividades de delincuentes (internos y/o externos en organizaciones empresariales también), grupos delictivos, su composición, su función a escala de la comunidad local, nacional, regional o internacional, preguntándose el quién, qué, porqué, dónde, cuándo y cómo.
* Estas técnicas, evolucionan constantemente al hacerse necesarios enfoques más sofisticados de los problemas para contrarrestar la complejidad cada vez mayor de las actividades de la delincuencia organizada.
* Tradicionalmente, dichos métodos se han utilizado en el área del análisis operativo, pilar de las actividades policiales y de investigación. Por fortuna, en los últimos años, dichas áreas y funciones han tomado conciencia de las virtudes del análisis estratégico, que puede contribuir a una mejor estructuración del trabajo operativo.
* El nexo entre quienes recolectan datos e información y quien la analiza fortalece sin duda la labor de prevención y de investigación de conductas delictivas en beneficio de los intereses tutelados, bien sea del Estado o de una empresa corporativa.
Ventajas del Análisis de Información para generar inteligencia como producto
* El análisis va más allá de los hechos (busca causas además de valorar los efectos).
* Le indica que tan relevante (o pobre) es la información que tiene.
* Le indica cosas que usualmente no conoce.
* Le indica sobre aquello que necesita conocer para comprender la situación en contexto.
* Le indica dónde buscar.
* Le ayuda a compartir su comprensión del análisis con otros.
La única constante para el profesional del análisis de inteligencia es que no encontrará dos tareas o proyectos exactamente iguales. Cada nueva pieza de información necesitará evaluaciones frescas.
El análisis de inteligencia criminal es un proceso que establece cómo podemos acercarnos a la investigación de conductas delictivas, antisociales o contraproductivas y las personas que las comenten a través del desarrollo de inteligencia por la información que recolectamos en campo y que analizamos en gabinete.
La clave del análisis de información es el valor agregado que entrega como una herramienta operacional en donde los resultados apoyan directamente el trabajo de investigación.
El problema básico de los recolectores y analistas es integrar la información de una manera organizada para evitar que se dificulte la tarea de extraer el significado y desensamblar los datos.
Una interpretación errónea entre experimentados investigadores y gerentes de seguridad es creer que la información y la inteligencia son una misma cosa. Realmente no lo son.
La información es material en "bruto" de cada descripción, incluyendo aquella que se deriva de observaciones, vigilancias, reportes, rumores y otras fuentes. La información por si misma puede ser cierta o falsa, precisa o inexacta, confirmada o no confirmada, relevante o irrelevante. Por ello se necesita aplicar el proceso de inteligencia para revelar el significado de la misma dentro de un contexto que se tenga previamente establecido.
La inteligencia es el producto resultado de la recolección, evaluación e interpretación de información. Así que la inteligencia puede ser entendida como información a la que se le ha agregado algo. Ese algo es el resultado del análisis, es decir, una explicación de lo que la información significa. Por eso decimos que:
INFORMACIÓN + ANÁLISIS = INTELIGENCIA
¿Qué es Análisis de Riesgos vs. Análisis de Inteligencia?
El análisis de riesgos es el proceso de evaluación de las pérdidas potenciales (posibles y probables) como consecuencia de amenazas y vulnerabilidades del entorno interno y externo de las organizaciones.
El análisis de riesgos -no- es análisis de inteligencia pero son actividades que se complementan y potencian buscando como meta común el control de un fenómeno en el menor tiempo y costo posible, que pone en riesgo la estabilidad y continuidad operativa de una determinada entidad
Prevención Criminal
Análisis de Riesgos
Enfoque:
Determinación del impacto criminal de la pérdida máxima posible y la pérdida máxima probable con relación a "x" entidad a través del "risk management"
Metodología:
* Identificación de activos que necesitan ser protegidos
* Clasificación de tipo de riesgos o peligros
* Determinación de probabilidad de ocurrencia del riesgo
* Estimación del impacto o efecto en términos de daños o dinero a perder si un riesgo se materializara
* Aplicación técnica del Risk Management
Risk Management
1. Evitar el riesgo
2. Reducir el riesgo
3. Dispersar el riesgo
4. Transferir el riesgo
5. Aceptar el riesgo
6. Combinación de medidas
Formula / Fases
Método "Fine" de evaluación de riesgos
R = E x P x C
R = Riesgo
E = Exposición
P = Probabilidad de Ocurrencia
C = Consecuencia (siniestralidad: frecuencia + impacto)
Análisis de Inteligencia
Enfoque:
Toma de decisiones oportunas con relación a la prevención e investigación de conductas criminales a través del ciclo de inteligencia
Metodología:
* Identificación del problema resolver
* Establecimiento de premisas para responder qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porqué y para qué
* Desarrollo de inferencias e hipótesis y reporte de recomendaciones
* Toma de decisión con base en la inteligencia como producto
* Aplicación del Proceso de Inteligencia
Ciclo de Inteligencia
1. Planeación y asignación de tareas
2. Recolección de datos
3. Evaluación y cotejo de información
4. Integración de información
5. Análisis e interpretación de Información
6. Diseminación de productos de inteligencia
Formula / Fases
Método de Investigación Criminal (MIC)
Fases: E + C + C + R
E = Exploratoria
C = Confirmatoria
C = Comprobatoria
R = Resolutiva
Lo que genera finalmente una entidad dedicada al análisis de información son productos de inteligencia para una efectiva y oportuna toma de decisiones, resultado de la aplicación del ciclo de inteligencia, es decir:
* Se planeó y definió un objetivo táctico o estratégico
* Se recolecto información suficiente en campo y se envió con oportunidad
* Se evaluó convenientemente la confiabilidad de la información y la veracidad de las fuentes
* Se registró, comparó e integró la información en bases de datos apropiadas
* Se analizó e interpretó adecuadamente el significado de la información
* Se diseminó en tiempo y forma el resultado del análisis a los usuarios correctos
PRODUCTO DE INTELIGENCIA = INFORMACIÓN PROCESADA CON VISTAS A LA ACCIÓN
Inteligencia vs. Seguridad Nacional
Inteligencia:
* La inteligencia constituye un medio de defensa, una protección contra un amplio abanico de amenazas.
* Un servicio de inteligencia bien integrado por una Unidad de Análisis de Información para el proceso de toma de decisiones debería jugar un papel esencial en la reelaboración de políticas de prevención.
* Los productos de inteligencia deben ser:
o Políticamente neutros
o Políticamente útiles
o Añadir valor
o Darse en tiempo útil a los usuarios
* La información bruta no tiene en si misma ningún valor y por ello el análisis es indispensable.
* La información debe comunicarse totalmente a aquellos que están en la línea de fuego.
* "Los operadores que están en la línea de fuego y que deben tomar las decisiones todos los días son a menudo los mejores analistas"
* Una de las grandes ventajas que los profesionales de la inteligencia aportan a los que deciden, es su aptitud para extraer y analizar una vasta cantidad de información para, enseguida, unirla a aquella que se obtuvo secretamente, lo que permite corroborar la información obtenida de fuentes abiertas, o de refutarla.
* Es más fácil, más seguro y más rápido recoger informaciones de fuentes abiertas para producir informaciones adaptadas a las necesidades de los usuarios.
* El 80% de la información analizada proviene de fuentes abiertas.. El verdadero valor agregado se encuentra frecuentemente en el 20% que queda y proviene de fuentes secretas.
* Los analistas de inteligencia deben saber precisamente quiénes son los usuarios de sus productos, lo que quieren y en qué forma. Necesitan conocer las reacciones de sus usuarios. Realizar una especie de estudio de mercado que los conduzca a los clientes que deciden.
Seguridad Nacional
* La idea de seguridad nacional en su sentido más general es "la defensa de los intereses y valores de una nación".
* La seguridad nacional implica dos niveles:
o Uno objetivo que tiene que ver con la detección de factores adversos que puedan obstruir la consecución de los objetivos nacionales. Si la amenaza es explícita como una declaración de guerra o una actitud hostil de un gobierno extranjero, el consenso es fácil de obtener.
o El otro nivel es subjetivo y tiene que ver con la percepción de cuáles son los factores que real o potencialmente pueden desestabilizar a la nación.
* Al tratarse de un asunto de percepciones, existe la posibilidad de que las discrepancias afloren, pues no todos los actores estarán de acuerdo ni en la naturaleza ni en la jerarquización de las amenazas o los factores adversos.
* La principal ventana de vulnerabilidad que hoy presenta México tiene que ver con el estado de derecho.
* No hay nada que amenace tanto a la paz social y a la integridad de las instituciones que el deterioro de la seguridad pública.
* La principal amenaza a mediano plazo a la estabilidad del país es el incremento a la pobreza.
* La doctrina de seguridad nacional tradicional señala: no intervención, no militarismo, apego a derecho, respeto mutuo y negociación como instrumento para dirimir controversias.
* El compartir información con servicios de inteligencia extranjeros es, en principio, positivo si se basa en una relación equitativa y de mutuo respeto.
* Los servicios de inteligencia deben estar regidos por una legislación especial en la medida en que su función es garantizar la seguridad nacional.
La inteligencia criminal esta basada en información cruda –una gran cantidad de datos sin procesar- que puede estar relacionada con un homicidio, un fraude, un victimario, un sospechoso, etc.
La inteligencia es el aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional respecto de las actividades criminales dentro de un proceso de investigación.
La inteligencia como producto analítico provee información que normalmente es desconocida por los investigadores y que puede ser utilizada como parte esencial de los esfuerzos en la aclaración y solución de casos criminales de cualquier naturaleza.
También la inteligencia es utilizada para el desarrollo de análisis de predictibilidad con enfoques básicamente preventivos para diseñar estrategias de seguridad operacional y de tratamiento de ilícitos al interior de grandes organizaciones.
La inteligencia esta concebida para la acción, para la toma de decisiones y no sólo como meros reportes de cumplimiento de tareas. El intercambio de inteligencia entre autoridades de seguridad (pública y privada) y de los órganos persecutorios y de procuración de justicia es en realidad el corazón de esta disciplina.
La inteligencia ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden, y se constituye en una herramienta fundamental en la investigación criminal encubierta para combatir y erradicar el crimen organizado.
Como se muestra en la figura esquematizada de la carátula frontal de este documento, la información cruda es recolectada, clasificada, evaluada y comparada con información obtenida de diversas fuentes. Una fase critica y esencial del ciclo de inteligencia es el análisis y examen minucioso de información para identificar patrones o tendencias de actividades criminales a efecto de diseminar los resultados a las entidades de seguridad involucradas.
Siempre es importante y conveniente, proveer seguridad a la fuente y a la información misma, de tal manera que se han establecido códigos estandarizados dentro de las comunidades de inteligencia occidentales para asegurar la confidencialidad del proceso de inteligencia.
Dichos códigos están basados en un sistema conocido como 4 x 4 que establece la autenticidad y precisión de la información suministrada. Los códigos de evaluación consisten en ciertos criterios respecto a la confiabilidad de la fuente (personas) y a la veracidad de la información.
Códigos de Evaluación
Confiabilidad de la Fuente
1. Cuando no existe duda de la autenticidad, honorabilidad y competencia de la fuente. O, si la información es suministrada por una persona quien en el pasado ha demostrado ser confiable en todos los casos.
2. Una fuente cuya información en el pasado ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
3. Una fuente cuya información en el pasado no ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
4. Fuentes que no han sido utilizadas o donde existen dudas respecto de la autenticidad de la información.
Veracidad de la Información
1. Cuando la información conocida se sabe es cierta sin ninguna duda ni reserva.
2. Cuando la información es conocida de primera mano por la fuente.
3. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente pero puede ser corroborada por información alterna
4. Cuando la información no es conocida de primera mano por la fuente y ésta no puede ser corroborada por ningún medio.
* De un modo u otro, los agentes policiales, los investigadores corporativos, los analistas de riesgos, los gerentes de seguridad, siempre han llevado a cabo "análisis de inteligencia".
* Durante los últimos 10 años se ha venido desarrollando técnicas más uniformes para examinar con mayor detalle las actividades de delincuentes (internos y/o externos en organizaciones empresariales también), grupos delictivos, su composición, su función a escala de la comunidad local, nacional, regional o internacional, preguntándose el quién, qué, porqué, dónde, cuándo y cómo.
* Estas técnicas, evolucionan constantemente al hacerse necesarios enfoques más sofisticados de los problemas para contrarrestar la complejidad cada vez mayor de las actividades de la delincuencia organizada.
* Tradicionalmente, dichos métodos se han utilizado en el área del análisis operativo, pilar de las actividades policiales y de investigación. Por fortuna, en los últimos años, dichas áreas y funciones han tomado conciencia de las virtudes del análisis estratégico, que puede contribuir a una mejor estructuración del trabajo operativo.
* El nexo entre quienes recolectan datos e información y quien la analiza fortalece sin duda la labor de prevención y de investigación de conductas delictivas en beneficio de los intereses tutelados, bien sea del Estado o de una empresa corporativa.
Ventajas del Análisis de Información para generar inteligencia como producto
* El análisis va más allá de los hechos (busca causas además de valorar los efectos).
* Le indica que tan relevante (o pobre) es la información que tiene.
* Le indica cosas que usualmente no conoce.
* Le indica sobre aquello que necesita conocer para comprender la situación en contexto.
* Le indica dónde buscar.
* Le ayuda a compartir su comprensión del análisis con otros.
La única constante para el profesional del análisis de inteligencia es que no encontrará dos tareas o proyectos exactamente iguales. Cada nueva pieza de información necesitará evaluaciones frescas.
El análisis de inteligencia criminal es un proceso que establece cómo podemos acercarnos a la investigación de conductas delictivas, antisociales o contraproductivas y las personas que las comenten a través del desarrollo de inteligencia por la información que recolectamos en campo y que analizamos en gabinete.
La clave del análisis de información es el valor agregado que entrega como una herramienta operacional en donde los resultados apoyan directamente el trabajo de investigación.
El problema básico de los recolectores y analistas es integrar la información de una manera organizada para evitar que se dificulte la tarea de extraer el significado y desensamblar los datos.
Una interpretación errónea entre experimentados investigadores y gerentes de seguridad es creer que la información y la inteligencia son una misma cosa. Realmente no lo son.
La información es material en "bruto" de cada descripción, incluyendo aquella que se deriva de observaciones, vigilancias, reportes, rumores y otras fuentes. La información por si misma puede ser cierta o falsa, precisa o inexacta, confirmada o no confirmada, relevante o irrelevante. Por ello se necesita aplicar el proceso de inteligencia para revelar el significado de la misma dentro de un contexto que se tenga previamente establecido.
La inteligencia es el producto resultado de la recolección, evaluación e interpretación de información. Así que la inteligencia puede ser entendida como información a la que se le ha agregado algo. Ese algo es el resultado del análisis, es decir, una explicación de lo que la información significa. Por eso decimos que:
INFORMACIÓN + ANÁLISIS = INTELIGENCIA
¿Qué es Análisis de Riesgos vs. Análisis de Inteligencia?
El análisis de riesgos es el proceso de evaluación de las pérdidas potenciales (posibles y probables) como consecuencia de amenazas y vulnerabilidades del entorno interno y externo de las organizaciones.
El análisis de riesgos -no- es análisis de inteligencia pero son actividades que se complementan y potencian buscando como meta común el control de un fenómeno en el menor tiempo y costo posible, que pone en riesgo la estabilidad y continuidad operativa de una determinada entidad
Prevención Criminal
Análisis de Riesgos
Enfoque:
Determinación del impacto criminal de la pérdida máxima posible y la pérdida máxima probable con relación a "x" entidad a través del "risk management"
Metodología:
* Identificación de activos que necesitan ser protegidos
* Clasificación de tipo de riesgos o peligros
* Determinación de probabilidad de ocurrencia del riesgo
* Estimación del impacto o efecto en términos de daños o dinero a perder si un riesgo se materializara
* Aplicación técnica del Risk Management
Risk Management
1. Evitar el riesgo
2. Reducir el riesgo
3. Dispersar el riesgo
4. Transferir el riesgo
5. Aceptar el riesgo
6. Combinación de medidas
Formula / Fases
Método "Fine" de evaluación de riesgos
R = E x P x C
R = Riesgo
E = Exposición
P = Probabilidad de Ocurrencia
C = Consecuencia (siniestralidad: frecuencia + impacto)
Análisis de Inteligencia
Enfoque:
Toma de decisiones oportunas con relación a la prevención e investigación de conductas criminales a través del ciclo de inteligencia
Metodología:
* Identificación del problema resolver
* Establecimiento de premisas para responder qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porqué y para qué
* Desarrollo de inferencias e hipótesis y reporte de recomendaciones
* Toma de decisión con base en la inteligencia como producto
* Aplicación del Proceso de Inteligencia
Ciclo de Inteligencia
1. Planeación y asignación de tareas
2. Recolección de datos
3. Evaluación y cotejo de información
4. Integración de información
5. Análisis e interpretación de Información
6. Diseminación de productos de inteligencia
Formula / Fases
Método de Investigación Criminal (MIC)
Fases: E + C + C + R
E = Exploratoria
C = Confirmatoria
C = Comprobatoria
R = Resolutiva
Lo que genera finalmente una entidad dedicada al análisis de información son productos de inteligencia para una efectiva y oportuna toma de decisiones, resultado de la aplicación del ciclo de inteligencia, es decir:
* Se planeó y definió un objetivo táctico o estratégico
* Se recolecto información suficiente en campo y se envió con oportunidad
* Se evaluó convenientemente la confiabilidad de la información y la veracidad de las fuentes
* Se registró, comparó e integró la información en bases de datos apropiadas
* Se analizó e interpretó adecuadamente el significado de la información
* Se diseminó en tiempo y forma el resultado del análisis a los usuarios correctos
PRODUCTO DE INTELIGENCIA = INFORMACIÓN PROCESADA CON VISTAS A LA ACCIÓN
Inteligencia vs. Seguridad Nacional
Inteligencia:
* La inteligencia constituye un medio de defensa, una protección contra un amplio abanico de amenazas.
* Un servicio de inteligencia bien integrado por una Unidad de Análisis de Información para el proceso de toma de decisiones debería jugar un papel esencial en la reelaboración de políticas de prevención.
* Los productos de inteligencia deben ser:
o Políticamente neutros
o Políticamente útiles
o Añadir valor
o Darse en tiempo útil a los usuarios
* La información bruta no tiene en si misma ningún valor y por ello el análisis es indispensable.
* La información debe comunicarse totalmente a aquellos que están en la línea de fuego.
* "Los operadores que están en la línea de fuego y que deben tomar las decisiones todos los días son a menudo los mejores analistas"
* Una de las grandes ventajas que los profesionales de la inteligencia aportan a los que deciden, es su aptitud para extraer y analizar una vasta cantidad de información para, enseguida, unirla a aquella que se obtuvo secretamente, lo que permite corroborar la información obtenida de fuentes abiertas, o de refutarla.
* Es más fácil, más seguro y más rápido recoger informaciones de fuentes abiertas para producir informaciones adaptadas a las necesidades de los usuarios.
* El 80% de la información analizada proviene de fuentes abiertas.. El verdadero valor agregado se encuentra frecuentemente en el 20% que queda y proviene de fuentes secretas.
* Los analistas de inteligencia deben saber precisamente quiénes son los usuarios de sus productos, lo que quieren y en qué forma. Necesitan conocer las reacciones de sus usuarios. Realizar una especie de estudio de mercado que los conduzca a los clientes que deciden.
Seguridad Nacional
* La idea de seguridad nacional en su sentido más general es "la defensa de los intereses y valores de una nación".
* La seguridad nacional implica dos niveles:
o Uno objetivo que tiene que ver con la detección de factores adversos que puedan obstruir la consecución de los objetivos nacionales. Si la amenaza es explícita como una declaración de guerra o una actitud hostil de un gobierno extranjero, el consenso es fácil de obtener.
o El otro nivel es subjetivo y tiene que ver con la percepción de cuáles son los factores que real o potencialmente pueden desestabilizar a la nación.
* Al tratarse de un asunto de percepciones, existe la posibilidad de que las discrepancias afloren, pues no todos los actores estarán de acuerdo ni en la naturaleza ni en la jerarquización de las amenazas o los factores adversos.
* La principal ventana de vulnerabilidad que hoy presenta México tiene que ver con el estado de derecho.
* No hay nada que amenace tanto a la paz social y a la integridad de las instituciones que el deterioro de la seguridad pública.
* La principal amenaza a mediano plazo a la estabilidad del país es el incremento a la pobreza.
* La doctrina de seguridad nacional tradicional señala: no intervención, no militarismo, apego a derecho, respeto mutuo y negociación como instrumento para dirimir controversias.
* El compartir información con servicios de inteligencia extranjeros es, en principio, positivo si se basa en una relación equitativa y de mutuo respeto.
* Los servicios de inteligencia deben estar regidos por una legislación especial en la medida en que su función es garantizar la seguridad nacional.
lunes, 17 de marzo de 2008
Policia y Guardia Civil juntos contra el Crimen Organizado
La Policía desarticula una red de falsificación de tarjetas tras una gran operación, en la que han colaborado Europol y 11 países.
La Guardia Civil detiene a más de 300 personas relacionadas con centenares de robos con fuerza y otros delitos contra el patrimonio.
El CICO puso en marcha el operativo en septiembre, tras detectar la presencia de ciudadanos rumanos en múltiples grupos organizados.
14-febrero-08. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), han desarrollado en los últimos meses un operativo contra la delincuencia organizada en la que participan ciudadanos de origen rumano. Durante su desarrollo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a 443 personas, en su mayoría de origen rumano, integradas en diferentes grupos vinculados con el crimen organizado.
La última operación la ha desarrollado esta misma semana la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía y ha permitido desarticular una red organizada, asentada en España y dedicada a la falsificación de documentos y estafas, y que operaba en varios países europeos.
Plan operativo lanzado en septiembre
El plan operativo que ha permitido desmantelar una buena parte de las organizaciones del crimen organizado de origen rumano instaladas en España se puso en marcha el pasado mes de septiembre, después de que el CICO detectara en sus análisis de inteligencia la presencia de ciudadanos rumanos en numerosos grupos relacionados con la delincuencia organizada. Ante esta constatación, producto de los análisis tanto de la información que la Policía y la Guardia Civil aportan al CICO como de los datos suministrados por otros centros europeos homólogos y por Europol, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre coordinadas por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, pusieron en marcha una estrategia operativa conjunta bajo el nombre genérico de “Operación Pipas”. El grueso de la información fue aportada tanto por la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) de la Policía y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
El eje básico de dicha estrategia consistió en el intercambio permanente y en tiempo real de la información que ambos Cuerpos obtenían en sus investigaciones sobre grupos organizados en los que participaban ciudadanos rumanos. Este intercambio, y el posterior cruce de datos en busca de coincidencias en las investigaciones, se realizó a través del Sistema de Registro de Investigaciones (SRI), gestionado por el CICO. Además, la información obtenida se cruzó con la disponible en otros organismos policiales, especialmente Europol, lo que permitió establecer nexos entre algunos grupos que operaban en España y en otros países. En el desarrollo de los operativos ha sido fundamental la cooperación de la Policía de Rumanía.
La Policía desmantela una red con vínculos en España y otros 11 países europeos
En el marco de la Operación Pipas, la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía ha desarrollado una actuación pionera en Europa que ha permitido desmantelar una red criminal organizada, integrada por individuos rumanos, especializada en la falsificación de tarjetas de crédito, así como en la falsificación de documentos y estafas, y en la colocación de dispositivos en cajeros automáticos (microcámaras, teclados falsos, etc.). Los detenidos en esta operación son 125, de ellos 99 en España y 26 en otros seis países europeos.
Los detenidos operaban en todo el territorio nacional especialmente en la Zona del Levante (Valencia, Alicante y Castellón), Cataluña, Madrid, Islas Canarias y Andalucía (sobre todo Costa del Sol) y tenían ramificaciones y conexiones importantes a nivel internacional, principalmente dentro de la Unión Europea (Rumania, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Reino Unido) y Turquía.
La Policía ha detenido en España al principal líder y cerebro de dicha organización, quien mantenía contactos continuos con células en los países europeos citados, y actuaba como enlace y coordinador de todo lo desarrollado en la organización.
Durante la operación, que ha culminado esta semana después de varios meses de investigaciones, han sido desmantelados ocho laboratorios clandestinos donde falsificaban las tarjetas de crédito, tres laboratorios de falsificación de documentaciones personales, una célula en Valencia especializada en robo de numeraciones y análisis de terminales de pago con tarjeta. Además, se ha desarticulado una célula en Málaga, experta en fabricación y colocación de dispositivos en cajeros automáticos, de donde extraían las numeraciones y números PIN de tarjetas bancarias que posteriormente utilizaban y vendían a otros grupos de la banda asentados en otras ciudades españolas y extranjeras. El fraude global detectado supera los 6.000.000 de euros.
La Policía además ha llevado a cabo 48 registros domiciliarios en España en las ciudades de Madrid, Tarragona, Málaga, Valencia, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, y Alicante, así como en el resto de Europa, concretamente en Irlanda del Norte, Bélgica, Holanda, República Checa, y Turquía, procediéndose a la detención de 99 personas en España (Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid), así como de 26 personas en el resto de Europa: 11 en Holanda, 5 en Irlanda del Norte, cuatro en la República Checa y en Bélgica y uno en Austria y Turquía.
En los registros se han intervenido:
- 15 ordenadores portátiles
- 6 impresoras-escanner y una impresora específica para embosado de tarjetas bancarias; 3 máquinas plastificadoras
- 20 memorias USB
- 10 lectores-grabadores de tarjetas
- Unos 20.000 euros en efectivo y gran cantidad de joyas y relojes
- Documentaciones falsas de diferentes nacionalidades (griega, belga, sueca, italiana, británica, y francesa), así como sellos y diverso material para falsificación de pasaportes y cartas de identidad de diferentes países
- Cientos de numeraciones de tarjetas bancarias dispuestas para ser usadas
- 70 tarjetas de crédito en blanco
- 800 tarjetas de crédito falsificadas y clonadas
- 40 libretas bancarias
- Diversos objetos para manipular los cajeros automáticos (teclados, lectores, regletas para microcámaras, etc.
- Unos 100 teléfonos móviles.
- 2 Pistolas de fogueo con munición y un revólver de aire comprimido con munición
- Gran cantidad de joyas y relojes.
El desarrollo de la operación en la que se han efectuado seguimientos y vigilancias, análisis patrimoniales y de flujos monetarios internacionales, intervenciones en más de un centenar de teléfonos y en correos electrónicos, ha contado con la colaboración esencial de Europol. De hecho, se han mantenido varias reuniones operativas en su sede de La Haya, además de con los oficiales de enlace de los países involucrados.
Durante el desarrollo de la fase operativa, se ha contado por primera vez en España en este tipo de operaciones, con la colaboración sobre el terreno de agentes de Europol (La Haya) y de la Unidad Nacional de Europol, que al frente de una Oficina Móvil, ha permitido el acceso y el intercambio de información en tiempo real con la organización policial europea y con los Estados miembros involucrados. Además, se ha contado con la presencia de inspectores de la Policía Rumana en España.
La Guardia Civil desarrolla varias operaciones y 318 detenciones
Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado en el marco de la Operación Pipas varias operaciones que han culminado con la detención de 318 personas, la mayoría de origen rumano. Esta actuación ha permitido desmantelar en todo el país un importante número de grupos vinculados a la delincuencia organizada, especialmente a los robos con fuerza y con violencia y otros delitos contra el patrimonio.
Durante las operaciones, los agentes de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil se han incautado de numeroso material robado, armas de fuego, armas blancas, joyas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores y material utilizado para cometer robos con violencia, realizar falsificaciones y estafas o robar vehículos.
Entre las operaciones desarrolladas en el marco del operativo Pipas destacan:
- Operación Hole; 38 detenidos
En octubre de 2007, la Guardia Civil detuvo a 38 personas de nacionalidad rumana en una operación desarrollada en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Los detenidos eran miembros de una red delictiva dedicada al robo con fuerza, violencia e intimidación así como a la falsificación de documentos. El grupo, perfectamente estructurado y jerarquizado, tomaba importantes medidas de seguridad para cometer hechos delictivos, especialmente robos en supermercados, bares y casas de campo, lo que dificultó las investigaciones policiales, que se prolongaron durante meses.
Tras las detenciones, se practicaron 13 registros en los que se encontró material y pruebas para esclarecer más de 200 hechos delictivos. Además se halló material robado valorado en más de dos millones de euros.
- Operación Maquiva; 28 detenidos
La Guardia Civil desarrolló en la Comunidad Valenciana la Operación Maquiva en diciembre. En ella detuvo a 28 ciudadanos rumanos que formaban un grupo dedicado a los robos con fuerza. Los detenidos robaban en domicilios con sus moradores dentro y posteriormente trasladaban a Rumanía, en furgonetas igualmente sustraídas, los efectos robados. Las detenciones se produjeron en el momento en el que las investigaciones detectaron que los detenidos pretendían abandonar España para instalarse en Rumanía y evitaron además que los cabecillas de la organización siguieran enviando a España a jóvenes para continuar su actividad delictiva.
Se desarrollaron cuatro registros domiciliarios en los que se encontró material utilizado en los robos (tres escopetas, un revólver de aire comprimido, munición, machetes, cuchillos y diversas armas blancas) y numerosos efectos sustraídos (ordenadores, cadenas de música, lectores de DVD, teléfonos móviles, cámaras de vídeo, joyas, etc).
- Operación Chanete; 23 detenidos
La Guardia Civil desarrolló en noviembre, en Cuenca y Madrid, la Operación Chanete, en la que desarticuló un grupo organizado dedicado a los robos en viviendas y a la falsificación de documentos. En total, detuvo a 23 personas de nacionalidad rumana, cuatro de ellas menores de edad.
Este grupo organizado había cometido hechos delictivos en las provincias de Toledo, Madrid, Guadalajara, Ávila y Cuenca. Con su desarticulación se esclarecieron más de 30 robos cometidos y se recuperaron efectos valorados en más de 500.000 euros.
En el operativo intervinieron más de 160 agentes, que se incautaron de numerosos efectos procedentes de los robos cometidos, como armas de fuego, armas blancas, televisiones de plasma, joyas, herramientas, ropa, chimeneas, equipos informáticos y de música, juegos y consolas.
- Operación Biela; 22 detenidos
En diciembre, se desarticuló una red organizada que se dedicaba al robo en viviendas, polígonos industriales, obras y establecimientos de hostelería. La Operación Biela se saldó con la detención en Madrid de 22 personas (21 de ellas rumanos), a las que se les imputan los delitos de robos con fuerza en las cosas, asociación ilícita, receptación y requisitoria judicial.
Tras las detenciones se efectuaron seis registros que dieron como resultado la intervención de diverso material informático, equipos de imagen y sonido, calderas mixtas de calefacción y agua caliente, radiadores, radiales, teléfonos móviles y herramientas. Estos efectos estaban valorados por encima de 300.000 euros y habían sido sustraídos en diversos robos cometidos en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Soria y Segovia. El destino de los efectos sustraídos era la venta en el mercado negro o el envío de los mismos a Rumanía.
La Guardia Civil detiene a más de 300 personas relacionadas con centenares de robos con fuerza y otros delitos contra el patrimonio.
El CICO puso en marcha el operativo en septiembre, tras detectar la presencia de ciudadanos rumanos en múltiples grupos organizados.
14-febrero-08. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), han desarrollado en los últimos meses un operativo contra la delincuencia organizada en la que participan ciudadanos de origen rumano. Durante su desarrollo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a 443 personas, en su mayoría de origen rumano, integradas en diferentes grupos vinculados con el crimen organizado.
La última operación la ha desarrollado esta misma semana la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía y ha permitido desarticular una red organizada, asentada en España y dedicada a la falsificación de documentos y estafas, y que operaba en varios países europeos.
Plan operativo lanzado en septiembre
El plan operativo que ha permitido desmantelar una buena parte de las organizaciones del crimen organizado de origen rumano instaladas en España se puso en marcha el pasado mes de septiembre, después de que el CICO detectara en sus análisis de inteligencia la presencia de ciudadanos rumanos en numerosos grupos relacionados con la delincuencia organizada. Ante esta constatación, producto de los análisis tanto de la información que la Policía y la Guardia Civil aportan al CICO como de los datos suministrados por otros centros europeos homólogos y por Europol, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre coordinadas por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, pusieron en marcha una estrategia operativa conjunta bajo el nombre genérico de “Operación Pipas”. El grueso de la información fue aportada tanto por la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) de la Policía y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
El eje básico de dicha estrategia consistió en el intercambio permanente y en tiempo real de la información que ambos Cuerpos obtenían en sus investigaciones sobre grupos organizados en los que participaban ciudadanos rumanos. Este intercambio, y el posterior cruce de datos en busca de coincidencias en las investigaciones, se realizó a través del Sistema de Registro de Investigaciones (SRI), gestionado por el CICO. Además, la información obtenida se cruzó con la disponible en otros organismos policiales, especialmente Europol, lo que permitió establecer nexos entre algunos grupos que operaban en España y en otros países. En el desarrollo de los operativos ha sido fundamental la cooperación de la Policía de Rumanía.
La Policía desmantela una red con vínculos en España y otros 11 países europeos
En el marco de la Operación Pipas, la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía ha desarrollado una actuación pionera en Europa que ha permitido desmantelar una red criminal organizada, integrada por individuos rumanos, especializada en la falsificación de tarjetas de crédito, así como en la falsificación de documentos y estafas, y en la colocación de dispositivos en cajeros automáticos (microcámaras, teclados falsos, etc.). Los detenidos en esta operación son 125, de ellos 99 en España y 26 en otros seis países europeos.
Los detenidos operaban en todo el territorio nacional especialmente en la Zona del Levante (Valencia, Alicante y Castellón), Cataluña, Madrid, Islas Canarias y Andalucía (sobre todo Costa del Sol) y tenían ramificaciones y conexiones importantes a nivel internacional, principalmente dentro de la Unión Europea (Rumania, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Reino Unido) y Turquía.
La Policía ha detenido en España al principal líder y cerebro de dicha organización, quien mantenía contactos continuos con células en los países europeos citados, y actuaba como enlace y coordinador de todo lo desarrollado en la organización.
Durante la operación, que ha culminado esta semana después de varios meses de investigaciones, han sido desmantelados ocho laboratorios clandestinos donde falsificaban las tarjetas de crédito, tres laboratorios de falsificación de documentaciones personales, una célula en Valencia especializada en robo de numeraciones y análisis de terminales de pago con tarjeta. Además, se ha desarticulado una célula en Málaga, experta en fabricación y colocación de dispositivos en cajeros automáticos, de donde extraían las numeraciones y números PIN de tarjetas bancarias que posteriormente utilizaban y vendían a otros grupos de la banda asentados en otras ciudades españolas y extranjeras. El fraude global detectado supera los 6.000.000 de euros.
La Policía además ha llevado a cabo 48 registros domiciliarios en España en las ciudades de Madrid, Tarragona, Málaga, Valencia, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, y Alicante, así como en el resto de Europa, concretamente en Irlanda del Norte, Bélgica, Holanda, República Checa, y Turquía, procediéndose a la detención de 99 personas en España (Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid), así como de 26 personas en el resto de Europa: 11 en Holanda, 5 en Irlanda del Norte, cuatro en la República Checa y en Bélgica y uno en Austria y Turquía.
En los registros se han intervenido:
- 15 ordenadores portátiles
- 6 impresoras-escanner y una impresora específica para embosado de tarjetas bancarias; 3 máquinas plastificadoras
- 20 memorias USB
- 10 lectores-grabadores de tarjetas
- Unos 20.000 euros en efectivo y gran cantidad de joyas y relojes
- Documentaciones falsas de diferentes nacionalidades (griega, belga, sueca, italiana, británica, y francesa), así como sellos y diverso material para falsificación de pasaportes y cartas de identidad de diferentes países
- Cientos de numeraciones de tarjetas bancarias dispuestas para ser usadas
- 70 tarjetas de crédito en blanco
- 800 tarjetas de crédito falsificadas y clonadas
- 40 libretas bancarias
- Diversos objetos para manipular los cajeros automáticos (teclados, lectores, regletas para microcámaras, etc.
- Unos 100 teléfonos móviles.
- 2 Pistolas de fogueo con munición y un revólver de aire comprimido con munición
- Gran cantidad de joyas y relojes.
El desarrollo de la operación en la que se han efectuado seguimientos y vigilancias, análisis patrimoniales y de flujos monetarios internacionales, intervenciones en más de un centenar de teléfonos y en correos electrónicos, ha contado con la colaboración esencial de Europol. De hecho, se han mantenido varias reuniones operativas en su sede de La Haya, además de con los oficiales de enlace de los países involucrados.
Durante el desarrollo de la fase operativa, se ha contado por primera vez en España en este tipo de operaciones, con la colaboración sobre el terreno de agentes de Europol (La Haya) y de la Unidad Nacional de Europol, que al frente de una Oficina Móvil, ha permitido el acceso y el intercambio de información en tiempo real con la organización policial europea y con los Estados miembros involucrados. Además, se ha contado con la presencia de inspectores de la Policía Rumana en España.
La Guardia Civil desarrolla varias operaciones y 318 detenciones
Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado en el marco de la Operación Pipas varias operaciones que han culminado con la detención de 318 personas, la mayoría de origen rumano. Esta actuación ha permitido desmantelar en todo el país un importante número de grupos vinculados a la delincuencia organizada, especialmente a los robos con fuerza y con violencia y otros delitos contra el patrimonio.
Durante las operaciones, los agentes de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil se han incautado de numeroso material robado, armas de fuego, armas blancas, joyas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores y material utilizado para cometer robos con violencia, realizar falsificaciones y estafas o robar vehículos.
Entre las operaciones desarrolladas en el marco del operativo Pipas destacan:
- Operación Hole; 38 detenidos
En octubre de 2007, la Guardia Civil detuvo a 38 personas de nacionalidad rumana en una operación desarrollada en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Los detenidos eran miembros de una red delictiva dedicada al robo con fuerza, violencia e intimidación así como a la falsificación de documentos. El grupo, perfectamente estructurado y jerarquizado, tomaba importantes medidas de seguridad para cometer hechos delictivos, especialmente robos en supermercados, bares y casas de campo, lo que dificultó las investigaciones policiales, que se prolongaron durante meses.
Tras las detenciones, se practicaron 13 registros en los que se encontró material y pruebas para esclarecer más de 200 hechos delictivos. Además se halló material robado valorado en más de dos millones de euros.
- Operación Maquiva; 28 detenidos
La Guardia Civil desarrolló en la Comunidad Valenciana la Operación Maquiva en diciembre. En ella detuvo a 28 ciudadanos rumanos que formaban un grupo dedicado a los robos con fuerza. Los detenidos robaban en domicilios con sus moradores dentro y posteriormente trasladaban a Rumanía, en furgonetas igualmente sustraídas, los efectos robados. Las detenciones se produjeron en el momento en el que las investigaciones detectaron que los detenidos pretendían abandonar España para instalarse en Rumanía y evitaron además que los cabecillas de la organización siguieran enviando a España a jóvenes para continuar su actividad delictiva.
Se desarrollaron cuatro registros domiciliarios en los que se encontró material utilizado en los robos (tres escopetas, un revólver de aire comprimido, munición, machetes, cuchillos y diversas armas blancas) y numerosos efectos sustraídos (ordenadores, cadenas de música, lectores de DVD, teléfonos móviles, cámaras de vídeo, joyas, etc).
- Operación Chanete; 23 detenidos
La Guardia Civil desarrolló en noviembre, en Cuenca y Madrid, la Operación Chanete, en la que desarticuló un grupo organizado dedicado a los robos en viviendas y a la falsificación de documentos. En total, detuvo a 23 personas de nacionalidad rumana, cuatro de ellas menores de edad.
Este grupo organizado había cometido hechos delictivos en las provincias de Toledo, Madrid, Guadalajara, Ávila y Cuenca. Con su desarticulación se esclarecieron más de 30 robos cometidos y se recuperaron efectos valorados en más de 500.000 euros.
En el operativo intervinieron más de 160 agentes, que se incautaron de numerosos efectos procedentes de los robos cometidos, como armas de fuego, armas blancas, televisiones de plasma, joyas, herramientas, ropa, chimeneas, equipos informáticos y de música, juegos y consolas.
- Operación Biela; 22 detenidos
En diciembre, se desarticuló una red organizada que se dedicaba al robo en viviendas, polígonos industriales, obras y establecimientos de hostelería. La Operación Biela se saldó con la detención en Madrid de 22 personas (21 de ellas rumanos), a las que se les imputan los delitos de robos con fuerza en las cosas, asociación ilícita, receptación y requisitoria judicial.
Tras las detenciones se efectuaron seis registros que dieron como resultado la intervención de diverso material informático, equipos de imagen y sonido, calderas mixtas de calefacción y agua caliente, radiadores, radiales, teléfonos móviles y herramientas. Estos efectos estaban valorados por encima de 300.000 euros y habían sido sustraídos en diversos robos cometidos en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Soria y Segovia. El destino de los efectos sustraídos era la venta en el mercado negro o el envío de los mismos a Rumanía.
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